Si hoy terminara su sexenio, Claudia Sheinbaum pasaría a la historia como la presidenta que no fue.
Arrinconada entre Trump y López Obrador, atrapada entre los narcos y los radicales de su partido, la primera mujer presidenta de México pasaría a la historia por no haber podido ser presidenta del todo, por no haber podido ejercer en plenitud el cargo. Sería una catástrofe para ella y una derrota para las mujeres.
Presionada por Washington y Palenque, no puede dejar huella propia porque ha optado por navegar un frágil equilibrio en donde no termina de abrazar, pero no termina de romper. Si uno escucha sus declaraciones, parece que rompe con Trump y abraza a López Obrador. Pero si uno ve sus actos, las cosas se inclinan al revés.
A Trump le receta en la mañanera el “no subordinación”, el “no somos piñata de nadie”, el “somos un país soberano”, el “un soldado en cada hijo te dio”, pero en los hechos acepta todo lo que le ordena: cerrar la frontera, 10 mil soldados a fungir de Migra, ponerle aranceles a China, cambiar la estrategia de seguridad, mandarle cien narcos, dejar de enviarle petróleo a Cuba. Con AMLO es al revés: verbalmente hay sumisión, pero en los hechos su “hermano” Adán Augusto ya no es coordinador en el Senado, su hijo Andy está semiborrado de la escena política, su secretario de Marina quedó brutalmente desprestigiado tras una investigación oficial, su “abrazos no balazos” fue revertido y sus “grandes obras” han sido recortadas o canceladas.
Otro arrinconamiento va por cuenta de los narcos y los radicales de su partido. La penetración del crimen organizado en el gobierno-partido está resultando mucho más profunda de lo previsto. Esta semana nos demostró que ni en Tequila, Jalisco, el partido en el poder puede sacudirse al narco: la alcaldesa interina nombrada por Morena es retrato del alcalde morenista detenido. Y eso que Tequila no está ni entre los 500 municipios más poblados de México. A los radicales tampoco se los puede sacudir: ocupan las posiciones de poder más relevantes, le ponen camisa de fuerza al pragmatismo que necesita la presidenta para gobernar y han impedido que “los claudistas” controlen partido y gobierno (en las posiciones políticas están en la segunda fila y se conforman con las posiciones técnicas y la cercanía personal con la presidenta).
Pero al sexenio le quedan más de cuatro años. Tiene tiempo para imprimir un sello propio, pero debe decidirse. No mandar la señal de que no le alcanza, sino demostrar que sí. Terminar lo que empieza, para que no quede la sensación de que la frenaron “desde arriba”. Si ya va a poner el nombre de Adán Augusto en el expediente de La Barredora, que no lo deje con fuero, escaño, contratos y grupo político. Si ya va a poner al tío secretario de Marina en la investigación de la FGR sobre el Huachicol Fiscal, que no se quede en los sobrinos. Si ya va a regañar a Andy por sus evidenciados excesos, que lo deje sin puesto y sin negocios para sus amigos. Si ya no van a pelar a Rocha Moya, que lo quiten de gobernador. Si ya va a exhibir en la investigación oficial las fallas estructurales del Tren Interoceánico, que no se quede en culpar a los tres maquinistas. Y como eso un largo etcétera en el que primero se ve el intento y luego se ve la rendición.
No se puede ser presidenta a medias. No le conviene. Si los deja políticamente vivos, se pueden recomponer y regresar con apetito de venganza. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. A5)
Cuba no vive una crisis: vive un estado permanente de excepción económica, política y moral. Lo extraordinario se volvió rutina -apagones interminables, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva, salarios simbólicos- y la pregunta ya no es qué salió mal, sino quiénes sostienen lo que claramente no funciona. La respuesta incómoda es doble: el régimen cubano es el principal responsable del colapso, pero Estados Unidos también ha sido corresponsable al optar, durante décadas, por una política punitiva que no democratizó la isla y sí endureció la vida cotidiana de los cubanos. En medio, aparecen Rusia y China como “aliados” circunstanciales, más interesados en su propio cálculo geopolítico que en el bienestar de la sociedad cubana.
