Así como el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) tuvo diez directores generales en 18 años de vida; el organismo equivalente en Quintana Roo (CPTQ), se está volviendo una “manzana de la discordia” a la que muchos le quieren dar una “mordida”.
Debido a esas presiones Javier Aranda anunciará que dejará la dirección general del CPTQ, una posición que ocupará Andrés Martínez.
Aranda es un profesional de la promoción turística y en poco más de un año logró resultados importantes, comenzando porque la llegada de viajeros nacionales y extranjeros aumentará 10% este 2023. El CPTQ también estuvo presente en mercados internacionales diferentes, además de EU y Canadá, por lo que comienza a aumentar la afluencia de viajeros asiáticos y europeos, por mencionar dos casos.
De hecho, cuando con cifras del Instituto Nacional de Migración, que al principio incurrió en una contabilidad errónea, Aranda probó y dijo que no se estaba cumpliendo la teoría de Paco Madrid, fundador del Cicotur Anáhuac, de que caería la llegada de estadunidenses porque estaban “prestados” por otros destinos.
Pero en la junta de gobierno del CPTQ a finales de noviembre, fue evidente que algo no estaba funcionando, pues recibió críticas de algunos presidentes de asociaciones de hoteles que le pedían hablar del futuro, no de lo hecho.
También estaba en el radar la historia de José Chapur, presidente del Grupo Palace, quien había empujado con la gobernadora Mara Lezama la llegada de María de Lourdes Prieto para reemplazar a Aranda.
Entonces, hace tres semanas, la gobernadora platicó con Andrés Martínez y le ofreció la posición, pues en general los miembros de la junta de gobierno del CPTQ se sentían cómodos con él.
Martínez es un mercadólogo con poco más de 40 años, que en el pasado trabajó para Interjet, Grupo Xcaret y para el propio CPTQ, donde fue segundo de a bordo del entonces director Darío Flota. Recientemente era consultor para Preferred Travel Group, donde coordinaba acciones de mercadotecnia, promoción y relaciones públicas.
Su llegada se adelantó, pues se estaba preparando para inicios del próximo año y, de entrada, significará un cambio generacional, pues es unas dos décadas menor que su antecesor.
Entre las ideas que ha externado sostiene que los destinos más exitosos del mundo hoy hacen énfasis en la promoción digital, la organización de eventos y el uso creciente de la tecnología.
Quizá lo más lamentable es que Aranda ya había puesto a caminar el CPTQ, lo que no fue fácil debido a las enormes deudas del pasado; que tenía planes importantes, como una campaña que está terminando la publicista Ana María Olabuenaga y que estaba actuando con prudencia y seriedad, como lo ha hecho durante su trayectoria profesional.
Divisadero
Los Cabos. Este jueves inició la construcción de Casa Adobe, un desarrollo inmobiliario de Rafael Covarrubias que había estado detenido debido a que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) trae un retraso de años en la liberación de permisos por la falta de personal.
Así como están creciendo las mansiones en este destino, a los ejecutivos de clase media que están llegando a trabajar les urgen opciones para comprar su primer departamento y éste no sólo es un proyecto disruptivo con espacios acotados que se compensan con las amenidades del desarrollo, sino que tiene el certificado Edge de construcción sostenible que otorga el Banco Mundial. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 4)
Una vez más los migrantes son objeto de persecución y abierta hostilidad por las fuerzas de la derecha en Estados Unidos, ahora inmersas en tiempos electorales, con la renovación en juego de la Presidencia de ese país. Irracional e insensible que ahora sectores del Partido Republicano estén condicionando al gobierno demócrata en funciones a que el Congreso sólo apruebe otra partida presupuestal de apoyo a Ucrania, en su guerra con Rusia, si endurece su política migratoria y blinda la frontera con México.
Los republicanos concretamente se niegan a aprobar más fondos para Ucrania sin medidas adicionales para reducir el número de migrantes que intentan cruzar irregularmente una frontera que los divide no sólo de nuestro país, sino de Latinoamérica, una negociación atípica que reduce el dolor humano de cientos de miles de hermanos de lengua, historia y cultura a una simple moneda de cambio.
