Opinión Migración 140126

Bajo Reserva

Embajador Johnson

Justo a un año de que Ken Salazar dejó la embajada de Estados Unidos en México en un ambiente ríspido, nos hacen ver que el balance de trabajo de los primeros meses del actual jefe de la misión diplomática estadounidense Ronald Johnson es positivo. Aseguran que en la acción más reciente fue la de ser un facilitador para que se concretara la llamada número 15 entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump. Y aunque desde Washington a veces llegan mensajes estridentes, el embajador Johnson ha dicho públicamente que hoy México y EU tienen la relación “más cooperativa” y “beneficiosa” de las últimas décadas. Nos señalan que en mayo el diplomático cumplirá su primer año en México y vendrán retos importantes en temas como la seguridad, la revisión del T-MEC y la Copa FIFA 2026. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)

Desde el Biopoder / Sin intención de regresar

Los migrantes de origen venezolano que viven en México, en estados como Puebla, carecen de la intención de regresar a su país, a pesar de las acciones que implementó el gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

Las personas en movilidad que se quedaron estacionadas en territorio azteca mantienen el objetivo de continuar la lucha de su sueño en un país diferente al que nacieron porque las condiciones económicas y de seguridad no son propicias para regresar.

Los venezolanos que se encuentran en Puebla recuerdan que pasaron diferentes complicaciones al salir de su país y buscar mejores oportunidades de vida en México o en Estados Unidos.

Para algunos, la salida de Venezuela era la única alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Algunos pensaban en llegar a Estados Unidos, pero otros, solo querían salir y México puede ser su lugar de destino.

Los migrantes sudamericanos en su trayecto hacia el norte de América enfrentaron múltiples desafíos como enfrentarse o alinearse a grupos criminales dedicados a la trata de personas o al tráfico de seres humanos, así como a otros actos delictivos.

Los migrantes sudamericanos enfrentaron complicaciones en su ruta que comienza en la llamada selva del Darién, la ruta migrante entre la frontera con Panamá y Colombia, hasta México.

Para parte los nacidos en Venezuela, las gestiones de Hugo Chávez, quien gobernó hasta 2013 y la de Nicolás Maduro, se convirtieron en 27 años de conflicto político; además, para muchos no se solucionaron sus problemas, por lo que, la migración fue la alternativa y Estados Unidos, así como México se convirtieron en objetivos para continuar con sus vidas.

Para algunos sectores de la sociedad, la detención de Nicolás Maduro, podría ser un motivo para regresar; sin embargo, la incertidumbre que existe en Venezuela no está generando motivos para regresar; además, se espera una compleja situación política.

En conclusión, la inseguridad, la falta de empleo y los problemas económicos, se encuentran entre las razones de los venezolanos para salir de su país y en México encuentran cierta tranquilidad y una estabilidad; por ello, prefieren evitar pensar en un posible regreso a su lugar de origen. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)

En tercera persona / El crimen mexicano y el Tren de Aragua

El 8 de enero, tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua fueron emboscados en una gasolinera de la colonia Los Nogales. Los agentes se habían detenido en ese lugar para entrar al baño. Una camioneta GMC de color negro, con placas de Colorado, se les emparejó y los tripulantes abrieron fuego en su contra.

Uno de los elementos perdió la vida al instante. Los otros dos, a pesar de los impactos que habían recibido, respondieron los disparos y solicitaron ayuda por radio. La policía municipal recibió la alerta. La GMC fue detectada calles más adelante. Comenzó la persecución por tierra y a través de drones.

Según la versión oficial, una camioneta de la empresa Izzy aguardaba a los atacantes para facilitar su huida. Pero no lograron llegar. Cercados, bajaron de la GMC e intentaron escapar a pie, brincando bardas y atravesando patios. Al final, cinco agresores fueron detenidos. De acuerdo con la investigación, un Nissan Sentra había seguido a los agentes hasta el sitio del ataque.