El castrismo -en su versión histórica y en su agotada administración actual- se edificó sobre una promesa de justicia social que derivó en un sistema cerrado, incapaz de corregirse. La centralización absoluta asfixió la iniciativa, la represión normalizó el miedo y la propaganda sustituyó al debate. La economía planificada, sostenida por subsidios externos en distintas épocas, nunca logró productividad ni resiliencia; cuando el benefactor se iba (la URSS ayer, Venezuela antes de colapsar), el edificio temblaba. Hoy, sin colchón, el modelo muestra su desnudez: un Estado que controla casi todo y produce casi nada, que castiga la disidencia y exige paciencia infinita a una población exhausta.
Pero reducir la tragedia a un “fracaso interno” sería cómodo y falso. El embargo estadounidense -o bloqueo, según la narrativa- no explica por sí solo el desastre, pero lo agrava y lo instrumentaliza. Washington apostó durante décadas a que el castigo económico precipitaría un cambio político; lo que logró fue ofrecer al régimen un enemigo externo perfecto y encarecer la vida de los ciudadanos comunes. Las sanciones amplias, rígidas y politizadas no derribaron al autoritarismo; lo blindaron. Cada hospital sin insumos y cada anaquel vacío se volvieron munición retórica. La política estadounidense hacia Cuba ha sido, en el mejor de los casos, ineficaz; en el peor, funcional al inmovilismo de La Habana.
En este vacío entran Rusia y China. Moscú vuelve a la isla con reflejos de Guerra Fría: acuerdos energéticos, cooperación militar simbólica y una retórica de desafío a Estados Unidos. No hay altruismo: hay tablero. Pekín, más pragmático, ve en Cuba un punto de apoyo tecnológico y diplomático, financia infraestructuras selectivas y exige estabilidad, no libertades. Ambos ofrecen oxígeno limitado a cambio de lealtad estratégica. Ninguno impulsa reformas políticas profundas; a ambos les conviene un socio predecible, no una democracia ruidosa.
México, por su parte, ha optado por una cercanía política que se presenta como “no intervención”, pero que en la práctica se traduce en respaldo diplomático y ayudas puntuales sin condiciones. La tradición mexicana de soberanía es respetable; su aplicación acrítica, no. La solidaridad sin exigencias termina siendo coartada. Apoyar a Cuba no debería significar avalar un régimen que encarcela opositores y criminaliza la protesta.
Así, Cuba queda atrapada entre un poder interno que se niega a abrirse, un vecino poderoso que castiga sin transformar y aliados externos que sostienen sin reformar. El resultado es la parálisis. Y mientras tanto, la sociedad se mueve: se va, protesta cuando puede, inventa economías de sobrevivencia, pierde el miedo a cuentagotas. Las protestas del 11J no fueron un accidente; fueron un síntoma.
Hablar de cambio de régimen no es invocar un caos vengativo ni una democracia importada. Es reconocer que el sistema actual agotó su legitimidad y su capacidad de gobernar. El cambio necesario es político, económico y jurídico: pluralismo real, libertades civiles, elecciones competitivas, separación de poderes, apertura a la iniciativa privada, Estado de derecho. Nada de esto llegará por inercia ni por decreto externo. Requiere presión interna, acompañamiento internacional inteligente y, sí, una rectificación de Washington: sustituir sanciones generales por incentivos claros y verificables, apoyar a la sociedad civil, facilitar intercambios y remesas sin alimentar al aparato represivo.
Cuba no necesita salvadores ni tutores; necesita reglas que permitan a su gente decidir. El régimen debe asumir su responsabilidad histórica y abrir la puerta. Estados Unidos debe abandonar la comodidad del castigo estéril. Rusia y China deberían entender que la estabilidad verdadera no se compra con cheques ni con silencios. El naufragio es compartido; la salida también debería serlo. (Javier García Bejos, El Heraldo de México, Editorial, p. 19)
En una isla no se huye: se salta. No hay frontera que se cruce a pie ni carretera que se tome de madrugada; hay mar y hay Estado. En Cuba, salir del país sin cumplir las formalidades migratorias sigue tipificado como delito.
Permanecer, en cambio, se ha convertido para muchos en un ejercicio de desgaste cotidiano. Entre la penalización de la salida irregular y la asfixia de la permanencia, la población queda atrapada en un callejón estrecho: correr está regulado; quedarse, cada vez más difícil.