Ese endurecimiento significaría incremento de los agentes migratorios en la frontera, imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo y ampliar los procesos de deportación de migrantes, muchos de los cuales viajan en condiciones ya de por sí muy precarias junto con su familia, incluidos menores de edad.
El acuerdo contemplaría alguna forma de cláusula de tercer país seguro que negaría el asilo a los migrantes que pasaran por otro país de camino a Estados Unidos. Otro posible acuerdo podría ser la ampliación de un proceso de deportación rápida conocido como expulsión acelerada, lo cual significaría que las autoridades migratorias aplicarían ese método en todo el país y ya no, como ahora, sólo en la frontera con México.
Lo peor es que ha trascendido que, antes de las vacaciones defin de año, el gobierno estadunidense cederá a las presiones y llegará a un acuerdo con estas expresiones derechistas del Congreso para incrementar la ayuda militar a Ucrania.
De suscribirse un acuerdo de esta naturaleza, que aún no es un hecho consumado, sería una medida xenofóbica y racista que se sumaría a la embestida del gobierno y el Congreso republicanos de Texas contra el cruce de los migrantes por su territorio, una persecución ya con estatus de criminalización.
En efecto, apenas el mes pasado el Congreso de Texas aprobó la iniciativa de ley SB4, que otorga facultades al gobierno local en materia migratoria, usurpa funciones que hoy son materia del gobierno federal de Estados Unidos, y eleva a rango de delito transitar sin documentación migratoria por cualquiera de sus condados.
De acuerdo con la nueva legislación texana, ostensiblemente contraria a la Carta Magna estadunidense y su sistema federal de competencias, el gobierno estatal y las administraciones locales de los condados pueden ahora deportar a cualquier ciudadano con estancia irregular, ya sin intervención de las autoridades migratorias federales.
Al amparo de la nueva legislación, la policía de Texas podría arrestar a indocumentados para canalizarlos a jueces locales que ordenen su deportación a México, desde que ingresen al territorio estatal. Los deportarán a nuestro país aunque sean ciudadanos de otras nacionalidades, sin que se requiera, como ahora, un acuerdo con las autoridades mexicanas.
Esta nueva legislación regresiva y neofascista no sólo se reduce a la expulsión ilegal y sumaria de los migrantes, sino que podría alimentar, como ha ocurrido muchas veces, un clima de hostilidad, fermento de los crímenes de odio, por xenofobia y racismo.
Afortunadamente, no estamos ante una legislación sustentada constitucionalmente, por lo que ha iniciado la bata-lla legal en las cortes estadunidenses para abrogarla e invalidarla, por invadir una competencia explícitamente federal.
No es la primera vez que observamos esta embestida antimigrante en Texas. Baste recordar la operación Estrella Solitaria, lanzada por el gobernador Greg Abbott en 2021, que se basaba en la securitización de los migrantes, es decir, la elevación del fenómeno migratorio a un rango de amenaza a la seguridad del Estado, lo que abría la puerta para la violación de sus derechos humanos; también los cientos de autobuses con migrantes que han enviado a Nueva York y Washington, y, recientemente, las execrables boyas colocadas a lo largo del Río Bravo.
Sobre este último punto, es una buena noticia para los migrantes que una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos haya ordenado, el pasado 1º de diciembre, remover la barrera de boyas flotantes que el gobierno texano colocó sobre el cauce del Río Bravo en julio, al considerar que esa medida es violatoria de leyes federales que regulan la navegación. En una decisión de 2 contra 1, la Corte Federal de Apelaciones del quinto circuito con sede en Nueva Orleans coincidió con la decisión en septiembre de un juez federal de que el llamado muro flotante con México viola la Ley Federal de Ríos y Puertos de 1899.
En suma, es preciso sumar nuestras voces, desde todos los espacios de opinión, para demandar una política de migración ordenada, civilizada y homologada en Estados Unidos, con respeto pleno a los derechos humanos de quienes sólo buscan, con su trabajo y esmero, una mejor calidad de vida, para ellos y su familia. Los migrantes no deben ser moneda de cambio en la política internacional de ningún gobierno. (José Murat, La Jornada, Política, p. 14)
WASHINGTON. “Dadme vuestras masas cansadas, pobres y apiñadas, que anhelan respirar libres”. Eso dice al menos el famoso poema que Emma Lazarus escribió a fines del siglo XIX y fue consagrado en una placa al pie de la Estatua de la Libertad, a la entrada de la bahía de Nueva York.
