Su papá fue el primer Presidente elegido democráticamente en Guatemala. Ahora el reto de Bernardo Arévalo es asegurarse que la democracia siga viva en su país. Pero no será fácil. Existe un viejo operativo que intenta sacarlo del poder.
Es considerado uno de “los hispanos más influyentes de Estados Unidos” y es conductor del Noticiero Univision desde 1986. Ha ganado 9 premios Emmy y el prestigioso Maria Moors Cabot. Ha escrito 11 libros y su columna semanal la distribuye el New York Times Syndicate en todo el hemisferio. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Miami. Nació en Cd. de México y vive en Miami.
Arévalo fue la gran sorpresa en la pasada campaña presidencial, ganándole en la segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres. Este políglota de 65 años, diplomático, doctor en filosofía y fundador de Movimiento Semilla, rompió la vieja estructura política en Guatemala. Su toma de posesión hace menos de tres meses estuvo rodeada de protestas y amenazas. Y ahora los perdedores buscan su venganza.
“¿Lo han dejado gobernar?”, le pregunté en una entrevista vía satélite, él en ciudad de Guatemala y yo en Miami. “Nosotros estamos gobernando”, me dijo, aunque “tenemos muy claro el hecho de que el Ministerio Público no cesa en sus intentos de agresión y, posiblemente, de revertir los resultados electorales”.
Es complicado. Consuelo Porras es la fiscal general y jefa del Ministerio Público que, de acuerdo con múltiples reportes, trató de impedir la toma de posesión de Arévalo. Y ya que el Ministerio es un organismo autónomo, el Presidente no la puede despedir. “Nosotros sabemos”, me dijo Arévalo, “que existen instituciones del Estado que están todavía cooptadas por estas élites político-criminales que intentaron violar los resultados electorales”.
Es decir, el presidente de Guatemala tiene a sus enemigos muy cerca.
Hablé con él unos días después de que se reuniera con el presidente Joe Biden en la oficina oval de la Casa Blanca. Le fue muy bien. Regresó a Guatemala con un nuevo paquete de ayuda de 170 millones de dólares. Pero ¿obliga eso a Guatemala a convertirse, como México, en el muro y en la policía migratoria de Estados Unidos? “No ha habido una entrega de dinero a cambio de absolutamente nada”, me contestó.
Sin embargo, cruzar como migrante por Guatemala en camino hacia Estados Unidos será más difícil. ¿Van a detener a los inmigrantes que pasen por su país?, insistí. “Inmigrante que quiera ingresar a territorio nacional tiene que hacerlo de manera regular y documentada”, me dijo.
Guatemala es uno de los 10 países con mayor criminalidad en América Latina, según el Índice Global de Crimen Organizado. Y tiene como vecinos a dos países con políticas muy distintas para enfrentar la violencia. El presidente de México favorece los “abrazos, no balazos” ante los narcos, mientras que Nayib Bukele, de El Salvador, prefiere mano dura contra los pandilleros. ¿Qué debe hacer Guatemala? Ni lo que hace México ni lo que hace El Salvador.
“Cada país tiene que definir su estrategia de seguridad”, me explicó. “Nosotros, por ejemplo, no tenemos un problema de pandillas como el que tiene El Salvador; tenemos, en cambio, un problema mucho mayor alrededor de la penetración del narcotráfico”.
Arévalo ha sido hasta ahora un buen vecino de México. Y en la entrevista apoyó al presidente López Obrador tras la violación de la embajada mexicana en Ecuador. Y fue más allá: “Nos parece gravísimo e inaceptable. Viola principios de derecho internacional que, inclusive en momentos de las mayores crisis políticas del mundo, se han respetado”.
Y luego pasé al arresto del periodista José Rubén Zamora, quien lleva más de 600 días en una cárcel guatemalteca acusado de lavado de dinero, y quien se considera a sí mismo como un “preso político”. Para Arévalo y su gobierno “tenemos claro que (el caso de Zamora) es un montaje”, me dijo el Presidente. “Lo que nosotros hicimos desde el primer día de nuestra gestión fue suspender las condiciones, prácticamente de tortura, en las que lo tenían”. Entonces ¿por qué no lo liberan? “Lo que no podemos hacer, como Poder Ejecutivo, es intervenir en el Poder Judicial y dar órdenes”.
Terminamos hablando de su padre, el expresidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó Guatemala de 1945 a 1951. ¿Qué aprendió de él? “Bueno, tengo la ventaja de que mi padre escribió varios tomos de memorias”, me contó. Y los dos, me dijo, han enfrentado un reto parecido como presidentes: “¿Cómo se construye institucionalidad democrática sobre la base de prácticas autoritarias?”.
