RENE TOUSSAINT VILLASEÑOR preside, entre otras empresas, Finec Asset Management. Esta es una compañía de asesoría financiera para personas con recursos amplios. Su cliente más acaudalado es el desarrollador de hoteles turísticos en las playas de Nayarit, el canadiense Víctor Sovernigo.
Tiene Finec Asset Managment oficinas en Guadalajara, Ciudad de México, San Diego y Panamá, en ésta última con la razón social Finec Services Corp. Para manejar el dinero de sus clientes ha establecido relaciones importantes con entidades financieras de varios países, como el ya mencionado Panamá y Suiza.
A quienes le han confiado su dinero a Toussaint para que lo invierta en el extranjero se les va indigestar una reciente sentencia de un juzgado capitalino: por segunda vez se ha notificado al Instituto Nacional de Migración, de Sergio Salomón Cespedes, que debe impedir a René Toussaint salir de México. Ya hay una alerta migratoria.
Ello por incumplir la decisión de un juez de lo familiar que lo condenó a pagar una pensión por alimentos a su exesposa. René Toussaint no sólo es deudor alimentario. También enfrenta una orden de aprehensión por haber despojado a su exesposa de un club hípico en una zona de alta plusvalía de la Ciudad de México, lo que hizo falsificando actas de asamblea.
La Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, ha pedido ficha roja de la Interpol para el viajero Toussaint, algo que ya analiza la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy. A todo lo anterior debe sumarse el hecho de que, desde hace años, a Toussaint el gobierno de Estados Unidos le quitó su visa. Que quede claro: no le retiraron el permiso de visitar la nación del norte por las actuales presiones migratorias de Donald Trump, sino por hechos todavía no suficientemente investigados relacionados con su actividad financiera. (Darío Celis Estrada, El Heraldo de México, la 5a p.18)
¿Por qué los migrantes son más eficientes y viven mejor que los que nos quedamos en México?
La Jornada reseñó hace unos días un estudio de Raúl Hinojosa Ojeda, de University of California, Los Ángeles (UCLA), sobre el impacto de los mexicanos y México-norteamericanos en Estados Unidos. Mientras que representan apenas la tercera parte de la población de nuestro país, generan una riqueza superior a lo que nosotros generamos. Si pudiéramos separar a este grupo del resto de los que viven en Estados Unidos conformarían la octava potencia mundial, con una producción equivalente a la de Alemania.
La población de origen mexicano es uno de los grupos más importantes en Estados Unidos, no sólo por lo que producen, sino por la cultura y los estilos de vida que vuelven a esa nación de las más ricas del mundo por su gran diversidad.
¿Pero cuáles son las condiciones que permiten el avance de este grupo en Estados Unidos y no en México? Desde mediados del siglo XX se han realizado miles de análisis sobre la temática. Dependiendo de la ideología, del momento en que se lleva a cabo el estudio y del país analizado se han llegado a conclusiones contrapuestas.
Con el avance del socialismo en el siglo XX, parecía que la concentración de los medios de producción en manos del gobierno y la distribución de la riqueza sería la solución para lograr el crecimiento y la equidad. Cuando entró en crisis el socialismo, en los años 80 del siglo pasado, con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, parecía que el modelo se desecharía y dejaría el liderazgo absoluto a Estados Unidos.
Más adelante resurgió un socialismo sui géneris en China, con un gobierno comunista pero con una economía de mercado que poco a poco deja atrás a Europa y a Estados Unidos. Por ello, la pregunta se mantiene ¿Cuál es el mejor camino para el desarrollo?
La población de origen mexicano en Estados Unidos es un laboratorio en vivo de las condiciones para el crecimiento. No es que los que nos quedamos en México seamos más flojos, simplemente se trata de que del otro lado de la frontera y en China hay mejores condiciones para alcanzar el desarrollo social. (Miguel Pineda, La Jornada, Economía, p.15)
Nuestro país vive uno de los momentos más delicados de su historia independiente.
Las relaciones con el vecino del norte, Estados Unidos de América, vuelven a vivir momentos de gran tensión, como sucedió entre 1846 y 1848, con la disputa territorial por Texas; en 1914, con la ocupación del puerto de Veracruz, y en 1916, con la expedición punitiva del general Pershing, persiguiendo al general Francisco Villa.
