Alguien debe aclarar el peloteo que se traen el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo titular es Francisco Garduño, y algunos municipios, como el de Suchiate, Chiapas, que encabeza Sonia Eloina Hernández Aguilar. Resulta que por una reciente reforma federal la atención a niños migrantes en municipios fronterizos es un desafío que los ayuntamientos tienen que enfrentar con sus propios recursos a través del sistema municipal del Desarrollo Integral de la Familia.
El caso es que en muchas ocasiones el INM lleva a menores para que sean atendidos, sin embargo, no van solos y quienes los acompañan también requieren cuidados. La queja es que tener un refugio para menores migrantes y sus acompañantes implica tener no solo un local sino sostenerlo y atenderlos para darles el mejor trato, lo cual en este momento es difícil porque los recursos no alcanzan… (El Sol de México, República, p.2)
Una foto. Una foto puso en evidencia a todo un aparato del Estado. Una foto y una cena. Como si nos faltaran elementos para hacer del caso Odebrecht en nuestro país uno de los expedientes más burlados, al interior y ante el ojo internacional. Un “detenido”, un implicado que no termina de ser testigo colaborador, pero tampoco se entiende como presunto culpable. Emilio Lozoya fue visto en plena cena, cero pudor, pero mucho lujo. Y nada tiene de malo el lujo, a menos de que seas un personaje acusado de recibir sobornos millonarios a costa del futuro de un país. El exdirector de Pemex fue capturado por mi colega Lourdes Mendoza, martinis y comida china. Degustando en la terraza como un comensal que tiene mucho que celebrar. Lozoya, bien vestido: la impunidad nunca lució mejor. Y se vio sorprendido por el encuentro con la periodista, a quien difama, pero que ya se defendió y emprendió una batalla legal para limpiar su nombre. Porque de eso se trata también cuando el poder es el principal activo del rival: convencer que los hechos valen más que la palabra.
El tema es que, desde su llegada a México, el exdirector de Pemex ha disfrutado de la vida, lo que pocos señalados del delito que más enfurece al Presidente. Digo, el combate a la corrupción es la bandera de la Cuarta Transformación, el diferencial con los pasados sexenios, nos dicen. Lozoya, anunciado como el personaje que revelaría detalles y nombres de las mentes malévolas más ruines, hoy sólo es el rostro de la revancha y el entretenimiento político. El único momento que ha tenido como presunto responsable fue en su detención en España, en febrero de 2020. Tras su extradición, no ha pisado la cárcel, como tantos miles de implicados en un delito, pues ha argumentado problemas de salud y su falta a la audiencia del proceso por la demanda que interpuso Lourdes Mendoza la justificó con que se encontraba en arraigo domiciliario.
“Es legal, pero es inmoral que se den estas cosas, es una imprudencia por decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, una gente que recibe un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón…”, aseguró ayer el presidente López Obrador. Sin embargo, es claro que ni siquiera al interior del gobierno federal conocen el estatus de la investigación o el Presidente no habría ordenado que la FGR informara en qué punto se encuentra este caso. Tras la conferencia en Palacio Nacional, casi de inmediato la Fiscalía precisó que el próximo 3 de noviembre vence el plazo dado a la defensa para desahogar pruebas, el Instituto Nacional de Migración subrayó que Lozoya cuenta con alerta en las vías de salida del país, no se vaya a fugar.
Aunque la pregunta es una, legal e inmoral, pero, ¿Emilio Lozoya no está incurriendo en un nuevo delito, fraude procesal? Argumentar arraigo para no asistir a las audiencias, pero salir y darse la gran vida… Aunque, para sorpresas, lo reveló Animal Político: “Aun cuando Lozoya tuvo que ser detenido en España, con dos órdenes de aprehensión y una ficha roja, lo único que pidió la FGR fue que no saliera del país. Para ello debía colocársele un brazalete que, por cuestiones técnicas (la señal), limita su movimiento al Valle de México…”.
La burla, este expediente es una burla: burla porque el gobierno que dice estar en franca guerra contra la corrupción no ha logrado una sola condena; burla porque su “detenido”, ése que presumen casi como trofeo de esta lucha, los puso en ridículo: tan sólo sentarse a la mesa de un restaurante para dejar claro que su estatus dista mucho de ser el de un procesado o un perseguido. (Yuriria Sierra, Excélsior, Nacional. P.14)
Vigilancia migratoria para Emilio ‘L’
Aunque el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pueda estar tranquilo cenando en restaurantes exclusivos, lo cierto es que las fronteras del país sí las tiene cerradas. El Instituto Nacional de Migración aclaró en una tarjeta informativa que Lozoya sigue en las listas de control migratorio, es decir, que la dependencia verifica y registra los movimientos del exfuncionario en los puntos destinados al tránsito internacional. Menos mal que está vigilado. (Reporte índigo, Reporte, p.3)
RESQUICIOS
No dejan de llegar migrantes a Tapachula. Las peticiones de asilo crecen, porque queda claro que EU no va a abrir sus puertas. Es necesario adaptarse a la nueva dinámica y, sobre todo, respetar los derechos de los migrantes y no hacer de la contención la detención. (La Razón, La Dos, p.2)
Una vez más quedó claro a quién responde y obedece el fiscal “autónomo” Alejandro Gertz Manero. Tras dos días de escándalo y de ignorar las críticas e indignación que causó la libertad de Emilio Lozoya para moverse sin restricciones ni arraigo domiciliario por la ciudad, el fiscal sólo reaccionó cuando el presidente López Obrador le pidió públicamente que proporcionara información sobre los privilegios de los que goza Lozoya y, en un escueto comunicado, la FGR afirmó que el exdirector de Pemex “sigue bajo proceso”, que sí “ha presentado pruebas” de sus acusaciones a exlegisladores federales y que tiene de plazo hasta el 3 de noviembre para acreditar sus dichos y declaraciones o de lo contrario tendrá que responder ante la justicia por los procesos de Odebrecht y Agronitrogenados.
