El 10 de diciembre se conmemoró el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 con el que se reconocieron los derechos humanos básicos para todas las personas. Esta conmemoración, también conocida a nivel global como el Día de los Derechos Humanos, es siempre un buen motivo para hacer un balance sobre los avances, retrocesos y desafíos de la agenda de concreción de los derechos humanos en nuestro país.
Como se ha analizado en varias ocasiones en este espacio, los gobiernos de la 4T han adoptado un discurso en el que aseguran estar comprometidos con la agenda de derechos humanos en su multidimensionalidad; sin embargo, dicho discurso no se ha visto respaldado con decisiones legislativas y políticas públicas afines a los derechos reconocidos y a su progresividad, de modo que la pauta general de la 4T en esta dimensión hasta ahora ha sido de claroscuros.
Sin duda, los grandes avances sustantivos se encuentran en la agenda de los derechos laborales. El incremento al salario mínimo y otras leyes y tratados en la materia que han buscado dignificar las condiciones de trabajo, junto con los programas sociales de gobierno, han tenido un gran impacto en el bienestar poblacional, reflejado de manera contundente en las cifras de reducción de la pobreza. Como es ya ampliamente sabido, el Inegi confirmó que el total de personas en situación de pobreza en México en 2024 fue de 38.5 millones, lo que se traduce en una tasa de pobreza de 29.6 por ciento y en un total de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, de acuerdo con las cifras oficiales.
Estos claros avances en derechos laborales y económicos contrastan notablemente con los retrocesos y contradicciones que se observan en otros ámbitos. Las violencias, desde luego, son el principal factor de preocupación. Hemos insistido en que la disminución en las cifras totales de homicidios (23 por ciento menor al sexenio anterior) debe confrontarse con el incremento en otros indicadores de violencia para hacer una correcta valoración de los avances o retrocesos en esta agenda, además de considerar el incremento en las expresiones de crueldad de los sucesos de violencia que recientemente se han registrado en nuestro país.
Las cifras de desaparición de personas sostienen una pauta de incremento que en el primer año de gobierno alcanzó 54 por ciento en relación al primer año de gobierno del sexenio de López Obrador. Cada día desaparecen en promedio 39 personas, la cifra más alta registrada. La disminución de los homicidios debe cruzarse con el alza en desapariciones, pues es claro que hoy la violencia letal asociada al crimen organizado culmina ya no sólo en el asesinato, sino en la desaparición de los cuerpos.
Hemos dado cuenta también de otras violencias que azotan al país, como el incremento del desplazamiento forzado interno (129 por ciento entre 2023 y 2024), la persistencia de los feminicidios, los ataques letales y no letales a periodistas, las agresiones contra defensores de diversos derechos y el incremento de delitos como la extorsión. Todo esto en un marco de una impunidad que ronda 93 por ciento para los delitos denunciados, tomando en cuenta de que sólo 6 por ciento de los delitos son objeto de demanda. Las condiciones no son nada distintas si hablamos de las violencias contra personas migrantes, por ejemplo, quienes viven un entorno creciente de amenaza ante las políticas xenófobas de Donald Trump y sus expresiones en una política migratoria mexicana cada vez más hostil, instrumentada a través de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
De igual modo, los entornos de macrocriminalidad y las expresiones de crueldad vistas recientemente dan cuenta de que las violencias descomponen cada vez en mayor medida nuestros tejidos sociales. Casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, o los asesinatos del empresario limonero Bernardo Bravo y del alcalde Carlos Manzo en Michoacán –que se suman a otros dos alcaldes asesinados en los últimos meses en la misma entidad– son expresión de que las instituciones de seguridad han sido incapaces de controlar el poder de los grupos criminales que mantienen pleno dominio sobre territorios enteros en diversas geografías del país que abarcan estados como Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, además de los ya mencionados Jalisco y Michoacán.
La apuesta sobre la militarización como estrategia de seguridad sigue siendo motivo de rechazo desde la perspectiva de derechos humanos, pues el uso indiscriminado de la fuerza y la falta de controles continúa reproduciendo tragedias como el asesinato de seis jornaleros en Tamaulipas o las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa a manos de las fuerzas armadas.
Todo lo anterior ocurre en un entorno institucional incierto, en donde los derechos están en entredicho. La última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo destinado para apoyo y reparación de víctimas, el desvanecimiento del sistema de ombudsperson que en los últimos años ha legitimado la postura gubernamental a nivel federal y estatal, junto con las interrogantes que hoy rodean el reconstituido Poder Judicial, dan cuenta del debilitamiento de las garantías de defensa de la ciudadanía.
