No es novedad que Tamaulipas se vuelva foco de atención cuando de delitos del fuero federal se trata ni tampoco que, en los últimos días, diversos medios de comunicación y políticos, como el senador Ricardo Monreal, vuelvan a traer a colación que lo ocurrido en Camargo es un crimen de Estado, al señalar al gobierno de Tamaulipas y su fuerza pública, como responsables del asesinato y calcinación de las diecinueve personas encontradas en dos vehículos en Camargo; una alusión del senador que, evidentemente, evoca la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pero pone el foco de atención en el gobierno estatal y no el federal.
En Camargo, se ha actuado con bastante celeridad, a diferencia de lo ocurrido con la masacre de migrantes, hace una década, en San Fernando, Tamaulipas; los asesinatos de migrantes en San Fernando llevó varios años y mucho esfuerzo para que se consiguiera que la indignación ciudadana y el dolor de los familiares se transformara en un fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que coadyuvó al reconocimiento de las víctimas y encaminó a la reparación del daño.
Desde el 22 de enero de 2021 que fueron localizados los cuerpos calcinados en Santa Anita, la Fiscalía de Tamaulipas ha identificado a casi la totalidad de personas que perdieron la vida, se ha vinculado a proceso a doce policías estatales de Tamaulipas, se ha separado de su cargo a ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración de la representación de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León logró identificar uno de los vehículos utilizados para la calcinación de los cuerpos.
Los datos hasta ahora disponibles sobre el asesinato y la calcinación de al menos catorce migrantes guatemaltecos y dos civiles que se presume que eran polleros, dejan ver que la celeridad en el proceso de investigación es un importante paso hacia un estado de derecho, en que la libertad de tránsito y la vida son derechos fundamentales e inalienables.
Asimismo, el seguimiento puntual que ha dado a las indagatorias la Secretaría de Gobernación –expresado en varias ocasiones a través de las tradicionales conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador- también marca un hito importante para que, sin usurpar funciones, deslindar responsabilidades, ni menospreciar los acontecimientos, se pueda vislumbrar un avance hacia la construcción de ese estado de derecho que a veces no parece prevalecer en Tamaulipas.
Sin embargo, la celeridad investigativa y el seguimiento del gobierno federal no exime a las autoridades de su responsabilidad en los asesinatos de Camargo; sólo evidencia que, si se llevan a cabo acciones coordinadas y se tiene un poco de voluntad política, se puede dar esperanza a las familias de que puede hacerse justicia y que esa justicia puede ser pronta y expedita.
Y si la voluntad política se mantiene y se siguen y agotan los procesos, como dictan las leyes, quizá en poco tiempo haya reparación del daño a los familiares de las personas asesinadas y calcinadas en Camargo. Con un poco de suerte -y más voluntad política-, quizá este terrible acontecimiento siente una importante base que dé por resultado la modificación de la política pública y la implementación de leyes y programas que ayuden a que, en el futuro inmediato, no vuelvan a repetirse los San Fernando ni los Camargo. Pero aún estamos lejos de llegar a ese punto.
Las personas calcinadas en Camargo, hace unos días, y lo que se sabe del caso, hace necesaria la lectura de los hechos con relación a temáticas como migración, derechos humanos, crimen organizado y la labor de las autoridades gubernamentales en territorio tamaulipeco, sin menoscabar, la política exterior y las relaciones internacionales, pues el gobierno de Guatemala ha sido enfático: reitera su compromiso e interés en el esclarecimiento del asesinato de sus connacionales pero manifiesta su rechazo absoluto ante las atrocidades cometidas en Tamaulipas.
Esa lectura entreverada de temáticas que vuelve evidente una problemática compleja, debe llevar no sólo a continuar con la documentación periodística, el armado de expedientes judiciales o la discusión académica para entender el mundo en que vivimos, debe llevar también a la reflexión y a la acción de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que deben asumir que su responsabilidad va más allá de hacer lo propio para que sancione a los responsables directos e indirectos de los delitos cometidos en Camargo; ese sólo sería otro paso inicial para construir o restituir el estado de derecho en Tamaulipas.
Finalmente, debe aceptarse y asumirse que, lo que ocurrió en el ejido Santa Anita, en Camargo, no es un hecho aislado; es un hecho conocido y reciente que pone el foco de interés en Tamaulipas, pero en México, se requiere una transformación aún más constante y profunda en materia de seguridad pública e impartición de justicia para que, en el futuro inmediato, no tengamos que volver la mirada hacia otros rincones del país.
*La doctora Artemisa López León es Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios de Administración Pública con sede en Matamoros, Tamaulipas. (Artemisa López León, La Crónica de Hoy, Academia, p.17)
Numerosos eventos dolorosos nos rodean en relación con la pandemia del SARS-CoV-2, es importante preguntarnos sobre los efectos que tiene en los paisanos que residen en Estados Unidos. El dato más robusto y lamentable es el de personas fallecidas, de los 11.8 millones de migrantes mexicanos que viven en ese país (5 millones indocumentados) se han identificado 3 mil 684 personas fallecidas por Covid-19 al 18 de enero de 2021. Los estados donde más decesos se han registrado son California, Nueva York, Texas, Illinois y Arizona. Mientras tanto, en México se detectaron 49 decesos por el virus entre la población inmigrante que arriba a nuestro territorio.
En esta ocasión, comento un trabajo de Miguel Moctezuma Longoria titulado SARS-CoV-2: Exclusión social y de salud de los migrantes en Estados Unidos: antesala de retorno a México, que analiza los efectos de la exclusión de los migrantes al acceso a la salud y a recibir cualquier otro apoyo, lo cual se basa, desde su punto de vista, en un sistema mixto donde predomina el servicio de salud privado, pero sobre todo en la ideología nacionalista y nativista del Estado: la democracia moderna está edificada desde un esquema social que reconoce derechos a sus ciudadanos y niega esos mismos derechos o parte de los mismos a quienes no lo son.