Para que no quedaran dudas de dónde y con quién está la lealtad del fiscal, la dependencia salió a respaldar el endeble argumento del presidente que se refirió a las imágenes que captaron a Lozoya Austin cenando en un restaurante de lujo en las Lomas de Chapultepec, como “algo legal pero inmoral, un acto de provocación”, y en su breve comunicado la Fiscalía defendió su “acuerdo” con el exfuncionario peñista y la prórroga que le otorgó, a petición de su defensa, para que año y medio después de su detención y extradición de España, Lozoya siga sin acreditar completamente y con pruebas fehacientes sus acusaciones contra otros políticos y exfuncionarios, para justificar que le hayan dado un trato de “testigo colaborador”.
Es como si al fiscal Gertz Manero, ocupado como está persiguiendo a científicos, familiares suyos y litigando contra la universidad de la que fue rector, las críticas y comentarios sobre su trabajo se le resbalaran cuando vienen de la sociedad civil y de la opinión pública, pero el más leve cuestionamiento y molestia de López Obrador —que tuvo que hacer malabares, piruetas y machincuepas para justificar la libertad de Lozoya y el que no haya sido objeto de un arraigo domiciliario— le calara tan hondo que de inmediato reacciona y obedece los designios del presidente que lo propuso para el cargo. Como si el encargo y la figura de ser titular de una “Fiscalía autónoma” no significara nada para el señor fiscal.
Curiosamente, mientras sobrerreacciona al humor presidencial, Gertz Manero se escuda en su “autonomía” para no rendirle cuentas ni explicaciones a los mexicanos a los que, según la ley, debiera servir. No sólo porque no explica sus cuestionadas actuaciones e investigaciones en contra de los 31 integrantes del Foro Consultivo del Conacyt, a los que persigue con una ferocidad inusitada a pesar de los fallos de un juez y de la SCJN sobre la falta de elementos para acreditar delitos en la actuación de los científicos, o porque encarceló a la hija política de su hermano fallecido, Alejandra Cuevas, que tiene un año en prisión por acusaciones poco claras, o su muy cuestionada intervención “por abajo del agua” para apurar una denuncia local contra la familia Jenkins, con quienes tuvo diferencias cuando trabajó para ellos en la Universidad de las Américas de Puebla.
Además de su muy dudosa actuación y criterios jurídicos en esos casos —que huelen más a venganzas personales y persecución política que a justicia— el fiscal Gertz tampoco ha explicado nunca en qué consiste el “acuerdo de extradición” que firmó con Emilio Lozoya Austin, con su padre Emilio Lozoya Thalmann y con los abogados españoles que los representaron a ambos en aquel país al momento de que aceptó ser extraditado a México. Ese acuerdo, por el que la familia Lozoya pagó 5 millones de dólares, fue negociado por Gertz Manero con los abogados del despacho Ilocad SL, (International Legal Office for Cooperation and Development) propiedad del afamado juez español, Baltasar Garzón.
El contenido de ese “acuerdo”, que nunca se ha hecho público, podría explicar muy bien el trato privilegiado que la FGR aceptó darle en todo momento a Lozoya Austin. Según fuentes cercanas a aquella negociación en España, el acuerdo incluía la promesa del fiscal Gertz de que Emilio “nunca sería fichado ni mostrado a la prensa o expuesto en su imagen personal”, además de no fincarle ni imputarle nuevos delitos más que los contenidos en la solicitud original de extradición. Ahí se establecieron las bases y el compromiso de la Fiscalía para facilitarle todo a Lozoya, incluido el otorgamiento del criterio de oportunidad y la figura de “testigo protegido”, en el que se le dio además otra concesión especial: que no fuera sujeto de prisión o arraigo domiciliario, a pesar de que la gravedad de los delitos que le imputan lo ameritaba, y que solo se le monitoreara a través de un brazalete electrónico que le impide salir de la Ciudad de México, pero no moverse libremente en ella, y la obligación de acudir a firmar cada 15 días ante el juez que lleva su caso.
Tantos privilegios tuvieron un alto costo monetario para Emilio Lozoya que pagó esos 5 millones de dólares que no se sabe con precisión si fueron, todos, para el despacho Ilocad. Para lograr un trato de príncipe, el presunto delincuente y exdirector de Pemex, contó con una “coincidencia” que le abrió las puertas de la confianza de Gertz Manero: la relación con la fiscal general de España, Dolores Delgado García, quien fue parte de la vía que facilitó el “acuerdo de extradición” entre la FGR y Lozoya. Delgado García tomó posesión del cargo de fiscal española el 26 de febrero de 2020 ante su majestad el Rey Felipe VI y, sin menoscabo de su brillante carrera judicial, es pareja sentimental del juez Baltasar Garzón, sí el mismo dueño del despacho que negoció la extradición de Lozoya por 5 mdd.
De hecho en España no son pocos los medios y periodistas que han señalado la existencia de la relación personal que sostienen la fiscal Delgado García y el juez Garzón. Recientemente la prensa española consignó su aparición juntos en Pontevedra, donde la fiscal y el juez se vieron abrazados durante la festividad de la Rapa das Bestas de Sabucedo, en donde ambos se dejaron ver en un sábado relajado participando de esa tradición sin tomar en cuenta los señalamientos que hablan de un posible conflicto de interés en su relación sentimental.
