De nuevo aprietan a Alito
La jueza Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, le negó la suspensión provisional a Alejandro Moreno, presidente del PRI, contra la emisión de una alerta migratoria en su contra. Sin embargo, fijó el 16 de noviembre como fecha para determinar si levanta la medida. Las presiones para la reforma electoral contra el dirigente priista se vuelven a hacer presentes. A ver si aguanta o el PRIMor renace. (El Financiero, Nacional, p.41)
La evidencia científica indica que el cambio climático ya está agudizando procesos migratorios de urbanización y migración internacional en América Latina. Las ciudades deben prepararse para recibir números crecientes de migrantes climáticos y la COP27 en Egipto, en el mes de noviembre, resulta un escenario ideal y necesario para abordar los impactos de la migración climática.
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) destaca que “existe [desde 2014] más evidencia de que los peligros climáticos asociados con eventos extremos y variabilidad actúan como impulsores directos de migración involuntaria y desplazamiento y como impulsores indirectos a través del deterioro de medios de vida sensibles al clima”. La migración derivada de los impactos del cambio climático no es, por lo tanto, un desafío de futuro, sino actual, y las cifras recientes de desplazamiento por desastres muestran la prevalencia de este fenómeno.
En América Latina, existen regiones particularmente sensibles a las migraciones climáticas, como son los países andinos, el noreste de Brasil, y el norte de Centroamérica. Estos movimientos son principalmente internos, desde las zonas rurales más expuestas a peligros climáticos. Las ciudades del continente recibirían una gran parte de estos migrantes. Según las proyecciones, los centros urbanos de Centroamérica y México podrían recibir para 2050 un estimado de 10.5 millones de migrantes climáticos en los escenarios más pesimistas. Alrededor de 80% de la población de América Latina ya vive en ciudades, pero la urbanización tenderá a proseguir en las décadas venideras.
Como indica la Agenda de Acción Mundial de Alcaldes sobre Clima y Migración, el desafío es promover procesos de resiliencia, inclusión y transformación urbanas para abordar los desafíos que implica el cambio climático en términos de movilidad. La migración climática puede sobrepasar las capacidades de absorción de las ciudades de América Latina, creando nuevas condiciones de vulnerabilidad y reproduciendo situaciones de pobreza, desigualdad e informalidad. Si la población migrante que llega no encuentra condiciones receptivas, puede instalarse en asentamientos inseguros y precarios, y trabajar en condiciones de informalidad y con falta de protección social.
El ordenamiento territorial y la resiliencia climática siguen siendo asignaturas pendientes en muchas ciudades de la región. Los vacíos de planeamiento urbano facilitan la edificación de construcciones en zonas expuestas a inundaciones y deslaves. La reubicación de poblaciones en zonas de riesgo avanza como una opción de gestión de riesgo de desastres, pero requiere recursos significativos y un abordaje consensuado con las comunidades implicadas. La inclusión de este tema en la agenda de “pérdidas y daños” de la COP27 puede representar una oportunidad para visibilizar la necesidad de ofrecer soluciones financieras para las poblaciones más afectadas por la crisis climática.
Las áreas urbanas de América Latina se encuentran expuestas a amenazas climáticas, desde inundaciones a eventos crecientes de escasez hídrica. Ciudades como Lima, Santiago de Chile o la Ciudad de México presentan episodios complejos de acceso a fuentes de agua con una sostenibilidad limitada hacia el futuro. En esta situación, la mejora de los servicios de gestión de agua resulta fundamental para asegurar la resiliencia de las ciudades ante los escenarios futuros de cambio climático y urbanización.
Afrontar los desplazamientos climáticos requiere tomar acciones para atender las necesidades de las personas migrantes donde se encuentran y, por lo tanto, apoyar a las ciudades en la gestión de estos movimientos. Reunida en Egipto en noviembre de este año, la COP27 ofrecerá una nueva oportunidad para avanzar en la agenda de la migración climática poniendo a las comunidades vulnerables en el centro de las preocupaciones. (Pablo Escribano, El Universal, Mundo, p.22)
De niño, mi primer recuerdo es estar pateando un balón de futbol en el patio de mi casa. Desde entonces hasta ahora no hay deporte que me fascine más que el futbol cuando es jugado a alto nivel, en los grandes equipos, en las grandes selecciones. Y el Mundial, cada cuatro años, es la cereza de ese pastel. Eso nadie puede reemplazarlo. No dudo que Qatar hará un mundial bien organizado y donde se derrochará lujo, aunque el lugar, la fecha, la propia cultura deportiva del país dejen mucho que desear en el ámbito futbolero.
