Lupa a revisiones migratorias
Y es al el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como al coordinador de delegados de esa institución, Héctor Martínez Castuera a quienes piden poner no sólo la lupa, sino el reflector sobre actividades que estarían bajo el control de la delegación de esa dependencia en la Ciudad de México, a cargo de Alma Rubí Pérez Morales. En particular con la práctica que consiste en que viajeros de otros países que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son llevados a revisión migratoria para deportarlos prácticamente con cualquier pretexto. Y es que además del trago amargo de ser regresado a su país, ha pasado que pasajeros se topan con que, al salir, nadie sabe y nadie supo de sus maletas. De esa manera turistas pierden reservaciones o estancias pagadas, así como el dinero de su viaje y pertenencias. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Que integrantes del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a los Hechos en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, del Senado, viajarán en las próximas semanas a Ciudad Juárez, Chihuahua, que gobierna la panista María Eugenia Campos, para reunirse con migrantes y escuchar sus demandas, pues hasta ahora han denunciado que ninguna autoridad del INM ha hablado con ellos. En esa tragedia del 27 de marzo un incendio mató a 40 personas que fueron encerradas y abandonadas a su suerte. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
EL AUDITOR SUPERIOR de la Federación, David Colmenares Páramo, hace contención de daños y busca revertir la imagen que dejó el pasado 30 de junio en la Cámara de Diputados, cuando respecto de la Cuenta Pública 2022, presentó los más pobres resultados de fiscalización de los que se tiene memoria, con apenas 86 Informes de Auditoría terminados y observaciones por tan sólo 62 millones de pesos.
Ayer, el órgano contralor publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) del último ejercicio, para incorporar a la lista original 21 nuevas auditorías y reorientar otras 10 más, principalmente hacia los sectores del gobierno que han sido señalados en los últimos meses por evidente corrupción.
De entrada, la estrategia de reivindicación pretende atajar las críticas sobre la desaparición, durante la gestión de Colmenares Páramo, de las auditorías de tipo forense, por lo que finalmente incluye nueve revisiones con este enfoque para organismos que ya no tienen oportunidad de ocultar sus escándalos, como Seguridad Alimentaria Mexicana, que todavía dirige Leonel Cota, y el Instituto Nacional de Migración, que aún encabeza Francisco Garduño. (Darío Celis Estrada, El Heraldo de México, País, p. 7)
A medida que las cifras de migrantes provenientes de Centroamérica continúan en aumento, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) arroja luz sobre las causas fundamentales de este fenómeno y las políticas implementadas por Washington para abordarlo.
Con una combinación de factores que incluyen difíciles condiciones socioeconómicas, desastres naturales, violencia y problemas de gobernanza, la migración desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador se mantiene como un desafío persistente en la región. Aunque la Administración Biden ha propuesto una estrategia centrada en abordar las raíces del problema, existe un debate sobre la efectividad de estas políticas y la necesidad de soluciones más integrales. En resumen, no está funcionando lo que están haciendo. (A la Sombra, El Sol de México, República, p. 2)
Cuando Arizona promulgó la SB1070, los castigos comerciales le dieron un latigazo. Conferencias nacionales se cancelaron, hubo una huelga de silencio al suspender conciertos y eventos sociales, gobiernos y empresas congelaron acuerdos estatales y se cayeron negociaciones que estaban en la mesa lista para firmarse. El boicot nos salvó.
Era 2010. El clima político nos abrasaba. El gobierno estatal era liderado por el conocido “gabinete del terror”, con funcionarios antiinmigrantes como Jan Brewer y Russell Pearce, y alguaciles sedientos de atención como Joe Arpaio y el fiscal Andrew Thomas. Parecía que nada les pondría límites, hasta que se les vació la cartera. El dinero mueve al mundo y aquí el saldo rojo nos paralizó. Solo así se logró un cambio; solo en dólares entendieron los políticos una postura de condena por sus acciones.
Trece años después, en Florida, este verano acaba de entrar en vigor otra ley antiinmigrante aún más perjudicial que la norma de Arizona. Allá, los empleadores están obligados a revisar el estado migratorio de un trabajador como parte de sus procesos de reclutamiento, los hospitales tienen que reportar a los indocumentados y los conductores pueden terminar en la cárcel si transportan a una persona en situación irregular migratoria. Y mientras los ataques a la comunidad indocumentada continúan, lo demás sigue, como si nada.