La idea de la nación de migrantes es uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos, pero es también uno de sus mayores dolores de cabeza políticos.
En términos reales, y por toda la sinceridad que pueda acompañar al idealista llamado de Lazarus, la llegada de nuevos grupos étnicos ha sido siempre acompañada por la desconfianza, discriminación y maltratos de los residentes anteriores, y más cuando su presencia se hace más visible.
Ese era el caso en 1760, cuando Benjamin Franklin se lamentaba de la presencia de colonos alemanes llenos de vulgaridad, a mediados de los 1800 ante la llegada de grandes cantidades de irlandeses católicos pobres y luego europeos del este y del Mediterráneo, en especial italianos.
La llegada de migrantes chinos fue tan mal recibida que se llegó a aprobar una ley que prohibía darles residencia en el país. Y los latinoamericanos en general, mexicanos en particular, fueron y son víctimas de discriminación, agravada ahora por las imágenes de una frontera fuera de control y grandes grupos de personas dispuestas a arriesgar la vida por entrar a EU.
Se trata de un patrón en la política estadounidense, al menos en los términos más generales.
De hecho, podría afirmarse que a más visibilidad de los migrantes, mayor oposición o conservadurismo de los “nativos”.
Las mayores reacciones antimigrantes se han dado cuando sus nueros han alcanzado 15% de la población. Así ocurrió en los 1850 con el grupo bautizado como Los ignorantes (Know nothings) porque sus integrantes siempre alegaban “no sé nada” cuando se les interrogaba por sus actos de vandalismo.
En ese marco, la población de nacidos en el extranjero que hoy radican en Estados Unidos aumentó durante la Presidencia de Obama, de 38 millones a 44 millones, y como proporción de la población total se acercaba a los máximos de finales del siglo XIX y principios del XX.
Eso, afirmó Ross Douthat en The New York Times, es “un hecho que casi con certeza ayudó a Donald Trump a montarse en el sentimiento antiinmigración a la nominación republicana y a la Presidencia” en 2016.
El sentimiento antiinmigrante pareció disminuir durante la era de Trump (2016-2020), principalmente como reacción a la retórica del propio magnate y sus aliados, pero desde entonces, los números y las imágenes de posibles migrantes indocumentados han crecido de nuevo.
Muchos en Estados Unidos quisieran ver una nueva política migratoria, pero todos los intentos de reforma en los últimos 30 años han terminado en fracasos parciales o totales.
La realidad es que migración es una papa caliente en este país. Y no hay visos de que deje de serlo. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 34)
La rebelión popular desde abajo en contra de la violencia, el narcotráfico, la explotación y la ausencia del Estado se cristalizó en Texcaltitlán, Estado de México. ¿Se está gestando una resistencia popular generalizada en las zonas azotadas por el crimen organizado? Quizá no será una resistencia organizada, pero sí viene una guerra irregular e intermitente que hará crecer la violencia exponencialmente en el país.
Mientras las Fuerzas Armadas construyen aeropuertos y ferrocarriles, al mismo tiempo que organizan la distribución de medicinas y textos escolares, además de administrar los litorales, puertos y aduanas, el crimen organizado florece, se fortalece y extiende sus tentáculos hacia nuevas zonas del país. Las Fuerzas Armadas también están intensamente ocupadas en crear líneas aéreas comerciales y de redes de hoteles, aprovechando la laxitud presidencial que les facilita la consolidación de sus negocios al margen de la rendición de cuentas, contrario a las prácticas normales en un Estado democrático.
Mientras las Fuerzas Armadas se engordan, se distraen en sus negocios y se vuelven parte del establishment económico y político del país, la guerra de baja intensidad que envuelve a regiones extensas del país se fortalece en capacidad de fuego y en número de personas inscritas en sus filas.