Pero en torno a Qatar hay demasiadas cosas que, antes de que comience el Mundial, se deben recordar. La decisión de adjudicar ese Mundial a Qatar en lugar de a Estados Unidos, como estaba prácticamente decidido, ha sido una de las más oscuras de los ya de por sí muy turbios negocios que ha tenido en su historia la FIFA. Una semana antes de la decisión, las autoridades de Qatar, que habían presentado su candidatura, pero que no tenían casi apoyos, se reunieron con el presidente francés Nicolas Sarkozy, que, a su vez, convocó a la reunión al entonces presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Futbol, el excapitán de la selección francesa, Michel Platini. De allí salió un importante contrato de empresas qatarís con Francia y, repentinamente, el apoyo de la UEFA, del gobierno francés y de muchos dirigentes de la FIFA, además del respaldo de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) a la sede de Qatar. Una investigación posterior del FBI demostró que, en muchos de esos casos, hubo pagos y apoyos, corrupción, pues, a distintos dirigentes. Varios de ellos quedaron destituidos o fueron procesados.
Pero Qatar se quedó con la sede. Era una tarea titánica porque se requerían estadios e instalaciones que un país pequeño como Qatar no tenía. El 85% de la población de Qatar son trabajadores migrantes de otros países, sobre todo de India, Nepal y Bangladesh, que no tienen derechos ni mucho menos ciudadanía, la tienen sólo los qatarís, que son poco más del 10% de la población, la originaria de ese territorio, que recibe un pago directo del Estado solamente por serlo.
Para construir la infraestructura que se requería para el Mundial se recurrió, evidentemente, a contratar a numerosos migrantes. Sólo para el principal de esos estadios, en Jalifa, se contrató a 3 mil 500. Pero no fue una contratación directa: el Estado se puso de acuerdo con sus grandes contratistas que, a su vez, se hicieron cargo de conseguir y pagar la mano de obra. India, Nepal y Bangladesh volvieron a ser los principales proveedores de mano de obra. Pero, para obtener un contrato de dos años, los trabajadores que aspiraban a ello tenían que pagar, antes de llegar a Qatar, una comisión a los contratistas, que oscilaba, de acuerdo al puesto, entre 500 a 4 mil 300 dólares. Su salario sería, en promedio, de 300 a 190 dólares mensuales. Los sueldos los entregaban los contratistas y, en ocasiones, se demoraban meses en hacerlo, y quien reclamaba era puesto en un avión y expulsado del país, porque esos trabajadores no tienen derecho alguno. Cuando no cobraban, el problema era mayor aún porque esos trabajadores se tenían que pagar sus comidas, que en el propio lugar de trabajo compraban, pero, además, no podían enviar dinero a sus familiares ni pagar los préstamos con los que habían pagado sus comisiones a los contratistas.
Las condiciones de trabajo de esos migrantes, según lo han denunciado instituciones como Amnistía Internacional, son lamentables. Viven en los propios estadios en los que trabajan hasta 12 horas diarias, duermen en habitaciones donde se turnan en ocho literas. En muchos casos, sus pasaportes, cuando llegaban, eran recogidos por los contratistas, que sólo se los entregaban al momento en que concluyeran sus contratos y regresaran a sus países de origen. Si había amenazas o protestas, inmediatamente intervenían las fuerzas de seguridad y podrían ser detenidos y expulsados sin pago alguno. Las jornadas laborales eran de cerca de 12 horas y, sobre todo en verano, cuando la temperatura llega a los 50 grados, se convertían en trabajos forzados. Tampoco esos migrantes temporales podían cambiar de trabajo: donde eran contratados se tenían que quedar los dos años.
Ésa ha sido la cara más oscura de Qatar 2022. No es la primera ni será la última vez en que la política y el dinero se entrecrucen con estas competencias que mueven enormes intereses comerciales y miles de millones de dólares, muchas veces en forma poco legítima. Simplemente hay que recordar el Mundial de Argentina 1978, realizado en el momento más feroz de la dictadura argentina, o el más reciente en Rusia 2018, cuando Vladimir Putin, en un capítulo previo a la actual invasión a Ucrania, acababa de ocupar la península de Crimea.
Disfrutemos esa gran competencia, pero no olvidemos que también está construida sobre sangre y lodo. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p.8)