REHILETE.
El Instituto Nacional de Migración (INM) fue solicitado para entregar información sobre las deportaciones de Estados Unidos a México entre 2016 y el 16 de diciembre de 2024. Sin embargo, el INM solo proporcionó un enlace a boletines estadísticos y no localizó los datos específicos. El INAI determinó que la búsqueda no fue exhaustiva, ya que el INM no cubrió el periodo solicitado, no compartió la solicitud con todas las unidades competentes y no identificó los sistemas de archivos utilizados. (La Gran Carpa, El Economista, El Foro, p. 47)
Tatiana justo a tiempo
Por todo lo alto fue la bienvenida a Tatiana Clouthier como nueva titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. El propio canciller Juan Ramón de la Fuente presidió el acto en el que pidió a todos los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que trabajen hombro con hombro con Tatiana que, como todo mundo sabe, es muy cercana al ánimo de la presidenta Sheinbaum.
Como el camino se demuestra andando al mismo tiempo se lanzó una campaña conformada por 15 cápsulas en lenguas indígenas que tienen el objetivo de dar asesoría legal a migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, que no hablan español, ante una posible detención.
Las cápsulas tienen el objetivo de ser más eficaces en la defensa de los connacionales usando la lengua en la que habita su visión del mundo. (Pepe Grillo, La Crónica, La Dos, p. 2)
A Marco Rubio –Little Marco, como lo llama su jefe en la Casa Blanca– lo ignora la diplomacia trumpista, pero le han dado como premio de consolación la tarea rastrera de intensificar el ataque contra la isla donde nacieron sus padres.
El presidente Trump no lo tiene en cuenta para negociar con Netanyahu, Zelensky o Putin, pero en menos de un mes el secretario de Estado ha logrado impulsar siete medidas contra Cuba que elevan a niveles insoportables el castigo colectivo impuesto por el bloqueo estadunidense.
Al anunciarse habitualmente los viernes por la tarde, casi nadie se ha enterado y aparecen desconectadas entre sí, pero son un paquete que se proyecta como fuego graneado contra los cubanos en la isla y hasta contra aquellos que viven fuera de ella: Reincorporación de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es la medida más severa del cerco financiero contra la isla, se aplica sin justificación real.
Agrava significativamente los efectos del bloqueo económico y comercial al disuadir a bancos e instituciones internacionales de operar con Cuba por temor a sanciones estadunidenses. La reincorporación de este país en la lista implica obs táculos adicionales para importar bienes de primera necesidad, recibir créditos y acceder al financiamiento internacional.
Restablecimiento de la lista de entidades cubanas restringidas. Han reactivado y actualizado la lista de empresas y entidades cubanas con las que Estados Unidos prohíbe realizar cualquier transacción a ciudadanos y compañías de dicha nación. Esta medida, claramente extraterritorial, busca impedir el comercio y la inversión en sectores claves de la economía cubana. Afecta especialmente el turismo y las transacciones financieras con terceros países.
Reactivación del Título III de la Ley HelmsBurton. Permite a ciudadanos estadounidenses (incluidos cubanos nacionalizados en EU) presentar demandas en tribunales de ese país contra empresas extranjeras que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba tras la Revolución de 1959. Tal medida busca impedir la inversión extranjera y generar inseguridad jurídica para empresas internacionales interesadas en comerciar con Cuba.
Suspensión de la licencia para transacciones con Orbit SA. Como parte de la guerra financiera, el gobierno de Trump ha suspendido la licencia que permitía a la empresa cubana Orbit SA recibir remesas desde EU. Esto afecta directamente a miles de familias cubanas dependientes de dichos ingresos para cubrir necesidades básicas. Al cortar una de las pocas fuentes de obtención de divisas, busca debilitar aún más la economía cubana y crear una crisis social interna.
Suspensión del parole humanitario y la reunificación familiar. Buena parte de los más de 900 mil cubanos que llegaron a EU desde octubre de 2021 podrían ser deportados bajo las nuevas disposiciones del gobierno de Trump. Con el endurecimiento del bloqueo, Washington los incentivó para que salieran de Cuba e inmigraran a EU, y ahora pretende deportarlos.
