Cada vez es más común que durante un paseo por la Ciudad de México (CDMX), uno encuentre carteles y anuncios escritos en español y en inglés. Sea recordando la importancia del uso del cubrebocas y del lavado de manos, anunciando la próxima venta de bazar o reunión vecinal, o inspirando a los caminantes con frases motivacionales. Estos afiches demuestran que la CDMX es, más que nunca y a pesar de la crisis sanitaria, un punto de encuentro internacional.
Aquellos iniciados en temas internacionales y que residan en la CDMX seguramente habrán notado el progresivo incremento en el número y frecuencia de extranjeros recorriendo la ciudad. El turismo es, en última instancia, una de las principales actividades económicas y motor del desarrollo del país.
Sin embargo, algunos de esos turistas, se convirtieron en vecinos y esos vecinos, se volvieron amigos. En otras palabras, México se ha convertido en hogar de miles de personas extranjeras. Durante los últimos cinco años la cifra de extranjeros en el país ha experimentado un franco crecimiento y, contrario a lo que podría pensarse, la pandemia ha agudizado este fenómeno: expatriados, emprendedores, trabajadores digitales y refugiados han encontrado en México el destino para continuar con su vida.
La extranjería en el país no es homogénea, en pocas partes del mundo lo es. Existe una brecha que separa a aquellos que viven en México por elección, y obtienen una Tarjeta de Residencia Temporal (TRT); de aquellos que lo hacen por sobrevivencia, y obtienen, tras una larga espera, el estatus de refugiado. Los estadounidenses destacan como el primer grupo de inmigrantes en México con TRT, mientras que los haitianos realizaron el 39% de las solicitudes de asilo en el histórico 2021, donde la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) gestionó 131,448 trámites. Hoy día, el país de origen y los motivos por los que un ciudadano extranjero llega a México continúan determinando en gran medida su futuro en el país.
La CDMX en particular, ocupa el segundo lugar en entidades con mayor cantidad de inmigrantes, sólo por detrás de Baja California, y por delante de Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Los inmigrantes tienden a agruparse demográficamente, en subgrupos con distintas necesidades, formaciones y talentos.
En la CDMX, se yuxtaponen dos realidades para los inmigrantes que, muchas veces, pueden evidenciarse al cruzar tan solo una avenida. La vida tranquila, llena de exposiciones y actividades culturales y de ocio en las colonias Juárez, Roma-Condesa, San Ángel, Coyoacán o Polanco, contrasta con la cotidianidad de colonias como la Doctores, Guerrero o Tlatelolco (o en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en la zona metropolitana), donde también existen importantes asentamientos de extranjeros. En estos últimos, la vida resulta ser menos afable y se convierte en un reto constante para sus habitantes, quienes deben de sortear la ineficiencia de los servicios públicos, la falta de opciones de transporte público y una latente inseguridad.
Detrás de las mascarillas que ocultan los rostros de los nuevos habitantes de la CDMX, también se esconden las problemáticas que enfrentan los extranjeros al establecerse en la capital del país y que se replican, con sus propias particularidades socio-geográficas, en las principales ciudades y en las franjas fronterizas. No obstante, las políticas públicas actuales al respecto han resultado insuficientes para acompañar y garantizar la inserción económica y social de aquellos que no cuentan con pasaporte mexicano.
La inmigración es un fenómeno inminente, creciente y benéfico para el país. Por tanto, esta debe ser correctamente gestionada por las autoridades, y acompañada por el sector privado y la sociedad civil, quienes poseen el talento y el conocimiento necesario para que los distintos grupos de migrantes se sientan cómodos en su nuevo hogar. No es uno, sino la suma de esfuerzos multiactor la que permitirá a México, asumir su rol como país destino de migrantes y beneficiarse de una sociedad abierta y sin barreras.
