“La inmigración es ausencia, olvido…”, comentó el escritor español Juan Goytisolo Gay en un encuentro sobre mitos e imágenes en la literatura. Una de las concepciones más recurrentes que se tienen sobre los migrantes es, precisamente, la falta de su presencia. Y no sólo en su seno familiar, también hacen falta en la dinámica social y política de sus lugares de origen. Sabemos que las remesas son un bálsamo que los migrantes han brindado para la economía y el dolor (como lo mencioné en un artículo anterior), pero su aportación debe ir mucho más allá. ¿Por qué no sumar desde el ámbito legislativo para ayudar a tomar las decisiones que mejoren la calidad de vida de sus familias?
En este sentido, el 3 de marzo del 2022 la diputada panista Susana Bermúdez Cano presentó una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Guanajuato para contar con diputados migrantes. Esta propuesta considera que la lista por representación proporcional se conforme con la postulación en primer lugar de un migrante. La iniciativa aún será analizada por las distintas comisiones antes de ser votada, y si bien representa un primer paso para garantizar a los migrantes su representatividad en el Congreso, habrá que esperar las modificaciones de las otras fracciones partidistas.
Mientras los legisladores definen cuáles son las mejores condiciones para contar con diputadas y diputados migrantes en Guanajuato, podemos analizar el tema desde otras dos vertientes. La primera es la figura de los migrantes en materia electoral. En 1998 se modificó la constitución para permitir la doble nacionalidad, abriendo la posibilidad de que la población mexicana asentada en otro país pudiera votar. No obstante, fue en el 2005 con el impulso del presidente Vicente Fox Quesada, cuando se aprobó la reforma que permitía votar a los mexicanos en el exterior. Como recordaremos, en las elecciones presidenciales del 2006 triunfó Felipe Calderón por un margen milimétrico, y los migrantes se preguntan ¿mi voto fue factor para este resultado? Adicionalmente, en el 2014 se modificó la ley para que los migrantes pudieran elegir no sólo al presidente de la república, sino también a senadores y algunos gobernadores.
En este primer punto abro un paréntesis: seguramente los directivos del Instituto Nacional Electoral, así como los estrategas de los distintos partidos políticos, sabrán que, a partir del 2021, nuestra constitución reconoce como mexicanos a quienes hayan nacido en el extranjero y tengan ascendencia mexicana (padres o abuelos). Es decir, y como lo ha comentado Tonatiuh Guillén López, ex titular del Instituto Nacional de Migración en México, de un sólo golpe 37 millones de personas que radican en los Estados Unidos pueden ejercer sus derechos, entre ellos votar. Y si las autoridades electorales y los “cerebros” de las campañas políticas no han caído en cuenta de esta situación, temo decirles que tendrán trabajo extra en los próximos comicios.
Cierro el paréntesis y retomo el análisis. Como segundo punto habría que preguntarse: ¿cuál ha sido el papel de los migrantes en la gran parafernalia electoral de México y Estados Unidos? Desafortunadamente, muchos de los migrantes se quejan de ser la “carne fresca” de la maquinaria propagandística que usan los candidatos para sumar votos a su causa. Por citar un ejemplo, Joe Biden prometió una Reforma Migratoria que encaminaría a los indocumentados a la ciudadanización y hoy, a más de un año de su victoria en las elecciones (en gran medida por la fuerza del voto latino), no ha cumplido. Por si fuera poco, los republicanos le están “comiendo” el mandado al presentar una propuesta denominada Dignidad, la cual busca legalizar la situación de los indocumentados de una vez por todas.
Como podemos ver, el tema de los migrantes en el marco electoral se relaciona en automático a la emoción que generan en los posibles electores (en otras palabras: lo desgarradoras que sean sus historias de supervivencia es su nivel de popularidad en la bolsa de valores proselitista). Me decía un migrante en Dallas: en muy pocos casos nos visualizan como un protagonista capaz de ser portavoz de las problemáticas sociales, y liderar un proyecto que abone a la vida democrática de nuestro país.