Hubo una caravana nacional para demostrar el apoyo a los trabajadores sin documentos que han sido despedidos o están bajo amenaza de perder sus empleos por la nueva regulación, pero tuvo poca tracción. Hay protestas y muchas declaraciones, pero poca acción.
Conferencias nacionales como la de periodistas hispanos se realizan justo esta semana en Miami, sin ganas de ser suspendidas, y con el estandarte de que un comunicado de prensa de repudio contra la ley es suficiente mover los hilos políticos del estado. Quizá es que nos ha ganado la indiferencia frente a la incertidumbre ajena; tal vez es que ya hemos hecho las paces con una doble moral cada vez más aceptada socialmente.
Lo cierto es que unas 770,000 personas en estado irregular en ese estado tienen un blanco ahora en sus espaldas, de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias de Florida. La mayoría trabaja en construcción o en el campo y son una fuerza laboral importante en la hostelería, la administración y el comercio.
En el caso de que el estado republicano se quedara sin trabajadores en situación irregular migratoria, se perderían más de 12,600 millones de dólares, según el Instituto. Esto arepresenta el 1.1% de la economía; pero si a esto se le sumara un boicot, el impacto sería aún mayor. ¿Qué tan duro sería el golpe?
Pero hasta el momento, a pesar del anuncio de demandas en contra de ley promulgada por el gobernador DeSantis, los políticos antiinmigrantes siguen liderando las encuestas en la precampaña por la contienda republicana. Mientras unos amortiguan el golpe, ellos ganan poder político; es una balanza que nunca encuentra el equilibrio. Nuestra indiferencia también pesa. (Maritza L. Félix, El Sol de México, Análisis, p. 14 y Ovaciones, Opinión, p. 28)
No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría
Hace unos pocos años era imposible pensar que nuestros paisanos en el extranjero pudieran decidir si en la boleta para las elecciones presidenciales aparecerían apellidos como Fox Quesada, Peña Nieto o López Obrador. Hoy estamos ante la posibilidad histórica de que los migrantes, y en general todos los mexicanos que viven en el extranjero, sean tomados en cuenta para definir si en las votaciones para el 2024 aparecerán nombres como Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard.
Con la reforma electoral del 2023, las alternativas son mayores y los partidos políticos tienen un gran reto: convencer a los millones de mexicanos que viven en el extranjero de que participen y sean, de una vez por todas, piezas clave que ayuden a mejorar la realidad de México. ¿“Corcholatas” o “taparroscas”? La decisión política rumbo al 2024 en nuestro país aún está en el aire, pero, ahora, la moneda podría caer en las manos de los mexicanos en el extranjero y que decidan participar. Estamos a menos de un año de saberlo.
En la actualidad, la aportación de nuestros paisanos ya no sólo se mide en los números históricos de remesas que envían, en los logros académicos que consiguen internacionalmente o en las cuantiosas inversiones conquistadas por empresarios viajeros. Ahora, también se puede medir en su impacto político. Ya en un artículo pasado (Voto de mexicanos en el extranjero; ¿los migrantes definirán el rumbo político en el 2024? ( https://goo.su/kHam97)) les hablaba de que nos toca vivir momentos nunca antes vistos en la vida democrática de México y, por su puesto, los mexicanos en el extranjero pueden ser primeros actores. Pero, ¿qué implica el voto en el extranjero?
En una investigación publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se comenta que el voto de los mexicanos en el exterior genera dos posturas muy marcadas: los que impulsan esta modalidad y quienes la ven muy costosa. Esto ha generado un sin fin de debates en la vida política mexicana, sin embargo, más allá de esta discusión que nos ha llevado a poco, lo que es cierto es la innegociable necesidad de integrar a los mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras.
Si revisamos las últimas dos referencias que tenemos de la participación de mexicanos en el extranjero, podemos ver que esto apenas va en proceso, pero ya no se detiene. Primero, en las elecciones federales del 2021 se tuvo el listado nominal más grande de la historia con más de 93 millones de ciudadanos, por lo que son consideradas las elecciones más grandes del país.
