Las denuncias no son nuevas. Migrantes señalan que desde el Instituto Nacional de Migración se les cobra por agilizar sus trámites y adelantar citas para legalizar su situación en México, alrededor de 10 mil pesos (Centro de Dignificación Humana A.C). En redes sociales, mafias ofrecen “paquetes” para atravesar nuestro país y llegar a EU: entre 9 mil y 14 mil dólares, dependiendo la ruta. Las “tarifas” aparecen en distintos perfiles de Facebook y TikTok. También hay cuotas para pasar por retenes: 3 mil dólares por un “pase provisional a los migrantes”, ha documentado LA Times.
En temas administrativos, un migrante puede pagar, además, mil 200 dólares para acelerar los trámites de asilo en EU. Migrar, además de peligroso, cuesta un dineral.
El Informe Anual resultados de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras de México (EMIF) en 2019 estima que el porcentaje de migrantes centroamericanos que contrataron los servicios de un coyote fue: Guatemala (63.9%), El Salvador (48.5%) y Honduras (17.6%).
El Departamento de Seguridad Nacional de EU estima que, gracias al coyotaje, las organizaciones criminales obtienen ganancias de entre 30 mil y 180 mil dólares anuales. Esa es la realidad.
México he buscado salidas a la crisis de migrantes, sin embargo, la ola de centroamericanos, haitianos y hasta venezolanos que huyen orillados por la violencia, pobreza y marginación, no para. EU no quiere migrantes merodeando su frontera. Nos quiere de policías. Y nos tiene de policías. México no provoca la crisis, pero la tenemos en nuestra puerta al sur.
La realidad de miles de personas contrasta con otra que no hay que obviar. Algunos migrantes, sobre todo del grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, no les interesa lo que México ofrece. No necesariamente buscan empleo o refugio aquí, lo que quieren es que se les permita, incluso, sin tener identificación vigente, transitar libremente por territorio mexicano. Eso implica un riesgo enorme para las instituciones, la seguridad y la integridad de quienes viven en nuestro país, pero, sobre todo, de los propios migrantes.
Vamos a los hechos. ¿Hay operativos de la GN para contener el paso de migrantes? Sí. ¿Sería deseable que los migrantes pudieran encontrar mejores condiciones de vida? Desde luego. ¿Están interesados todos los integrantes de las caravanas en quedarse aquí? No necesariamente. ¿Quieren llegar a EU? Sí. ¿Lo intentan sin identificarse? Algunos. ¿Es riesgoso para ellos? Sí, ya hemos visto tragedias como la de San Fernando, Tamaulipas. ¿Es peligroso abrir la puerta a quien no se identifica? También; no sabemos quién cruza. ¿Deben poder atravesar el país sin documentación? No. ¿Eso es violar sus derechos humanos? No me parece; es ordenar la migración.
La situación está jodida. México no puede solo, como tampoco ha podido EU, ni mucho menos los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Se requiere una política regional integral. (Manuel López San Martín, El Heraldo de México, País, p.12)
En la inmediata penumbra de los atentados, con la zona cero aun oliendo a muerte, esa fue la interpretación de consenso: la vulneración del territorio de Estados Unidos iba a poner fin a la globalización sin trabas que había marcado el crepúsculo del siglo XX, además de obligar a un realineamiento de todos los países del planeta, a favor o en contra de la potencia hegemónica. Después del 11-S, los estadounidenses no se sentarían a esperar el siguiente ataque ni se contentarían son una postura meramente defensiva: saldrían a rehacer el mundo a su imagen y semejanza, empezando con el Medio Oriente y Asia Central, a golpes de poder militar y económico.
A veinte años de distancia, esa lectura parece francamente excesiva. No fue el fin de la globalización ni cambió de fondo la arquitectura geopolítica del planeta. El poderío estadounidense no fue suficiente para rehacer Irak o Afganistán, mucho menos el Medio Oriente, mucho menos el planeta entero.
Pero el evento fue todo menos inocuo. Mucho sí cambió como consecuencias de los atentados. Entre otras cosas, el 11-S:
En resumen, no todo cambió con el 11-S, pero sí hubo transformaciones significativas y no en sentido positivo. En muchas dimensiones, el mundo era mejor antes de que cayeran las torres gemelas. (Alejandro Hope, El Universal, A2, p.2)
En la desesperación y en el clamor que se ha escuchado de los miles de refugiados varados en la frontera sur sobresale la demanda de que sus peticiones de refugio sean atendidas y su situación no quede en el limbo. La oficina encargada para darles respuesta es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que se encuentra reducida a su mínima expresión por el recorte a su presupuesto que sufrió este 2021. El resultado de una mayor demanda de solicitudes y menores recursos es una oficina rebasada e incapaz de ofrecer atención expedita.