En suma, los derechos humanos en México transitan un camino cuesta arriba y siguen siendo uno de los principales pendientes de los gobiernos de la 4T, cuyo balance en esta dimensión, con la única excepción de los plausibles logros en materia de derechos laborales y reducción de pobreza, se caracteriza mayormente por el desmantelamiento de la de por sí débil infraestructura para el cuidado de las garantías ciudadanas y democráticas y para garantizar la progresividad de los derechos reconocidos. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 13)
La publicación de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos es una ruta que fomenta la ruptura con la legalidad existente. Presenta el Corolario Trump a la Doctrina Monroe -como lo llama el New York Times “Doctrina Donroe”-, que en suma es el reposicionamiento violento de EU en lo que de manera arbitraria considera su hemisferio por medios militares y letales, si es necesario, para tener control sobre la geografía, el territorio y sus recursos contra toda pretensión de que intereses no hemisféricos -léase China y Rusia- pretendan intervenir de cualquier forma en su patio trasero.
Después de hablar de todo lo que según él ha logrado su presidencia en términos de restablecer la soberanía en sus fronteras, desplegando al ejército para evitar la “invasión” a su país, erradicar la ideología lunática woke y la extremista identidad de género en las fuerzas armadas, resolviendo de paso ocho conflictos bélicos que estaban en curso, “trayendo la paz y estabilidad al mundo” (sic) y enumerando sus objetivos, como ser una potencia industrial, tecnológica y militar, lo cual parece una lista de buenos deseos al no quedar claro los cómos, y ahí queda todo en suspenso.
El geopolitólogo John Mearsheimer ha sostenido que la hegemonía de EU desde la posguerra fría es estructuralmente insostenible a largo plazo: ningún Estado puede mantener su hegemonía global indefinidamente, porque los costos de la proyección de su poder global terminan por exceder las capacidades económicas del hegemón. En palabras de Paul Kennedy, quien ha analizado el ascenso y la caída de las grandes potencias, la sobrecarga imperial precede al colapso.
Parece que hemos llegado a ese momento; Michael Kimmage, historiador, se pregunta ¿qué tipo de orden mundial busca la nueva estrategia de seguridad? (Trump’s Power Paradox. Foreign Affairs, 8/12/25).
Dice Kimmage que partiendo de que para Trump el poder y no los principios son lo que hace que el mundo se mueva -y que sólo él lo puede hacer-, a pesar de sus referencias y admiración a la Doctrina Monroe, el documento carece de sustento histórico y no ofrece una historia alternativa, es una estrategia de seguridad para la era de las redes sociales en su eterno presente.
Kimmage habla también del intento de delimitar el poder de Estados Unidos, ya que si luego del colapso de la URSS, en 1991, las élites estadunidenses pensaban en el dominio permanente de su país en todo el mundo, ahora Trump plantea que el mundo no estadunidense preocupa a EU “sólo si amenaza nuestros intereses”. Considera que Europa está en un proceso de crisis civilizatoria y la alianza militar está resquebrajada, por lo que más que una política de alianzas, el documento propone promover a la oposición de extrema derecha.
Nada de eso son buenas noticias para nuestra región debido a que Estados Unidos busca concentrarse en el dominio de “su” hemisferio (sic) y aunque no podríamos esperar algo distinto a lo que ha sido la política injerencista de Washington, el despliegue militar y los asesinatos en el Caribe, así como las amenazas de usar fuerza letal contra Venezuela, Colombia y México, añaden mucha presión sobre nuestra región. Sin embargo, y dada la precipitada crisis legal, política moral que enfrenta Trump dentro de su país, y dados los límites al poder que impone su propia crisis hegemónica, esto limitará las posibilidades de una agresión, sobre todo militar.
No sólo se trata de las derrotas sufridas por los republicanos en las últimas elecciones frente a los demócratas, siendo las más simbólicas el triunfo de Eileen Higgins, luego de 30 años de hegemonía de la ultraderecha cubanoestadunidense, como alcaldesa de Florida, que siguió al triunfo de Zohran Mamdani, en Nueva York, nacido en Uganda y quien se proclama como socialista.
Pete Hegseth esta metido en un problema legal muy grave por los asesinatos extrajudiciales en el mar Caribe, realizados con drones por la armada de EU, que comenzaron el mes de septiembre: 22 ataques con saldo de más de 80 muertos sin autorización del Congreso, sin presentar prueba alguna y sin dar cuentas a nadie.