En dicha contienda se tuvo una lista nominal de electores residentes en el extranjero de poco más de 33 mil registros, los cuales pudieron elegir si votar por correo o de manera electrónica. Posteriormente, en este 2023 se celebraron las elecciones para gobernadores en Coahuila y el Estado de México y, por primera vez, los mexicanos que residen fuera del país tuvieron la opción de emitir su voto de manera presencial en los consulados o de manera electrónica. Finalmente, si analizamos los datos duros, en las últimas tres elecciones presidenciales se han sumado poco más de 170 mil votos de mexicanos que radican fuera de territorio nacional.
Para algunos especialistas, las cifras no han sido lo numerosas que se esperaban, sin embargo, existen otros datos que deben alentar al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos. Por ejemplo, la Secretaría de Educación federal estima que 1.6 millones de profesionistas mexicanos viven en el extranjero, la mayoría de ellos con la posibilidad de votar. De igual forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que en 2022 cerca de 365 mil mexicanos llegaron a EE.UU. con visas para trabajar temporalmente y estima que este año la cifra aumente a 400 mil. Es decir, la mesa de decisión política debe servirse con suficiente espacio para invitar a todos estos mexicanos que viven en el extranjero.
En este sentido, desde la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) trabajamos transversalmente para empujar más y mejores instrumentos que permitan a los mexicanos en el extranjero su participación. A su vez, en Guanajuato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo nos ha pedido que en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional seamos parte de la construcción de la democracia en nuestra entidad sin importar colores partidistas. Por eso, colaboramos con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para apoyar en la estrategia que ayude a integrar a nuestros paisanos en las decisiones políticas del estado.
Nos encontramos en el proceso de selección de candidatos para contender por la presidencia de México en el 2024. El Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) habilitará un sistema para que cualquier mexicano, sin importar dónde se encuentre, pueda participar en la elección de su candidato. ¿Los otros partidos políticos harán lo mismo? En unos días lo sabremos.
Por lo pronto, hoy no sólo los migrantes, sino también los estudiantes, profesionistas y empresarios mexicanos en el extranjero ya empiezan a tener herramientas para dar un siguiente paso y, por qué no, ayudar a destapar a “corcholatas” o “taparroscas”. (Juan Hernández, Secretario del Migrante y Enlace Internacional y presidente de la Conofam, El Sol de México, Análisis, p. 13)
El Consejo Nacional de Población (CONAPO), estima que la población mexicana llegará a su tope en 2053 cuando se alcancen 147 millones de habitantes, desde los 130 millones actuales y después, como ya está ocurriendo en países como Japón, Italia, o Cuba, la población empezará a reducirse
Para que la población de un país aumente, es necesario que las mujeres tengan en promedio 1.9 hijos durante su vida, quienes a su vez lleguen a la edad adulta y se reproduzcan por lo menos en esa proporción. En México la tasa de fecundidad ya es menor a 1.9 hijos promedio por mujer y se ubica en 1.8 y descendiendo
En Japón por ejemplo la tasa de fecundidad 1.34 hijos por cada mujer, mientras que en Canadá es de 1.40 hijos y en Estados Unidos es de 1.64 hijos. Sin embargo, las estimaciones sobre el crecimiento futuro de la población en Estados Unidos, es que gracias a la inmigración, su población seguirá creciendo en los próximos 80 años, mientras que en México a partir del año 2053, la población empezará a caer, por lo que una opción para México, es empezar a implementar programas para atraer inmigrantes del resto de América por ejemplo
El que la población llegue a un tope en un país y después empiece a caer, tiene muchas repercusiones que apenas estamos empezando a entender
En Japón donde ese proceso empezó a finales de la década pasada, empiezan a quedarse casas vacías y los gobiernos de los pueblos, han empezado a convertir esos espacios en jardines para la comunidad. Los japoneses mantienen una elevada prioridad por vivir cerca del centro de sus ciudades y de sus trabajos, pero las casas de retiro o de los padres o abuelos en pequeños pueblos, al morir quedan abandonadas y ahora se convierten en parques comunitarios.