Ni en 1938, cuando el General Lázaro Cárdenas decidió expropiar las compañías petroleras establecidas en México, se había generado el espectro de una intervención militar o paramilitar directa como la que hoy existe.
¿La causa? La acusación de que presuntamente México se encuentra gobernado por cárteles del crimen que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos de América.
Este señalamiento es tan grave como falso y erróneo es el diagnóstico que lo alimenta.
México ha sido un ally (aliado) puntual, no un alien invasor, en la lucha del gobierno y del pueblo estadunidenses contra el cáncer de las drogas.
A nuestro país le ha tocado poner la parte más dolorosa de una guerra: las personas muertas, desaparecidas, desplazadas; el dislocamiento de su sistema judicial y de procuración de justicia, así como la ruptura del tejido social de comunidades enteras.
Ni siquiera la parte mayor de las ganancias malditas de este mercado criminal binacional ni las armas con que el país se ha desangrado pertenecen a México.
A cambio de ello, nuestra nación recibe ahora bofetadas de desprecio, amenazas y odio.
No se vale y no es justo.
¿Qué se pone en riesgo con la sola amenaza de una intervención militar o paramilitar directa en suelo mexicano? Más de un siglo de estabilidad social, seguridad económica y entendimiento político, que le ha permitido a Estados Unidos tener al sur de su frontera, a lo largo de tres mil kilómetros, a un amigo, socio y aliado, por encima de diferencias ideológicas o de colores partidistas de sus respectivos gobiernos legítimos.
Tanto con gobiernos demócratas como con administraciones republicanas, los gobiernos mexicanos de diferente signo (PRI, PAN y Morena) han sabido desarrollar una política de Estado que les permitió cooperar, colaborar y coordinarse con Washington sin subordinarse, arrodillarse o someterse.
En México, la buena convivencia con nuestros vecinos y socios es un tema de principios fundacionales y constitucionales, no de posturas ideológicas, partidistas o de humores personales.
Hoy el mercado de las drogas ilícitas cambió drásticamente, desde las llamadas drogas blandas naturales hasta las drogas sintéticas de laboratorio. Esto trastocó las estrategias de tratamiento y combate. Del enfoque de salud pública y de prevención policiaca del delito se pasó al tratamiento militarizado de considerar a los cárteles como grupos narcoterroristas extranjeros, con el escalamiento de las políticas de combate y erradicación de las drogas.
En lo personal, confío en el presidente Donald Trump del primer periodo, que supo valorar y tratar a México como un vecino cercano, un socio justo y un amigo confiable.
Como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, en la solución de nuestros grandes problemas binacionales, como el narcotráfico, el terrorismo, la emigración, el comercio justo o el agua, logramos más con el diálogo, la colaboración y la cooperación que abriendo heridas culturales e históricas que tardan más de un siglo en sanar. (Ricardo Monreal, Milenio, Política, p. 14)
La segunda edición de México Canta llega en un momento en el que el país busca abrir nuevas conversaciones sobre identidad, cultura y juventud. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, propone algo más amplio que un concurso de talento. Busca colocar a la música como una herramienta social capaz de influir en la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con su entorno y construyen referentes colectivos. La convocatoria de 2026, que comprende del 11 de mayo al 10 de junio a través del portal mexicocanta.gob.mx está dirigido a solistas, duetos y agrupaciones musicales de México y de comunidades mexicoestadounidenses, un detalle que amplía el alcance binacional del proyecto. En medio de marcados debates sobre migración, discriminación y pertenencia cultural, la posibilidad de que jóvenes nacidos a ambos lados de la frontera compartan historias, lenguajes y experiencias mediante la música le imprime un significado particular. La cultura se convierte en un puente que fortalece vínculos familiares, emocionales y comunitarios entre millones de personas que mantienen una identidad compartida.