La cuestión se complicó cuando, según una investigación del Washington Post, Hegseth dio la orden de un segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes del primer ataque a una pequeña lancha en llamas y, además, mintió al respecto.
Sin embargo, ese video del 2 de septiembre ha sido visto por algunos miembros del Congreso, quienes sintieron consternación e indignación por la crudeza del hecho, a tal punto que como dice Chris Lehmann, del semanario The Nation, que la petición para su destitución está avanzando y se pregunta “¿Si el asesinato no califica como un delito muy grave, entonces qué esperar?”
Shri Thanedar, congresista demócrata, ha presentado una resolución que culpa a Hegseth por asesinato y conspiración para cometerlo, lo que significa que puede ser culpable de crímenes de guerra.
También la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una de las figuras más cercanas al presidente Trump, está en el centro de una tormenta legal. Según documentos presentados por el Departamento de Justicia, un tribunal ordenó en marzo detener los vuelos de migrantes hacia la megaprisión en El Salvador, y fue la funcionaria quien de manera ilegal y en violación de la orden del juez, tomó la decisión de continuar con las deportaciones y, lo más impactante, argumentado que “eran ordenes de jueces activistas que utilizan decisiones radicales” contra las órdenes de Trump, por lo que puede -y debería- enfrentar un juicio por desacato. (John Saxe-Fernández, La Jornada, Economía, p. 16)
La alarma política no puede sonar más fuerte y clara para México en el horizonte del neointervencionismo de EU con su manifestación renovada de fe en la vieja Doctrina Monroe. Su nuevo “corolario Trump” pone al día los mayores riesgos del expansionismo del siglo XX con miras a restaurar su hegemonía en el hemisferio occidental. No interpreto, así lo dicen sus documentos nacionales con meridiana transparencia. Por ello, la pregunta obligada es cómo prepararse —gobierno, sociedad y empresarios— para responder a la nueva estrategia de seguridad nacional que Trump publicó hace unos días con los más duros trazos de coacción de la diplomacia de las cañoneras para proteger los negocios de los socios de la Casa Blanca contra la influencia de China y Rusia en su zona prioritaria de México y América Latina.
El gobierno de Sheinbaum ha logrado sobrellevar en su primer año esa “política del garrote”, lo que, incluso, le ha valido reconocimiento como una de las mujeres más poderosas del mundo; y controlar la pirotecnia de minas personales que su homólogo coloca para imponerse a los que percibe más débiles. Su estrategia consiste en una política de contención que evita la confrontación directa y despresurizar con mensajes de serenidad los embates de su guerra comercial, pero comienza a mostrar los límites en los estragos a la economía e inversión nacional. El problema es que no se ve que la situación cambie con su nuevo plan de seguridad, por el contrario, se recrudezca. Todo lo cual hace que se desgaste el discurso con que Sheinbaum minimiza los daños que ya exhibe la economía por la política de Trump para asegurar concesiones comerciales o territoriales sin recurrir a guerras totales: no cesa de atacar la sobrevivencia del T-MEC, amagar con intervenciones directas contra el narco, atacar la migración y exigir el pago de agua con castigos arancelarios. Y ahora, además, abrir la puerta de recursos naturales y producciones clave a las empresas estadunidenses, incluso con conflictos calientes como en Venezuela.
Las perspectivas para México por la “guerra comercial” empeoran, dado que las metas de Washington implican sumisión a sus designios. Por ejemplo, aceptar vía libre a sus empresas para localizarse en áreas clave para las cadenas de suministro o explotar sus materiales raros, imprescindible en la carrera tecnológica; hasta acceder a contratos de obras públicas sin concurso y, evidentemente, con ventaja de las compañías locales, bajo la divisa colonialista del “América primero” de la versión 2.0 del “América para los americanos”.
El teatro de operaciones del círculo de los negocios de la Casa Blanca es la guerra comercial de una potencia en crisis orgánica. Que para restaurar su poderío en declive recupera la fórmula de la economía de guerra con una reedición de enemigos de los cárteles como terroristas, la migración como amenaza a la civilización y la expulsión de sus rivales China y Rusia de su viejo patio trasero; ahora preocupado porque florezca bajo su remodelación y tutela para asegurar orden y buenos gobiernos con que desalentar los males que le exportan.
