Ante la llegada de nuevas caravanas procedentes de Centroamérica y ante la creciente contención de los gobiernos estadunidense y mexicano para impedir el libre tránsito de aquellos que ingresan al país desde la frontera sur, la crisis migratoria se ha agudizado en nuestro país en los últimos meses; 2021 ha sido el año con más detenciones de personas sin documentos desde que se tiene registro, con 242 mil 526 personas privadas temporalmente de libertad hasta noviembre, de las cuales 40 por ciento fueron deportadas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. El récord anterior había sido en 2015, cuando se implementó el Plan Frontera Sur, en el que fueron detenidas 198 mil personas.
Si bien el gobierno de López Obrador ha significado la continuidad de la contención, detención y militarización de la frontera sur, fue a partir de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el 8 de junio, para firmar un acuerdo de cooperación en materia migratoria, que las detenciones se duplicaron, con incrementos de 22 por ciento en julio, 71 en agosto, 127 en septiembre y 91 en octubre, en referencia a las detenciones mensuales promedio anteriores. Paralelamente, el país vecino superó su máximo histórico de detenciones con un millón 659 mil personas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.
La situación, como se advierte, tiene proporciones históricas. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró, hasta noviembre de 2021, 123 mil solicitudes de asilo, superando el récord de 2019, que sumó 70 mil. Lo anterior es expresión evidente de cómo factores estructurales como la violencia, la pobreza y la creciente tensión ambiental en los territorios latinoamericanos están ejercido presión sobre las poblaciones, provocando desplazamientos forzados masivos.
Ante el creciente flujo migratorio, Tabasco y Chiapas han sido el epicentro de detenciones, deportaciones y violaciones a derechos humanos, pero en muchos otros estados de la República la situación se repite. Ante tal contexto, el pasado martes, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla, publicó su informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala 2020-2021, que describe cómo el viacrucis migrante se actualiza en el centro del país, en particular en Puebla y Tlaxcala, dos importantes estados de paso de las diversas rutas existentes hacia el norte.
El informe, entre otros aspectos, relata las condiciones de vulnerabilidad y violencia que enfrentan los detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla y Tlaxcala desde el momento de su captura. Presenta, en suma, 33 hechos documentados de vulneración de las personas migrantes durante su detención, presentación y alojamiento.
La creciente participación de la Guardia Nacional y de policías estatales y municipales en las detenciones, sin coordinación con agentes del INM; el uso de la fuerza y violencia física en la mayoría de los arrestos; capturas basadas en perfiles raciales y el empleo de frases xenófobas y discriminatorias; la destrucción de documentos oficiales que validan la estancia o residencia en el país de los detenidos; el hacinamiento dentro de celdas, vulnerando, además, los cuidados preventivos ante la pandemia; la ausencia de atención médica; cobros de hasta 200 pesos por agentes del INM para brindar kits de limpieza, fármacos o llamadas telefónicas breves; la nula atención y cuidado especializado cuando se trata de embarazadas o niños y adolescentes, entre otras, son algunas de las situaciones documentadas que evidencian la violación de los derechos humanos de las personas en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala.
La Ley de Migración asienta que las estaciones migratorias deben brindar asistencia médica y sicológica, alimentación, higiene, entre otros servicios; sin embargo, las condiciones en ellas son sumamente precarias. A decir de los migrantes, algunos en camino desde el Cono Sur, México es el país que peor trato les brinda; y esto sin contar la exposición al crimen organizado que sufren a su paso por el país. El año pasado, la CNDH publicó que al menos 70 mil migrantes habían sido víctimas de tráfico y secuestro en México entre 2011 y 2020.
En consecuencia de los casos presentados, el Idhie plantea en su informe más de 40 recomendaciones orientadas a garantizar y proteger los derechos de los migrantes en Puebla y Tlaxcala. Un importante argumento subyacente de este documento subraya que la realidad migratoria de la región no se modificará estableciendo muros ni estrategias de contención; pues, mientras las desigualdades y las tensiones ambientales causadas por el modelo económico persistan en nuestra estructura social, la violencia y la pobreza seguirán expulsando forzadamente a las familias en búsqueda de vida digna.