Las cifras oficiales señalan que las solicitudes de asilo pasaron de 29 mil 583, en 2018, a 70 mil 426 un año después. Un incremento de más del doble muy probablemente impulsado por las promesas que se hicieron en 2018 de que México recibiría y daría trabajo a migrantes. Para 2020 la pandemia frenó el flujo migratorio; las solicitudes de asilo cayeron a poco más de 41 mil. Pero en este 2021 el repunte fue vertiginoso. En ocho meses, de enero a agosto, se han registrado 77 mil 559 peticiones de protección al gobierno mexicano, un promedio de 323 diarias, y se prevé que el año cierre por arriba de las 100 mil solicitudes.
De las más de 77 mil solicitudes ingresadas este 2021 solo se han revisado y dictaminado 23 mil 123 (menos de la tercera parte) y sólo en 17 mil 172 casos se otorgó asilo.
Contra toda lógica, la asignación de recursos a la Comar desde el gobierno federal ha venido a menos. En 2018, el último del anterior gobierno, se le otorgaron 26.7 millones de pesos, y para enfrentar el creciente número de solicitudes se otorgó una partida adicional por 29.6 millones.
En 2019 solo se aprobaron 20.8 millones; en 2020 aumentó a 47 millones, pero este año hubo un nuevo recorte y la Comar solo cuenta con 20.8 millones para operar.
Ante esta situación, su titular hace un llamado al Congreso de la Unión para que sea receptivo y apruebe los recursos suficientes para atender la ola migratoria.
Los diputados parecen haber olvidado que la última palabra en materia presupuestal es de ellos. Tienen la facultad para reasignar recursos y esta es una oportunidad para atender una situación que comienza a rebasar a las instancias migratorias. La sensibilidad de los legisladores está a prueba. (El Universal, Editorial, p.10)
Con algunas diferencias de calendario, este año una buena parte de nuestro subcontinente cumple 200 años de vida independiente. Dos siglos es el tiempo suficiente para que los angloamericanos hayan edificado la primera potencia mundial, ganando dos Guerras Mundiales, la Guerra Fría, edificado un sistema internacional que, en muchos sentidos, refleja sus valores y aspiraciones y ahora vean el declive relativo de su influencia en el mundo. Un ciclo largo del que hay mucho que aprender.
Estados Unidos ha logrado una asombrosa estabilidad constitucional y después de su devastadora Guerra Civil ha sido una democracia con una lenta pero creciente capacidad de integrar. Sus universidades y empresas le han dado al mundo patentes, medicinas, vacunas, aeronaves, teléfonos celulares, computadoras e inspiración política.
América Latina, en 200 años, tiene un balance con claroscuros, pero nada que impresione ni a propios ni a extraños. Hemos hecho pocas contribuciones a las ciencias de la vida y de la materia y, por tanto, nuestra inventiva difícilmente ha cambiado la vida de millones de personas. Nuestras principales guerras han sido contra nosotros mismos. Nuestras repúblicas, lejos de ser fuentes de inspiración política, son más bien una comedia trágica que recicla inestabilidad constitucional con caudillismos, división interna, victimismo y una bovina obsesión por mirar el pasado con nostalgia y victimismo y repartir culpas a todos los vientos.
Llevamos 200 años de vida independiente y la constante ha sido la división interna y la imposibilidad de consolidar democracias funcionales. Una mirada fría sobre el mapa latinoamericano nos permite ver a Brasil desconectado de los esfuerzos regionales y con un presidente extremista y poco respetuoso de la división de poderes. Venezuela, desangrándose por un radicalismo irredento que arruinó al país más rico de la región. Colombia, con sus divisiones y violencia, no logra exorcizar sus demonios. Perú, que tantas cosas positivas ha hecho en los últimos años, regresa al infierno de lo malo y lo peor: el fujimorismo y un radicalismo izquierdista que se llena la boca hablando de nuevas constituciones. Cuba y Nicaragua, estados policiacos y represores que ya no inspiran transformación ni a los abuelos que llevan sus camisetas del Che. México, incapaz de salir de sus problemas estructurales y plantear una economía que crezca y reduzca desigualdades, vive sus mayores éxitos como furgón de cola de los Estados Unidos beneficiándose de sus remesas, sus vacunas y sus exportaciones.