La ley ya no exige el antiguo permiso de salida. En el papel, basta con pasaporte vigente, visa del país de destino y no estar sujeto a restricciones administrativas. En la práctica, la movilidad depende de algo que el propio Estado no controla: que otro país abra la puerta.
Cuando los visados se encarecen, los corredores se cierran o las rutas aéreas se cancelan, la vía legal deja de ser opción para amplios sectores. Y cuando la vía legal se vuelve inaccesible, la movilidad no desaparece: se desplaza hacia rutas más riesgosas.
Cuba ya vivió ese patrón. En 1980, el éxodo del Mariel convirtió al mar en frontera masiva. En 1994, la crisis de los balseros volvió a exponer la lógica insular: cuando la presión interna aumenta y los canales formales no alcanzan, la salida se produce por el agua. Durante décadas, el horizonte inmediato fue Florida —a menudo Key West, por la lógica de las 90 millas—. El destino final era Estados Unidos.
Pero el patrón cambió. Con el fin de la política “wet foot, dry foot”, el refuerzo de la vigilancia marítima y la cooperación regional, el cruce directo hacia Florida dejó de ser la vía predominante.
En los últimos años, la migración cubana se reconfiguró hacia corredores continentales: vuelos a terceros países con menos requisitos y tránsito terrestre por Centroamérica y México hasta la frontera estadounidense. No desapareció el destino; cambió la forma de llegar.
Ese desplazamiento no eliminó el riesgo; lo redistribuyó. Cuando existen rutas “administrables” —aunque sean largas y costosas—, el peligro se fragmenta. Cuando esas rutas se estrechan, el riesgo vuelve a concentrarse en los bordes geográficos.
El mar reaparece como opción desesperada, aun con altas probabilidades de intercepción y devolución. La movilidad no cesa; se vuelve más incierta, más cara y más peligrosa.
No se trata de romanticismo migrante ni de heroicidades individuales. El problema es estructural: los diseños de contención producen trayectorias más riesgosas. Criminalizar la salida irregular no inmoviliza a una población que siente que quedarse la erosiona; la empuja hacia redes clandestinas. Cerrar corredores no ordena los flujos; los fragmenta y los encarece en vidas, deuda y riesgo.
México no está al margen de esta dinámica. Cuando las rutas se reconfiguran, el país vuelve a ser corredor, sala de espera o destino parcial. Aumenta el varamiento, la presión sobre albergues y la informalidad como mecanismo de supervivencia. La movilidad cubana no es un fenómeno aislado: forma parte de un tablero regional donde cada puerta que se cierra desplaza el riesgo hacia otra orilla.
Sería cómodo atribuirlo todo a factores externos. Pero en un país con instituciones que funcionan, los choques geopolíticos no empujan de forma sistemática a su población al mar. Aquí la asfixia es previa.
Décadas de decisiones económicas y políticas han estrechado el margen vital hasta volver la migración una estrategia de supervivencia. La salida no es un gesto épico: es una respuesta racional a un encierro prolongado.
No es que no exista salida; es que se ha vuelto cada vez más incierta. Cuando el corredor continental se estrecha y el cruce directo es interceptado, la movilidad se convierte en una apuesta que se repite. El costo lo paga el cuerpo: noches en altamar, deudas que crecen, trayectos interminables, devoluciones que obligan a empezar de nuevo.
Antes del fin
Hay quienes quieren convencernos de que la virtud está solo en enviar auxilio, nunca en preguntar por qué fue necesario. Pero la ética pública no se agota en repartir vendas mientras se protege a quienes abrieron la herida. Evitar el daño es superior a administrarlo.
No desvíen la incomodidad hacia quien pregunta. Si hay que señalar, que sea hacia quienes, desde el poder en Cuba, han producido las condiciones que obligan a huir. Cuando la compasión se usa para blindar aliados y silenciar preguntas incómodas, deja de ser compasión y se vuelve coartada. En democracia, la conciencia crítica no estorba: es el único límite real frente al poder. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 27)
Cuando un Estado pierde la capacidad de garantizarle a su población seguridad y derechos de propiedad, es cuando se habla de un Estado fallido. De hecho este concepto es el equivalente a la desaparición misma del Estado y a la existencia de una jungla humana donde únicamente el más fuerte sobrevive. Países como Somalia, Siria, e incluso la Venezuela de Chávez y Maduro entre otros, son espacios sociales carentes de lo mínimo necesario para asumirse como naciones con ley y protección a la propiedad de sus ciudadanos.