Mientras en el territorio mexicano se dispone de un sistema de salud pública con todo y su desmantelamiento previo, en Estados Unidos predomina un sistema de salud privado e inalcanzable para muchos. A pesar de la retención de impuestos que por ley se hace a todos, los inmigrantes indocumentados no cuentan con acceso al sistema de salud. Están, además, las dificultades del cruce fronterizo y la ausencia de derechos; emigran de México en las mejores condiciones de salud, cotizan como trabajadores y consumidores y durante el año llegaron al país vecino a enfrentar a su suerte con el contagio por Covid-19.
La ausencia de pruebas de laboratorio se convirtió en una variable que agravó la pandemia entre inmigrantes, quienes suelen vivir en hacinamiento. Algunos de los contagiados no solicitan la prueba de laboratorio del Covid-19 por costosa o para evitar la estigmatización, de ahí que la letalidad en Nueva York es más alta entre inmigrantes que entre nativos. Lo paradójico, señala el también investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es que discriminar y excluir del derecho a la salud a los inmigrantes se transforma, hasta cierto grado, en un probable contagio para toda la sociedad; razón que obliga a las sociedades receptoras a concebir los contagios por Covid-19 como política pública, sin excluir a los inmigrantes, especialmente cuando forman parte estructural de su base laboral. (Gabriela Rodríguez*, La Jornada, Opinión, p.10)
De acuerdo con el reporte más reciente del banco central estadunidense, la Reserva Federal (Fed), durante los dos años transcurridos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos y empresas mexicanos han transferido 21 mil 88 millones de dólares a cuentas bancarias en Estados Unidos, hasta alcanzar 93 mil 618 millones de dólares, el segundo mayor monto desde que se tiene registro. Estas cifras hacen de los connacionales los latinoamericanos con más dinero en el sistema bancario estadunidense, con una diferencia tan amplia que el segundo país en la lista, Brasil, apenas supone la tercera parte de los depósitos mexicanos, pese a que la economía brasileña es casi 50 por ciento mayor.
Para dimensionar el significado de estas cifras, puede citarse que los 21 mil 88 millones de dólares enviados al norte del río Bravo equivalen a 84 por ciento del saldo de la deuda externa del gobierno federal, a más de la mitad de las remesas familiares que ingresaron en 2020 y a más del total de las exportaciones agropecuarias y petroleras.
El río de dólares que año con año fluye hacia Estados Unidos desde las cuentas de los mexicanos ricos tiene su contraparte en la existencia de 60 millones de personas que viven bajo la línea de pobreza –y que podrían sumar casi 10 millones adicionales a consecuencia de la pandemia–, en la casi total ausencia de inversión privada en investigación y desarrollo que estimulen el crecimiento a través de la innovación, o en la conversión forzosa de México en una de las economías con los sueldos más bajos, precarización que a su vez empuja a millones de trabajadores a la informalidad, en un círculo vicioso en el que la falta de oportunidades alimenta a la informalidad y ésta obstaculiza la creación de empleos estables. (La Jornada, Editorial, p.2)
Con el escándalo de la mafia rumana que operaba en México, con su sede principal en Cancún, empiezan a aflorar las conexiones políticas de ese grupo dedicado al robo de tarjetas y que defraudó con millones de dólares a turistas mexicanos y extranjeros.
Aunque la UIF de Santiago Nieto ha negado que existan conexiones con personajes cercanos del lopezobradorismo como René Bejarano, empiezan a surgir evidencias y relaciones que confirman que al menos hay dos personajes que estuvieron presentes como invitados en la toma de posesión del presidente López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 en Palacio Nacional, que aparecen entre los personajes mexicanos investigados por estar vinculados a los rumanos que lidera Florian Tudor “El Tiburón”. Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina, presuntos operadores de la Mafia Rumana, estuvieron en la lista de asistentes a aquel evento en Palacio y hasta se tomaron fotografías con miembros del nuevo gabinete lopezobradorista como Manuel Bartlett y Miguel Torruco. Israel López era muy cercano a Bejarano desde los tiempos del PRD y al actual secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, quien lo utilizaba para la organización de eventos de López Obrador desde las campañas perredistas y luego en la campaña presidencial de 2018. Los dos Israel y Luis Miguel Zetina, tenían tratos directos y operaban asuntos para Bejarano y Esquer, pero también eran amigos de Greg Sánchez, exalcalde perredista en Cancún, y de Nicolás Mollinedo, el famoso “Nico”, quien fuera el chofer de todas las confianzas de AMLO durante varios años. Nico, junto con Marco Mejía, exjefe de Seguridad de López Obrador, a quien llamaban “Puma”, se fueron a vivir a Cancún y obtuvieron allá cargos y contratos. Nicolás Mollinedo obtuvo en 2008 un contrato por varios millones de pesos para proporcionar el servicio de alimentos en la cárcel de Cancún, por asignación directa, mientras Marco Mejía fue nombrado director del penal municipal y un año después, en 2009, fue detenido y acusado por haber participado en el asesinato del general Mauro Enrique Tello, el teniente de infantería Getulio César Román y el sobrino del alcalde Greg Sánchez, Juan Ramírez Sánchez. Todos esos personajes, en algún momento muy cercanos al ahora expresidente, aparecen conectados a los dos operadores de la mafia rumana, Israel López y Luis Miguel Zetina. ¿Irán a fondo la UIF y la FGR en contra de todos los involucrados con esa mafia que defraudó con más de 240 millones de dólares en robos a tarjetas bancarias? Es pregunta…Los dados mandan Escalera doble. Bien termina la semana. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.9)