Sería bueno que el fiscal explicara a detalle qué y cómo fue que pactó con Lozoya un trato de privilegios pocas veces dado a un acusado o presunto delincuente por la justicia mexicana, sobre todo cuando en el gobierno de la 4T, del que al final forma parte el fiscal con todo y su “autonomía”, se pregona todos los días que ya no se protege a corruptos y que “ya no hay impunidad”, vaya que ni siquiera los “actos inmorales” se permiten. Y como sabemos que Gertz Manero no va a explicar nada que se le pida desde la sociedad o los medios, pues ojalá y a López Obrador se le vuelva a ocurrir ordenárselo al fiscal en su mañanera, que sólo así es como reacciona y obedece.
NOTAS INDISCRETAS…Por segunda ocasión en dos semanas el canciller Marcelo Ebrard estuvo de nuevo en el Senado de la República, a donde ayer fue convocado para explicarles a los senadores de todos los partidos los detalles del “Entendimiento Bicentenario” que se firmó el viernes con el gobierno de los Estados Unidos como parte del Diálogo de Alto nivel en Seguridad. Como ya es cliente, pero de los que tratan bien, ayer el titular de la SRE fue escuchado por los legisladores a los que explicó que parte de lo que México logró en este nuevo acuerdo sobre seguridad son compromisos de EU para frenar el tráfico ilegal de 500 mil armas estadunidenses que cada año ingresan ilegalmente a nuestro territorio, además de que se apoye para enfrentar las causas de la migración y no sólo sus efectos, llevando programas de desarrollo social, como los que impulsa la 4T, a Centroamérica y Haití.
Una parte que generó interés de los senadores fue cuando Ebrard les comentó que la detención del general Salvador Cienfuegos, ocurrida en octubre de 2020, generó mucha tensión entre los dos gobiernos porque México nunca fue avisado de la acción premeditada de la DEA. “En una relación de socios y vecinos tiene que haber confianza y aquella ves México reclamó que no la hubiera habido para informarle de la orden contra el ex secretario de Defensa”, dijo el canciller. Pero además del tema estrictamente diplomático y de política exterior, en la presencia de Marcelo ayer en el Senado también hubo política interna. La cercanía con Ricardo Monreal y la vigencia del “pacto de Zacatecas” que el secretario y el líder del Senado hicieron en la capital zacatecana el pasado mes de septiembre quedó más que clara en el trato que se le dispensó a Marcelo y para el cual hubo una operación previa de Monreal con las fracciones opositoras del Senado.
La alianza Monreal-Marcelo, rumbo al 2024, se vio en el saludo de mano y en los largos abrazos que se dieron en el inicio y la despedida los dos políticos que aspiran a ser candidatos de Morena a la Presidencia de la República… Hablando de comparecencias, mañana miércoles toca el turno de asistir ante la Cámara de Diputados, del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El encargado de combatir la corrupción en el gobierno de la 4T, aunque tiene un perfil menos mediático y escandaloso que el de su antecesora, Irma Eréndira Sandoval, lleva buenos números y cuentas para informar a los legisladores. Por ejemplo, les dará a conocer que la Función Pública (SFP), reportó que, al tercer trimestre de 2021, la Administración Pública Federal respondió el 99% de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2019, ya que de las 2 mil 705 acciones promovidas a las entidades gubernamentales, la dependencia instrumentó un seguimiento y solicitó a los Órganos Internos de Control (OIC) coadyuvar en el proceso, lo cual es un avance de lo que se informará a los congresistas. Veremos cómo le va al secretario Salcedo Aquino en un tema como el combate a la corrupción, que siempre es apetecible para la oposición…Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro y la semana. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p.11)
Ayer, el líder de Morena en el Senado, sostuvo reuniones con el canciller Marcelo Ebrard y el nuevo embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, con los que abordó los acuerdos de la reciente reunión de seguridad de alto nivel con funcionarios del gobierno de ese país, para combatir tráfico de armas, drogas y migrantes. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p.8)
El gobierno de México solicitó a Estados Unidos miles de millones de dólares para financiar programas sociales con dos objetivos: desincentivar la migración y combatir las causas de la violencia. La administración de Joe Biden ha dicho que sí, pero no queda claro cómo ni cuánto aportará.
En septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Biden invertir en la implementación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Centroamérica. La carta enviada venía acompañada del documento titulado Una visión común para la región, que plantea apoyar a 240 mil campesinos y 90 mil jóvenes en Guatemala, El Salvador y Honduras con 360 dólares mensuales, proyecto para el que se requerirían 118 mdd al mes, mil 424 mdd al año.
Ayer conocimos la respuesta de Biden que envió a López Obrador en otra carta. Además de felicitarlo por el bicentenario de la Independencia, celebra que México “esté fondeando” programas en Centroamérica, más no se compromete a invertir en ellos.
Asegura que su país ha enviado en el último año 600 mdd en asistencia a la región y para el siguiente año fiscal propuso al Congreso destinar 861 mdd. Nada dice de aportarlos a los programas de la 4T. Pero si lo hiciera, con esos recursos no alcanzaría más que para siete meses al costo de la propuesta de AMLO.
Si en migración no hay claridad de los apoyos, ¿cómo se garantizará la inversión de EU para atacar las causas de la violencia?
En la entrevista que el viernes me dio el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, aseguró que, “absolutamente”, el nuevo mecanismo de Entendimiento Bicentenario sobre seguridad sí implica que su país invierta en programas sociales en México.
Ojalá ese compromiso no quede solo en una felicitación, como pasó en el tema migratorio, pues con eso no alcanza, Joe.
Por casi 80 semanas publiqué en redes sociales el #RecuentoDeLosDaños, ahora tendremos una cita aquí cada martes. Agradezco enormemente a Francisco González, Ángel Cong y Óscar Cedillo por la oportunidad de publicar esta columna semanalmente en las páginas de este gran diario, mi casa, MILENIO.( Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p.2)
Empecé a leer la Hoja informativa sobre el Entendimiento Bicentenario de Estados Unidos y México en materia de seguridad, salud pública y comunidades seguras, bajo la impresión de que los gobiernos de los dos países tuvieron una reunión particularmente amistosa y cordial.