Suspensión del otorgamiento de visas para intercambios. En un claro intento de debilitar los vínculos culturales y académicos, la administración Trump ha suspendido el otorgamiento de visas a cubanos participantes en intercambios culturales, académicos y científicos en EU. Ningún equipo cubano, ni siquiera infantil, podrá participar en competencias deportivas regionales o bilaterales en territorio estadunidense.
Restricción de visas a colaboradores de programas de cooperación cubanos. En una acción particularmente agresiva, se han impuesto restricciones de visas a cubanos y extranjeros vinculados a programas de cooperación sur-sur en los que participa Cuba, especialmente en el sector de la salud.
Esta medida forma parte de la campaña de desprestigio contra las misiones médicas cubanas, afecta la capacidad de Cuba para ofrecer asistencia médica en numerosos países y criminaliza a ciudadanos de terceros países involucrados en proyectos de colaboración con Cuba.
Además, la administración Trump ha incluido a Cuba en la lista de “adversarios extranjeros”, junto a Venezuela, Irán, Rusia y China, limitando así el acceso cubano a la tecnología estadunidense, especialmente en inteligencia artificial.
Y se pondrá peor. The New York Times ha filtrado esta semana que el gobierno de Trump ha elaborado una lista roja de países cuyos ciudadanos tendrían “categóricamente prohibida” la entrada a EU. Por supuesto, la isla está en este grupo donde aparecen, además, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.
Al monstruo, como diría la Nobel austriaca Elfriede Jelinek, se le escucha respirar. (Rosa Miriam Elizalde, La Jornada, Opinión, p. 14)
Esta semana, el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump le dio una vuelta de tuerca rara a un programa que había servido para intentar ordenar la frontera sur de Estados Unidos. Ya había cerrado la aplicación CBP One, utilizada para hacer citas para aquellos que pedían asilo, lo que no sabíamos era que solo la reprogramaron para que ahora los migrantes sin documentos se vayan de ese país.
A lo mejor me equivoco, pero no creo que mucha gente lo utilice.
Más allá de eso y de sembrar el terror en varias comunidades de migrantes –y esto importa, porque ha arruinado la vida de miles—, los números siguen siendo menores a los que fueron en pasadas administraciones, las cosas parecen no estar funcionando en el esfuerzo del nuevo gobierno.
Tanto así que el zar de la frontera, Tom Homan, interrogado por los medios, dijo que Trump está contento con los resultados hasta ahora. “El presidente nunca me ha dicho que no está contento”, dijo Homan.
“Yo soy el que no estoy contento”, agregó. Y también dijo que la prensa debería de fijarse en los números de cruces en la frontera, que han bajado mucho. Claro, Homan no aclaró que eso ya estaba sucediendo antes de que llegara él o Trump.
Nadie debe confiarse por lo que hasta hoy ha sucedido. Las cosas pueden acelerarse, entre otras cosas, por el aumento en recursos incluidos en el nuevo presupuesto que se vota mañana para las fuerzas federales asignadas al control migratorio y más sanciones fiscales para ciudades consideradas “santuario”.
Pero, sobre todo, lo que buscará el nuevo gobierno son cambios en las leyes que permitan a agentes estatales y locales actuar como agentes migratorios para no repetir lo que ha sucedido en Texas, donde el gobernador anunció la operación Lone Star.
Desde 2021 el estado ha arrestado a más de 50 mil personas como parte del esfuerzo. Cuando el gobernador Abbott anunció por primera vez la iniciativa, dijo que Texas se estaba viendo obligado a hacer el trabajo que el gobierno federal había eludido. Pero, aunque el estado podía arrestar y acusar a los migrantes por allanamiento de morada, finalmente tenía que devolverlos a las autoridades federales de inmigración. Y ahí el atorón se vuelve el mismo.
Miles de agentes hacen arrestos, llenan cárceles y centros de procesamiento, docenas de jueces escuchan los casos y los migrantes a menudo terminan donde habían comenzado.