Uno de los aspectos más relevantes es el énfasis en contenidos alejados de la apología de la violencia. La propuesta coloca sobre la mesa una discusión de fondo sobre la responsabilidad social de la industria musical y el impacto que ciertos mensajes tienen sobre públicos jóvenes. En ese sentido, resultó significativa la reflexión del cantante Junior H, quien reconoció que sus primeras composiciones surgieron desde otra mirada y que con el tiempo entendió el peso que adquiere una canción cuando alcanza a millones de personas. Sus palabras hicieron eco en muchos jóvenes que ahora entienden la gran responsabilidad de compartir contenidos positivos en su música o arte en general.
La presencia de Majo Aguilar también refuerza una perspectiva distinta sobre el papel de las mujeres en la música regional mexicana. Su llamado a que las y los jóvenes escriban sus propias historias sin ningún factor limitante. Abre una conversación sobre representación y libertad creativa en una industria donde durante décadas prevalecieron visiones masculinas muy cerradas. El concurso ofrece justamente un espacio con perspectiva de género donde las voces femeninas pueden desarrollarse con mayor visibilidad y reconocimiento público.
México Canta incorpora además una perspectiva de inclusión que enriquece su objetivo de acercarse a todas las juventudes a las que está destinada. La convocatoria contempla y promueve con entusiasmo la participación de integrantes de pueblos indígenas en reconocimiento a su capacidad de decisión, identidad cultural propia y participación plena en la vida pública del país. Llevar ese principio al ámbito artístico significa abrir espacios para lenguas originarias, narrativas comunitarias y formas distintas de entender la música y la memoria colectiva. La dimensión económica también forma parte del proyecto. El Gobierno federal ha insistido en la importancia de fortalecer la producción musical dentro del país para generar inversión y empleos relacionados con la industria cultural. La apuesta busca consolidar un mercado creativo con mayor capacidad de desarrollo interno, donde artistas, productores y equipos técnicos encuentren oportunidades sin necesidad de trasladar sus proyectos al extranjero.
Con más de 15 mil registros, más de 11 millones de visualizaciones a través de medios públicos en su primera edición en 2025, la edición de este año de México Canta se perfila como una plataforma cultural con impacto social creciente. Su valor puede encontrarse precisamente en esa combinación de identidad, inclusión y participación juvenil en un momento donde la música sigue siendo uno de los lenguajes más poderosos para que las juventudes se expresen. (Jorge Gaviño, La Crónica, Metrópoli, p. 20)
Mientras el gobierno de Morena mantiene su defensa hacia Rubén Rocha Moya, insiste en que no hay pruebas y le da protección, en Estados Unidos comienzan a impacientarse.
El gobierno de Trump ve el caso como prueba de la “alianza intolerable” entre políticos y cárteles. Usa esta acusación para condicionar la cooperación bilateral (seguridad, T-MEC, migración…).
Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, lo llaman “Rubicón cruzado” (punto de no retorno). Dicen que no es sólo presión discreta, sino acción pública contra un gobernador de otro país.
* Y mientras en el segundo piso de la Cuarta Transformación se multiplican los discursos de soberanitis, la oposición comienza a pasar de la reacción a los hechos.
El PAN adelantó ayer que llevará el caso Rocha Moya a la Corte Internacional Justicia de La Haya. Alega crímenes de “lesa humanidad” derivados de la presunta asociación del gobierno de Morena en Sinaloa y Los Chapitos.
El anuncio lo hicieron conjuntamente Jorge Romero, jefe nacional del PAN; Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada azul en el Senado, y Elías Lixa, líder de la bancada en diputados.
Presentaron también una demanda de juicio político en contra del gobernador con licencia de Sinaloa.
“No estamos frente a un asunto partidista, sino frente a una posible captura criminal del poder político que vulnera la democracia y la soberanía popular”, explicó Lixa.
Y clavó el rejón: “La soberanía de México se defiende aplicando la ley, no protegiendo a los ‘narcopolíticos’”.
El próximo miércoles, en el marco de la Comisión Permanente, el PAN pedirá oficialmente la desaparición de poderes en Sinaloa. Alega que los tres poderes estatales están involucrados con el narcotráfico.
El escenario de la conferencia fue el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro.
En una larga manta guinda colocada frente a los pesos pesados del blanquiazul y diputados de esa bancada que los acompañaban en la conferencia se leía: “#Soberanía Sí Narcogobierno No. Presidenta, Entregue a Rocha”.
