El peso
Este fin de semana la cotización del peso en casas de cambio de la frontera volvió a tener uno de los mejores niveles del año: 18 por dólar. En el mercado internacional, la divisa estadunidense se ubicó en 18.36 unidades. Ya lo hemos comentado antes: el dólar barato beneficia a los importadores, pero afecta negativamente las remesas de nuestros paisanos. No es lo mismo que sus familias reciban 200 dólares de 18 pesos cada uno, a 200 dólares de 18.36. Han venido bajando las remesas –efecto Trump–, pero se prevé que alcanzarán el nivel de los últimos años: un billón de pesos. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 8)
La pasada cumbre CELAC-UE reunió a los estados latinoamericanos y del Caribe con sus similares de la Unión Europea en un intento por lograr una alianza que fortalezca el multilateralismo y presente un frente común ante Estados Unidos.
La cumbre no prometía grandes titulares puesto que fueron pocos los mandatarios que acudieron a ella y más bien estuvo dominada por enviados de distintos rangos. Sin embargo, su declaración final logró un importante consenso en el que 58 de los 60 miembros firmaron el documento, bajándose en el último minuto Venezuela y Nicaragua.
La declaración conjunta incluye 52 puntos que tocan los más diversos temas y que son en sí mismos muestra de la intención de encontrar caminos comunes ante las amenazas globales. Fue un ejemplo en sí mismo de multilateralismo y cooperación aún dentro de escenarios en los que la ideología política y las diferencias comerciales puedan ser importantes. Es un gesto que implica un triunfo en sí mismo.
El documento final guarda un equilibrio complejo entre la diplomacia y la osadía. Sin nombrar países o mandatorios por su nombre, dejan claro que la UE y la CELAC buscarán alianzas multilaterales y escenarios de comercio justo que respondan a las regulaciones internacionales y no a caprichos, chantajes o amenazas. En una clara alusión a los aranceles estadounidenses, las guerras comerciales y los intentos de Trump por hacerse del control del Canal de Panamá.
Del mismo modo, los firmantes abordan los temas de seguridad remarcando la preocupante guerra en Ucrania. La Rusia de Putin aparece entre líneas al remarcar los peligros que este conflicto trae para Europa. También han tomado postura en cuanto a Gaza, volviendo a optar por la solución de los dos Estados. En materia de crimen organizado, se destaca un llamado a abordar la problemática de forma multilateral y bajo las normativas internacionales, haciendo una crítica no tan velada a los ataques a embarcaciones en el Caribe por parte de EU.
En cuanto a la migración, la declaratoria apunta al diálogo y a reforzar y cuidar los procesos conforme al derecho internacional, incluidos los “retornos”, aludiendo a las deportaciones estadounidenses. Así mismo, el tema se liga a la marcada preocupación ecológica del documento. Señalando que se refuerza e impulsa la adopción de medidas de contención del cambio climático y los apoyos para la adaptación y prevención de desastres para los países más vulnerables, especialmente en el Caribe y la región central de América.
Así la CELAC y la UE buscan darse la mano ante el vendaval de inestabilidad política y comercial de nuestros días. Apostando por el diálogo y la búsqueda de concordia aún entre las diferencias. Esperemos que tengan éxito. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 25)
La reforma electoral que se encuentra en plena construcción debe plantearse desde la pluralidad, la autonomía institucional y la inclusión como sistema democrático, lo que implica, entre otros aspectos, considerar a quienes históricamente han sido excluidos de la vida pública.
Por ello, el primer punto de partida es que el Legislativo reconozca en la normatividad electoral que México es pluricultural, es decir, que las comunidades indígenas y afromexicanas necesitan reglas que les permitan ejercer sus derechos político-electores de acuerdo con sus sistemas normativos, su cultura y su espacio territorial. En este sentido, la reforma debe considerar la conformación de distritos electorales que respeten sus condiciones territoriales, la garantía de incluir candidaturas de este importante segmento de la población, la adecuación lingüística de los materiales electorales, contar con intérpretes en el desarrollo de los procesos electorales, entre otras.
Las personas con alguna discapacidad, a pesar de los avances en materia electoral, siguen enfrentando diversas barreras y que, entre otros aspectos, se atenderían sus inquietudes y demandas si se diseñan boletas accesibles, capacitación especializada para quienes resulten funcionarias o funcionarios de casilla, así como las condiciones óptimas para que puedan ejercer con plenitud su derecho al sufragio. Los partidos políticos, por su parte, deben integrar en sus órganos de dirección a militantes que cuenten con algún tipo de discapacidad, desde donde seguramente se impondrán estrategias incluyentes para este sector de la población. Finalmente, la ley debe establecer un régimen sancionatorio de protección para personas con discapacidad.
La reforma debe considerar acciones afirmativas que garanticen la inclusión de miembros de la comunidad LGBTIQ+ en congresos federal, locales, en los ayuntamientos y en la estructura de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales; la propaganda electoral no debe usar estereotipos, lenguaje ofensivo o discriminatorio y, consecuentemente, sancionar, por ejemplo, los discursos de odio que atentan contra los principios democráticos. Los partidos políticos deben incorporar en sus órganos a personas de la diversidad sexual y contar con agendas relacionadas con la igualdad, defensa y promoción de los derechos político-electorales de esta comunidad.