Por lo pronto, la iniciativa propuesta en el Congreso del Estado de Guanajuato ha sido recibida con beneplácito por los líderes migrantes, ya que en los últimos años han levantado la mano para ser considerados en la “baraja” legislativa que haga frente a las necesidades y expectativas de la población. Dicen los expertos en la materia que cada modificación a la ley es una respuesta particular a momentos específicos de la historia. Entonces, ¿a qué responde esta iniciativa? De entrada, a la falta de representatividad de un sector que año con año crece en número y en trascendencia (solo veamos las cifras históricas de remesas del 2021, las cuales rebasaron los 50 mil millones de dólares a pesar de los estragos sufridos por la pandemia del Covid – 19).
Finalmente, surge la gran pregunta: ¿qué significa ser un diputado migrante? Es mucho más que un reconocimiento al esfuerzo que realizan para salir adelante a pesar de las adversidades, es, sobre todo, una oportunidad de estar en medio del análisis, debate y definición de los temas que trascienden en la vida de las personas. Samir Näir, filósofo francés, escribió: “Emigrar es desaparecer para después renacer… y no desparecer nunca más”. La vida política les abre las puertas a los migrantes para tomar asiento y discutir democráticamente el futuro de su estado y país. Este primer paso de regreso a casa es, literalmente, para “no desaparecer nunca más”. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 16)
Por lo general se habla de política migratoria en singular, cuando debería hablarse en plural y distinguir claramente de qué se está hablando: emigración, inmigración, retorno, tránsito o comunidades en el exterior. Incluso podríamos añadir las políticas sobre migración interna, refugio y desplazamiento.
Si bien todas estas políticas se rigen por principios básicos, entre ellos el respeto irrestricto a los derechos humanos y el derecho constitucional al libre tránsito, en la práctica cada modalidad migratoria tiene particularidades, condiciones, requisitos y limitaciones. Un ejemplo claro de estos condicionamientos es el derecho humano a emigrar, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se topa con el derecho de los estados nacionales receptores a determinar quién entra y quién no, o con qué condiciones y requisitos.
La política emigratoria de México se rige por la Constitución y el derecho al libre tránsito y por un reglamento que indica que se debe salir del país por determinados lugares establecidos. En la historia nacional y desde hace más de un siglo, la frontera norte, de más de 3 mil kilómetros, ha sido abierta, sin vigilancia y sin ningún control por México. Hasta la actualidad, los mexicanos que salen del país por esa línea divisoria no registran su salida, tampoco su entrada.
Si bien en la frontera se aplica una política emigratoria de laissez faire laissez passer, no pasa lo mismo con los migrantes radicados en el extranjero. México ha implementado una importante política con respecto a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos, con una destacada actividad consular. A lo largo de décadas los gobiernos mexicanos han sido conscientes de que 10 por ciento de su población nacida aquí, radica y trabaja en aquel país, muchas veces en condiciones precarias y difíciles, y han diseñado una importante política de apoyo y protección consular a los connacionales.
Con 50 consulados a lo largo y ancho de Estados Unidos y varias unidades móviles, se brindan múltiples servicios a la comunidad. Muchas de las actividades han sido negociadas en niveles superiores por la embajada, pero también a nivel local con los consulados y los gobiernos de estados, alcaldías, policías, sistema de justicia y diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En este caso sí puede hablarse de una política de Estado, que se adecua a las circunstancias cambiantes y las necesidades de la población radicada en el extranjero.
En cuanto a la migración de retorno, se podría decir que en la primera parte del siglo XX hubo varios proyectos de repatriación de familias migrantes, para lo que se organizaba un retorno seguro y se les proveía de tierras en diferentes partes de la República, entre ellos en Pinotepa Nacional, El Coloso y otros centros de colonización. Pero desde mediados del siglo pasado, los migrantes resuelven el retorno con sus propios recursos y sólo en algunos casos se les ayuda con el pasaje para regresar a sus lugares de origen y se les apoya con algunos recursos o acceso a crédito. En los estados, los retornados pueden acceder a ciertos programas que los benefician, pero en la práctica los migrantes son propiamente deportados o retornados, no repatriados, lo que pudiera indicar cierto interés de los gobiernos en turno.