La forma de llegar a ese nivel de descomposición, requiere de un proceso de deterioro constante de las instituciones para finalmente dejar funcionando sólo la fuerza del más poderoso como único instrumento de control político. Por supuesto que todo esto viene acompañado de un empobrecimiento generalizado, una salida masiva de capitales, y la emigración de todos aquellos que tengan la más mínima posibilidad de encontrar otro país que los reciba legal o ilegalmente.
Por supuesto que México se encuentra lejos de esa situación, pero se dirige a pasos agigantados en dirección a ella. Con grandes porciones del territorio nacional controladas por un crimen organizado dueño de actividades económicas importantes, e infiltrado de manera directa en las estructuras de mando en municipios y entidades federativas de todo el país, el derrumbe del Estado mexicano es incuestionable.
La vecindad con los Estados Unidos nos convierte en un problema de seguridad nacional para los norteamericanos, aunado al hecho de que la concentración de poder en manos de la presidencia de la república no ha servido para contener el ascenso de una delincuencia que hoy forma parte del poder político. Sin un Poder Judicial autónomo y profesional, la transformación de México hacia un Estado fallido avanza rápidamente.
Así, más allá de los problemas económicos derivados de un crecimiento raquítico y un endeudamiento peligroso, la carencia de instituciones confiables e individuos poseedores del conocimiento mínimo para operarlas, nos dirige directamente a un desgobierno propio de Estados fallidos donde los responsables de garantizarnos seguridad en todo sentido no saben cómo, o no están dispuestos a asumir esa tarea porque su objetivo es otro: mantenerse indefinidamente en el poder y enriquecerse a través de éste.
La única manera de evitar la degradación en la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos, es revertir la tendencia asistencialista que reparte dinero sin requisito alguno mientras el empleo formal, los servicios de salud y la educación se deterioran constantemente, haciendo desaparecer los beneficios del recurso entregado por el gobierno morenista.
Se requeriría un golpe de timón para cambiar el rumbo del país en una dirección distinta, pero por lo pronto no hay indicio alguno de que esto sea posible. (Ezra Shabot Askenazi, El Economista, Política y Sociedad, p. 35)
Uno de los momentos más comentados del último Super Bowl no ocurrió dentro del campo, sino en redes sociales. Circuló una imagen en la que algunos creyeron reconocer a Liam Conejo, el niño de cinco años detenido en Minneapolis por U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en enero pasado.
Más allá de si la imagen era auténtica o no, el episodio confirma que el caso se convirtió en símbolo de algo más profundo: la tensión entre política migratoria y límites constitucionales.
Liam y su padre, Adrián Conejo, solicitantes de asilo, fueron detenidos y trasladados a un centro de detención en Texas. Frente a esa decisión promovieron una petición de habeas corpus —una figura equiparable al amparo en nuestra tradición jurídica— alegando la ilegalidad de su reclusión. El juez federal Fred Biery resolvió en su favor y ordenó su liberación.
La sentencia, de apenas 500 palabras, merece una lectura cuidadosa por su densidad histórica y constitucional. Inicia con una referencia a la Carta Magna de 1215 como antecedente del debido proceso. No es un recurso retórico menor: el juez recuerda el antiguo precedente señalando que la privación de la libertad exige causa probable y control judicial independiente, incluso en materia migratoria.
Biery sostiene que el caso tiene su génesis en un “mal concebido e incompetentemente ejecutado” plan para establecer cuotas diarias de deportación, aun si ello implica traumatizar a niños. Las cortes, subraya, ordenan deportaciones regularmente, pero lo hacen tras un procedimiento legal. No es la política migratoria lo que está en juicio, sino el respeto a sus propias reglas.
El fallo va más lejos. Afirma que órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo “para sí mismo” no superan el estándar de causa probable. “A eso se le llama el zorro cuidando el gallinero”, escribe, para enfatizar que la Constitución exige un sistema judicial independiente al Ejecutivo. La crítica institucional es directa: sin contrapesos reales, el poder se convierte en arbitrariedad.
El juez incluso advierte sobre el riesgo humano detrás de la lógica burocrática: la búsqueda desenfrenada de poder y la imposición de la crueldad no conocen límites cuando se debilita el Estado de derecho. La referencia es clara: en una democracia constitucional, la legitimidad del Estado descansa en su sujeción a normas, no en la intensidad de su política.