El ataque fue atribuido al grupo criminal conocido como La Empresa, brazo armado del Cártel de Juárez. Durante la búsqueda de vehículos que presuntamente habían estado vinculados con el ataque, las autoridades del estado localizaron el 10 de enero, en la colonia Nuevo Hipódromo, el Nissan Sentra que días antes había sido abandonado. En ese sitio detectaron la presencia de un hombre sospechoso. Se trataba del ecuatoriano Wilson Fabian “T”, cuyos tatuajes (la leyenda One y una corona) lo identificaron como integrante de la organización de origen venezolano El Tren de Aragua, vinculada con otro grupo criminal que opera en la frontera al servicio del Cártel de Sinaloa como enlace en el tráfico de migrantes: La Línea.

Wilson Fabian fue entregado a autoridades estadounidenses porque se descubrió que tenía orden de aprehensión vigente por tráfico de drogas. Su detención confirmó la presencia en Ciudad Juárez de un grupo que lleva operando en Chihuahua desde 2022, y que disputa con otros grupos criminales el tráfico de personas, en el segundo estado con mayor número de carpetas de investigación abiertas por ese delito.

Los integrantes del Tren de Aragua han lucrado con la tragedia y el éxodo venezolanos como ninguna otra organización delincuencial. Su presencia en más de una decena de países sigue un patrón claramente definido: los miembros de esa pandilla llegan a los países siguiendo la ruta de los migrantes, casi siempre confundidos con ellos, y comienzan a operar en los barrios donde estos se asientan.

Desde ahí extienden su control: extraen información de víctimas que serán llevadas a casas de seguridad, desde donde se extorsiona a familiares; se vinculan a la distribución de drogas, el robo, el secuestro, el lavado de dinero y el sicariato. La explotación sexual y llamado préstamo “gota a gota” son otras de sus actividades.

Según las investigaciones, pagan piso a grupos locales para poder operar, y terminan por establecer alianzas con estos.

En menos de una década, el Tren de Aragua ha invadido Perú, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Brasil. A donde el dolor ha llevado a los venezolanos, descuella la presencia del Tren de Aragua.

Fueron ubicados primero en Frontera Comalapa, ofreciendo alojamiento y protección a migrantes. Hace un año, en Ciudad Juárez, le prendieron fuego a un campamento en el que había 150 personas para evitar la detención de Jesús Bait “N”, uno de sus miembros.

Operan ya en Tamaulipas, Baja California y la Ciudad de México.

Su presencia en la capital había sido negada por la Secretaría de Seguridad Pública federal. El año pasado, sin embargo, la notoria presencia de venezolanas en la calle Sullivan, uno del principales corredores del sexo servicio en la capital del país, desató un operativo que condujo a las autoridades hasta una serie de departamentos de la colonia Guerrero desde los que operaba el Tren de Aragua.

Una serie de ejecuciones de venezolanos en las colonias Buenavista, Anáhuac, Morelos y Narvarte no dejó dudas de su expansión y de sus pugnas y alianzas con grupos criminales locales.

El pasado 12 de enero otros seis miembros de la organización fueron aprehendidos en la Ciudad de México.

El gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista internacional. Las medidas de endurecimiento contra la migración, por parte del gobierno estadounidense, han dificultado su margen de maniobra en la frontera norte, pero no ha detenido su actividad: apenas el 7 de enero 12 migrantes privados de la libertad fueron rescatados en una colonia de Ciudad Juárez.