Al terminar de leer me pareció que había bastante acero bajo las sedas y que el Entendimiento obliga más a México que a EU con temas que hasta ahora México no ha cumplido y que difícilmente cumplirá.
Salvo por algunas concesiones verbales aquí y allá, el documento aborda punto por punto todo lo que el gobierno mexicano no ha querido o no ha podido hacer hasta ahora.
Primer ámbito: la salud pública. El entendimiento aquí es que habrá persecución pura y dura de drogas prohibidas. No hay un solo indicio de atenuar el consenso punitivo, una sola insinuación de legalizar sustancias ilícitas, ni siquiera las legalizadas ya en EU.
Se hace una concesión verbal a la idea mexicana de atacar las causas de la violencia, pero a inmediata continuación se establece como primera tarea no precisamente invertir en programas sociales, sino “reducir los delitos de alto impacto” y “la cantidad de homicidios en México”, investigando los “homicidios de manera efectiva y consistente”.
Segunda tarea: “Prevenir los delitos transfronterizos”, estableciendo “modos de transporte y comercio seguros”, reduciendo “homicidios y delitos de alto impacto”, desmantelando “la capacidad de las Organizaciones Criminales Transnacionales y sus cadenas de suministro ilícitas”, y “reduciendo el tráfico de armas y la trata de personas”.
Tercera tarea: “Perseguir a las redes criminales”, mediante las siguientes acciones:
“Desmantelar el financiamiento de actividades ilegales”, aumentando el intercambio de información e inteligencia.
“Reforzar la capacidad de los actores del sector de seguridad y procuración de justicia para investigar y perseguir a la delincuencia organizada”.
“Incrementar la cooperación sobre extradiciones”.
El Entendimiento Bicentenario tiene el tono de un nuevo inicio, pero sus temas son los mismos de siempre, corregidos y aumentados. El Entendimiento se centrará en “los datos y los resultados”, dice el documento. Podemos saber desde ahora que la rendición de cuentas será de México y la exigencia de cuentas de EU. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p.3)
No hay relación más importante para México en el mundo que la relación con Estados Unidos. A pesar de la gigantesca asimetría en la relación, para EU la relación con México también es más que fundamental. Desde la integración comercial de los 90, ambos países han construido un andamiaje institucional que ha permitido que la relación pase por momentos en piloto automático, pero también que resuelva las diferencias que se han presentado en estas tres décadas. La integración ha forzado a ambos lados al pragmatismo y un rompimiento no solo es impensable, sino un despropósito. La reciente visita de funcionarios estadounidenses a México refuerza lo anterior.
Cada seis años un nuevo Presidente mexicano toma las riendas del país y decide su rumbo. Respecto a EU hay temas que son inamovibles: migración, narcotráfico/seguridad y comercio, ya que son los pilares de la relación bilateral. Cada Presidente mexicano de los últimos 20 años ha decidido cuál bandera empujar con EU. Fox intentó profundizar la integración comercial y migración. Calderón en la seguridad y nos dio la fallida Iniciativa Mérida. Peña Nieto tuvo problemas porque le tocó transitar de un Obama que veía con desdén la corrupción de su gobierno a un Trump que le quiso poner el muro y que obligó la renegociación comercial. AMLO recogió esta turbulencia, cedió en materia migratoria y ahora con Biden, el canciller Ebrard hace borrón y cuenta nueva y cambia la narrativa al enterrar la Iniciativa Mérida.
No es cosa menor. Hace apenas un mes, varios sectores de la comentocracia mexicana auguraban un rompimiento con Biden. Varios analistas, políticos y hasta algunos diplomáticos señalaban que recibir a Díaz-Canel era un error que nos iba a costar caro. Otros más argumentaban que la CELAC era una superficialidad, sin resultados y que solo abriría diferencias con EU. Los más decían que ponerle la mesa a Nicolás Maduro para negociar con la oposición iba a costarle carísimo a México. Y la ausencia del secretario Blinken en los festejos de la Consumación de la Independencia de México fue usada como pólvora para confirmar esos malos presagios.
La reciente visita de los secretarios Blinken y Mayorkas así como del procurador Garland a México es solo el primer paso para construir los próximos tres años de la relación bilateral. El canciller Ebrard se apresura en celebrar lo acordado cuando habla de que “hay reciprocidad, corresponsabilidad, un trato más igualitario que antes no habíamos tenido”. Lo cierto es que la idea de la corresponsabilidad no es nueva. Fue durante el calderonato que se acuñó esa idea de que había corresponsabilidad con EU, especialmente en el tema del tráfico de armas, pero en los hechos el vergonzante operativo “Rápido y Furioso” demostró que la corresponsabilidad no era más que una quimera. Respecto a un trato más igualitario, todos los cancilleres mexicanos han buscado eso, pero poco se ha conseguido. En lo que sí acierta Ebrard es en que empieza a construirse un cambio de narrativa. Enterrar la Iniciativa Mérida era urgente. Lo que la diplomacia de Calderón vendió como un éxito, no hizo más que condenar a México al mito de Prometeo, el titán aliado de los humanos que se robó el fuego de Zeus y que fue condenado por éste a estar amarrado y que cada día un águila le comiera el hígado en represalia hasta que Heracles lo liberó.