La sentencia reconoce que, conforme al complejo sistema migratorio estadounidense, los peticionarios podrían eventualmente regresar a su país de origen. Pero ese resultado, si ocurre, debe producirse mediante un proceso ordenado y humano.
El cierre es elocuente. El juez recurre a la célebre frase atribuida a Benjamin Franklin quien, al salir de la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia, respondió ante la pregunta sobre qué sistema habían creado: “Una república, si pueden mantenerla”. Y añade como remate: “Con un dedo judicial en el dique constitucional”. La metáfora es poderosa. Alude a la función contramayoritaria del poder judicial y a su papel como dique frente a eventuales excesos del Ejecutivo, una preocupación presente desde el origen mismo de la república estadounidense.
El mensaje trasciende el caso concreto. El poder judicial vuelve a recordar que la Constitución no es un obstáculo administrativo, sino el marco que hace posible la república. Ojalá que quienes en México ejercen la función de control constitucional —y a veces se refugian en lecturas excesivamente formalistas para eludir decisiones sustantivas— encuentren en sentencias como ésta un recordatorio de que la judicatura no sólo aplica normas: también preserva equilibrios y protege libertades. (Patricio Ballados, La Razón, México, p. 12)
Hace unos días, vimos un espectáculo, en el medio tiempo del Super Tazón LX, que no fue simplemente musical, pues se convirtió en plataforma cultural y política; un fenómeno global que redefinió la manera en que entendemos un evento deportivo.
La actuación del puertorriqueño Bad Bunny rompió todos los récords de audiencia televisiva para un show en la historia de esa justa deportiva, con estimaciones que sitúan el número de espectadores en alrededor de 135.4 millones en todo el mundo. Esta cifra supera ampliamente marcas anteriores y posiciona su presentación como la más vista de todos los tiempos en el icónico evento estadounidense.
Hubo quienes hicieron llamados a no observar aquel espectáculo porque vislumbraban el mensaje que se daría. Su alcance —que incluyó elementos narrativos profundamente vinculados a la identidad latina y fue mayoritariamente en español— evidencia cómo un artista global puede transformar un segmento tradicionalmente pensado para entretenimiento en un acto simbólico de visibilidad cultural. La elección de repertorio y estética artística evocó no sólo ritmos urbanos, sino narrativas sobre migración, unidad y diversidad dentro del continente americano, lo que provocó resonancias más allá del estricto marco deportivo y musical.
Estos números de audiencia se prestan para una reflexión más amplia: en un mundo donde las tensiones internacionales parecen multiplicarse —desde debates sobre inmigración y división en Estados Unidos hasta confrontaciones geopolíticas que polarizan regiones enteras—, el fenómeno del espectáculo de medio tiempo funcionó como un micrófono planetario.
La decisión de la NFL de colocar en el centro del escenario a Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea y voz prominente de generaciones más jóvenes, impulsó cifras históricas, pero también subrayó cómo la cultura y el poder blando de las naciones pueden incidir en conversaciones globales sobre identidad y pertenencia.
No fue para nada poco lo que el pasado fin de semana logró Benito Antonio Martínez Ocasio, pues una vez que nos damos cuenta de la importancia y magnitud del poder blando de la cultura latina en el mundo, sobre todo cuando el escenario es la mayor potencia global, donde existen discursos de división y políticas muy duras contra estos mismos, el planeta se enlazó en un medio tiempo lleno de unidad y hartazgo del odio.
Los éxitos musicales de Bad Bunny se han disparado en los últimos días en todas las plataformas digitales y en redes sociales, mandando un claro mensaje: el mundo se une en el amor, en la hermandad, y son mucho más fuertes estos sentimientos que el impacto de miles de mensajes y discursos de odio y división que gobiernos intentan sembrar en el corazón de las personas. El mundo demostró que está listo para vivir en amor y que quienes pretenden lo contrario tendrán un fracaso rotundo.
Lo ocurrido en el Super Tazón LX no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de una tendencia más amplia, ya que los megaeventos deportivos dejaron de ser simples competencias o festividades, para convertirse en plataformas de reputación global, donde audiencias de todo el mundo convergen y donde el discurso cultural puede influir en debates políticos y sociales.