A nivel federal, el gobierno necesita brindar a sus inmigrantes un entramado jurídico acorde al siglo XXI con la actualización del sistema migratorio. Un primer paso, que beneficiaría a todos los grupos de inmigrantes sería dotar de mayores recursos al Instituto Nacional de Migración (IMR) y a la COMAR que permitan la contratación de mayor personal que desahogue las solicitudes de trámites (TRT, solitcitudes de refugio, entre otros).
Otra idea podría ser trabajar con empresas fintech para crear programas sencillos de bancarización. Durante los últimos dos años, la pandemia ha cambiado los hábitos de las personas, incluyendo su forma de trabajar. Bien haría el gobierno mexicano en abrazar la nueva cultura laboral y capitalizar la llegada de trabajadores remotos, nómadas y emprendedores digitales; así como apoyar la creación de empleos para refugiados de la mano de ACNUR y otras organizaciones de la sociedad civil.
A nivel local, el gobierno de CDMX debe atender las necesidades de las comunidades de refugiados asentados fuera de los corredores turísticos-culturales-empresariales. Para ello, es necesario contar con información desagregada sobre las colonias, barrios y alcaldías donde se asientan los nuevos habitantes de la ciudad. Además, es imperativo crear estrategias de sensibilización dirigida a la sociedad capitalina y de la zona conurbada respecto a este fenómeno migratorio.
México, y la CDMX en particular, tiene ante sí la oportunidad de actualizar y crear políticas públicas apalancadas en los flujos migratorios del mundo pospandemia, donde menos barreras y más apertura, son clave para el progreso económico, político y social. (Axel Cabrera, Comexi, El Sol de México, Análisis, p. 14)
Sobre la tragedia, nadie dice “pio”
El drama de los 56 migrantes que murieron en el accidente de un tráiler en Chiapas, nos comentan, está quedando en el “nadie sabe, nadie supo”. Nos explican que, a un mes de la tragedia, más de un activista alerta que no hay resultados contundentes en la investigación sobre quiénes incurrieron en presuntos actos de omisión, negligencia o corrupción que no impidieron el accidente; tampoco se habla de las bandas de tráfico de personas que hicieron “su agosto” con los migrantes centroamericanos y haitianos, y continúan operando como si nada, a pesar de que los gobiernos de varios países se comprometieron a combatir a estos grupos. Pero lo peor es que la angustia para varias familias aún no termina, porque no se han repatriado varios de los cuerpos de las víctimas. (El Universal, Estados, p. 15)
De exportación. Otro punto a favor de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los programas emblema del gobierno de México: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se extenderán este 2022 a Cuba y Haití, luego de su implementación en Honduras, El Salvador y Guatemala, como una estrategia para desincentivar la migración forzada. De acuerdo con la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, que encabeza Laura Elena Carrillo, a casi año y medio de puestos en operación, primero en El Salvador y luego en Honduras, estos programas benefician a 40 mil personas, lo que, además, ha permitido reducir hasta en un 80% la intención que tenían de salir de sus comunidades. Del dicho al hecho, corto trecho. (Excélsior, Nacional, p. 13)
Pese a los pronósticos optimistas que auguraban una tenue, pero constante tendencia a la recuperación en todos los sectores de la economía, varios factores se unen una vez más para impedir que la actividad industrial mexicana pueda retomar los niveles de desarrollo que tenía en febrero de 2020, el mes anterior al inicio de la pandemia por coronavirus.
Actividades estratégicas del sector industrial (minería, servicios públicos, construcción y plantas manufactureras) se han visto afectadas no solo por el impacto directo del Covid, sino por una conjunción de efectos concomitantes que ha traído la pandemia, como el ausentismo y el desabasto en la cadena de insumos.
Y lejos de vislumbrarse una recuperación en el horizonte cercano, las últimas cifras presentadas por el Inegi muestran que el crecimiento de la producción se está frenando y podría mostrar estancamiento o por lo menos un primer semestre de debilidad, tras el cual podría esperarse algo de crecimiento.