Ebrard podría convertirse en ese Heracles si logra que la frontera se abra, porque ya lleva demasiado cerrada bajo argumentos ya absurdos de la pandemia. Si el Entendimiento Bicentenario no solo dice que detener capos es absurdo e insuficiente y realmente aplica un nuevo paradigma de reducción de daños por consumo a la población, si habla de regulación del mercado de las drogas (como ya ocurre en casi todo EU), si entierra la guerra contra el narco, podría romperse la condena de Prometeo en seguridad. De migración lo ofrecido por Biden aún es poco y de comercio habrá que ver cómo cae la reforma eléctrica y las disputas en el marco del T-MEC. Es decir, la relación sigue prácticamente igual, aunque sí hay varios puntos para el optimismo. (Genaro Lozano, Reforma, Opinión, p.11)
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El pasado viernes, en la reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), que se sostuvo en México, llegaron a nuestro país el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el Fiscal General, Merrick Garland.
Los recibió en un desayuno el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pidió trabajar juntos y ser “respetuosos de nuestras soberanías”; el Presidente López Obrador ha hablado de ser socios y no subordinados de Estados Unidos para solucionar los principales problemas que afectan a los dos países.
López Obrador dejó el Diálogo de Alto Nivel a cargo del canciller Marcelo Ebrard, ambas delegaciones se trasladaron a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se acordó terminar con la Iniciativa Mérida y pasar a una nueva etapa denominada “Entendimiento Bicentenario” basada en tres ejes: Migración, Salud Pública y Seguridad.
La Iniciativa Mérida fue firmada por los entonces presidentes Felipe Calderón y George Bush en 2007 y entró en vigor un año después, debía durar 3 años, pero seguía vigente hasta este 2021, en estos 18 años se destinaron 3 mil 300 millones de dólares; fue creada para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, para ello capacitaron a las fuerzas federales y judiciales de nuestro país y las dotaron de armamento.Pero además parte central de la Iniciativa Mérida , era que el gobierno de México combatiera a los cárteles de la droga y México le ha exigido a Estados Unidos que se controle el trafico de armas, no han sucedido ninguna de las dos cosas, y poco se ha logrado en ambos sentidos. Pero Estados Unidos, hoy, tiene más muertos por consumo de fentanilo que México por ajustes de cuentas del crimen organizado.
Sólo en 2020 hubo 90 mil casos, de los cuales, 64 mil fueron por opiáceos sintéticos, incluido el fentanilo.
La crisis de opiáceos en la Unión America se agudizó desde 2006, y no sólo por el tráfico de los cárteles mexicanos, médicos en ese país recetaron fentanilo indiscriminadamente para cualquier dolor crónico y para persona que lo necesitaran, no importando que fueran niños. Por ejemplo, si un menor de edad acudía al dentista por un dolor de muela, podía obtener legalmente una receta para fentanilo, ya sea en pastilla o parche, por que el negocio era entre médicos y grandes farmacéuticas.
Incluso, cuatro grandes cadenas de farmacias enfrentan juicios en Estados Unidos, las responsabilizan de la epidemia de opiáceos que presuntamente provocó la muerte de más de 500 mil personas entre 1999 y 2019.
Pero la letalidad del fentanilo es mayor cuando se combina con otras drogas como la heroína, metanfetamina o cocaína. Ésta ultima la más letal pues produce una muerte casi instantánea.
Reportes advierten que en Estados Unidos lo mezclan porque lo usan como sustituto, ya que al ser un polvo blanco es difícil diferenciarla a simple vista de la heroína o cocaína. O por la falta suministros o alza de precios.
Sin saberlo, los consumidores ya se hicieron adictos al fentanilo. Servicios médicos han informado que cuando llegan a atender una emergencia, encuentran a la persona con la jeringa en el brazo. Tan sólo en 2016, la sobredosis por fentanilo fue la principal causa de muerte entre personas menores de 50 años, poniéndola por encima de otros padecimientos como el cáncer, ataques por arma de fuego y por accidentes vehiculares.
Este mal ya cobró más vidas que la guerra de Vietnam. En el caso de la heroína, ha matado más gente que el SIDA.
La fabricación de fentanilo es más barata que la de cocaína y heroína, su efecto es inmediato y llega a ser 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina, por lo que es más adictivo; de ahí que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos lo considera una amenaza a la seguridad y salud pública.
Para la Administración para el Control de Drogas, la DEA, los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales productores y vendedores de fentanilo en Estados Unidos.
Estados Unidos culpa al Cártel de Sinaloa en particular a Ovido Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de ser uno de los principales fabricantes y distribuidores de fentanilo, por eso a raíz del “Culiacanazo”, donde fue liberado Ovidio, quien tiene una orden de detención en Estados Unidos, la relación con nuestro principal socio comercial se fracturó.
Pero también hablan de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación como importantes introductores de droga a Estados Unidos. Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en su lista negra de narcotraficantes a cuatro mexicanos, presuntos integrantes del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
De acuerdo a sus investigaciones, operan el contrabando de drogas a través del puerto de Manzanillo, Colima, y sus alrededores. La encargada de dar a conocer esta información fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, quien considera que “el éxito criminal de CJNG se debe en parte a su influencia en lugares estratégicos como el puerto de Manzanillo”.
La OFAC considera este punto como la puerta de entrada a la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, principalmente China, incluidos los que se utilizan para sintetizar el fentanilo para su distribución en nuestro vecino del norte.
En el caso del Cártel de Sinaloa, a finales de septiembre, el Departamento del Tesoro triplicó a 15 millones de dólares la recompensa por Ismael El Mayo Zambada. Busca arrestarlo cueste lo que cueste y explicó que este movimiento se debe a la posición de liderazgo en ese grupo criminal, tras el arresto del Joaquín El Chapo Guzmán.
Estados Unidos culpa a El Mayo de transportar cocaína a la frontera con México, usando múltiples métodos como aviones, camiones y automóviles.
Y justo ese Diálogo de Alto Nivel de Seguridad ocurrió 9 días antes de cumplirse dos años del llamado “Culiacanazo”.