En Italia el gobierno regala casas en diversos poblados por 1 Euro, a quien se comprometa a remodelarlas y vivir en ellas por lo menos 10 años. Un proyecto que no ha dado los resultados esperados, porque los jóvenes de todo el mundo, no tienen dinero para las remodelaciones y no quieren vivir en los pueblos aislados de Europa
El envejecimiento poblacional provoca que cada vez se fabrique menos ropa, lavadoras, autos, televisiones, ya que la población al envejecer consume menos y si ya todos los hogares tienen todo lo que requieren y cada vez son menos hogares, también la construcción empieza a transformarse, hacia espacios cada vez más pequeños, la necesidad de tener más hospitales, asilos, en lugar de escuelas
Si cada vez son menos las personas que habitan un país, el envejecimiento poblacional, hace que los mismos gobiernos promuevan la adopción de robots que sustituyan a los humanos, ya que habrá menos humanos para ser empleados
Los jóvenes deben tratar de ahorrar lo más que puedan en su Afore, 10% de su ingreso es una buena meta, ya que será la primera generación con más adultos mayores qué jóvenes y el gobierno, en lugar de gastar, debería ahorrar para hacer guardaditos para enfrentar las pensiones del futuro. (Carlos López Jones, La Prensa, Editorial, p. 6)
Dos años después de las históricas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, más de 700 personas -la mayoría de ellos jóvenes- siguen presos por haber participado en las manifestaciones en su gran mayoría pacíficas contra la dictadura de la isla.
Pero, increíblemente, casi todos los Gobiernos latinoamericanos están ignorando esta escandalosa violación a los derechos humanos.
Muchos de los manifestantes cubanos encarcelados han sido condenados a penas de hasta 25 años de prisión -sí, leyeron bien- por haber salido a las calles coreando “Libertad” y “Tenemos hambre”.
Cuba es el país con más presos políticos de las Américas, según los grupos de derechos humanos.
El Gobierno del Presidente estadounidense Joe Biden y la Unión Europea, de 27 países, han exigido la libertad de los presos políticos cubanos.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que “700 personas siguen encarceladas por haber ejercido su libertad de expresión y reunión pacífica”, y exigió “la liberación inmediata de todos los presos políticos”. La Unión Europea y el Vaticano también hicieron declaraciones parecidas, aunque menos enfáticas.
Pero prácticamente todos los Gobiernos latinoamericanos han guardado un vergonzoso silencio. Y lo que es peor, los Presidentes de México, Brasil, Argentina y Colombia a menudo defienden a la dictadura cubana.
A principios de este año, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo -no es chiste- que Miguel Díaz-Canel, cuyo régimen también ha sido acusado de torturar a sus presos políticos, dirige un “Gobierno profundamente humano”.
Juan Pappier, subdirector para las Américas del grupo Human Rights Watch de derechos humanos, me dijo que “la ceguera voluntaria de varios Gobiernos de América Latina sobre Cuba es inaceptable”.
Y agregó: “Es hora de que dejen de ver a Cuba solo como la víctima del imperialismo y la analicen como lo que realmente es: una dictadura que viola los derechos humanos de forma sistemática”.
Diplomáticos de la Organización de los Estados Americanos(OEA) me dijeron que no han escuchado ningún discurso de Embajadores latinoamericanos o caribeños exigiendo la liberación de los presos políticos cubanos.
Mientras que algunos Gobiernos de la región tienen simpatías ideológicas con Cuba, otros temen que el régimen cubano retiraré sus misiones de médicos de sus países si critican a la dictadura de la isla, me dijeron fuentes diplomáticas de la OEA.
Entre los presos políticos cubanos más conocidos se encuentran José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el rapero Maykel Castillo -conocido como El Osorbo-, ganador de un premio Grammy, y el artista de performance Luis Manuel Otero Alcántara.
En un artículo sacado de la prisión por un visitante y publicado por el Nuevo Herald y el Miami Herald el 11 de julio, Otero Alcántara dijo su encarcelamiento “es parte de una estrategia sistemática de las autoridades cubanas para acallar las voces de los jóvenes”.
Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión acusado de desacato e insulto a los símbolos patrios. Había utilizado una bandera cubana en uno de sus espectáculos de performance.
“En nombre de los cientos de jóvenes cubanos que han sido sepultados en las horribles prisiones de la isla, hago un llamamiento a las personas de conciencia de todo el mundo para que apoyen nuestra lucha por liberarnos y por liberar a nuestro país”, escribió el artista.
“Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos”.
Mientras más de 700 de los presos del 11-J cubano se pudren en las cárceles, un nuevo número récord de jóvenes cubanos están huyendo de la isla.
En los últimos nueve meses, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado o encontrado a 6 mil 761 migrantes cubanos, comparados con los 6 mil 182 del año fiscal 2022, y solo 49 en 2020, según la Guardia Costera de Estados Unidos.
Es hora de que los Gobiernos latinoamericanos dejen de hacerse los distraídos ante los abusos a los derechos humanos de Cuba. Y es hora de que los artistas e intelectuales latinoamericanos muestren una mayor solidaridad con sus pares cubanos encarcelados.
No hay excusa para hacer la vista gorda ante el encarcelamiento masivo de manifestantes pacíficos y artistas por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 14)
Han pasado 25 años de un modelo sui géneris en Venezuela: comenzó con ayudas sociales generosas que, tras la caída del precio del petróleo, produjeron un boquete presupuestario; siguió con la suspensión de pagos de la deuda externa, antes de que existieran sanciones económicas al país (éstas no causaron la debacle).
Venezuela desembocó en una enorme crisis humanitaria de pobreza y despoblamiento. 7.5 millones de personas han tenido que migrar. Al menos la mitad de los venezolanos se encuentra en extrema pobreza (viven con menos de 1.2 dólares diarios). En México y Brasil, la pobreza extrema no llega al 10 por ciento.
Según las encuestas de Meganálisis, la aspirante que hoy reúne mayores esperanzas de ganar la elección presidencial del 2024 es la opositora María Corina Machado. La gente dejó hace tiempo de apoyar a Juan Guaidó, “presidente encargado” que fuera reconocido por 60 países. Pero menos aún quieren la permanencia de Nicolás Maduro (su base de apoyo es de 12%).
Pareciera que una nueva ley de la política es que cualquier candidato que no prometa aumentar las ayudas sociales, perderá la elección. Quizá por eso vemos en México que los aspirantes ofrecen incrementar los programas sociales. Nos toca a los ciudadanos inquirir sobre la credibilidad de cada promesa. Desde luego que los países pueden ofrecer a sus ciudadanos un modelo social protector, pero éste debe estar sostenido en pilares visibles y reconocidos, no en magia.
Los demagogos venezolanos que prometieron el cielo y las estrellas perdieron credibilidad cuando la gente vio esfumarse la estabilidad económica y el ingreso, la moneda dejó de tener valor, hubo hambre y millones tuvieron que irse. La democracia hubiera podido evitar a tiempo este desastre. La alternancia pudo haber amarrado conquistas sociales, sin perderlo todo con la dictadura.
Los venezolanos entendieron a golpes de realidad que vivir fuera del sistema financiero internacional se resiente en el día a día y que algunas de las zanahorias que ofrecía el chavismo estaban envenenadas. María Corina Machado se los dice y le creen.
Hoy, desgraciadamente, la tiranía de Maduro ha inhabilitado a esta mujer que encabeza las encuestas. Países con gobiernos de izquierda y de derecha han condenado esta burda maniobra, un fraude electoral por la vía de la exclusión. Ahora los adversarios del chavismo se enfrentan al dilema de lanzar a María Corina o buscar un reemplazo que también podría ser inhabilitado.
Lo que tienen en común Machado y Xóchitl Gálvez no es la situación de arrinconamiento. En México, los aspirantes de la oposición no han sido desaforados, ni inhabilitados. Pero ambas mujeres crecieron tras interpelar al presidente y hoy encabezan la esperanza de la oposición. En 2011, una joven María Corina le exigió un debate a Hugo Chávez, afirmando que las expropiaciones eran un robo.