Las instituciones regionales reflejan esta disfuncionalidad. La CELAC planea, más que vuela, sin tocar los temas centrales y sin el acompañamiento de Brasil. La Segib pierde profundidad por la crisis española y por el antiespañolismo de personalísimo cuño de López Obrador (él sigue enojado porque supone que la monarquía española lo desairó) y en los últimos tiempos ha tomado cuerpo una retórica anti OEA que tiene poca sustancia, pues parece una combinación de discursos sesenteros con el encono personal de y hacia Almagro.
No es ironía, pero una vez que Chile ha tomado la ruta de volver a la vieja política latinoamericana, el país más serio parece ser México y no somos tampoco un ejemplo para nadie, pues llegamos a estos 200 años con pocos ánimos de celebrar y con un gobierno que había planteado la reconciliación como eje y todos los días disputa, pelea, estigmatiza.
A pesar de todo, cumplimos 200 años y tendremos que levantar la copa para celebrar y pensar en todo el tiempo que perdemos batallando con nuestros fantasmas. El mismo tiempo precioso que perdieron nuestros padres y abuelos.( Leonardo Curzio, El Universal, Opinión, p.11)
WASHINGTON. La buena noticia es que los gobiernos de México y Estados Unidos vuelven a hablar y parecen determinados a que sea algo más que un diálogo en el que uno y otro se dirigen más a sus audiencias que para entenderse o buscar coincidencias.
Lo más complicado es que ambos deben caminar mucho para llegar a algún lado y no hay forma de evitar las exigencias de sus propias necesidades o limitaciones políticas internas. La reanudación, la semana pasada, del Diálogo Económico de Alto nivel (DEAN) ofrece posibilidades, como las que abrían más o menos los contactos que lo precedieron hasta su interrupción hace cuatro años, cuando el régimen de Donald Trump lo convirtió en un monólogo del poder que obligó a medidas reactivas y no necesariamente a una conversación sobre problemas comunes.
Ciertamente hay lugar para el optimismo, moderado si se quiere, pero optimismo. La necesidad es un imperativo y ambos gobiernos necesitan del otro por razones propias: puede decirse que los temas paralelos de migración y seguridad prioritarios para EEUU tiene un vínculo cercano con las propuestas mexicanas de desarrollo y complementariedad.
En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la apuesta económica está ligada, a querer o no, con la solidez de la relación con Estados Unidos.
Pero la responsabilidad final es de cada uno aunque quizá más en el lado más fuerte, el estadounidense.
Según varias fuentes, hay preocupación en EU sobre la dirección de México, y hay presiones para que el gobierno Biden adopte posiciones más fuertes en temas como los relacionados con la industria energética y las preferencias que el gobierno mexicano brinda a las empresas gubernamentales.
Pero los problemas vinculados con la migración son de importancia crítica para el gobierno Biden. Su necesidad doméstica es inmediata y se impone a otras consideraciones, incluso aquellas que por razones ideológicas pudieran llevar a problemas con el Congreso estadounidense.
En ese marco, según expresión de una fuente en Washing- ton, el DEAN no es un mecanismo de solución de problemas sino un espacio de discusión que con suerte permitirá evitar que algunos de los problemas se hagan mayores.
Más aún, implicaría un enfoque en áreas de cooperación, así como en la discusión de temas complicados. Pero cuidado. El día previo a la reunión, un funcionario estadounidense dijo a periodistas que “los actores económicos más importantes en México son las empresas de EU” y que “no somos responsables, no podemos obligar a las empresas a invertir”, toda vez que es trabajo del gobierno mexicano crear el entorno adecuado.
La relación económica y política es importante para los dos países y mantenerla es trabajo de los dos gobiernos. Es bueno que vuelvan a conversar, a discutir, pero más que lleguen a entendimientos. Ya no es tiempo de reinventar el hilo negro y por mutuo acuerdo, su primer examen parcial será en noviembre. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.33)
“Quédate en México” es un programa implementado por la administración Trump para hacer frente al flujo migratorio procedente de nuestro país. Desde enero de 2019, el Protocolo de Protección al Migrante (nombre oficial del programa) implica que quienes soliciten asilo en Estados Unidos desde la frontera mexicana deberán esperar en territorio nacional la resolución de su caso, pudiendo tardar varios meses o años.