De esta respuesta depende el futuro de Guatemala. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p. 8)
Migración incesante
A fuerza de ser un hecho que se repite, nos comentan, de pronto pasa desapercibido que los flujos migrantes no cesan. Ayer, por ejemplo, salió una nueva caravana conformada por unos 500 indocumentados de Tuxtla Gutiérrez, un municipio en el que es poco común que inicien este tipo de movilizaciones. Lo que sí se ha repetido, sin embargo, son dos cosas: la multiplicidad de orígenes de los ciudadanos en tránsito —Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití— y la inmediata acción de disuasión por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración a cargo de Francisco Garduño, que en un primer momento no ha logrado su cometido. Esa dependencia este año lo inició con cifras no vistas de detenciones de migrantes, tanto que hasta autoridades de Estados Unidos han admitido que la aplicación de medidas de contención por parte de nuestro país han hecho que se reduzca el número de cruces ilegales. Ahí el dato.
Un Gobierno, dos políticas
Y hablando de temas de migración no deja de llamar la atención el que una de las dependencias del Gobierno, el Instituto Nacional de Migración, tenga en la mira los flujos de indocumentados, mientras que en otra dependencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Alicia Bárcena, se levante la voz para condenar el inesperado auge de reformas antimigrantes en diversos estados de Estados Unidos. Ayer por ejemplo, la funcionaria expresó en las benditas redes: “Vemos con gran preocupación nuevas medidas en contra derechos humanos de nuestr@s migrantes. Ahora, en Tennessee, con la Ley #SB2576. Reforzaremos asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial”. Ahí el contraste de dos instituciones del mismo Gobierno. Uf. (Rozones, La Razón, La Dos, p. 2)
Hace treinta años, con el fin de las dictaduras militares en América Latina, se perfiló una tendencia a la profesionalización de los ejércitos que parecía definitiva. La institución castrense era percibida como un actor fundamental de los diversos autoritarismos de la Guerra Fría. Hoy, aquel camino heredado de las transiciones democráticas de fin de siglo está siendo severamente cuestionado.
Los dos fenómenos más reconocibles de militarismo de nueva derecha, que no por casualidad comparten una mirada de similar recelo ante las narrativas de la transición, han sido los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador. Más recientemente, el gobierno de Javier Milei ha anunciado una reforma de su política de seguridad que reforzaría el papel del ejército en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las mafias y las pandillas.
El próximo 21 de abril, en Ecuador, se celebrará un referéndum constitucional, que de triunfar, introduciría un enfoque militarista de la seguridad nacional, con algunos elementos en común con el modelo salvadoreño. El primer punto de la consulta popular pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado.
Más adelante, el referéndum ecuatoriano, que tendrá lugar en medio de la adversa reacción internacional contra la incursión militar en la embajada de México en Quito, propone incrementar las penas contra delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y lavado de activos. El presidente Daniel Noboa fue de los primeros mandatarios de la región en felicitar a Nayib Bukele por su reelección y éste ha sido el único en abstenerse en la OEA, ante la resolución que condena el asalto a la embajada mexicana.
Pero la historia de la remilitarización de América Latina estaría sesgada si sólo tomara en cuenta el aumento de poder de los ejércitos bajo los gobiernos de la nueva derecha. Un libro reciente, editado en México por la editorial Grano de Sal y titulado Érase un país verde olivo, describe en detalle el notable incremento de funciones de las Fuerzas Armadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Los autores (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar), académicos de primer nivel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documentan que, a través de la Ley de la Guardia Nacional, los militares aumentaron sus competencias en investigación y persecución de delitos.
Apuntan, a su vez, que en este sexenio se han reportado 104 actos de militarización, cuarenta más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, el Ejército y la Marina han pasado a administrar entidades civiles como los aeropuertos, las aduanas, los puertos y las estaciones migratorias y se han hecho cargo de grandes obras de infraestructura como el Banco del Bienestar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El proceso de militarización en México responde a los crecientes retos a la autoridad del Estado que plantea la aguda crisis de seguridad que se vive en toda América Latina y el Caribe. Los autores ven antecedentes del fenómeno en la tradición populista, que trazan entre el varguismo y el peronismo y los gobiernos bolivarianos de principios del siglo XX.
Aunque esa continuidad pueda sostenerse es inevitable pensar la remilitarización mexicana en el contexto más amplio de un giro regional en las políticas de seguridad, donde también se inscriben las nuevas derechas. La vuelta de los militares es un fenómeno transversal en América Latina y el Caribe, que avanza por igual desde la izquierda o la derecha. (Rafael Rojas La Razón, Informativa, p. 05)
La salida de Murillo de la cárcel ocurre en un contexto de la mala salud del ex funcionario de 76 años que enfrenta cargos por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La FGR obtuvo siete de quince medidas de seguridad que pidió del juez de control, Juan José Hernández Leyva como vigilancia del domicilio; prohibición para comunicarse con las presuntas víctimas y testigos; evitar salir del país. Para ello, se le solicitó la entrega de su pasaporte al centro de Justicia y se emitió una alerta migratoria en los aeropuertos, fronteras y puertos navales. (Red Compartida, La Prensa, p. 2)