Como cada 10 de mayo desde hace década y media, colectivos de madres buscadoras salieron a las calles de muchas ciudades para recordar a la sociedad y al Estado Mexicano que en muchos hogares este día no es de celebración, sino de reivindicación y lucha frente a una institucionalidad que ha sido ineficaz para dar con el paradero de más de 134 mil personas desaparecidas en el país, e incapaz también de garantizar verdad y justicia.
En este marco, el pasado 11 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Desaparición de Personas en México, documento que actualiza el diagnóstico de esta grave dimensión de la realidad nacional, en el que se asevera de manera contundente que la desaparición de personas en México constituye una grave crisis humanitaria porque es generalizada, indiscriminada y ocurre en un marco de impunidad.
Esta afirmación ocurre también en el contexto de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, activación que supone la calificación de la crisis de desaparición en el país como una de carácter generalizado y sistemático, y que la pone en un lugar de especial consideración por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El informe de la CIDH representa un respaldo a la lucha de las miles de madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas que día con día buscan a sus seres queridos con picos y palas, remplazando las obligaciones del Estado en contextos de alta vulnerabilidad, violencia e impunidad. De ahí que el informe dé un lugar especial a la reivindicación de la debida centralidad de las víctimas y sus familias.
A modo de síntesis, el informe subraya que la desaparición es un fenómeno indiscriminado, pues cualquier persona puede ser víctima, si bien se identifica una alta concentración de desapariciones en hombres jóvenes y niñas y adolescentes por motivos de reclutamiento forzado y trata de personas, respectivamente. Se enfatiza también con preocupación el notable subregistro de personas migrantes desaparecidas, el irrespeto a la identidad de género en casos asociados con la población LGBTQ+ y el ataque a las labores de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, en cuanto a la labor de atención de los casos de desaparición, se denuncia que la respuesta del Estado ha sido reactiva y tardía, y que existe una carencia de medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir efectivamente el riesgo de desaparición para la población. En nuestro país, denunciar sigue generando miedo, pues las instituciones criminalizan y culpabilizan a las víctimas.
El predominio de la impunidad en el sistema de justicia del país termina por coronar la situación de ausencia del Estado en la atención integral de la crisis.
Por ello, el informe llama con urgencia a recuperar la centralidad de las víctimas sin omitir que la investigación y búsqueda son obligaciones propias del Estado.
Urge también a mejorar la eficiencia y agilidad de los procesos institucionales, incrementar la efectividad de los equipos de trabajo y aumentar sustantivamente la coordinación interinstitucional. Asimismo, resalta la importancia del fortalecimiento de mecanismos y herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o la reactivación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otras acciones que ayuden a fortalecer las capacidades para la identificación de los más de 70 mil cuerpos en posesión del Estado, de acuerdo a conteos independientes recuperados por la CIDH.
El informe llega para constatar, una vez más, que la desaparición de personas en México tendría que ser un asunto de urgente y prioritaria atención para el Estado Mexicano, que debería resolver especialmente los serios problemas de eficacia que guarda la estructura normativa e institucional de nuestro país. Tal como lo testimonió Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo “Hasta encontrarte”, en la presentación del informe, los canales de diálogo del gobierno de México han permanecido cerrados mientras las madres buscadoras se exponen a la violencia y vulneraciones a la salud debido los riesgos y el sufrimiento implícito de buscar día con día a sus seres queridos en condiciones de abandono institucional y violencia generalizada.
Mientras el Estado niegue la gravedad de la crisis y se cierre al diálogo con las víctimas, las madres buscadoras seguirán subrayando con su cotidiana lucha el fracaso institucional en la protección de derechos humanos, a la vez que siendo ejemplo vivo de la resiliencia de la dignidad humana en entornos donde predomina la injusticia. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 12)
Una muchacha o un muchacho sale de su casa a reunirse con amigos o compañeros de la escuela o del trabajo, o con su pareja; o se dirige a clases o al lugar donde trabaja; o acude a una cita a la que se le convocó como aspirante a una plaza laboral. Deja de comunicarse con su familia. Pasan las horas. Los familiares empiezan a preocuparse. ¿Por qué no regresa al hogar? Sus padres van a una agencia del Ministerio Público a denunciar la desaparición. La respuesta de la autoridad ministerial es indolente. La angustia invade a los padres. ¿Por qué no vuelve, por qué dejó de enviar mensajes en su celular? No hay respuestas. La zozobra se ha apoderado de la vida de los allegados. Lo cierto es que el caso aumenta la cifra de desapariciones en nuestro país.