Hoy, los grandes cárteles y sus grupos regionales asociados tienen más movilidad y capacidad de adaptación a nuevas circunstancias que las propias Fuerzas Armadas. Incluso, mientras los altos mandos del Ejército y la Marina se enfocan en enriquecerse a la brevedad posible, la Guardia Nacional empieza a coordinarse localmente con los grupos delictivos, para la extorsión y robo a los ciudadanos en las calles de México.
La sociedad en general se siente expuesta a las agresiones, cobros de piso y chantajes del crimen organizado. El Estado no se hace presente cuando se le requiere. Lo dicen los aguacateros y limoneros de Michoacán, los agricultores del Bajío, al igual que los campesinos del Estado de México, como lo demuestra el caso de Texcaltitlán. En Chiapas, el asesinato de líderes comunitarios a manos de los sicarios de los cárteles en pugna por el control territorial se ha hecho costumbre.
¿Y qué decir de los atracos, secuestros y matanzas de los migrantes extranjeros y mexicanos sin rostro y sin nombre que, al cruzar el país para llegar a la frontera norte, tienen que pagar a los cárteles si quieren llegar vivos a su destino? Los migrantes son una inesperada bendición para el crimen organizado. Traen dinero, están desesperados y no reciben ningún apoyo ni protección del Estado mexicano. La cosa es simplemente esquilmarlos mientras viven su desgraciada travesía.
No puede sorprender, por tanto, que surjan con fuerza renovada las autodefensas comunitarias. Han existido desde hace años en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, las autodefensas han terminado convirtiéndose en nuevos grupos delictivos. Hay dos grupos distintos de autodefensas.
Existen autodefensas contratadas y armadas por empresarios agrícolas con gran capacidad económica. Se integran por mercenarios profesionales. Otro grupo son los pueblos que se arman como pueden (escopetas, machetes, palos, etcétera) para defenderse del cobro de piso recurrente de los cárteles. Es el caso de los integrantes de la autodefensa de Texcaltitlán. En el primer caso requieren a un empresario. En el segundo caso necesitan a un líder que los organice.
Esos empresarios adinerados o líderes sociales están apareciendo por todo el territorio nacional, ante la aplicación de la política oficial de abrazos, no balazos con el crimen organizado. Esa política trae aparejada una consecuencia concreta que es la ausencia del Estado mexicano para cumplir con su mandato constitucional de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes.
Está situación deriva en una creciente y violenta guerra constante y de baja intensidad entre cárteles y sociedad organizada. Y lo más notable del caso: la ausencia casi absoluta del Estado para imponer la ley y el orden. (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p. 23)
Es curioso, un poco absurdo y vergonzoso el comportamiento de los cuatro precandidatos del partido republicano a la presidencia. En el más reciente debate se dedicaron a atacarse mutuamente olvidando que Donald Trump, con su característica soberbia, no quiso participar por considerarlos contrincantes menores. Pareciera que su máxima aspiración es un segundo lugar dando por sentado que Trump será el candidato; en otras palabras, quizá esperan un premio de consolación como la vicepresidencia o algún puesto en el gabinete del que pretende ser el próximo presidente de Estados Unidos.
Fue insólito que en el debate evitaran referirse a los grandes traspiés de Trump cuando fue presidente, a los 91 cargos que enfrenta en varios tribunales por delitos de toda índole y a los estridentes discursos que anuncian venganzas y amenazas, con las que a diario descalifica las bases de la democracia estadunidense. No hay duda de que temen la respuesta de Trump y la de sus aún cientos de miles de fanáticos que lo apoyan. Faltan unas cuantas semanas para que se efectúe el primer evento mediante el cual los republicanos comienzan sus elecciones primarias en Iowa. El proceso continuará a lo largo de seis meses en todos los estados y culminará en la convención republicana en Wisconsin en julio.
Es mucho tiempo y muchas cosas pueden suceder, pero de continuar ignorando las trapacerías de Trump y rebajar el debate con insultos poca tela habrá de dónde cortar para que los electores se formen una idea más o menos clara de las intenciones y planes que cada precandidato ofrece; también existe el peligro de que los ataques personales se multipliquen. Cuando la convención republicana se celebre, lo más probable es que se convierta en un herradero en el que el ganador será quien tenga más habilidades histriónicas. La esencia de la política será una vez más desplazada por la mercadotecnia y el circo; en las redes sociales la desinformación y la vulgaridad orientarán la opinión de la gente.