Las bajas por los ataques ya se cuentan entre la caída más prolongada de las remesas en una década, el enojo en el campo por la presión de entregar agua a EU en condiciones de sequía, así como también el retraimiento de los inversionistas nacionales que contemplan, pasmados, la incertidumbre sobre el futuro de la economía y las desventajas con compañías estadunidenses, aunado a la desconfianza interna. Pero, ¿pueden espera hasta que el panorama se aclare, aunque arriesguen sus activos? ¿Es suficiente el Plan México para enfrentar la guerra comercial? ¿Alcanza el control político para preservar a la economía de la destrucción de los ataques?
Ante el recuento de daños, el discurso oficial para reducir lo más posible el tamaño de la amenaza se consume en una política exterior desdibujada. Las banderas rojas de la colaboración y coordinación no alcanzan para fijar la frontera al intervencionismo, aunque pueda acomodarse a la disyuntiva de la lógica amigo-enemigo con que Donald quiere ordenar su mundo feliz. Por ejemplo, con los aranceles a los países asiáticos que exige EU. Una disyunción muy difícil que desune regiones y divide países, rompe acuerdos y tratados, entre gobiernos que acepten cooperar con el mundo maravilloso del dólar y perjudicar a los que quieren jugar con otras monedas de negociación, a pesar del agravamiento de riesgos globales. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 16)
El día de ayer la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, decidió reducir, en una decisión dividida, la tasa de política monetaria en 25 puntos base, llevándola a un rango de entre 3.5 y 3.75%.
Como he señalado antes en estas páginas, la Fed enfrenta un panorama particularmente complicado. Tiene un mandato dual: mantener la inflación baja y estable, con un objetivo de 2%, y al mismo tiempo mantener la tasa de desempleo en niveles cercanos a su tasa natural. En la actualidad, ambos objetivos muestran señales de deterioro. La inflación, lejos de converger con claridad al 2%, ha repuntado y oscila alrededor de 3%. Paralelamente, el mercado laboral también se está debilitando: el ritmo de creación de empleo se ha moderado y la tasa de desempleo ha aumentado gradualmente hasta 4.4%, después de haber iniciado el año en 4%.
Como también he mencionado anteriormente, no es común que ambos objetivos se deterioren de manera simultánea. Cuando el ciclo está impulsado por cambios en la demanda agregada, un mercado laboral muy apretado, con bajo desempleo, suele acompañarse de inflación elevada, lo que implica la necesidad de una política monetaria más restrictiva. A la inversa, cuando el desempleo es alto debido a un mercado laboral débil, la inflación suele ser baja, pues es probable que exista una brecha de producto negativa; en ese entorno, lo apropiado es relajar la política monetaria. En el contexto actual, con ambas variables deteriorándose al mismo tiempo, es más difícil trazar un rumbo claro para la política monetaria.
Este deterioro simultáneo responde, en gran medida, a dos tipos de choques. Por un lado, la incertidumbre en torno a la política económica —particularmente la comercial— está frenando la inversión (con la notable excepción del boom asociado a la inteligencia artificial), y por tanto debilitando la demanda de empleo. Por otro lado, el aumento de aranceles representa un choque negativo de oferta que ha mantenido la inflación por encima del objetivo. Sin los aranceles, habría un consenso mucho más sólido acerca de la convergencia de la inflación hacia el 2%.
En este entorno, la Fed debe decidir cuál de los dos riesgos es más apremiante. La decisión de ayer sugiere una creciente preocupación por el deterioro del mercado laboral, aunque tanto el comunicado como la conferencia de prensa del presidente Powell dejan claro que la inflación sigue siendo un foco de inquietud.
A mi juicio, el reto fundamental radicará en entender las causas del debilitamiento del mercado laboral. Es evidente que el ritmo de creación de empleos se está desacelerando. Pero la pregunta clave es si este deterioro obedece a una menor demanda de trabajadores —producto de la incertidumbre que afecta a la inversión y a la creación de empleo—, o si responde a una menor oferta laboral derivada de las políticas migratorias del actual gobierno.
Las implicaciones de uno u otro diagnóstico son completamente distintas. Si el deterioro se explica principalmente por una menor demanda, las presiones inflacionarias tenderían a disminuir, lo que justificaría una política monetaria menos restrictiva (asumiendo que el impacto inflacionario de los aranceles es transitorio y no modifica las expectativas, algo que aún no está claro). Pero si el debilitamiento proviene de una reducción en la oferta laboral —porque hay menos migrantes o porque trabajadores indocumentados están acudiendo menos a sus empleos por temor a ser deportados—, entonces el efecto sería el opuesto: veríamos presiones inflacionarias por la vía de mayores salarios, y además tales presiones serían más persistentes. En ese escenario, la política monetaria tendría que mantenerse más restrictiva. Mi impresión es que ambos factores están influyendo, pero aún no es claro cuál terminará predominando. Si las deportaciones se intensifican, es posible que ese sea el factor dominante y que la Fed tenga menos margen para bajar tasas.