La desaceleración industrial, mayormente acusada en los sectores automotriz y de la construcción, pega en cascada sobre otras actividades económicas al haber menor efectivo circulante producto de este frenado, lo que incide en otros sectores económicos de distinto talante.
Cuando el impacto del cese de actividades como medida para tratar de contener los contagios de Covid-19 produjo en México sus primeros efectos adversos y comenzaron a cerrarse centros de trabajo o producción, no se pensó en apoyos, pero ahora ante el embate de nuevas variantes del virus, habría que replantearse si se puede apoyar o no a la actividad industrial que es, junto con el sector de los servicios, una de las principales generadoras de empleos en nuestro país, pues la experiencia registrada en otras naciones revela que los apoyos a la industria sí dan buenos resultados, como lo ejemplifican las remesas que desde Estados Unidos envían los migrantes mexicanos a sus familias y que han roto récord, recordando que estos flujos de dinero son posibles gracias a que en EU se apoyó al trabajo y los obreros y empleados contaban con beneficios que les permiten generar ahorro.
Si con la crisis generada por la pandemia y con los aun más graves efectos tanto sanitarios como económicos registrados en EU, los migrantes están enviando dinero en montos nunca antes vistos, es ejemplo de que apoyar a la industria no es beneficiar a los ricos, sino crear condiciones para que esa asistencia se traduzca en bonanza para todos. Ojalá de este lado de la frontera pueda servir la lección. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 16)
El diario canadiense The Globe and Mail publicó una serie de artículos en torno al aniversario del asalto de una turba violenta al capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. Sus autores no se limitaron al lugar común de lamentar la violencia y temer retrocesos democráticos en Estados Unidos como hicieron otros analistas del mundo.
Los canadienses formularon algunas preguntas. Por ejemplo, dada la muy probable victoria del Partido Republicano en los comicios legislativos de este año y el posible regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2024, ¿cómo puede prepararse Canadá?
Destaco dos editoriales, el de Thomas Homer Dixon, director ejecutivo de The Cascade Institute en la Royal Roads University, titulado The American Polity is cracked and might collapse, y el de Stephen Marche que lleva por título 2022 is the year America falls of a Cliff. How will Canada hang on?
Los autores señalan que la trayectoria histórica de Canadá no solamente está ligada a la estadounidense, sino que depende de ella. La seguridad estratégica de ser vecino de la súper potencia, y por lo tanto pertenecer a su perímetro de seguridad, le permitió a Canadá no tener que gastar tanto en fuerzas armadas e invertir en el más generoso estado de bienestar del continente americano.
La certeza de que no sufriría agresiones bélicas de su único vecino a lo largo del siglo XX les permitió a los canadienses construir una de las sociedades más prósperas del planeta.
La convergencia cultural de ambos países en torno a los valores del constitucionalismo británico, el estado de derecho, la democracia liberal y la separación de poderes facilitó el intercambio comercial y la cooperación internacional en todos los órdenes.
Si bien la política exterior canadiense buscó siempre un margen de autonomía relativa frente a Estados Unidos, lo cierto es que la mayor parte del tiempo compartieron objetivos esenciales. Canadá no tenía que preocuparse de olas migratorias estadounidenses en busca de empleo en Canadá, tampoco de grupos delictivos estadounidenses cruzando su frontera, menos aún de refugiados políticos. Es decir, la gobernabilidad del estado canadiense debe mucho a la estabilidad de su vecino.
También el éxito económico canadiense está inexorablemente ligado al sistema de reglas e instituciones internacionales creado por Estados Unidos.
El regreso de Donald Trump al poder plantea, según estos autores, una renuncia de Estados Unidos a un marco cultural compartido con Canadá.
Trump no cree en los organismos internacionales ni en el multilateralismo. Tampoco apoya el libre intercambio de bienes y servicios, sino que cree en una economía más cerrada. Ni siquiera comparte la rivalidad canadiense con la Rusia de Vladimir Putin, sino que simpatiza con el autócrata ruso y sostiene una actitud ambivalente ante China, pues plantea la competencia con aquel país, pero admira el poder unipersonal de Xi Jinping.