Mientras tanto, Biden se debate en las exigencias de una política externa que los republicanos han convertido en una disyuntiva de difícil solución para el presidente con miras a su relección: apoyo a Ucrania e Israel sí, pero, a cambio, no de una reforma migratoria justa, sino de medidas draconianas.
Tal como se plantea esta situación, la mezquindad será la sustancia en una sociedad cada vez más polarizada. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 13)
Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consciente del significado del momento, un diplomático latinoamericano que participó en los trabajos preparatorios escribió: Percibía claramente que participaba en un importante y verdadero momento histórico, en el que se había conseguido un consenso sobre el supremo valor de la persona humana; un valor que no nacía de la decisión de los poderosos, sino más bien era la existencia la que nos daba el inalienable derecho a vivir libres.
Efectivamente, este consenso internacional constituyó un significativo paso hacia adelante en el proceso civilizatorio de la humanidad entera. Sin embargo, la declaración llega a 75 años en un contexto global y nacional de desafíos y, a menudo, de abierta negación a sus contenidos esenciales.
En el plano mundial, los conflictos bélicos, la persistente desigualdad, el auge de gobiernos que socavan la democracia, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia climática, ponen en duda las promesas de la declaración.
En el plano nacional, pese a los avances en el combate a la pobreza y las mejorías en derechos laborales, México no cierra bien 2023 en cuanto a los derechos humanos. Las desapariciones no cesaron y acontecieron episodios de extremo horror, como el de los muchachos de Lagos de Moreno, mientras creció en algunas regiones el control territorial de las organizaciones macrocriminales y herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses siguen sin funcionar.
La impunidad no se remontó y, en vez de transformar a las disfuncionales fiscalías, lo que tenemos hoy es el anuncio de una reforma judicial que, de incluir la elección por voto de integrantes de la SCJN, podría ser sumamente dañina. El poder militar creció, y se anunciaron aún más reformas para entregar legalmente la Guardia Nacional al Ejército.
La crisis migratoria no se revirtió, y los eventos de Ciudad Juárez mostraron el impacto de la negligencia en la vida de las personas en movilidad. El encubrimiento no se quebró y perpetradores de violaciones a derechos humanos, desde la guerra sucia hasta Ayotzinapa, se beneficiaron de ello.
Las voces críticas siguieron enfrentando descalificación y riesgo, y defensores comunitarios, como Eustacio Alcalá, fueron asesinados en los territorios, además de que no se erradicó el espionaje con Pegasus. Las instituciones no terminaron de renovarse, y servidores públicos que intentaron ejercer sus funciones con honestidad y empatía tuvieron que dejar sus cargos en el gobierno federal, al tiempo que órganos como la CNDH continuaron su retroceso y esquemas de articulación institucional, como el Sistema Nacional de Atención a Víctimas o el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas languidecen en la irrelevancia.
Ante este panorama, puede diluirse el impacto transformador de los avances relevantes en derechos sociales y laborales que se han registrado. Además, crece el riesgo de que se opte por salidas en falso, intentando cambiar la percepción antes que la realidad, con acciones como la polémica revisión del registro de personas desaparecidas o como la presentación de cifras excesivamente optimistas sobre la presunta disminución de la violencia.
Dado que no parece que esta deriva vaya a cambiar en el desenlace del sexenio, el 75 aniversario de la Declaración Universal debe aprovecharse para insistir en la centralidad de los derechos humanos de cara a la elección de 2024, ahora que están construyéndose las plataformas que disputarán la Presidencia. Los extremos deben evitarse. Instrumentalizar políticamente el legítimo sentido de agravio que permea en las víctimas no ayudará a su causa. Tampoco lo hará relegar a segundo plano los temas que más les duelen, por evitar dar foro a los reclamos legítimos de quienes no han encontrado verdad y justicia estos años. Estas serían, también, salidas en falso ante una crisis que demanda soluciones profundas y dialogadas.
El futuro no está decidido y toca insistir para que los derechos humanos no sean soslayados. Siempre ha sido. Si algo enseña el camino abierto en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que se debe luchar permanentemente por su vigencia, que no está dada ni garantizada, ni es patrimonio de un solo partido o de una sola ideología.