Dichas restricciones le han abierto al Tren de Aragua las puertas de actividades criminales más violentas. La crisis de seguridad que desde el año pasado se vive en el norte de Chihuahua está vinculada con la fragmentación del Cártel de Sinaloa, con la reconfiguración de grupos y alianzas, y con la pugna por las rutas, en la que este grupo criminal suelto en México está sirviendo, por medio de la violencia, como una más de las herramientas de control. (Héctor De Mauleón, El Universal, Nación, A5)

Dinero

CANADÁ Y MÉXICO, principales socios comerciales de Estados Unidos, han recibido amenazas a su territorio y afectaciones arancelarias del presidente Trump. Han respondido de manera distinta. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha pasado de la defensiva a la ofensiva: inicia hoy una visita a Pekín en la que se reunirá con el presidente Xi Jinping. Ha expresado que su visita es una respuesta directa a los cambios en el panorama comercial y político. Trump amagó con hacer de Canadá el estado número 51 de la Unión Americana. La respuesta de México ha sido más bien defensiva. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que la soberanía y la independencia no son negociables. El gobierno mexicano recientemente impuso aranceles a los productos chinos y otros países asiáticos, provocando la inconformidad de Pekín. Hay circunstancias que explican la diferencia de las estrategias mexicana y canadiense: México ha asumido la defensa de 20 millones de migrantes y necesita conservar las remesas por un billón de pesos anuales. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)

La pequeñez de la derecha

En momentos de amenazas externas que ponen en riesgo al país entero, la derecha mexicana exhibe su pequeñez al hacer eco de las amenazas de intervención militar directa en nuestro territorio.

No hay ingenuidad en las posturas de diversos voceros de la derecha, algunos con importantes cargos públicos, que celebran la violación a la soberanía de una nación hermana y ven en la ruptura del orden jurídico internacional con la misma capacidad de análisis con la que asisten a una serie de Netflix.

Hay un cálculo frío, aunque tremendamente equivocado. Su apuesta es que una intervención militar en nuestro territorio favorecería la narrativa del desastre que han pretendido instalar desde hace tiempo. Creen, con torpeza digna del Nobel, que un ataque a México sería bueno para ellos, para su opción política, para obtener la victoria que las urnas les han negado.

El gobierno de Estados Unidos no sólo ha violado la soberanía de Venezuela. También ha confirmado que las reglas que regían las relaciones internacionales no valen nada. Con todas sus letras, han dicho que lo único válido es el uso de la fuerza.

Con el uso de la fuerza pretenden imponer su visión del mundo, lo que para América Latina tiene graves implicaciones.

La enorme asimetría y la supremacía militar que aún tiene el imperio pone punto final a la idea de un mercado que todo lo regula, para dar paso a un Estado que protege empresas mediante la imposición de aranceles, obligar a abrir o cerrar mercados y lleva a cabo un sinnúmero de chantajes para obtener beneficios.

El presidente Donald Trump ha repetido sus amenazas de una intervención militar bajo el pretexto de combatir al crimen organizado. Lo ha hecho pese a que otros integrantes de su gobierno han reconocido la eficaz colaboración de México en el combate a organizaciones delictivas trasnacionales.

Fieles a su tradición entreguista, voceros de la derecha mexicana aplauden las amenazas, sea de manera abierta o velada, porque suponen que así podrán avanzar en contra de la transformación del país en marcha desde 2018.

Estados Unidos ha dejado claro que su intención al atacar Venezuela es hacerse de sus importantes recursos petroleros. El combate al narcotráfico no era sino un pretexto alimentado con mentiras, según consta en la acusación del Departamento de Justicia.

La gran mayoría del pueblo mexicano rechaza que un vecino, por poderoso que sea, decida sobre nuestro destino. Siete de cada diez mexicanas y mexicanos respaldan la firmeza y serenidad con las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado el riesgoso escenario de las amenazas.

Mientras las mayorías levantan la voz por la patria, la oposición se empeña en exhibir sus señas de identidad: entreguismo y servilismo surgidos de mentes colonizadas para las cuales Estados Unidos es una democracia ejemplar.

Tenemos una oposición Disneyland que vive en la fantasía de volver al poder gracias a la ayuda extranjera, una oposición ciega que no se percata de que, para el imperio, los primeros desechables son los aliados.