* Al terminar la conferencia platicamos con el siempre perspicaz Germán Martínez sobre el riesgo interno que corre la presidenta Sheinbaum si entrega a Rocha Moya y otros nueve funcionarios a Estados Unidos.
“El costo para Morena es que se desgrane la mazorca, que canten lo que allí traen. Jurídicamente se responde de una manera, pero políticamente se responde de otra”, dijo.
Hizo una observación de porqué no se habla: si las pruebas se ventilan públicamente, se pudren. Zaldívar le llamó efecto corruptor.
Precisó:
“Exhibir las pruebas las debilita. Deben mantenerse en la secrecía parte de esas pruebas. La Presidenta quiere que le den las pruebas para exhibirlas, podrirlas y tener el efecto corruptor.
“Si las ventilas ante alguien que no sea un juez, antes del juicio, no van a servir. Jurídicamente lo veo como una maniobra para que exista ese efecto corruptor y no tengan validez a la hora del juicio”.
—¿México tiene capacidad para no entregar a Rocha Moya?
—No, el gobierno de Estados Unidos tiene algo más poderoso que los aranceles: las remesas.
—¿Qué sería de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán si le suben el impuesto (1%) a las remesas? —preguntó.
—¿Ves viable una intervención tipo Maduro para llevarse a quien acusan de narcopolítico? —le preguntamos.
—Una operación encubierta no es deseable. No deben de mancillar nuestro suelo. Por eso es mejor cooperar. Hay acuerdos de cooperación. Están en la Ley de Seguridad Nacional —reviró.
Y dijo más: “Económicamente, sí hay cómo apretar a México. Políticamente no hay embajador. Tercero: van a sacar otra (lista) y, cuarto: ahora sí van a solicitar la extradición (directa) que no han solicitado”.
* Muy duro el informe de la CIDH de la OEA sobre los desaparecidos en México (238 páginas). A ver si no saca ronchas en Palacio Nacional.
Entre sus conclusiones, dice:
“La desaparición de personas representa, en la actualidad, una grave crisis de derechos humanos en México, con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos bajo custodia”.
El Informe destaca que las modalidades de las desapariciones se han transformado en las últimas dos décadas:
“De las desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, ya reconocidas por el Estado, a desapariciones cometidas en contexto de violencia por el crimen organizado”.
Aunque matiza: “Las desapariciones cometidas por agentes estatales aún no han sido erradicadas en México”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.6)
La publicación del libro The Invisible Coup —traducido al español como El golpe invisible— ha reavivado una discusión incómoda para el gobierno mexicano y para quienes creen que la política exterior debe conducirse con responsabilidad y estricto apego al derecho internacional.
Su autor, Peter Schweizer, uno de los analistas conservadores más cercanos al entorno del presidente Donald Trump, sostiene que el gobierno de México utiliza su extensa red consular en Estados Unidos para influir en la vida política de ese país. Esto incluye organizar protestas y promover una agenda contraria a los intereses estadounidenses.
La acusación es tan delicada como explosiva.
Según Schweizer, la inmigración dejó de ser un problema meramente social y económico para transformarse en una herramienta política que usan las élites globales y los gobiernos extranjeros para alterar el equilibrio interno de Estados Unidos. En ese contexto, ubica a México como uno de los actores más activos.
De acuerdo con su tesis, los más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense operan como una sofisticada estructura de movilización y presión política. No se trataría solamente de oficinas encargadas de expedir pasaportes, matrículas consulares o brindar asesoría legal a los connacionales, sino de una maquinaria con capacidad para influir en debates electorales, incentivar manifestaciones y orientar políticamente a sectores de la comunidad migrante.
El gobierno mexicano ha rechazado tajantemente estas afirmaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado que la labor diplomática y consular se rige por los principios de no intervención, respeto a la soberanía y estricto apego al derecho internacional.
Sin embargo, los hechos alimentan las dudas.
Durante los últimos años, varios consulados intensificaron sus actividades de organización comunitaria y defensa de los derechos de los migrantes. Esa tarea es legítima y forma parte de sus atribuciones. Lo cuestionable es que, en algunos casos, la línea entre protección consular y activismo político se ha vuelto demasiado delgada.