Es urgente, por ello, como invita el informe, reflexionar, dialogar y actuar en la dirección de estrategias que impliquen acompañamiento, incidencia y justicia social de la mano de migrantes con alta vulnerabilidad. El Estado mexicano debe crear alternativas a la detención y deportación; y procurar, desde una perspectiva integral que recoja la complejidad de la situación, los derechos de las personas sin documentos que entran al país. Subrayémoslo: migrar es un derecho; es nuestro deber hacerlo valer incidiendo como sociedad en la asistencia y en la exigencia de acogida y trato digno para nuestros hermanos migrantes. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 16)
Balde de agua fría
El ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento para México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe cayó como balde de agua fría. Apenas hace cinco meses la Cepal había calculado el crecimiento para el país en 3.2 por ciento para este año, pero con el ajuste, las previsiones quedaron en 2.9 por ciento. Donde más se resintió la noticia, nos dicen, fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que gran parte de la estrategia de política exterior de esta administración está concentrada en que México sea líder de la región, y la Comisión Económica colocó al país por debajo de naciones como Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia, que crecerán más pese al alto número de migrantes que expulsan hacia México. (Reporte Índigo, p. 3)
A las y los mexicanos: El Informe sobre la Trata De Personas (TIP por sus siglas en inglés) es la principal herramienta diplomática del gobierno de Estados Unidos de América para involucrar a los gobiernos extranjeros en el combate de este delito y es el recurso más completo para dar cuenta de los esfuerzos gubernamentales instrumentados por las diferentes naciones.
El TIP 2021 pone de evidencia una realidad desafortunada: a escala mundial la crisis debido a la pandemia de Covid-19 ha tenido repercusiones sin precedentes para los derechos humanos y el desarrollo económico. El contexto pandémico generó condiciones que propiciaron el aumento de personas en estado de vulnerabilidad y, por ende, de víctimas. Los recursos humanos y financieros destinados al combate de la trata se vieron disminuidos y reorientados para atender la emergencia, el confinamiento dificultó el acceso a los servicios de salud, asistencia y protección, así como a la procuración e impartición de justicia para las víctimas de este aberrante delito.
Mientras la mayoría de la sociedad internacional enfrentaba angustia económica y social por la pandemia, las redes de trata aumentaron sus negocios y ganancias, adaptaron su modus operandi a las nuevas tecnologías y a los fenómenos sociales que expusieron a las personas a una mayor vulnerabilidad. La migración forzada producto de la violencia y el hambre aumentó el tráfico de personas y este dio lugar a la trata, aunque son delitos diferentes no están inconexos, al contrario, la alta vulnerabilidad que supone el traslado ilegal supone un escenario propicio para la comisión de diversas conductas ilícitas que atentan contra los derechos humanos y socavan la dignidad humana.
El aumento de las formas de explotación sexual en línea fue significativo durante el confinamiento, ya que muchas personas realizan la mayoría de sus actividades en línea, lo que colocó a las niñas, niños y adolescentes en grave riesgo, pues el aprendizaje virtual los mantuvo más tiempo solos en red, lo que los tratantes aprovecharon para reclutarlos con engaños. Los informes de varios países demostraron aumentos drásticos en la explotación sexual comercial, tráfico sexual en línea, así como la demanda, producción y distribución de pornografía, incluida la infantil.
México no ha sido ajeno a esta problemática, en los últimos cinco años el delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual y laboral ha ido en aumento. El diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el corredor Puebla-Tlaxcala sigue siendo uno de los principales puntos de enganche y cautiverio, y los sitios de playa siguen siendo importantes atractores para el turismo sexual, cuyas principales víctimas son menores de edad y mujeres.
El referido diagnóstico señala que entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2021 se identificaron en México 3 mil 896 víctimas de trata, de las cuales 2 mil 934 fueron mujeres y 798 hombres.
Ahora mismo, la pandemia sigue y sus efectos más devastadores están en todos los países, los cuales muchas veces escapan de nuestras manos, sin embargo, existen otros que podemos detener e incluso erradicar como la cosificación de las personas. La denuncia, el cuidado de la niñez y juventud, el respeto y aprecio a las mujeres, así como la toma de conciencia sobre el valor de seres humanos, constituye el punto de partida para terminar con la esclavitud moderna. (Paola Félix Díaz, El Universal, Opinión, p. 17)
El próximo 20 de enero se cumple un año desde que Joe Biden llegó al poder. Doce meses que no se puede decir que terminan positivamente: la pandemia que prometió acabar está fuera de control, la inflación impide la recuperación económica, un senador de su propio partido le está impidiendo realizar su plan de infraestructura que sería el gran logro y legado de su administración
Biden terminó 2021 con un nivel de aceptación popular de sólo 43 por ciento, mientras el 53 por ciento de sus conciudadanos lo ven desfavorablemente.
Otro punto en su contra ha sido la crisis en la frontera sur por donde cerca de dos millones de inmigrantes sin visa entraron el último año. Miles han sido repatriados o esperan en México viviendo en condiciones infrahumanas, sin que Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris, a cargo del asunto, hablen del problema o propongan una solución.
Grave también ha sido la caótica retirada de Afganistán que le cedió el poder al Talibán, cuando soldados estadounidenses perdieron la vida y Washington despiadadamente dejó no solo a las mujeres y niñas afganas sin protección, sino que abandonó a su suerte a personal local que le sirvió por décadas. (Concepción Badillo, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 20)