En enero de 2021, la nueva administración estadounidense suspendió temporalmente su aplicación, y el presidente Biden ordenó su revisión como parte de una estrategia más amplia para el control de la frontera y la migración regional. Finalizada su revisión, el Departamento de Seguridad Nacional decidió concluirlo pues consideró injustificados los recursos destinados a su implementación e incompatible con los objetivos del nuevo gobierno federal. Ante esto, los estados de Texas y Missouri, encabezados por gobernadores republicanos, se inconformaron ante los tribunales. Argumentaron que la terminación del programa les perjudicaba dado que tendrían que proveer de servicios gubernamentales (como la expedición de licencias de conducir) a los inmigrantes que ingresaran a su territorio.
El 13 de agosto, Matthew Kacsmaryk, juez federal de distrito en Texas con sede en Amarillo, ordenó la reinstauración total del programa “Quédate en México” a partir del 20 de agosto. De acuerdo con el juzgador, el Departamento de Seguridad Nacional deberá continuarlo mientras no proporcione una explicación adicional para justificar su rescisión y cuente con la capacidad de detener a todos los extranjeros que arriben a la frontera sin permiso de entrada al territorio estadounidense. Esta inusual interpretación de la ley posiblemente tiene un sesgo partidista. Recordemos que el nombramiento de Kacsmaryk fue una propuesta del presidente Trump quien debió nominarlo en cuatro ocasiones. Ello, en razón de que fue rechazado tres veces pues los senadores demócratas lo consideraron demasiado conservador, particularmente respecto a sus opiniones en torno a las minorías LGBTI y la contracepción de las mujeres.
El Departamento de Justicia impugnó la resolución del juez texano ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans. Aun cuando dicha Corte admitió el recurso interpuesto, se rehusó a suspender la resolución del juez inferior. Esto motivó que el representante del gobierno federal solicitara dicha suspensión a la Suprema Corte. El máximo tribunal emitió su resolución el 24 de agosto. En ella determinó que la administración Biden no logró justificar el fin del programa y que su cierre había sido arbitrario y caprichoso. Si bien los integrantes del ala liberal (Breyer, Kagan y Sotomayor) se opusieron, la mayoría conservadora concluyó que la suspensión del Protocolo Migrante fue indebida, pues no consideró el impacto que esto tendría en los estados de Texas y Missouri, manteniendo firme la resolución del juez Kacsmaryk. Dependiendo de la decisión de la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal posiblemente volverá a conocer del “Quédate en México”. Por las repercusiones en México, es fundamental seguir pendientes de la evolución en la política migratoria estadounidense. (Mauricio Ibarra, La Razón, México, p.8)
¿Sabrá el Presidente lo que hizo su canciller en Washington la semana pasada? ¿Le habrá informado Marcelo Ebrard los detalles de lo acordado en el Diálogo Económico de Alto Nivel? ¿Aprobó Andrés Manuel López Obrador lo que suscribieron en su nombre? Si no está enterado o no fue debidamente informado, le va a pasar lo que sucedió durante la negociación del gobierno de Donald Trump para que los demócratas aprobaran el acuerdo comercial norteamericano, cuando cedieron tanto que los negociadores estadounidenses pensaron que se trataba de una trampa, porque les habían dado todo lo que querían, sin anteponer, como con anteriores gobiernos, el interés de México.
Lo que sucedió de fondo en Washington no salió en la conferencia de prensa que encabezó Ebrard poco después de concluida la reunión. Lo que informó con un spin positivo fueron reveses para la agenda de López Obrador. Ni se concretó la cumbre con el presidente Joe Biden el 23 de septiembre, ni se abrirá la frontera para tráfico no esencial, ni le hicieron caso a su propuesta para que inunden Centroamérica con árboles. Pero de lo que ni siquiera esbozó es lo fundamental, porque crea un nuevo marco estratégico para la relación bilateral.
De acuerdo con el documento básico de trabajo que dio a conocer la Casa Blanca, son cuatro los “pilares” de este rediseño de la relación bilateral, tres de ellos establecidos desde la creación del diálogo por los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto en 2013, pero el que revolucionará las relaciones está contenido en el Pilar III, cuyo objetivo es garantizar “las herramientas para una prosperidad futura”. ¿A qué se refiere la Casa Blanca? A construir una alianza estratégica de apoyo a Estados Unidos para su lucha de largo plazo contra China y Rusia.