El caudillo, ya visiblemente enfermo de cáncer, recurrió a una de las frases que tanto le gustaban a sus fans: “Le sugiero que primero gane usted las primarias (…) águila no caza mosca, diputada”. Actitud presidencial similar a la que tiene a Xóchitl subiendo en las encuestas. (Bernardo Bolaños, La Razón, México, p. 4)
La semana pasada, en la primera entrega de esta columna mencioné dos filmes que abordaban desde perspectivas distintas el problema de la integración cultural en Francia, un país que tiene entre su población a un considerable número de migrantes negros y de origen árabe, muchos de ellos musulmanes (se estima que la población que practica esa fe en el país galo es de 5.4 millones de personas, la más grande de Europa).
Traje a cuento ambas películas porque pese a que entre cada una hay más de una década de distancia, ambas se enfocan en una de las crisis sociales más profundas por las que atraviesa Francia desde hace más de 30 años y que se está convirtiendo en una olla a presión que no tardará en estallar, según palabras de Paul Smith, profesor de Historia y Política francesas de la Universidad de Nottingham, “según mi experiencia, sólo estamos a un acto de estupidez/violencia policial de que la situación estalle y, la verdad, me sorprende que haya tardado tanto”.
Desafortunadamente, y como lo hemos visto en numerosas ocasiones desde hace décadas, este problema no es exclusivo de Francia. La discriminación, segregación y violencia racial son una triste realidad que convive con nosotros desde hace ya bastante tiempo y en los últimos años, el hartazgo de estos grupos sociales víctimas de la violencia del Estado y del rechazo de una gran parte de la sociedad ha ido en aumento.
A la par de este enojo social —que ha ido acompañado de encarnizados debates y estudios políticos, sociológicos, filosóficos y hasta biológicos desde ciertos espectros de la izquierda a nivel mundial— la extrema derecha ha hecho lo propio y en los últimos años ha endurecido su discurso racista, anti inmigrante y anti derechos y ha logrado endulzarle el oído de los votantes más conservadores de distintas regiones del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos.
Esto ha derivado en lo que se conoce como “guerras culturales”. Un fenómeno que si bien no se ha instalado del todo en la narrativa del debate público en México, —pero que sí tiene manifestaciones en el imaginario colectivo de ciertos sectores sociales y en redes— sí está provocando preocupantes cismas en sociedades de diversas latitudes, toda vez que las posiciones políticas e ideológicas se radicalizan inhabilitando así la posibilidad de un diálogo sano y razonable.
Estados Unidos es quizá el ejemplo más obvio y cercano a nuestra realidad en ese sentido. Pero si miramos al sur del continente, Argentina bien podría ser otro ejemplo y si saltamos el Atlántico a otro país que comparte nuestra lengua, España, la situación es similar, y más ahora que está en pleno periodo electoral y con voces y liderazgos extremistas al alza como Vox.
La violenta ebullición social que vimos en Francia hace unas semanas —que sin lugar a dudas está rodeada de múltiples factores— está intrínsecamente ligada al fenómeno antes mencionado y al hecho de que la multiculturalidad sigue siendo un verdadero problema para muchos países, toda vez que en amplios sectores de sus sociedades persiste el racismo y el odio al diferente. Y México no está para nada exento de este fenómeno.
Lo preocupante ante este caldo de cultivo social es la poca capacidad del Estado y de sus liderazgos para poder hacerle frente al problema, volviendo al caso de Francia, Macron se ha visto totalmente rebasado y es obvio que no tiene la más mínima idea de cómo enfrentar una crisis que va in crescendo. Desgraciadamente no es el único y mucho me temo que el malestar social provocará que cada vez más y con mayor frecuencia, los distintos polos ideológicos y políticos se atrincheren con mayor ahínco desvaneciendo así cualquier posibilidad de establecer diálogos o pactos sociales que nos permiten convivir.
Y ese escenario puede tener consecuencias atroces para todos, independientemente de cuál sea el lado de la balanza por el que prefiramos inclinarnos. (Javier García Bejos, el Heraldo de México, Editorial, p. 14)
Lo que tenemos hoy, además de un Presidente obsesionado y apanicado por el fenómeno Xóchitl Gálvez, es que la guerrilla colombiana (lo que eran las FARC) ya abrió sucursal en MÉXICO. Están trabajando como empleados de grupos del narco mexicano y ATERRORIZANDO a la población de Jalisco, Guanajuato, Guerrero y otros Estados, sembrando artefactos EXPLOSIVOS para atacar a las POLICÍAS.