La realidad es que en esta administración el número de personas relacionadas con el crimen organizado que han sido extraditadas ha disminuido comparado con administraciones anteriores.
Por ejemplo entre 2019 y 2020 fueron extraditados 60 objetivos prioritarios a Estados Unidos, mientras que en 2012 fueron 150.
México este año restringió las operaciones de los agentes extranjeros en nuestro territorio y ese fue un tema central en la reunión. México, según dijo el embajador Ken Salazar, se comprometió a combatir a los cárteles de la droga bajo el nuevo acuerdo y aseguro que habría recursos de Estados Unidos para poderlo hacer, pero exigen que el gobierno de México permita la entrada a los agentes de la DEA, para realizar trabajo de investigación.
Pero Estados Unidos también le está pidiendo a México que combata a los cárteles de la droga.
Muchos aseguran que la reunión bilateral se centró principalmente en el combate a los grupos criminales y no en el tema de migración, lo que pasa es que combatiendo a estos criminales también controlan a los migrantes, ya que estos grupos son los que mueven a los migrantes. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p.11)
Invertirá Estados Unidos en Sembrando Vida y Jóvenes // 53 mil millones cuesta el subsidio a la gasolina // Pato Pekín
Cuajó otra ocurrencia del presidente López Obrador que supuestamente, por fuera de lugar, dijeron, iba a ser desairada por el gobierno de Estados Unidos. Había solicitado que invirtieran 4 mil millones de dólares en Centroamérica para crear empleos que detengan la migración de gente sin trabajo y con hambre hacia el norte. En una carta, el presidente Biden le dice que coincide con la idea de que para atender la migración se deben atacar sus causas, por lo que pidió al Congreso un presupuesto adicional para 2022 de 861 millones de dólares para invertirlos en Centroamérica, región en la cual se podría considerar un plan piloto de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. México también aportará recursos.
Subsidio
En los primeros nueve meses del año, el subsidio a la gasolina y el diésel ha costado al gobierno federal –es decir, a los contribuyentes– 53 mil 882 millones de pesos. El alza del precio de los energéticos a nivel mundial llevó al gobierno a subir el monto de los apoyos a los automovilistas, a fin de cumplir una de las promesas de López Obrador. La Secretaría de Hacienda incrementó el subsidio a la gasolina Magna para la semana que corre, del 9 al 15 de octubre. Cobrará 1.49 pesos de impuesto IEPS por cada litro, en lugar de los 5.11 que por ley tiene permitido. En la gasolina Premium cobrará 2.28 pesos y no 4.32. El aumento del precio internacional del petróleo ha favorecido a Pemex. Su coctel de exportación subió a 76.27 dólares el barril. A fin de año, cuando se hagan las cuentas finales, sabremos si la ganancia se fue en el subsidio.
Cigarros
Deseo que algún día dejemos de vender cigarros, dijo Jacek Olczak, el nuevo CEO de Philip Morris International, en una entrevista con Forbes. Esto tiene sentido no sólo desde la perspectiva de los fumadores, sino también desde el sistema de salud, el público en general y los grupos de interés. Lo viene a admitir después de varias décadas en que defendieron que fumar no causa daño a la salud y de alguna manera dieron pasaporte a la enfermedad y la muerte a millones de fumadores. En México el cártel tabacalero contrató a lobbistas para que combatieran la colocación de los dibujos en las cajetillas de cigarros que advierten al consumidor sobre los riesgos a su salud. También pagaron los servicios de legisladores para evitar la aplicación del impuesto. Inclusive, llegaron al extremo de corromper a dirigentes de organizaciones médicas que combatían el uso del cigarrillo. Las atemorizantes leyendas en las cajetillas, los espacios libres de humo en bares y restaurantes y el gravamen fueron pasos que se dieron a lo largo del tiempo en la dirección correcta. Ha disminuido el consumo. Está por dar comienzo la revisión del proyecto de presupuesto 2022 que el Ejecutivo envió al Congreso. Es el momento de ver que las compañías aporten más.
Premio Kybernus
El Centro Ricardo B. Salinas Pliego y Kybernus entregaron 20 premios de entre mil 500 postulaciones con iniciativas sobre salud, innovación, emprendimiento, igualdad de oportunidades, derechos humanos, sustentabilidad, arte, cultura, libertad y educación. El primer lugar del Premio al Liderazgo Social 2021 fue para Elena del Rosario Torres Villanueva, originaria de Chiapas, quien ha realizado acciones para la protección de los derechos de la niñez y la juventud que han sufrido algún tipo de abuso sexual, informa el centro.
Ombudsman Social
Asunto: Pato Pekín
Al ver a Emilio Lozoya cenando con distinguidos acompañantes en un exclusivo restaurante de las Lomas pienso que el ex director de Pemex ha subido de categoría y ahora es testigo sobreprotegido porque hasta donde alcanzo a apreciar en la foto no trae el brazalete de marras, creo que haría chiras con la cuchillería de plata. ¿Y el fiscal?, de seguro a la distancia diciéndole: ¡provechito! Un saludo cordial del Profr. Benjamín Cortés Valadez.
R: En esa mesa estaban sentados, saboreando el Pato Pekín, especialidad del restaurante Hunan, muchos miles de millones de pesos, con apellidos Autrey, la rubia misteriosa Beckman y el propio Lozoya. México sigue siendo un ejemplo universal de que la cárcel no se hizo para los ricos. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p.8)
Tenemos que hablar sobre el cambio de estrategia en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. La transición de la Iniciativa Mérida hacia el Entendimiento Bicentenario significó operar en favor de ese país con el único propósito de reducir el tráfico de drogas a esa nación, lo que desencadenó la escalada de violencia que no ha terminado. Por eso, el nuevo enfoque de cooperación entre ambos gobiernos debe ser el de defender a las y los mexicanos.