López Obrador ya había empezado a levantar muros frente a China después de haberle abierto los brazos, y propuso a líderes latinoamericanos impedir que el poder económico de Pekín avance, proponiendo aliarse comercialmente con Estados Unidos. Tras la reunión del jueves, esa alianza táctica se convirtió en estratégica, por cuanto a México se trata. El Pilar III señala que los dos países “apoyarán una compatibilidad regulatoria y la mitigación de riesgos en temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, redes, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructura, entre otras”. Estas 26 palabras pueden no decir mucho para muchos, pero su contexto muestra la profundidad de lo que se acordó.
El segundo inciso de ese pilar propone “mejorar los flujos de datos transfronterizos y la interoperabilidad entre Estados Unidos y México”. Esta propuesta tiene que ver con China, dentro de la lucha de Estados Unidos por la supremacía mundial, donde se ha enfrascado en una guerra tecnológica. En abril del año pasado, el todavía procurador general William Barr, advirtió que la dominancia de las cadenas de telecomunicaciones con tecnología 5G –la telefonía móvil de quinta generación– es una de las más grandes amenazas para la seguridad y la economía de Estados Unidos, ante el riesgo de que China, una potencia en el campo, pueda monitorear y vigilar a sus adversarios. “Nuestro futuro económico está en riesgo”, dijo Barr. “El riesgo de perder la lucha de la 5G con China supera ampliamente otras consideraciones”.
El 40% de la infraestructura del mercado de 5G, apuntó Barr, lo controlan los dos gigantes de telecomunicaciones chinos, Huawei y ZTE, las plataformas por donde circularán millones y millones de dólares de la economía digital global, alterarán la correlación de poder, inclinándose en este momento hacia Pekín. Estados Unidos y varios de sus aliados han estado tratando de contener a Huawei mediante sanciones, como la que le impuso Washington este año, que le produjeron pérdidas por 50 mil millones de dólares al perder parte de su mercado.
Los gigantes tecnológicos chinos son una de las pesadillas de Estados Unidos, y desde 2015 el mensaje de Washington a México es que no tienen problema alguno con inversiones de China, salvo en este tema. Otras tecnologías también representan los riesgos y amenazas que mencionó Barr, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, capaz de descifrar códigos de data y meterse en cualquier sistema que se desee. Esta preocupación la sugiere el primer inciso del Pilar III, que habla de “desarrollar oportunidades para fortalecer las protecciones en ciberseguridad en las cadenas de suministro global”, a las que se refirió vagamente Ebrard en la conferencia de prensa.
Es un tema de gran calado. En el primer semestre de este año, hackers rusos atacaron la empresa US Colonial Pipeline, y pararon el oleoducto más grande en Estados Unidos mediante el robo de una contraseña, con lo cual provocaron la escasez en el suministro de energía a toda la costa del Atlántico. También atacaron la corporación JBS, el gigante en procesamiento de carne, interrumpiendo sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y Australia. En diciembre pasado los hackers atacaron la empresa SolarWinds, afectando las cadenas de suministro de software en el mundo, que dejó al descubierto la vulnerabilidad en los sistemas de defensa cibernética en Estados Unidos.
El diálogo, según el documento de la Casa Blanca, “fortalecerá nuestra sociedad para garantizar de la mejor manera que Estados Unidos y México enfrenten los desafíos de nuestro tiempo y aseguren que nuestros pueblos prosperen”. Las líneas generales tendrán que desdoblarse en políticas en cada uno de los países, compatibles y transfronterizas, en una redefinición estratégica de la relación bilateral, que implica que en estos tiempos donde hay una nueva guerra fría, pero digital, México tomó partido. ¿El compromiso de Ebrard contó con la autorización del Presidente que piensa diferente? No se sabe, pero es un cambio profundo que implica el realineamiento político y estratégico con Estados Unidos, propio de tiempos de guerra, no de paz.
Nota: en la columna del viernes pasado se identificó el libro La tercera ola de Samuel Huntington, como el que mostró conflictos por razones religiosas y culturales. El libro que debió haberse referido es El choque de las civilizaciones; el primero narra la última oleada de democratización. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.42)
El presupuesto no será botín de intereses privados // El Arca de Noé II // Invertirá Estados Unidos en el sur
Inversiones en el sur
Invertiremos en una capacidad de desarrollo ecológico e inclusivo y crearemos empleos para la gente del sur de México y Centroamérica, escribió en Twitter Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, sintetizando el resultado de las conversaciones con el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en Washington. Es la propuesta original de México al presidente Biden. No hay otro modo de detener a los migrantes en su terruño más que ofreciéndoles ahí mismo un empleo bien pagado y con seguridad y educación.( Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p.6)