Otro sector que merece atención en el análisis de la reforma electoral son las personas migrantes naturalizadas o con doble nacionalidad. La legislación electoral debe reformarse para que estas personas formen parte del andamiaje electoral, para integrar las mesas de casilla, ostentar una consejería electoral, postularse para un cargo público, particularmente para diputaciones federales y locales, así como ayuntamientos. También sería óptima la creación de órganos consultivos o comisiones permanentes que rediseñen las reglas del voto exterior; que la ley contemple la obligación de los partidos de incluir en sus agendas, plataformas electorales y en los debates públicos las necesidades de la comunidad migrante, entre otras.
Para lograr lo anterior, la justicia electoral debe contar con una serie de elementos que fortalezcan un Estado de derecho. El Poder Judicial Electoral debe tener procesos autónomos; reconfigurar la ruta para la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores; que se expida una ley de enjuiciamientos electorales que simplifique el sistema actual de solo un juicio y un recurso; regular los efectos de reparación del daño y garantías de no repetición de violaciones a DDHH; que los medios de impugnación estén regulados conforme al estándar interamericano; que se determine que el juicio de amparo, en todas sus instancias y vías, es improcedente para la materia electoral, entre otras.
De manera particular, es importante fortalecer la Defensoría Pública Electoral para las personas que no tengan acceso a la representación legal; es necesario simplificar procedimientos para contar con sentencias oportunas, introducir la perspectiva de género e intercultural en las resoluciones y asegurar que las resoluciones que emita sean efectivas, entre las más destacadas.
Estas propuestas van en una sola dirección: considerar a la población históricamente marginada; si el país se transforma, sus leyes, y en especial la electoral, también deben hacerlo, considerando la pluriculturalidad del país, buscando una justicia efectiva, con autonomía jurisdiccional y tomando en cuenta a la población con discapacidad, de la diversidad sexual y la población migrante que permita contar con una democracia justa, autónoma y en la que se fortalezcan los derechos de todas, todos y todes. (Felipe de la Mata Pizaña, El Financiero, Opinión, p. 28)
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, instó a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico y advirtió que hay “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. De acuerdo con el funcionario, las acciones para detener buques supuestamente implicados en el crimen organizado califican como operaciones para la aplicación de la ley, en las cuales el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado y presentarse como último recurso ante un ataque inmediato. Dado que las lanchas destruidas y sus tripulantes masacrados en ningún caso atacaban a las fuerzas estadunidenses, éstas habrían incurrido en violaciones al derecho internacional en materia de derechos humanos.
Turk expresa con un lenguaje cuidadoso y diplomático lo que el mundo ha contemplado en su crudeza por dos meses: el asesinato y desaparición forzada de decenas de personas a quienes no se les fincó cargo alguno por parte de un gobierno que transgrede las leyes dentro y fuera de sus fronteras. Debe recordarse que las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump son ilegales incluso en los términos de las normas de su país: aunque el magnate ha invocado un inexistente “conflicto armado” con los cárteles a los que clasificó (sin sustento) como terroristas, para entrar en guerra y tratar a ciudadanos extranjeros como enemigos, necesita una autorización del Congreso que no ha solicitado ni obtenido. Su conducta respecto al narcotráfico replica un modus operandi usado en otros temas como la migración o su guerra comercial contra el planeta: en ambos casos, declaró emergencias ficticias a fin de desviar recursos y aplicar por decreto medidas que requieren aprobación parlamentaria.
Trump es franco en cuanto a que sus actos y métodos tienen el propósito de recordar a aliados, rivales y enemigos el poderío y la letalidad estadunidenses, pero, en su fatua ignorancia, desconoce que el uso indiscriminado de la fuerza no es una señal de salud de los imperios, sino de su decadencia y descomposición. Un gobierno saludable no saca a rastras a maestras de prescolar de sus salones de clases para meterlas en jaulas y deportarlas a sus países de origen o a cualquier destino que se le ocurra: les ofrece empleos bien remunerados por educar y cuidar a las próximas generaciones. Un líder tecnológico no impone aranceles arbitrarios; triunfa en el comercio global gracias a la superioridad y al prestigio de sus productos. Quien se proclama faro de la democracia no aniquila ni deshumaniza a las personas que delinquen; en cambio, ofrece una prosperidad generalizada que quita incentivos económicos a la delincuencia.
De hecho, los funcionarios estadunidenses encargados del combate al narcotráfico saben bien que para frenar el trasiego de estupefacientes por vía marítima no se requieren barcos de asalto anfibio, bombarderos estratégicos, helicópteros artillados, ni un grupo de combate de portaviones: apenas la semana pasada la DEA cooperó con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC), con sede en Lisboa, y la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido para interceptar un semisumergible que se dirigía a Europa con 1.7 toneladas de cocaína. Los cuatro tripulantes fueron arrestados, la droga incautada y la nave hundida, sin un muerto y sin disparar un tiro. En marzo pasado, una embarcación similar cargada con 6.5 toneladas de la misma sustancia fue detenida a mil 200 millas náuticas de Portugal, también de manera incruenta.
Lo anterior refuerza la percepción de que las tropas estadunidenses desplegadas en torno a ambas costas de Sudamérica no persiguen objetivos policíacos, sino geopolíticos; en primer lugar, el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, como si se tratase de un capo del narcotráfico. En este contexto, es necesario tomar con seriedad las denuncias del Ejecutivo de Colombia, Gustavo Petro, quien acusa al trumpismo de fraguar un plan para encarcelarlo a instancias de un senador republicano de origen colombiano. Si bien de momento no parece haber planes concretos en ese sentido, ninguna atrocidad puede descartarse bajo el trumpismo. (Editorial, La Jornada, p. 2)