El nuevo acuerdo es el Entendimiento Bicentenario, que se pudo plantear gracias al liderazgo del canciller Marcelo Ebrard, mismo que establece una estrategia con enfoque más integral que no sólo incorpora las prioridades de cada país en materia de seguridad al hacer énfasis en la atención de la violencia por medio de una respuesta impulsada por la justicia y el uso de la inteligencia contra el crimen organizado, con respeto mutuo a los derechos humanos y basada en una cooperación efectiva entre las autoridades de ambos países encargadas de la procuración y administración de justicia, sino que además atiende temas de salud pública y desarrollo social y económico que impactarán en la calidad de vida de la población.
Entre los objetivos principales de la iniciativa están, primero, proteger a la gente con la creación de comunidades más seguras, mejores servicios de salud y que además sean sostenibles; luego, reducir la explotación de personas vulnerables por parte de grupos criminales por medio de la educación y oportunidades económicas, así como abordar las causas fundamentales de la violencia con respeto a los derechos humanos de las víctimas y las comunidades.
También busca prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, mejorar el acceso al apoyo para la recuperación y el tratamiento de personas farmacodependientes, explorar alternativas al encarcelamiento para casos de ese tipo, al igual que reducir la tasa de homicidios y delitos de alto impacto. Es importante resaltar que, por primera vez en la historia, Estados Unidos reconoce que es un país consumidor y que la violencia en México es en gran medida por las armas que se compran en ese país.
Otro objetivo es prevenir los delitos trasfronterizos, que incluye detener el flujo de armas que llegan aquí, por lo que se dio a conocer que cada año aproximadamente 500 mil son traficadas ilegalmente hacia México. Según el Índice de Paz 2020, las pérdidas económicas por la violencia y la inseguridad ascienden hasta 21.3 por ciento del PIB nacional. Se estima que entre 70 y 90 por ciento de las armas incautadas en escenas de crimen se traficaron desde Estados Unidos (la primera cifra según datos de la Oficina de Contabilidad del Gobierno). A pesar de esfuerzos nacionales, binacionales y multilaterales, la falta de medidas más efectivas contra el tráfico internacional de pertrechos tiene terribles implicaciones en la seguridad nacional de México. Sin embargo, entre las acciones locales para atender este problema se encuentra la demanda civil contra empresas manufactureras, que defiende con respeto y firmeza los intereses del Estado mexicano y con la cual se buscan mejores prácticas de comercio para prevenir el tráfico ilícito.
Asimismo, se destacó que la incautación de armas que llegan de Estados Unidos requiere de esfuerzos urgentes y más ambiciosos desde ambos lados de nuestra frontera compartida, pues sólo en 2020 las autoridades mexicanas decomisaron 12 mil 696, lo que representa aproximadamente 15 veces más armas en nuestra frontera que las que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas confiscan juntas.
Las consecuencias de ese fenómeno que afecta a nuestro país se reflejan en las estadísticas, pues 72 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego. En 1997 este porcentaje era de sólo 15. Esto representa una cifra anual de asesinatos de casi 25 mil cada año. De 17 mil 500 a 22 mil 500 fueron perpetrados con las provenientes de Estados Unidos. Por eso, entre las propuestas de México se encuentra la creación de un grupo de trabajo bilateral para reforzar los esfuerzos en busca de reducirlas significativamente. En este orden, el objetivo central sería aumentar considerablemente el número de incautaciones en ambos lados de la frontera.
Un objetivo más es perseguir a las redes criminales, para lo cual se buscará desmantelar su financiamiento ilícito y reducir la capacidad de beneficiarse de actividades ilegales, tanto en el ámbito trasnacional como en el ciberespacio, lo que incluye intercambiar información, identificar, congelar y confiscar activos de actores criminales involucrados en actividades corruptas, además de acusar, arrestar y extraditar a facilitadores financieros clave. Aquí, la Unidad de Inteligencia Financiera jugará un papel relevante.
Con Entendimiento Bicentenario se busca una alianza entre ambos países, no sólo para recibir capacitación, como en el pasado. La nueva estrategia busca atender las causas estructurales de la violencia y reorientar el enfoque de combate al crimen organizado hacia estrategias más efectivas como el uso de inteligencia para desarticular las estructuras económicas de la delincuencia organizada, incluido el lavado de dinero y sus delitos predicados, como la corrupción.
Adiós Iniciativa Mérida, bienvenido Entendimiento Bicentenario. (Santiago Nieto Castillo *, La Jornada, Política, p.12)
A JoeBiden no le quedaba de otra más que ceder en ciertas demandas de su vecino debido por el tema migratorio
La semana pasada se celebró el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos en el cual se anunció el fin de la Iniciativa Mérida y el comienzo de un nuevo marco de cooperación en materia de seguridad. El “Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública, y Comunidades Seguras” plantea un enfoque integral a largo plazo para las acciones binacionales orientadas a la seguridad y la protección de las personas en ambos lados de la frontera.
Trece años después de que los expresidentes Felipe Calderón y George W. Bush implementaron la Iniciativa Mérida, a la cual el Congreso estadounidense le destinó más de 3 mil millones de dólares, y en vísperas de la celebración de los 200 años del inicio de las relaciones bilaterales, la nueva estrategia se basa en tres pilares fundamentales: proteger a las personas, prevenir la delincuencia transfronteriza y desmantelar a las redes delictivas.
El anuncio de este acuerdo se da dentro de una coyuntura política interesante tanto para México como para Estados Unidos. Desde la llegada al poder del presidente JoeBiden, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador temía que el retorno de los demócratas a la Casa Blanca significaría un mayor intervencionismo en los asuntos internos de México. Por eso, tomó medidas cautelares como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actividad de agentes extranjeros operando en el país.