Una oposición Disneyland a la que tiene sin cuidado que el presidente del vecino del norte lance un ataque en el exterior sin autorización del Congreso; que pase por encima de todas las leyes existentes, incluyendo las de su propio país; que las fuerzas antiinmigrantes cometan miles de abusos e incluso asesinen ciudadanos estadounidenses.

Una oposición lacaya que honra a sus ancestros, aquellos que fueron a ofrecer a un extranjero la corona del “imperio” mexicano y que aplaude amenazas que, de cumplirse, dañarían a personas inocentes y mancillarían nuestra integridad territorial.

El pueblo de México, por fortuna, tiene claro quiénes son los defensores del país y quiénes están dispuestos a entregarlo en pedazos, como lo hicieron durante décadas con sus políticas entreguistas.

México no es colonia ni protectorado de nadie. México es un Estado libre, soberano e independiente, y así lo ha sido gracias a generaciones de hombres y mujeres que defendieron esta tierra con dignidad. Y lo seguirá siendo pese a los afanes de los vendepatrias. (Dolores Padierna, El Financiero, Opinión, P. 30)

Viñetas latinoamericanas / Conversar con Trump

Para cualquier presidente o presidenta latinoamericano debe de ser problemático dialogar con Donald Trump, sobre todo si es un político o una política progresista. Cualquier escrúpulo moral o ideológico tendría que ser aparcado antes de la plática y entrar de lleno en la lógica transaccional con que Trump conduce las relaciones internacionales de Estados Unidos.

Esa lógica transaccional ha quedado plenamente expuesta, no sólo en la negociación de Trump con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sino con otros mandatarios aludidos en las amenazas de la Casa Blanca en los días que siguieron al ataque a Caracas. En medio de un cruce verbal, cada vez más subido de tono, Trump habló con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y fijaron una reunión entre ambos en Washington en el mes de febrero.

La conversación entre Trump y Petro y el anuncio de la cita produjo una distensión automática y un fin de los amagos belicistas de Washington. El propio Petro, tal vez el mandatario latinoamericano que con mayor firmeza y, también, histrionismo, se opuso a la ofensiva naval en el Caribe, desde septiembre de 2025, utilizó la noticia de su charla con Trump como un elemento de disuasión y defensa frente a la envalentonada derecha colombiana.

Otra de las jefas de Estado aludidas en el paquete de amenazas trumpistas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también habló con Trump. El contenido de la conversación, por lo visto, fue muy parecido al que sostuvieron, poco antes, los cancilleres de Estados Unidos y México, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente. Frente a la posibilidad de ataques terrestres directos contra cárteles de la droga, la izquierda hegemónica mexicana responde con mayor oferta de colaboración bilateral en el combate al narcotráfico.

Quien no habla con Trump, y lo ventila con orgullo en las redes sociales, es el presidente de Cuba, Migue Díaz-Canel. Pocos días después de que el secretario Rubio se reuniera con el embajador de Estados Unidos en la isla, Mike Hammer, Trump se refirió a unas intrigantes “conversaciones con Cuba”. No sabemos si aludía a esas pláticas rutinarias de su canciller con su embajador en La Habana, o a otra cosa.

Pero con una celeridad sintomática, el mandatario cubano respondió que su gobierno no hablaba con Trump. Había diálogos técnicos sobre tremas migratorios, pero nada más. Tradicionalmente, el gobierno cubano, desde los tiempos de Fidel y Raúl Castro, reconoce que mantiene conversaciones habituales y colaboración permanente con Estados Unidos no sólo en temas migratorios sino también de seguridad fronteriza, terrorismo y narcotráfico.

Ahora Díaz-Canel dice que no, que sólo se habla, técnicamente, sobre migración. El tono del mandatario era de orgullo militante, “no hablamos con el imperio”, pero tal vez no fuera ajeno a un reclamo de atención: “por qué hablan con Claudia y con Petro y no con nosotros”, que también queremos dialogar con Trump. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 4)

El Espectador / Imperativo que México erradique la corrupción: EU

En su ofensiva contra los cárteles mexicanos, el gobierno de Estados Unidos dice estar apostando por un frente menos visible que los decomisos o las detenciones espectaculares: el dinero.