¿Qué puede hacer Canadá en el escenario de un nuevo y fortalecido gobierno de Trump? Thomas Homer Dixon sugiere dos cosas. Primero, intensificar el cabildeo empresarial de las grandes fortunas canadienses en Estados Unidos para favorecer políticamente a candidatos que no suscriban la agenda trumpiana.
Segundo, el establecimiento de una comisión permanente con presencia de todos los partidos políticos en el parlamento canadiense para evaluación de riesgos en la relación bilateral y posibles soluciones a conflictos ante la eventualidad del regreso de Trump.
La sofisticación intelectual del debate público en torno a la política exterior canadiense resulta envidiable. En cambio, en México la discusión sobre política exterior se restringe a enviar o no representantes a la toma de posesión de un salvaje dictador centroamericano. No tenía que ser así. (Raudel Ávila, El Universal, Opinión, p. 17)
El Presidente en numerosas ocasiones celebra las remesas como un oportuno instrumento de reactivación económica en esta crisis que parece no tener fin. Sin embargo, si bien esta celebración es exactamente lo que he descrito, para algunos no es motivo de celebración que la pobreza en México impulse a nuestros queridos paisanos a tener que separarse de sus familias en búsqueda de mejores oportunidades. Lo que a mí me parece más significativo es que no nos apropiemos del hecho y pensemos en colectivo qué vamos a hacer para evitarlo, en lugar de culpar al gobierno, como es nuestra costumbre.
Y es que, dependiendo de en qué parte del espectro de intervención estatal estén nuestras preferencias, en ninguna parte el gobierno es el absoluto responsable de la situación de pobreza en la que se encuentra la mayoría de nuestra población. Yo me encuentro en la parte del espectro donde además de ley y orden, el Estado es el principal proveedor del bienestar, definido en su concepto más amplio: la provisión universal de servicios de salud, educación, cuidado infantil, retiro digno, acceso a la energía y a los servicios financieros.
En un Estado de bienestar es más difícil que los nacionales abandonen su país, aunque los salarios relativos sean más altos en otro. Pero en un Estado de bienestar todos somos responsables de financiarlo con nuestros impuestos. Lo cual me lleva nuevamente al problema toral de México: la contribución es insuficiente.
Mientras los países más proveedores de bienestar, como los escandinavos, colectan y gastan en el bienestar de sus habitantes hasta un 40 por ciento del PIB, nuestra recaudación apenas ronda en menos de 20 por ciento. Esta administración es la que más ha gastado en bienestar entre todas sus antecesoras, en alrededor de un 70 por ciento de todo nuestro presupuesto de 2021.
Las remesas “nos sacaron del hoyo” en un 14 por ciento de nuestro magro presupuesto que apenas representa un 27 por ciento de nuestro PIB porque no recaudamos lo suficiente.
La emigración es responsabilidad de todos. No las hagamos más grandes expulsando a más mexicanos. Seamos responsables de su bienestar, que los retendrá entre nosotros, pagando en impuestos lo que justamente nos corresponde. (Patricia Armendáriz, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón han usado con magistral inteligencia los instrumentos de la diplomacia y el multilateralismo internacional, para instalar a nuestro país en el liderazgo y prestigio que antaño tuvimos y por varias décadas perdido.
Recientemente, el canciller Ebrard entregó la presidencia de la Celac, que recibió en enero de 2020 de manera unánime de los 33 países de la región.