Documentos del Ejército obtenidos por “Guacamaya Leaks” revelan que en lo que va de este malísimo sexenio se han detonado unos 50 artefactos explosivos, tema que el señor López, quien lleva más de siete días seguidos atacando desde su investidura a la Senadora Gálvez, decide minimizar y restarle importancia, pese a que representa este brote de violencia un nuevo paradigma peligrosísimo para la paz interna de México.
Es mentira, embuste, de quien lo diga -incluyendo al señor López- que los bombazos se traten de enfrentamientos entre grupos criminales, NO. Atacan a los policías y a la población con artefactos explosivos improvisados, coches bomba y otras tácticas empleadas en Colombia para enfrentar al Gobierno y a sus fuerzas policiacas, ahora importadas a México por los grupos criminales, a quienes este Gobierno desastroso les ha otorgado manga ancha… e impunidad derivada de los “abrazos, no balazos”.
Ya lo dijo, y lo dijo bien, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha dado muestras de civismo e integridad política al aclarar que terminará su gestión como Gobernador y que no aspira a ningún cargo: la detonación de SIETE artefactos explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, que MATARON a SEIS personas -entre policías y personal de corporaciones- y dejaron mal heridas a CATORCE MÁS, no es otra cosa más que un “acto de terror brutal”.
Hechos de este tipo no se conocían en México y dan muestra fehaciente de la escalada terrible que están alcanzando la violencia y la inseguridad en nuestra patria. Ello, mientras el Presidente López se dedica a hacerle de jefe de campaña a sus corcholatas, ATACANDO desde la institución presidencial a su posible rival en las urnas.
En lugar de abocarse con todo su TIEMPO y energía a determinar, primero que nada, ¿de dónde vienen los EXPLOSIVOS que están detonando en México? ¿Quién se los suministra a los guerrilleros colombianos al servicio del narco mexicano? ¿Cómo entraron a México?, ¿por la frontera sur o por la frontera norte?
Se le está acabando el tiempo a este Presidente/politiquero, ya no le sirve estar culpando a sexenios pasados: ¡asuma su responsabilidad, señor López!
El récord histórico de asesinatos se ha dado en SU sexenio: por lo tanto, de esto es responsable usted y sólo usted, y así lo consignará la historia. Su deber como Presidente consiste en atacar frontalmente, con soluciones inteligentes, este nuevo reto tan grave a la seguridad y la paz de la sociedad.
¡Ya no pierda más el tiempo inventando infundios para denostar a sus “adversarios” y menos burlándose de ellos, como con Xóchitl Gálvez! Sus expresiones hacia la Senadora, sus actitudes, son muestra del peor machismo mexicano.
Son muchos y muy graves los problemas que le están cayendo a diario en el regazo. Desde el accidente en la plataforma de Pemex que amenaza con dejar sin GAS al sureste de México, hasta los bombazos, los bloqueos de carreteras, el descontento de los agricultores, la persistencia de altísimas tasas de interés que amenaza la actividad económica y el crecimiento de nuestro PIB, y las controversias con Estados Unidos por las prohibiciones chicharroneras a las importaciones de maíz procedente de allá.
Le debe el PÉSAME no sólo a los policías y personal muertos en los bombazos y a sus familias, tanto en CELAYA como en JALISCO, sino a la familia de la niña prensada en un elevador del IMSS, sistema que se desmorona con la falta de medicinas y atención digna. También debe disculpas y pésames a las familias de los trabajadores que perdieron la vida en la explosión de la plataforma petrolera de PEMEX, a causa de un “accidente”.
A diario se acumulan los desastres atribuibles a su Administración y, en lugar de enfrentarlos pierde el tiempo en puras grillas estériles que, de pasada, muestran una enfermiza obsesión que pudiera ser causa de profundos traumas psicológicos no aptos para ningún Presidente en ningún País. (Manuel J. Jáuregui, Reforma, Opinión, p. 8)
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