Hasta ahora, las deportaciones masivas no llegan. Pero me temo que encontrarán la manera. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p.2)
Cuando poco a poco nos fuimos enterando de los horrores cometidos por el crimen organizado en el rancho Izaguirre, comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco, primero nos pareció algo muy lejano cuando en realidad se localiza a 58 kilómetros del centro de la zona conurbada de Guadalajara.
Pero al descubrir lo que sucedió en ese predio, donde además de ser un campo de entrenamiento para jóvenes cooptados por la delincuencia organizada, esa finca se convirtió en la peor expresión del horror en la historia reciente de México, espacio ese que, además de ser ignorado por las autoridades, se ha convertido en el más grave caso de exterminio de estos tiempos: más de 200 incinerados.
Y mire que en su momento le informé, el 24 de agosto de 2010, de la matanza a cargo de Los Zetas de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, la mayoría migrantes, ejecutados uno a uno y rematados con el tiro de gracia.
Pero de aquel horror pasamos al del 6 de abril de 2011, cuando elementos de la Marina descubrieron fosas en el mismo San Fernando con 193 cuerpos.
En enero de 2014, en La Barca, Jalisco, rescataron 75 muertos en una serie de fosas y tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del mismo año, encontraron 38 también en fosas, ninguno de los estudiantes.
Dos años más tarde, en mayo de 2016 en fosas de Tetelcingo, Morelos, ubicaron 117 víctimas, y en noviembre de 2019, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 119 bolsas con restos humanos.
Para 2020, en Guanajuato fueron 80 las osamentas en Salvatierra y 50 en Cortázar.
Pero lo que supera todo el horror es el caso del rancho en Jalisco, donde las autoridades que realizaron un operativo en septiembre de 2024 permitieron que siguiera funcionando como sucursal del infierno, hasta el último crepitar de cada uno de los 200 cuerpos hasta ahora.
Y si esta relación no les produce lo que a mí al escribirla, es que estamos mal, muy mal.
RETALES
No son uno, ni dos aviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se han detectado muy cerca de las costas mexicanas. ¡Son al menos dieciocho sobrevuelos!
Trump, al asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para considerar a los cárteles de la droga como terroristas. Su fiscal, Pam Bondi, ha ido más allá y ha dicho que Estados Unidos va a exterminar los cárteles de la droga.
Estados Unidos le está enseñando los dientes al Gobierno mexicano para presionarlo y que vayan tras los narcotraficantes. Los sobrevuelos al límite permitido para no violar la soberanía de un país son, sin duda, para mostrar su fuerza.
Fue a través de la cadena de noticias CNN que se dio a conocer esta información. Sabíamos que había habido, por lo menos, dos vuelos de este tipo, pero no 18.
Estos vuelos se han realizado en las últimas dos semanas, muy cerca de la península de Baja California y cerca de Sinaloa.
A través de aviones no tripulados, satélites y aeronaves de vigilancia, las autoridades estadounidenses buscan obtener información en tiempo real sobre el movimiento de cargamentos de drogas, el monitoreo de rutas de transporte y la localización de centros de producción de sustancias ilegales, como laboratorios clandestinos en la sierra.
Incluso se han detectado drones que toman imágenes de alta resolución en tiempo real.
Este trabajo de inteligencia que están haciendo desde Estados Unidos se está basando en testimonios de narcotraficantes que están colaborando con las autoridades para obtener privilegios o reducir condenas.
En Estados Unidos están varios de los narcotraficantes que conocen perfectamente bien el movimiento de quienes, en su momento, fueron sus aliados. Allá están Joaquín El Chapo Guzmán, sus hijos, e Ismael El Mayo Zambada.
La vigilancia aérea que está realizando Estados Unidos tiene la capacidad de recolectar datos sin necesidad de despliegues terrestres masivos, y a través de estos instrumentos se ha demostrado que pueden acceder a tener información en lugares que hasta hace poco era impensable.
Estos equipos se han utilizado ya en lugares como Afganistán. Son capaces de capturar fotografías con una calidad que permite identificar detalles precisos, como vehículos, personas y estructuras en el suelo.
Además, cuentan con sensores infrarrojos y cámaras térmicas, esenciales para detectar calor en áreas donde la visibilidad es limitada, como de noche o en condiciones de mala visibilidad. Estos sistemas permiten localizar vehículos, personas o instalaciones que emiten calor, incluso, si están ocultas o camufladas.
Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional de nuestro país, el general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que hubo dos sobrevuelos de aeronaves estadounidenses cerca de la frontera con México y no descartó que estuvieran en misiones de espionaje.
“Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional.
Y es que el pasado 3 de febrero, un vuelo de casi seis horas fue realizado por un avión espía U-2, aeronave diseñada durante la Guerra Fría para recolectar imágenes de la entonces Unión Soviética a gran altitud.
De acuerdo con el reporte de CNN, Estados Unidos concentra estos tipos de aviones en la recopilación de información sobre las actividades de Rusia en Ucrania o la búsqueda de submarinos rusos o chinos.
Otro de los vuelos identificados, y que marcó una ruta alrededor de la península de Baja California y pasó cerca de Sinaloa ocurrió el 4 de febrero, fue un avión RC-135 Rivet, de la Fuerza Aérea, especializado en captar comunicaciones desde tierra.
Las misiones han incluido sobrevuelos en los estados fronterizos de California, Arizona y Texas, que no sólo han detectado las actividades de los narcotraficantes, sino que sirven de apoyo para los especialistas en inteligencia encargados de evaluar las posibles amenazas y los flujos migratorios que buscan llegar a Estados Unidos.
El despliegue de vigilancia aérea ha sido usado a lo largo de décadas por parte de Estados Unidos, que ha mantenido una colaboración constante con México, siempre bajo el esquema de la cooperación en inteligencia y seguridad.
Pero los mismos funcionarios estadounidenses reconocen que se daba no más de un vuelo de este tipo al mes y en la frontera entre nuestro país y el suyo.
Estados Unidos está preocupado porque dice que los cárteles mexicanos estan inundando su país de fentanilo, pero el tema es mucho más complejo.
Los cárteles mexicanos se fortalecieron enormemente durante el sexenio pasado con la política de “abrazos y no balazos”. Estos mismos cárteles de la droga han amenazado con enviar drones a la frontera para afectar a los agentes de Migración y Control de Aduanas, y eso sí es una amenaza directa de criminales mexicanos a autoridades estadounidenses.
En México, las tensiones por la intervención en territorio nacional ha generado incertidumbre. Hoy, Estados Unidos podría ir tras cárteles mexicanos.
Hoy, tanto la gente del Cártel de Sinaloa, incluyendo sus distintas fracciones, y miembros del Jalisco Nueva Generación están cuidándose y tratando de manejarse en zonas más aisladas.
Es una buena estrategia del Gobierno mexicano trabajar en colaboración con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Hay acuerdos, hay relación entre las instituciones.
Es la única manera de evitar que Estados Unidos intervenga en México.
Ojalá toda esa tecnología que están utilizando se use también para bloquear el ingreso de armas estadounidenses a México. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p.12)
Durante años hemos reportado las tragedias que implican para miles, en realidad millones de personas, que han intentado cruzar el país para llegar a Estados Unidos y entrar a ese país en forma indocumentada. El secuestro, la violencia, la extorsión, las violaciones son solamente algunos de los peligros que corren esos millones de migrantes indocumentados. El tráfico de personas ha enriquecido, además, a los grupos criminales de una forma inédita hasta hace unos pocos años. Pero ahora, podemos tener un tráfico, también manipulado por grupos criminales, pero de signo inverso.
El Financial Times acaba de publicar un muy buen reportaje sobre un fenómeno que no hemos analizado ni valorado detrás de las políticas migratorias de Donald Trump: los riesgos que corren los migrantes deportados, los que no pudieron llegar a la Unión Americana, los que después de meses deambulando en México se encontraron con que las fronteras ya estaban cerradas y no había opciones para intentar ingresar al país del norte.
Ese viaje tiene tantos o más riesgos que el que implicó llegar a México para migrantes que vienen de Centroamérica, pero, sobre todo, para los que vinieron de Venezuela. Estamos hablando de miles de hombres, mujeres y niños que ahora tienen que hacer el camino de regreso, sorteando los mismos peligros, desde la extorsión hasta el secuestro, pasando por la posibilidad de todo tipo de abusos, pero después de un desgaste que puede haber sido de meses y, en muchos casos, ya sin dinero o sin documentos para intentar, si hubiera dinero, un regreso más sencillo.