En círculos diplomáticos y políticos se comenta desde hace tiempo que existe simpatía de sectores del oficialismo mexicano con candidatos del Partido Demócrata. La afinidad ideológica con agendas progresistas en materia migratoria, medio ambiente y derechos civiles ha sido evidente.
Pero la realidad electoral estadounidense es mucho más compleja.
En las elecciones que llevaron nuevamente a Trump a la Casa Blanca, millones de latinos —incluidos cientos de miles de mexicanos y mexicoamericanos— votaron por el republicano. Lo hicieron por razones económicas, por preocupaciones de seguridad, por convicciones religiosas o por rechazo a ciertas posturas de la izquierda estadounidense.
Ese hecho demuestra que la comunidad mexicana en Estados Unidos no responde a consignas ni puede ser conducida desde una oficina consular.
Pretender lo contrario sería subestimar la madurez política de una comunidad diversa, plural y cada vez más influyente.
Lo verdaderamente preocupante es el deterioro de una tradición diplomática que durante décadas dio prestigio internacional a México.
La Doctrina Estrada, formulada por Genaro Estrada en 1930, estableció que México no debía intervenir en los asuntos internos de otras naciones ni calificar la legitimidad de sus gobiernos. Ese principio permitió que nuestro país se ganara respeto global y mantuviera una política exterior independiente y congruente.
Hoy esa doctrina parece subordinada a impulsos ideológicos y a intereses partidistas.
Y no solo de un lado del río Bravo se envían mensajes que tensan la soberanía nacional.
Desde Washington también se han multiplicado declaraciones y propuestas que buscan intervenir en asuntos internos de México, desde la posibilidad de combatir a los cárteles bajo la denominación de organizaciones terroristas hasta planteamientos de operaciones extraterritoriales para combatirlos.
Es decir, la tentación intervencionista se manifiesta en ambos sentidos.
Por ello, México debe actuar con prudencia y recuperar la sobriedad diplomática que históricamente le permitió defender su autonomía sin caer en provocaciones.
Los consulados mexicanos en Estados Unidos cumplen una función esencial para millones de connacionales. Su misión es proteger, asistir y representar a los mexicanos, no participar en disputas partidistas ni convertirse en instrumentos de militancia ideológica.
La relación bilateral enfrenta suficientes desafíos como para agregar sospechas de injerencia política.
México necesita una política exterior profesional, neutral y apegada a los principios que le dieron prestigio internacional.
Porque cuando la diplomacia se confunde con activismo, el costo no lo paga un partido. Lo paga toda la nación.
El tema de la injerencia del gobierno mexicano en asuntos internos de varios países es de alta preocupación, ya que el activismo ideológico ha contaminado a la diplomacia mexicana. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 27)
Pulso Político // De esto y Aquello
La revisión de los 53 consulados de México en Estados Unidos, ordenada por el gobierno de Estados Unidos, amenaza con convertirse en otro motivo de andanadas a nuestro país, si se llega a comprobar, como se ha anticipado —y sabido— que en ellos, además de sus funciones ordinarias, se promocionaba activismo político entre migrantes, no sólo de mexicanos. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 8)
NOTAS EN REMOLINO
Malévolamente, la Procuraduría General de Justicia de Estados Unidos tiene en un grito a los que saben que podrían ser sumados a la lista de personajes que reclamará para extradición. Pospuso para julio la audiencia ante un tribunal de Ismael “Mayo” Zambada … Se ha denunciado reiteradamente que el Instituto Nacional de Migración, realiza redadas en centro del trabajo de la frontera norte para arrestar a indocumentados cubanos, venezolanos y haitianos. Ayer se denunció que ya las hace en Polanco … Confirmado que 2025 fue el más lluvioso en casi medio siglo. Eso alivia el desabasto de agua en CDMX. ¿Y luego? … Ha resonado en la historia el consejo de Oliverio Cromwell, el único gobernante republicano del Reino Unido, a todos los que gobiernan: “Al final del día, os imploro, por las entrañas de Cristo, no se vayan a dormir sin reflexionar que pueden estar equivocados” (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p. 41)