El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no habrá impunidad para nadie en el caso de las 19 personas asesinadas e incineradas el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. El hecho de que 14 de las 16 víctimas a quienes se ha logrado identificar sean ciudadanos guatemaltecos, ha vuelto inevitables las comparaciones con la masacre perpetrada en agosto de 2010 en el también tamaulipeco municipio de San Fernando, donde integrantes del cártel de Los Zetas asesinaron y abandonaron a la intemperie los cuerpos de 72 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos; todo con pleno conocimiento de elementos de las policías local y estatal.
Ante este nuevo ataque brutal contra quienes atraviesan el país en el intento de llegar a Estados Unidos, el mandatario señaló que la política migratoria de su administración busca precisamente proteger a los migrantes y evitar que queden a merced de grupos criminales, lo cual ocurre cuando se dispersan por el territorio nacional y llegan a zonas tan peligrosas como el norte de Tamaulipas. Cabe señalar, por lo demás, que si bien el presidente estadunidense, Joe Biden, ha prometido cambiar las políticas antinmigrantes implantadas en la administración de su antecesor, tal cambio no puede hacerse de la noche a la mañana y que le será necesario vencer muchas inercias institucionales antes de que logre establecer una nueva actitud migratoria en la frontera común con México.
Hasta ahora, 12 elementos del Grupo Especial de la Policía Estatal (Gopes), de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, han sido arrestados y puestos en prisión preventiva sin derecho a fianza por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Además, el episodio ha cobrado un cariz particular al trascender que tres de los 12 policías estatales que participaron en el crimen fueron capacitados en materia de derechos humanos por la Oficina Internacional Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
La participación de esos tres uniformados en el crimen hace imperioso revisar la continuidad de los programas de capacitación impartidos a funcionarios y policías mexicanos por instituciones o empresas estadunidenses, pues resulta a todas luces ineficiente y, para colmo, no corresponde a las prioridades y el enfoque de combate a la criminalidad que hoy se busca establecer en México: pactados en el contexto de acuerdos como la Iniciativa Mérida, dichos programas responden a una visión de guerra contra las drogas que deshumaniza por igual a usuarios y traficantes de estupefacientes, sin distinciones entre líderes criminales y quienes se ven orillados a estas actividades por la pobreza. Tal enfoque tiene su centro de irradiación en Washington, ha sido adoptado por las derechas latinoamericanas y ha dado lugar a gravísimas y abundantes violaciones a los derechos humanos y a la descomposición de las corporaciones policiales. (La Jornada, Editorial, p.2)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó poner fin a la declarada emergencia nacional en la frontera con México y no desviar más dólares de los contribuyentes en la construcción del muro fronterizo, cuya asignación de recursos será objeto de una “revisión cuidadosa”, acciones ambas emprendidas por su antecesor, Donald Trump.
Al mismo tiempo, el nuevo mandatario señaló que la declaración de emergencia nacional proclamada por el anterior ocupante de la Casa Blanca “no estaba justificada” y reiteró que la política de su administración será que no se distraigan más dólares de los estadounidenses a la construcción del muro fronterizo que fuera una obsesión de su antecesor para frenar la migración, a través de nuestro país hacia la Unión Americana. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, Opinión, p.5)
La relación bilateral entre México y Estados Unidos es demasiado delicada para dejarla sólo en manos de los presidentes. Suena repetitivo, pero hay que reiterarlo.
Los mexicanos de aquí carecemos de una estrategia para sumar fuerzas con los mexicanos de allá y con los mexicano-americanos para su agenda en Estados Unidos.
Durante décadas, para las cúpulas económicas y políticas mexicanas la tentación ha sido: lo importante es hablar con los güeros —pues allá mandan los anglosajones. Y si de Washington nos mandan un enviado mexicano-americano, pues ese si nos va a apretar, porque tienen que demostrar que son más papistas que el Papa.
En la visita presidencial a Washington el 8 de julio de 2020, no estuvo presente representante alguno de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, ni de los estadounidenses de origen mexicano. Pero sí llevaron a la Casa Blanca a un hombre que tiene antecedentes negativos con la Securities and Exchange Commission, y que debe miles de millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Pregunté por qué esa omisión. Arguyeron que el protocolo, que los anfitriones tenían que aprobar la lista, y que ya habría otra oportunidad de que el presidente hablara con los mexicanos en Estados Unidos.
Quienes hoy definen las tendencias globales que están cambiando a EU y al mundo son Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook. General Motors acaba de anunciar que a partir de 2035 no fabricará más autos de gasolina, lo que va a reconfigurar la economía, con enormes implicaciones ambientales y energéticas.
En EU, latinos y mexicanoamericanos no han logrado equiparar su peso electoral con su peso demográfico, pero su impacto en la economía es creciente: los primeros representan 12.7% del PIB estadounidense, mientras que los segundos son dos tercios de esa rebanada del pastel.
Además los paisanos enviaron en 2020 a sus familias 40 mil millones de dólares, o 3.8% del PIB mexicano. Otro actor muy dinámico son los jóvenes DACA nacidos en México -que allá con Biden tienen ruta abierta a la ciudadanía- así como los que han sido deportados o retornados a México en medio de nuestra indiferencia. (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p.11)
Las encuestas en Estados Unidos muestran que más de 54 por ciento de la población apoya al presidente Joe Biden después de más de tres semanas en la Casa Blanca, mientras 37 por ciento no simpatiza con su gestión, según el sitio web FiveThirtyEight.com. Eso es un mejor resultado, por mucho, del que tenía Donald Trump en cualquier momento de su presidencia, pero también nos recuerda que Estados Unidos sigue siendo un país dividido. No es un país dividido a la mitad, ya que hay mucho más apoyo a Biden que oposición en estos momentos, pero tampoco hay consenso y hay un segmento de la población que extraña a Trump y desea su regreso.
Una encuesta del centro de investigación conservador American Enterprise Institute (AEI), que acaba de salir, nos da algunas pistas para entender estas divisiones y lo complicado del legado de Trump en la historia actual del país. Según la encuesta, hay profundas divisiones entre votantes republicanos, por un lado, y votantes demócratas e independientes por otro lado, sobre la confiabilidad de las elecciones. Casi dos tercios de los republicanos creen que hubo fraude en las elecciones presidenciales, un tema que abanderó Trump, aun sin evidencias, mientras que sólo 2 por ciento de los demócratas y 22 por ciento de independientes. (El país está dividido más o menos en tercios entre independientes, 34%, demócratas, 33% y republicanos, 29%, según cifras del Centro Pew.)
Trump sigue siendo políticamente importante en el partido republicano, con el apoyo de 79 por ciento de sus correligionarios, mientras 20 por ciento lo ven mal en el partido. En contraste, casi todos los demócratas, 95 por ciento, y una clara mayoría de independientes, 63 por ciento, lo ven negativamente. Esto indica por un lado una pérdida de apoyo entre republicanos, aunque sigue muy alto, y una intensificación del rechazo entre demócratas e independientes. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.11)