De ahí que el canciller haya privilegiado la construcción de un diálogo político incluyente y sin distinción de ideologías, para lograr acuerdos multilaterales de bloque ante el concierto internacional, de manera especial frente a organismos como la Unión Europea (UE), el G20, el Consejo de Seguridad de la ONU, que México presidió (como miembro no permanente) o países como China y Estados Unidos, y ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener acceso a recursos en el corto plazo y la reducción de pagos de deuda externa, construyendo capacidades regionales, como ejemplo está la alianza entre México y Argentina, que con la Fundación Slim y la Universidad Oxford producen y envasan millones de dosis de vacunas vinculando a los científicos en los proyectos de investigación.
En este periodo se instauró la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio para lograr objetivos superiores, datos geográficos y estadísticos, mejores telecomunicaciones para el reto del cambio climático, se instaló el grupo especializado en la prevención y lucha contra la corrupción (GEPLC), para el análisis e intercambio de buenas prácticas, experiencias e información en asuntos de ética en el servicio público, integridad empresarial, gobiernos abiertos y protección de denunciantes y alertadores de corrupción con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Qué decir del corte de caja y las nuevas prioridades de política exterior de México que en esta semana está realizando el canciller Ebrard con todos nuestros embajadores y cónsules del mundo, a quienes el presidente López Obrador instruyó para seguir asistiendo a los mexicanos en el exterior, impulsando la promoción económica, turística y cultural de nuestro bello país, además del suministro de vacunas, la promoción de las inversiones, la búsqueda de una migración ordenada, segura y regular, así como la pacificación del país en la defensa del tráfico ilegal de armas. ¿O no, estimado lector? (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Nacional, p. 12)
El comienzo del actual gobierno se daba por hecho que la cancillería mexicana se desempeñaría dentro de tonos grisáceos y claroscuros, como había ocurrido en el pasado reciente y porque el presidente López Obrador, incluso desde antes de tomar posesión, no le daba mucha importancia. Sin embargo, la administración pública, y sobre todo la política, se mueve a distintos ritmos y no se puede encuadrar en designios hechos desde el escritorio.
En este sentido, hemos visto cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado gran relevancia en la vida pública de México. La actividad principal de la cancillería y su titular, Marcelo Ebrard, ha sido la gestión de vacunas con distintos países, principalmente con Estados Unidos; el asilo político del expresidente boliviano Evo Morales, emparejado con una visión latinoamericanista; después vino la postulación de México para ser miembro del Consejo de Seguridad para concretarse en 2021 en Juan Ramón de la Fuente; atender los temas prioritarios de la relación bilateral con EU referente al plan migratorio, así como reactivar las actividades económicas en la frontera.
Aunado a todo esto, desde la SER se ha retomado un tema muy importante para la seguridad nacional: el tráfico ilícito de armas de fuego proveniente de EU a nuestro país.
Celebro este posicionamiento de la cancillería, ya que desde 2011, en mi calidad de diputada, presenté la proposición con punto de acuerdo en la que se exhortaba al titular del Ejecutivo, a través de la SRE, a reiterar al gobierno de EU la ratificación de la importancia de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados adoptada por la OEA.
Este tópico no sólo no es nuevo, sino que ha ido en aumento, pues en aquellos días de finales de 2011 “las armas decomisadas en México y rastreadas, 39% provenían de tiendas en Texas, 20% de California, 10% de Arizona, y el resto de otros estados”, según un informe de la (ATF). En la actualidad, este porcentaje se incrementó a 70%, mismas que son fabricadas por compañias como Smith & Wesson; Barrett Firearms; Beretta; Century International Arms, por lo que el gobierno mexicano a través de la SRE presentó una demanda ante una Corte de EU, para evitar que estas armas lleguen al crimen organizado en suelo mexicano.
Así, en el marco de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules, Ebrard reiteró que la prioridad de la SRE será regular la producción de armas de fuego y eliminar el tráfico ilegal de armas a nuestro país para así mitigar la violencia. Esperemos que México se consolide como un actor preponderante en la escena internacional y, sobre todo, que se pueda poner fin a este cáncer que lacera a la sociedad mexicana. (Adriana Sarur, El Heraldo de México, País, p. 10)