Nos lo recuerdan las madres buscadoras que en casi todos los estados de la República salen por amor a abrir la tierra para que florezca la verdad y la justicia; las personas que siguen luchando por su libertad en el marco de un sistema de justicia roto, como Keren Ordoñez en Tlaxcala; los pueblos originarios que defienden la casa común y resisten la crisis climática. Sus luchas concretas, al invocar los derechos humanos y resignificarlos, muestran cómo la declaración y sus principios no han caducado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es y será, desde esta perspectiva, un llamado a la esperanza y a la acción. Hoy, en México, ese llamado es indispensable para recordar que la realidad puede cambiar. Si este sexenio quedó a deber en el ámbito de los derechos humanos, la propia historia nos recuerda que el futuro puede ser diferente.
Después de todo, quienes en 1948 impulsaron la declaración construyeron luz sobre las oscuras ruinas de un mundo que, apenas unos años antes, había colapsado. En este 75 aniversario y desde la convulsa realidad mexicana, vale la pena evocar desde esta mirada esperanzada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Santiago Aguirre, Director del Centro Prodh, La Jornada, Opinión, p. 18)
No sorprende que Estados Unidos, una vez más, se proclame campeón de la libertad y los derechos humanos este Día Internacional de los Derechos Humanos –festejo que la gran mayoría de la población estadunidense no registra. Pero no deja de asombrar que algunos de sus líderes lo dicen como si lo creyeran– tal vez síntoma de una condición que debe ser mejor evaluada por un sicólogo.
Vale recordar que el campeón de los derechos humanos es el país avanzado que menos ha ratificado los tratados en la materia. Estados Unidos es el único país en el mundo que aún no ratifica la Convención de los Derechos de los Niños –el tratado internacional más suscrito de todos. Tampoco ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Discriminacion contra las Mujeres ni la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni varios protocolos adicionales a otras convenciones. A la vez, no sólo no ha ratificado a la Corte Penal Internacional dedicada a enjuiciar a acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y aunque ha amenazado con proceder contra otros regímenes adversos ante esta instancia, ha rechazado que esa misma corte tenga cualquier jurisdicción sobre estadunidenses.
A la vez, el juez mundial también tiene un problema de autoridad moral por la situación de derechos humanos dentro de su propia casa. En un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento de Estados Unidos de sus obligaciones bajo el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos emitido en noviembre, se resaltan violaciones en torno a derechos indígenas, del voto, derechos de inmigrantes y más, y propone que se asegure que jamás repita su práctica de separación de familias inmigrantes, que se establezca un instituto nacional de derechos humanos, y que se reformen leyes criminales incluyendo la abolición de la pena de muerte, y la penas de cadena perpetua para menores de edad.
Más aún, en noviembre, la relatora especial de la ONU sobre racismo y xenofobia, Ashwini K.P, advirtió, después de una visita de investigación, que Estados Unidos está en un parteaguas crítico en la lucha contra el racismo y la discriminación, afirmando que detectó manifestaciones de racismo sistémico en todos los estados que visitó y que estas manifestaciones de racismo impactan aquellos de grupos raciales marginados en cada etapa de sus vidas, histórica, sistemática e institucionalmente.
El informe anual más reciente de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos detalla las deficiencias actuales en derechos humanos dentro de este país, resaltando la anulación de derechos de las mujeres, delitos de odio, violación de derechos de migrantes, del derecho a la asamblea, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho a la vida, sobre todo por la violencia de armas de fuego. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 27)
Sobremesa / Tribunal Electoral: y sí, sí era un peligro para México y la SCJN está involucrada
Inhale y exhale
También, cuentan, se están utilizando recursos del TEPJF para apoyar proyectos en el extranjero, como los de Beth Noveck, una exasesora del presidente Obama y su Governance Lab, que usa tecnologías para resolver problemas públicos, pero que poco tiene que ver con la impartición de justicia electoral en México. O, también, nadie entiende para qué el presidente Rodríguez hace eventos con redes de migrantes; es como si quisiera hacer un partido político, cuando esa función de enlace con migrantes le corresponde al INE. (Lourdes Mendoza, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 51)