Unidades antilavado capacitadas por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) están identificando redes financieras ilícitas y decomisando activos vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el testimonio presentado en el Congreso por el alto funcionario Christopher A. Landberg.

La estrategia, añadió, descansa en “unidades depuradas” integradas por oficiales mexicanos cuidadosamente seleccionados y entrenados, que operan junto a agencias estadounidenses dentro de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), entre ellas el FBI, ICE, la DEA y la ATF, un modelo de coordinación que, según dijo, ya está generando “victorias importantes”.

Chris Landberg asumió como subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley el 16 de enero de 2024.

Antes, entre 2021 y 2023, fue subcoordinador principal de la Oficina de Contraterrorismo (CT) y, durante todo 2023, desempeñó de manera interina las funciones de coordinador de CT y de enviado especial de Estados Unidos para la Coalición Global para Derrotar al ISIS.

Antes de ello, fue subcoordinador adjunto de CT para Respuesta a Crisis y Política Técnica (2019-2021), y director de INL en Bogotá, Colombia (2016-2019), donde supervisó un presupuesto anual de más de 150 millones de dólares, un personal de más de 350 personas y un programa de aviación de 50 millones de dólares al año, además de trabajar para fortalecer las capacidades policiales, militares y judiciales de Colombia para combatir el crimen organizado y el tráfico de narcóticos.

“Durante su viaje de septiembre a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario (Marco) Rubio puso en marcha el Grupo de Implementación de Seguridad, un marco para una acción bilateral rápida y decisiva, y también subrayó que la cooperación en materia de seguridad ha alcanzado un nivel histórico”, dijo Christopher A. Landberg ante el Congreso de Estados Unidos en diciembre.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México, donde me integré a una delegación de Estados Unidos instruida por el Secretario para cumplir este compromiso. Los resultados del liderazgo del Presidente en estos temas hablan por sí mismos: México ha extraditado o trasladado este año a Estados Unidos a 133 figuras principales de cárteles buscadas por las autoridades estadounidenses para que enfrenten juicio por sus delitos. Esto incluye a Rafael Caro Quintero, quien torturó y asesinó al agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Kiki Camarena en 1985”.

Recordó que la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada recientemente, instruye al gobierno de Estados Unidos a restablecer el control total de su frontera y proteger al país de amenazas transfronterizas, incluida la migración ilegal sin control, el narco-terrorismo y las drogas, en línea con las órdenes ejecutivas del primer día del presidente Donald Trump sobre Asegurar Nuestras Fronteras y Proteger al Pueblo Estadounidense contra una Invasión. “INL está en el centro de esta misión, en alianza con todas las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos que integran las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional nacionales y regionales, establecidas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, pandillas y redes de tráfico”, explicó.

“INL proporciona capacitación, equipo y pericia técnica focalizadas para que las autoridades de seguridad mexicanas trabajen con las agencias policiales de la HSTF para detener el crimen antes de que perjudique a ciudadanos estadounidenses. El enfoque de INL produce tres resultados críticos: degradar y desmantelar a los cárteles para que ya no representen una amenaza para el territorio nacional; detener el fentanilo y otras drogas en la fuente para prevenir muertes por sobredosis en Estados Unidos; y asegurar la frontera para frenar los flujos de bienes ilícitos y de extranjeros ilegales”.

Este alto funcionario exige mayor reparto de la carga. “México debe invertir más en su propia infraestructura de seguridad y sostener estas capacidades por sí mismo. Nuestra asistencia es catalítica, no perpetua. También es imperativo que México erradique la corrupción dentro de sus instituciones y aplique toda la fuerza de su sistema de justicia contra los criminales”. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)

La máquina de deportación

En unos días el presidente Donald Trump cumple un año de gestión, y qué año más largo ha sido. Nunca antes en la historia reciente habíamos visto tantos giros en la política pública en tan corto tiempo, y el impacto en México no ha sido menor.