El presidente Trump ha reiterado en numerosas ocasiones que la política monetaria debería ser más laxa. Si ese es su objetivo, lo más efectivo en materia de política pública sería reducir aranceles, adoptar una política migratoria más abierta (lo cual no implica relajar los controles fronterizos ni dejar de impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales, pero sí podría suponer una expansión de visas de trabajo) y reducir el déficit fiscal. Si esto no ocurre, la Fed enfrentará un reto monumental y difícilmente podrá relajar la política monetaria al ritmo que se anticipaba hace un año. (Carlos Serrano Herrera, El Financiero, Economía, p. 8)
La embajada de Estados Unidos en México advirtió a los directivos de empresas de transporte que a quienes faciliten la migración ilegal a ese país, desde el Caribe y Centroamérica, el Departamento de Estado les revocará la visa a quienes proporcionen esos viajes, que se han incrementado en semanas recientes. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 6)
La semana pasada se llevó a cabo el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, en el cual hubo farándula, algo de futbol y política mucha política.
Más que un acontecimiento deportivo, consistió, realmente, en un evento político de toda la trascendencia. De entrada, porque logró convocar, por vez primera y en un mismo espacio, a la y los líderes de las tres naciones de Norteamérica, en un momento de enorme tensión diplomática trilateral producto de la guerra arancelaria, crisis migratoria, combate al narcotráfico y la víspera de la renegociación del T-MEC.
A ello, habría que sumar el premio de paz otorgado con motivo de nada y el lastimero numerito de adulación infinita que le armó el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, al presidente estadounidense, Donald Trump. No hubo vergüenza que alcanzara con tal de contar con el beneplácito y la amistad fingida del hombre más poderoso del mundo, en un negocio que involucra miles de millones de dólares, varios de los cuales ensancharán las arcas del en todos los sentidos monstruoso órgano rector del futbol global.
En el caso de nuestro país, el protocolo en torno a la organización del Mundial pudo más que cualquier cumbre de Estado de primer nivel de los últimos 7 años —casi como para que lo hubieran agregado en las arengas del festejo del día siguiente—. Se le dio la relevancia debida al evento y, por fin, nuestra administración actuó en consecuencia.
En esta ocasión, afortunadamente, quedó de lado el acomodaticio discurso de austeridad y presta estuvo la Presidenta a la hora buena, sin volver a poner en manos de las vicisitudes de una aerolínea comercial su presencia puntual para encontrarse con sus homólogos norteamericanos, así fuera en el sorteo del Mundial.
Y es que este evento implicó la primera visita de la Presidenta a territorio estadounidense, tras poco más de un año de haber asumido el cargo, lo que también le permitió tener su primer encuentro breve, sin duda, pero cara a cara, al fin con el presidente de Estados Unidos, con quien pudo discutir uno que otro tema relevante más allá de lo estrictamente futbolero, luego de que a mediados de año su encuentro en Alberta, Canadá, se viera frustrado por haber esperado una conexión en algún aeropuerto recóndito entre otros motivos.
Ojalá esta experiencia sirva para reconsiderar su muy oportuna presencia en el partido inaugural del Mundial, el próximo año, al cual ha anunciado que no asistirá suponemos porque cree que se trata de mero futbol y no de hacer política para cederle su boleto a una muy afortunada infante.
Y, lo que son las cosas, la flexibilidad que le brinda a una Jefa de Estado contar con su propia aeronave y no andar a expensas de que la fila en los filtros de seguridad no sea demasiado larga y que el avión aterrice a tiempo, hasta le dio margen para, también, llegar a tiempo al festejo que se armó un día después del sorteo en el Zócalo capitalino. Coincidencias de la vida.
Moralejas del episodio: el futbol es política; el poder adulador de la FIFA es infinito; y no escatimar en recursos tiene sus beneficios.
Desde chiqueros. Ésta es la última Contraquerencia del año. Reciban, público lector, los mejores deseos de un servidor. Nos leemos en 2026. ¡Felices fiestas! (Eduardo Nateras, La Razón, México, p. 10)