Es sólo un caso, uno solo entre las docenas que ocurren todos los días. Un caso que aumenta levemente la estadística, pero una tragedia de proporciones mayúsculas para la persona desaparecida y todos los que la quieren, una desgracia que marcará para siempre a la familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado, como lo hizo recientemente el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que la desaparición en México es generalizada. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, hay más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas. La cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado es de más de 70 mil.
El rol del crimen organizado es predominante —observa el informe de la CIDH—, pero “lamentablemente las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales no han sido aún erradicadas”. El universo de personas desaparecidas incluye niños y jóvenes reclutados por grupos criminales, así como mujeres, niñas y migrantes víctimas de trata con fines de explotación sexual o trabajo forzado, y personas desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos. En agosto de 2025 se ignoraba el paradero de cerca de 18 mil menores de edad.
El informe muestra que la denuncia del delito se enfrenta a miedo, desconfianza, riesgo de represalias y falta de orientación adecuada a las familias, pérdida o extravío de evidencias, falta de protección de testigos y debilidades en los planes e hipótesis de investigación. La impunidad es casi absoluta. Los pocos casos que llegan a los jueces se tramitan con demoras e inconsistencias.
La Presidenta de la República condena los abusos de los conquistadores encabezados por Hernán Cortés, soslayando los no menos graves cometidos por el imperio azteca contra sus vasallos, que eran esclavizados, sacrificados e incluso devorados. Sin duda, en la Conquista se perpetraron abusos, como en todas las conquistas, pero durante el virreinato también se edificaron catedrales, hospitales y acueductos, se fundaron conventos para hijas de caciques indígenas, se creó la primera universidad del continente y se gestó el mestizaje que dio lugar a nuestro país.
Llama la atención que los vituperios presidenciales se refieran a hechos de hace 500 años cuando hoy mismo el país sufre una crisis de desapariciones forzadas y es uno de los de más alta incidencia en el mundo de homicidios dolosos (incluidos los feminicidios), desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones; que la Presidenta haya apoyado invariablemente a Nicolás Maduro (no le antipatiza como Cortés), un dictador responsable de numerosos encarcelamientos arbitrarios, torturas y asesinatos de opositores —para no incomodarlo omitió felicitar a María Corina Machado por la obtención del premio Nobel de la Paz otorgado precisamente por su lucha contra la dictadura—, y se envuelva en el lábaro patrio en defensa de un gobernador que llegó al cargo en una elección durante la cual pistoleros al servicio del crimen organizado secuestraron a representantes de partidos de oposición, rellenaron y robaron urnas, y aterrorizaron a votantes.
¿Es plausible seguir fustigando a Hernán Cortés, un personaje de hace medio milenio sin cuya existencia tampoco existiríamos los mexicanos, al tiempo que se apoya a las dictaduras cubana y venezolana y se cobija a Rubén Rocha Moya y demás exfuncionarios de su gobierno requeridos por la justicia estadunidense? (Luis de la Barreda Solórzano, Excélsior, Nacional, p. 11)
En abril visitó México el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien llamó al gobierno mexicano y a la ciudadanía para que aborden el caso de las desapariciones como tema central que debe ser resuelto. El lunes de esta misma semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió su informe, según el cual, hasta agosto de 2025, eran más de 128 mil los desaparecidos en México y, de ellos, la sexta parte son niños y adolescentes menores de 18 años.
Se trata de una tragedia nacional que equipara a nuestra endeble democracia con las peores dictaduras sudamericanas de los años setenta. Por supuesto, la crisis humanitaria, como la llaman pese a su inhumanidad, no afecta en la misma forma a toda la República, pues en sólo tres estados se concentra la tercera parte de las desapariciones: Jalisco posee el sangriento liderazgo, 15 mil 330; le siguen los estados de México, con 14 mil, y Tamaulipas con 13 mil 471.
El informe fue rendido por la vicepresidenta de la citada comisión, quien señaló que, si bien se han documentado casos de connivencia entre criminales y autoridades, la mayoría de las desapariciones son causadas por el crimen organizado, gesto de cortesía de la visitante que mucho debe agradecer el gobierno mexicano.
Sin embargo, bien se sabe que no son pocos los niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, reclutados por muy diversos medios para servir a la delincuencia en tareas retribuidas económicamente o bien, esclavizados en campos de cultivo o en las instalaciones de procesamiento de drogas, además de los sometidos a labores propias de la criminalidad urbana.
Pero lo más lógico es que a los delincuentes no les preocupe asesinar a sus víctimas y dejar sus cadáveres en cualquier lado. En cambio, quienes tienen alguna autoridad, como policías locales o federales, guardias nacionales o militares, tenderán a ocultar sus excesos, pues no pocos de los detenidos pueden morir durante las sesiones de tortura o simplemente ser asesinados. Por eso, en el sexenio de Luis Echevería echaban al mar, sobre bancos de tiburones, a los detenidos.