Por primera vez, la migración ha sido un tema central para una administración estadounidense, pero el enfoque ha sido únicamente de mayor control. De hecho, están construyendo una máquina de deportación gigantesca que marcará un cambio en la historia de los Estados Unidos y en las vidas de muchos migrantes mexicanos y de otras nacionalidades.

Para empezar, el Congreso estadounidense ha dotado a las agencias a cargo de control migratorio más de $120 mil millones de dólares durante 4 años para llevar a cabo su misión, lo cual les permite aumentar personal, comprar aviones, construir centros de detención y generar bases de datos como nunca antes.

Como hay poco movimiento en la frontera, la Patrulla Fronteriza está cada vez más activa dentro del país en apoyo a ICE, la agencia a cargo de deportaciones del interior. Y la agencia a cargo de visas, USCIS, está cada vez más empeñada en buscar fraudes, revisar las redes sociales de solicitantes y revocar visas de los que han cometido un crimen o participado en actividades que el gobierno considera en contra de sus intereses.

Pero además de eso, se está echando mano de otras partes del gobierno en este esfuerzo, sobre todo de los Departamentos de Estado y de Defensa. La diplomacia ahora prioriza el control migratorio, con acuerdos con más de 20 países para el regreso de migrantes a terceros países (incluyendo a México, aunque ese acuerdo viene de los tiempos del presidente Biden). Y las Fuerzas Armadas han prestado aviones para la deportación (aunque cada vez menos) y efectivos para el resguardo de la frontera y algunas tareas en apoyo a ICE en ciudades (cada vez mas).

Dentro del gobierno federal, ICE está empezando a tener acceso a bases de datos, como el de los impuestos y de seguridad social (el sistema público de pensiones), lo cual permite obtener datos de los que podrían ser indocumentados. A largo plazo, esta interconexión de datos podría ser la pieza más importante en la máquina de deportación, ya que permite generar inteligencia sobre quiénes tienen documentos y quiénes no, y donde están ubicados.

Aunado a esto, se están coordinando fuertemente con los gobiernos estatales y locales en procesos de identificación y detención de indocumentados. Ya que ICE tiene pocos agentes (aún con la participación de elementos de la Patrulla Fronteriza y de algunas otras agencias, como la FBI y DEA), el involucramiento de policías locales en tareas de detenciones de migrantes indocumentados es clave para sus fines.

Hasta ahora, los números de deportaciones parecen seguir bajos, aunque sí van en aumento. Pero es muy probable de que en 2026 empecemos a ver los efectos de la construcción de tal máquina de deportación, con cada vez más migrantes indocumentados en peligro de ser detectados, detenidos y deportados. A lo largo de la gestión de 4 años de Trump, quizás lleguen a encontrar solo una fracción de los 14 millones o más de los indocumentados en el país, pero sin duda será una cantidad importante.

La pregunta es si todo esto es sostenible. Las encuestas empiezan a reflejar cada vez más dudas en el público estadounidense sobre estos esfuerzos de deportación. Al inicio de la administración, la mayoría de los detenidos tenían antecedentes criminales, pero ahora solo una tercera parte o menos los tiene, y el público es más escéptico con la deportación de migrantes sin nexos criminales.

Trump es un político hábil y muy sensible a los vaivenes de su base política. La máquina de deportación se ha construido según sus preferencias, ¿pero en algún momento tendrá que ponerle algunos límites para no perder la confianza del público? (Andrew Selee, El Universal, Opinión, A.19)

Los sofocones

Una vez más, la Presidenta logró desactivar la última amenaza estadounidense. Además de celebrarlo, me pregunto si no sería más provechoso que fueran al origen e investigaran, y de ser el caso encarcelaran, a los funcionarios que protegen criminales.