En un contexto de tensiones internacionales, crisis migratorias y debates sobre identidad cultural, la actuación de Bad Bunny representó una especie de “puente musical“ que se escuchó fuerte y claro, que trascendió fronteras nacionales y lingüísticas, proponiendo una visión de comunidad más amplia, diversa y unida. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 20)
Nos guste o no la música de Bad Bunny, su espectáculo en el Super Bowl -el primero de su tipo cantado de principio a fin en español- fue un balde de agua fría para la cruzada del Presidente Donald Trump por convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos, y para la ofensiva de varios estados republicanos por adoptar leyes de “sólo inglés”.
Lo cierto es que el festejo del orgullo latino y el idioma español del cantante puertorriqueño llegó en uno de los momentos de mayor hostilidad hacia los latinos en la historia estadounidense.
Además de las deportaciones masivas y de la retórica de Trump de que los indocumentados “envenenan la sangre de nuestro país”, varias entidades republicanos han aprobado leyes para prohibir el español en oficinas públicas.
A partir de este mes, Florida exigirá que los exámenes para obtener la licencia de conducir se realicen exclusivamente en inglés.
Los críticos afirman, con razón, que esto va a espantar a los trabajadores de la construcción y los restaurantes, y que el resultado será que los precios van a subir, y habrá una luz verde a la discriminación racial.
El año pasado, el Mandatario firmó una orden ejecutiva que designa el inglés como “idioma oficial” de Estados Unidos. Con un plumazo, derogó una norma del año 2000 que exigía a las oficinas y programas federales garantizar la ayuda a quienes hablaban otros idiomas.
A pesar de todo esto, Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha decidido cantar únicamente en español, y se ha convertido en un fenómeno cultural con pocos precedentes.
Su espectáculo del Super Bowl atrajo a 128 millones de espectadores. En comparación, la transmisión simultánea de Kid Rock, respaldada por Trump, tuvo apenas 6 millones de visitas en YouTube.
Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify en cuatro de los últimos seis años, y el primer latino en ganar un Grammy al “Álbum del Año” por una obra completamente en español.
Y es un artista que no se calla nada: defiende públicamente a los migrantes contra las redadas indiscriminadas del servicio de migraciones, y hasta gritó “Fuera ICE” en los Grammys.
Sin embargo, algunos creen que el cantante libra una batalla perdida en lo que hace a su defensa del español.
La revista The Economist predijo que, a pesar del éxito de Bad Bunny, “el número de hispanohablantes en Estados Unidos probablemente se estancará y eventualmente caerá”.
El citado medio estimó que esto va a pasar por las deportaciones, y porque los hijos de migrantes tienden a hablar inglés.
Yo no estoy tan seguro de que veamos un declive del español en Estados Unidos. Ya hemos visto esta película antes, y no terminó así.
A principios de la década de 1980, un movimiento similar de “sólo inglés” se extendió por toda la nación. Y, sin embargo, eso no duró mucho.
La migración aumentó, las leyes del mismo tipo fueron revocadas y la población hispanohablante se disparó a 43 millones, convirtiendo a Estados Unidos en uno de las principales naciones del mundo que habla castellano.
Es muy probable que lo mismo vuelva a pasar pronto, porque la Unión Americana necesitará más migrantes en los próximos años para compensar la disminución de su tasa de natalidad.
Un nuevo estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo bipartidista, lo dice muy claramente: “Sin inmigración, la población comenzaría a disminuir en 2030”.
Esto significa que, sin más migrantes, no habrá suficientes estadounidenses en edad laboral para pagar impuestos y financiar a los retirados, y la economía se contraerá por una disminución del consumo.
Lo que es más, quizás haya incluso un “efecto Bad Bunny” que le dé un nuevo impulso al español. Duolingo, la plataforma de enseñanza de idiomas, reportó un aumento del 35 por ciento en los clics en cursos de español en Estados Unidos desde el Super Bowl.
¿Mi pronóstico?
Tarde o temprano -probablemente cuando termine el mandato de Trump- Estados Unidos va a tener que abrirle la puerta a más extranjeros por pura necesidad económica.
El show de Bad Bunny en el Super Bowl quizás sea recordado como el principio del regreso a la tradicional diversidad cultural e idiomática que tanto ha enriquecido a este país.
¡Felicitaciones a Bad Bunny! (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)