Otro dato que muestra la incompetencia de las autoridades es el número de cuerpos no identificados que ronda los 70 mil. Si bien se ha podido avanzar en la recolección del ADN en casos denunciados, gracias a que los familiares denunciantes aportan ropa u objetos de los desaparecidos, lo cierto es que falta mucho para darle eficacia a las medidas adoptadas por la autoridad.
Algo que lastima profundamente la convivencia entre los mexicanos es la impunidad. Si no aparece alguien que fue secuestrado por las mafias o detenido y desaparecido por las corporaciones de seguridad, tenemos derecho a esperar que los culpables sean detenidos, enjuiciados, sentenciados y que cumplan su condena, lo que no parece posible en el país de las complicidades y el disimulo de las autoridades.
Lo que llega a extremos indignantes es que las madres buscadoras no cuenten con un apoyo amplio y decidido de las autoridades. Por el contrario, se ha informado ampliamente que policías, agentes del Ministerio Público y hasta jueces se hacen de la vista gorda, les niegan apoyo elemental, pese que realizan tareas que corresponden a la autoridad; las hostilizan e incluso son asesinadas, con lo cual las buscadoras de hijos, maridos o parientes desaparecidos son convertidas, a su vez, en desaparecidas.
Un ejemplo del desprecio que le merecen al gobierno las víctimas de este desorden lo tuvimos el reciente Día de las Madres, pues la más alta autoridad de la nación hizo un reconocimiento de las madres migrantes, pero no hubo una sola mención de las madres desaparecidas ni de las buscadoras.
Desde luego, debemos pensar que existen cuerpos policiacos que funcionan debidamente, que actúan con honradez, celeridad, interés y eficacia, porque los hay o por lo menos los ha habido. Pero la gran mayoría de esas corporaciones no cuenta con sistemas eficientes para garantizar un desempeño aceptable de sus elementos. Quizá se tenga que empezar por ahí.
Lamentablemente, no se observa mayor interés en reducir en forma drástica la tragedia de las desapariciones. Quizá porque las autoridades prefieren desaparecer ante el inmenso reto que implica ese delito. (Humberto Musacchio, Excélsior, Nacional, p.11)
Los problemas que enfrenta la entidad que dice gobernar María Eugenia Campos no son lejanos a la realidad de muchos estados. La inseguridad y la presencia de cárteles en la frontera; la sequía y la poca modernización agrícola; los pocos empleos bien renumerados; la migración y la trata de personas, así como la desigualdad social, son temas que están en la mesa del estado fronterizo.
Pero hoy en el hogar de casi cuatro millones de habitantes, está la interrogante: ¿Por qué no se solucionan los graves problemas de inseguridad si se habla de que la gobernadora permitió la creación de grupos especiales, la posible intromisión de equipos extranjeros o el millonario equipamiento de las fuerzas de seguridad estatal? Tan solo en el mes de abril de 2026, Chihuahua fue la entidad que más homicidios dolosos presentó en el país, al dejar atrás estados como Guanajuato y Morelos.
Entre la población se habla de que el jefe de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, formó equipos paramilitares denominados Grupo de Atención y Control a la Delincuencia Organizada supuestamente para enfrentar a la organización criminal “Tren de Aragua”, con la finalidad de erradicar la presencia de esta agrupación procedente de Venezuela. Nadie sabe de los resultados de esta corporación.
La falta de gobernabilidad le toca la puerta del Palacio de Gobierno a Marú Campos, en especial cuando su posible desafuero se discute en las mesas políticas tanto a nivel nacional como local.
Ariadna Montiel, nueva presidenta de Morena, convocó a la población a manifestarse contra Campos porque permitió que ingresaran agentes de la CIA en operativos para combatir a las células del narcotráfico que operan en la entidad. Recordemos que el embajador de EU en México, Ronald Johnson, reveló que fallecieron dos agentes de su país.