El Washington republicano reconoce que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sí está atacando a los delincuentes y reduciendo el tráfico de fentanilo, pero según el Wall Street Journal está insatisfecho por la reticencia a combatir a los cómplices de criminales. Tiene razón.

Es incomprensible que el gobierno mexicano neutralice o encarcele a casi 40 mil presuntos delincuentes y deporte a docenas de capos a Estados Unidos, pero no castigue o investigue a un solo funcionario sospechoso de haberlos protegido. Abundan los nombres.

Están las comaladas de los sexenios del PRI y el PAN, y los nombres de políticos cercanos al expresidente López Obrador: Manuel Bartlett, Rubén Rocha y Adán Augusto López, entre otros.

Pero ¿cómo piensan los mexicanos? Según una encuesta publicada por El Financiero el 5 de enero de 2026, el 80% desaprueba una intervención de Estados Unidos en nuestro país, pero el 76% también considera malo o muy malo el desempeño del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en el combate a la corrupción y el crimen organizado.

Las listas no son invención de Trump. En septiembre de 1969 el presidente Richard Nixon ordenó la Operación Intercepción: revisaron todos los vehículos y personas que entraban por tierra a Estados Unidos y paralizaron la frontera. Exigían más retenes e involucrar al Ejército. No se supo que el chantaje tenía como segundo piso una lista de “veinte personalidades mexicanas involucradas en el narcotráfico” (New York Times, 2 de octubre de 1969). No fue necesario llegar a tan incómodos extremos. Gustavo Díaz Ordaz se asustó, México cooperó, Washington se calló y la lista desapareció. En síntesis, siguieron floreciendo los pactos de impunidad y complicidad.

Desacuerdos públicos como el anterior son anormales. Lo común son las negociaciones discretas seguidas de acuerdos donde todos ganan algo. La Revolución Cubana lo ejemplifica. Pese a los enconos entre Washington y La Habana, México siempre ha encontrado la forma de tener relaciones aceptables con los países en pugna.

Estados Unidos impuso un embargo feroz, pero México mantuvo relaciones y un puente aéreo con la isla al tiempo que respaldó a John F. Kennedy durante la Crisis de los Misiles y a petición de la CIA, la Dirección Federal de Seguridad fotografiaba a todos los que iban y venían de La Habana.

Con Trump, los márgenes de maniobra mexicanos se han reducido porque el estadounidense es un virtuoso del chantaje. En 2019 y 2025 utilizó los aranceles pero, después de la intervención en Caracas, se le metió el chamuco militarista y amenazó con intervenciones unilaterales en Colombia, Cuba, Groenlandia y México.

La Presidenta logró desactivarlo y como pilón obtuvo el permiso de seguir enviando petróleo a la isla. Nadie sabe la cantidad, tiempo o concesiones. Paciencia, el periodismo de investigación vive una etapa dorada.

No es conveniente relajarse. Trump volverá a lanzar amenazas contra México pues disfruta romper precedentes y hacer demostraciones de fuerza. Sus arrebatos se disparan con algo tan menor como el vestuario inadecuado de Zelensky o por algo más profundo como los archivos de Epstein, el pederasta.

El siguiente episodio vendrá si las encuestas de intención electoral de noviembre próximo continúan pronosticando victorias demócratas en las elecciones de senadores y representantes. Entonces Trump encabezará y conducirá el coro antiextranjero y antimexicano que responsabiliza a nuestro país de todos sus males. Trump inició su campaña en 2015 advirtiendo sobre la invasión de migrantes y narcotraficantes mexicanos y prometiendo un muro gigantesco.

Eso me regresa al punto de partida de este texto. Dado lo predecible de los sofocones, la alternativa más lógica y obvia es que la Presidenta abandone el pacto de impunidad e inicie, finalmente, una ofensiva contra quienes han dado indicios de proteger criminales.

Defender corruptos no rima con patriotismo. Combatirlos es la forma más redituable, segura y sustentable de blindar nuestra soberanía. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 11)

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(Perujo, El Economista, El Foro, p. 47)