Cruzar México de regreso no es fácil, pero es más complejo atravesar Centroamérica y para los venezolanos toparse, al llegar a la frontera entre Colombia y Panamá, con el tapón del Darién, la zona selvática que tienen que cruzar para llegar, a su vez, a Venezuela, donde la mayoría tampoco son bien recibidos por un gobierno que los estigmatiza, a pesar de que el país vive, en un porcentaje mucho mayor que nosotros, por ejemplo, del dinero de las remesas que envían los exiliados, refugiados y emigrados que son casi un tercio de la población venezolana, la que vive en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
Cuenta el reportaje del Financial Times que “a medida que las autoridades panameñas también tomaban medidas enérgicas, el número de migrantes que cruzaron el Tapón del Darién hacia Panamá, en enero y febrero, cayó un 95.8 por ciento con respecto al mismo período de 2024, de 73 mil 167 a tres mil 45, según el Servicio Nacional de Migración del país, después de que los cruces cayeran un 41 por ciento en 2024. Mientras tanto, mil 639 migrantes “inversos” llegaron a Necoclí y Acandí, otro municipio cercano al Tapón del Darién, entre el 10 y el 28 de febrero, y las cifras aumentaron hacia finales de mes, según la agencia de migración de Colombia. La gran mayoría continuó de inmediato, dijeron funcionarios y trabajadores humanitarios. Muchos venezolanos no tienen pasaporte y, por lo tanto, no pueden volar, lo que significa que deben emprender una larga y costosa odisea por tierra para llegar a casa. El viaje comienza con viajes en autobús desde México, a través de Centroamérica, hasta Colón, una ciudad en la costa atlántica de Panamá”.
Toda esa zona se había convertido en el centro de operaciones de muchas rutas de tráfico de personas que eran sacadas de Venezuela, cruzaban el Darién desde Colombia (o lo hacían a un costo mayor en lanchas que cruzaban esa parte del sur del Caribe), y ya en Panamá iniciaban el viaje hacia México.
Para muchos, ese cruce del Darién era el capítulo más peligroso de un viaje de por sí pletórico de riesgos: esa zona selvática está controlada por una mezcla de traficantes de drogas, armas y personas, con grupos armados que, con o sin sustancia ideológica, participan de esos negocios.
Ahora, están tratando de reconstruir las mismas redes, pero para tener el tráfico inverso. Pero existe otro problema: Venezuela está en una crisis económica aún más grave que antes. El gobierno de Biden había permitido las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos y éstas, una de las pocas fuentes de recursos del régimen de Nicolás Maduro, fueron canceladas por Trump. Lo último que quiere Maduro es que regresen migrantes que ya se habían ido y que podían aportar remesas. Migrantes que, además, en muchos casos, considera como opositores políticos y que tienen escasas posibilidades de conseguir siquiera un trabajo.
También se han endurecido las autoridades en todos los países de paso, desde México hasta Panamá, para evitar los flujos migratorios hacia el norte, pero eso también tiene repercusiones en quienes quieren regresar al sur, a sus naciones de origen. El tráfico de personas se ha reducido en forma notable hacia el norte y las deportaciones desde Estados Unidos han sido mucho menores a las esperadas: en los primeros 50 días de su administración, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a unos 32 mil 800 inmigrantes irregulares. México recibió a 10 mil 964 migrantes deportados de Estados Unidos desde el 20 de enero. De ésos, ocho mil 425 eran mexicanos y dos mil 539, de otras nacionalidades.
Las cifras están lejos de ser dramáticas, pero en caso de que se cumplan las amenazas de deportaciones en forma masiva, o incluso de un incremento sustancial de las mismas, la situación de quienes deban regresar haciendo un largo recorrido terrestre puede ser peor, para ellos, que el que hicieron tratando de ingresar a la Unión Americana.
Paradójicamente, muchos de los que intentaron llegar infructuosamente al sueño americano o que fueron despertados abruptamente de él, ahora, le dicen que lo único que quieren “es regresar a casa”. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 12)