Los distintos pronunciamientos del mandatario mexicano sobre Estados Unidos siempre iban acompañados del principio de la no intervención, la soberanía nacional y el respeto mutuo, mismas que se plasmaron en la declaración conjunta que publicaron ambos países tras su reunión. El canciller Marcelo Ebrard dejó claro que las prioridades de México iban a cobrar la misma importancia que las de Estados Unidos. Es decir, en términos discursivos son socios parejos.
México entendió bien que la crisis migratoria que enfrenta la Casa Blanca le abría una ventana de oportunidad temporal para impulsar un nuevo acuerdo en materia de seguridad, al igual que sumar asuntos importantes a la agenda bilateral, como el tráfico ilícito de armas. Palacio Nacional sabe que Estados Unidos en estos momentos requiere forzosamente de la cooperación de México para frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica y de América Latina. Jugó bien sus cartas.
A la administración del presidente JoeBiden no le quedaba de otra más que ceder en ciertas demandas de su vecino debido a que el tema migratorio podrá poner en riesgo la mayoría demócrata en el Congreso en las próximas elecciones intermedias. El mandatario estadounidense no solo enfrenta el índice de aprobación más bajo desde el inicio de su presidencia, sino que los republicanos utilizan la crisis fronteriza para tratar de recuperar el poder legislativo. Aunado a esto, los demócratas traen fuertes conflictos internos, el ala más progresista del partido presiona a Biden para que los migrantes reciban un trato más humano. La Casa Blanca, a pesar de que se comprometió a impulsar una política migratoria más digna, ha mantenido varias medidas de la época del presidente Donald Trump.
Existe también una epidemia de sobredosis en EU: 93 mil estadounidenses murieron en 2020 por sobredosis de drogas, un incremento de 29 por ciento comparado a 2019. El país ya registraba altos índices de muertes por opioides, pero la pandemia de coronavirus exacerbó la crisis. Estados Unidos necesita colaborar con su vecino al sur para frenar el contrabando de estas sustancias, debido a que los precursores químicos provenientes de China y la India para producir fentanilo llegan a puertos mexicanos.
Detrás de las sonrisas y muestras de afecto entre los distintos miembros de ambas delegaciones, hay puros intereses. Aún cuando a Estados Unidos le preocupa la estrategia de seguridad de la 4T, la prioridad para el Gobierno de Biden es mantener el poder. (Lila Abed, El Heraldo de México, País, p.13)
La indisoluble relación entre México y Estados Unidos es quizá el vínculo más complejo que nuestro país mantiene con el exterior; por ello, a pesar de los bandazos presidenciales en ambos lados de la frontera, siempre hay una agenda común de seguridad, economía y migración.
Desde septiembre, ambos países retomaron las reuniones, empezando por el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en Washington, centrado en la reactivación económica bilateral post-pandemia y la inversión en el sureste y en Centroamérica. Vale recordar que el DEAN se suspendió durante toda la presidencia de Donald Trump.
El sello Biden-Harris en las declaraciones se hizo notar, pues los funcionarios estadounidenses fueron enfáticos en mencionar que desean construir en lugar de amenazar, rompiendo con la línea de su antecesor, quien buscó la imposición de aranceles y la exigencia de construir un muro.
Sin embargo, independientemente de la retórica, hubo asuntos de fondo que se quedaron igual durante el DEAN, como las reglas de origen aplicables a vehículos ensamblados en México, que podrían otorgar un trato arancelario preferencial en el marco del TMEC. Mientras que los temas relacionados con las causas económicas de la migración sí fueron uno de los pilares de la sesión de principios de septiembre.
El segundo bloque de reuniones de alto nivel, ahora enfocado en atender temas de seguridad, inició el viernes 8 de octubre y, al cierre de este texto, debe seguir en marcha mediante reuniones a puerta cerrada entre funcionarios de ambos países. El objetivo ha sido tratar de retomar otro tema que la administración Trump metió a la congeladora y cuyo antecedente es la Iniciativa Mérida, con el fin de cerrar ese capítulo de cooperación y abrir uno nuevo.
Será muy interesante saber bajo qué términos trabajaran ambos países, ya que este problema no ha hecho más que recrudecerse en estos años. Hoy tenemos un escenario muy diferente al de 2008, cuando se firmó la Iniciativa Mérida: tenemos de fondo la denuncia de México a EEUU por tráfico de armas, la participación de la Guardia Nacional en las labores de seguridad fronteriza, una “estrategia de seguridad” basada en “abrazos, no balazos” y una Unidad de Inteligencia Financiera que ha decidido ir tras el dinero sucio y bloquear cuentas.
Ahora bien, no hay que perder de vista que EEUU ya retomó su liderazgo global y, de hecho, ha replanteado con claridad sus prioridades geopolíticas, así que nada de lo que se acuerde con México éste fin de semana estará fuera de una estrategia más grande donde la contención de la influencia china en México y América Latina, estará incluida aunque no sea de forma evidente. En otras palabras, la agenda que EEUU está retomando con México no está aislada de sus demás prioridades globales.
Mientras que para México, la estrategia de contención de seguridad no tiene un alcance regional más allá de Centroamérica, pero claro que tiene sus propios objetivos, especialmente la disminución del tráfico de armas, la reducción de asesinatos, la asistencia jurídica y las extradiciones. Pero sobre todo, busca que la cooperación sea en términos tan asimétricos, de acuerdo con lo que el Secretario de Relaciones Exteriores ha declarado.
El interés general estará en los resultados de esta reunión, pues es prioritario para la ciudadanía en general y los sectores productivos, atender la crisis de inseguridad que México viene arrastrando desde hace casi 15 años y que viene a sumarse al complejo contexto económico de la reactivación económica. (Rodrigo Alpízar / El Sol de México, Análisis, p.14)