La gobernadora, fiel a su estilo, ofreció respuestas poco asertivas ante los cuestionamientos surgidos por los recientes acontecimientos. En un primer momento, sus declaraciones fueron ambiguas y carecieron de claridad en el relato de los hechos. Inicialmente, se sugirió que el incidente involucraba drones, pero posteriormente se reconoció que se trataba de dos agentes estadounidenses, lo que generó incertidumbre entre la población. A pesar de la solicitud del Senado para que la gobernadora acudiera a aclarar los hechos, ella rechazó dicha petición. Incluso, horas antes de la que sería su comparecencia, se filtró un documento en el que se negaba a asistir, y públicamente manifestó que “no era obligatorio” presentarse ante los legisladores. Tras el escándalo vinculado a la presencia de los agentes de la CIA, el fiscal general del Estado, Cesar Jáuregui, presentó su renuncia. Sin embargo, no se ofrecieron detalles ni se esclarecieron los hechos ni el posible beneficio derivado de esta dimisión. Además, se anunció la creación de una “Unidad Especializada”, una instancia dependiente de la propia administración de Maru, con el objetivo de investigar los acontecimientos; es decir, la administración se investigaría a sí misma; en un gesto menos asertivo, la gobernadora prefirió la foto y se dejó ver en Aguascalientes junto a la líder derechista Isabel Ayuso. Este acto fue percibido como cínico por parte de la ciudadanía, especialmente considerando los graves problemas que enfrenta la entidad y que requieren atención prioritaria.
La marcha contra Maru se realizará este sábado. Es increíble ver cómo dejó que las cosas escalaran tanto cuando era muy fácil aclarar los hechos desde el inicio. (Laura Puente, El Heraldo de México, País, p. 9)
El conflicto en torno a Rubén Rocha Moya es mucho más que una simple diferencia diplomática con EU. Exhibe la subordinación del gobierno al sexenio anterior. Llama la atención que la crisis haya estallado a la salida del canciller de la Fuente. Desde el inicio, la reacción presidencial ha sido defensiva, evasiva. Cuidadosamente calculada para evitar cualquier fisura en la gran grieta de Morena. La presidenta Sheinbaum no habla como jefa de Estado; es la administradora de equilibrios internos. Cada declaración está redactada para no esclarecer los hechos; se lanza para proteger al movimiento político al que pertenece el apestado gobernador sinaloense.
Insistir en que “no existe solicitud formal de extradición” o en que “deben presentarse pruebas concluyentes” es una obviedad jurídica utilizada como escudo político. Como lo escribió Diego Oré en Reuters: Ningún gobierno serio necesita esperar a que Washington dicte órdenes para abrir investigaciones propias cuando existen acusaciones internacionales de semejante gravedad, además de un Tratado internacional en que se basa la solicitud.
Mientras el gobierno estadounidense habla de presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al fentanilo, en México la prioridad es proteger a Morena y evitar daños a la narrativa de AMLO.
Sheinbaum ha elegido el peor camino: ni confronta abiertamente a EU, ni actúa con firmeza institucional en México. Se refugia en ambigüedades sobre soberanía mientras evita el núcleo: la penetración del crimen organizado en la vida nacional.
El argumento soberanista de tanto machacarse suena vacío, repetitivo, cínico. La soberanía no consiste en encubrir gobernadores sospechosos. Tampoco en convertir el nacionalismo en coartada política. Un Estado soberano demuestra fortaleza investigando con rigor a sus propios funcionarios, no indignándose selectivamente: te extradito a los delincuentes deleznables, pero protejo a mis socios poderosos.
Claudia Sheinbaum llegó al poder con todos los recursos para proyectar una figura técnica, racional, moderna. Ahora reproduce el viejo manual priista: cerrar filas, desacreditar presiones externas, administrar tiempos políticos y apostar al desgaste mediático. Ya solo falta una concentración masiva de desagravio. La diferencia es que México enfrenta ahora un contexto muy peligroso: crisis de violencia, infiltración criminal y desconfianza institucional.
El problema no es Rocha Moya. El verdadero problema es la percepción creciente de que en la 4T pesa más la lealtad política que la legalidad. Y cuando esa percepción se instala dentro y fuera del país, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Según Patrick J. McDonnel (Los Angeles Times) para Washington este episodio tampoco es un incidente aislado. La relación bilateral atraviesa tensiones crecientes por el tráfico de fentanilo, la migración y la seguridad fronteriza. En ese contexto, la tibieza del gobierno mexicano alimenta la idea en EU de que no hay voluntad para combatir seriamente las redes criminales protegidas políticamente.
Más preocupante es que Sheinbaum gobierna bajo la premisa de no contrariar jamás al odiado obradorismo, lo que debilita su autoridad. Cada día que pasa sin una acción contundente fortalece la impresión de que México tiene una presidenta atrapada entre lo que se exige para gobernar constitucionalmente y las lealtades al movimiento. Se corre el riesgo de convertir una crisis judicial en una crisis de legitimidad nacional. Y en política, la percepción de encubrimiento suele ser tan destructiva como el encubrimiento mismo.
Rocha Moya declaró socarrón antes de esconderse que no iba a pasar nada. Ya se ve que sí está pasando. (Mario Melgar-Adalid, El Universal, Opinión, A15)