Se podría concluir que no hay una política de Estado sobre el retorno, pero en algunas entidades, como Michoacán y Guanajuato, hay secretarías del migrante o dependencias que se encargan de apoyar a quienes retornan y establecer lazos con la comunidad en la diáspora.
La migración de tránsito es un fenómeno añejo en México. Al ser vecinos de Estados Unidos, siempre ha sido un lugar de tránsito por donde han fluido migrantes extranjeros. A comienzos del siglo XX existían coyotes de distintas nacionalidades en Ciudad Juárez, a donde llegaban las conexiones ferroviarias. Chinos, japoneses y de otros rumbos se dirigían a esa ciudad fronteriza para intentar el cruce subrepticio con modalidades muy parecidas a las de hoy día.
La política migratoria en cuanto al tránsito depende de la intensidad de los flujos y de las presiones de Estados Unidos. Es una política reactiva que simplemente se puede calificar de contención, deportación y tránsito autorizado para salir del país, por alguna de sus fronteras, léase la del norte. Por lo general, el tránsito es fluido, dado que los detenidos no llegan a 10 por ciento del flujo estimado. No obstante, la ruta es peligrosa por el control que ejercen las mafias, delincuentes, policías y funcionarios de inmigración que extorsionan a los migrantes, entre otras fechorías.
Propiamente, México es el último país de tránsito, porque la inmensa mayoría de los migrantes quieren llegar a Estados Unidos. A nivel geopolítico, esta localización resulta complicada y comprometida, sobre todo en comparación con otros países del continente que simplemente dejan pasar a los emigrantes.
Finalmente, habría que considerar la política inmigratoria nacional. Si bien en tiempos ya remotos México trató de incentivar la llegada de inmigrantes europeos, dígase blancos, hace tiempo que tiene una política que podríamos considerar restrictiva. México propicia la llegada de turistas, pero entorpece los trámites a los posibles migrantes que optan por la residencia y la naturalización. Y en la práctica, esta política se refleja en los números: los extranjeros sólo representan 0.6 por ciento de la población total. Estadísticamente, significa nada. Paradójicamente, somos un país de emigrantes y a la vez un país cerrado a la inmigración. (Jorge Durand, La Jornada, Opinión, p. 15)
Una foto para desmentir pleito
Luego de estar por casi 48 horas bajo el ojo del huracán por la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los parlamentarios europeos en donde los llamó “borregos” por exigir un freno a la violencia contra periodistas mexicanos, el canciller Marcelo Ebrard acudió ayer con el mandatario a una visita a la presa Peñitas, en Chiapas. La imagen representa, nos dicen, una especie de desmentido a la suposición de que el secretario renunciaría luego de que se diera a conocer la locuaz carta en la cual, confirmó el propio Presidente, Ebrard no participó. El encuentro tuvo además otro simbolismo por la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien destacó que la invitación fue “para conocer los proyectos del gobierno de México en materia energética” en pleno debate por la reforma eléctrica. Con una misma foto, se desmiente rompimiento del Presidente con los dos personajes. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
MAL ESTÁ cerrando la gubernatura de Carlos Joaquín en Quintana Roo en medio de una escalada del crimen organizado que ayer cobró la vida de un empresario canadiense ejecutado en Playa del Carmen.
ESE HECHO se suma al asesinato en enero del gerente de un club de playa en esa misma localidad y a la balacera dentro de un hotel también ubicado en la Riviera Maya en la que murieron otros dos ciudadanos de Canadá.
MIENTRAS la decisión del gobierno federal de desplegar desde diciembre un Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional ha servido de poco, las autoridades estatales viven en la negación de la realidad.
BASTA con ver las cuentas de Twitter del propio gobernador y del gobierno estatal, que lo único que postean son fotos de las playas de la entidad y pronósticos del clima. ¿Será cierto que Joaquín lo único que quiere es que ya termine su gobierno? Es pregunta que no tira el arpa. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)