Los funcionarios de la DEA que trabajan actualmente en el país sobrepasan los 100. A este número hay que sumar sus agentes encubiertos, colaboradores (no empleados formales pero que son pagados por la agencia antinarcóticos estadounidense de manera regular) y a sus informantes.
Hay funcionarios mexicanos que conocen del tema y que aseguran que el despliegue de este organismo en el territorio mexicano se debe calcular en no menos de 300 personas con capacidad técnica para llevar a cabo escuchas telefónicas, seguimientos electrónicos e investigaciones específicas o de gran calado.
Esos mismos servidores públicos aseguran que incluso su trabajo se ha intensificado a partir del cierre de canales formales de comunicación y trabajo con el gobierno mexicano. Ponen como ejemplo el llamado Proyecto Python, que se dio a conocer en Estados Unidos a principios de 2020, y que fue operación dirigida por la DEA, apoyada por varias agencias en distintos estados americanos, y que significó la mayor investigación contra Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque las detenciones de más de 600 personas se dieron en territorio estadounidense, una parte sustancial de las investigaciones que se siguieron, por al menos seis meses, comenzaron en México y permitieron ubicar sus conexiones en el país del norte.
De hecho, aseguran, la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador para las operaciones conjuntas y la inmunidad legal en México para los agentes de la DEA, FBI o cualquier oficina estadounidense, ha generado que se le dote de mayores apoyos para su trabajo desde México y hacia México.
Los recursos se incrementarán aún más para las agencias, porque en la agenda de amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional estadounidense aparecen cuatro temas que se desarrollan en territorio mexicano: drogas sintéticas, terrorismo, migración y la presencia de China y Rusia.
Por ahora sus 11 oficinas conocidas por el gobierno mexicano, ubicadas en nueve estados, operan con cierta normalidad. Los permisos de una veintena de agentes que no se han resuelto por parte del gobierno mexicano y que dio a conocer la cadena CNN, son de los relevos de personal regular y su “ausencia” no ha detenido las operaciones. El haber exhibido la demora, es que forma parte de las negociaciones por inmunidad que es prioridad para el gobierno de Washington.
De entre las cosas que deberían preocupar más al gobierno mexicano es la poca confianza que tienen en sus funcionarios. Por ahora mantienen un contacto más o menos cercano con la cancillería, con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Marina. La información disponible plantea que no confían en el fiscal Alejandro Gertz Manero, tampoco en Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración, y tienen sus reservas con el Ejército. Pero las agencias son pragmáticas y podrán trabajar, con reservas, con todos.
Aunque al fiscal Gertz Manero no le preocupa la relación con el Departamento de Justicia ni mucho menos con la DEA o el FBI, quizá sí debiera interesarle que el titular de la UIF, Santiago Nieto —con quien mantiene una intensa confrontación—, está muy cerca de los estadounidenses, y podrá seguir obteniendo información que lo coloquen en las preferencias del presidente López Obrador.
El gobierno de Joe Biden está confiado en que si bien el discurso público de México seguirá en el sentido de que se ha frenado la operación de las agencias en el territorio, en la práctica los agentes mantendrán su inmunidad legal y se llevarán a cabo operaciones conjuntas contra los cárteles de las drogas y de traficantes de personas, para iniciar con su lista de pendientes. (María Idalia Gómez, Eje Central, On line)
Retales
Vacunas. Ebrard detalló que en la apertura de la frontera terrestre a EU el requisito será contar con el esquema completo de vacunación y que Washington solo acepta las autorizadas por la OMS, que, de las aplicadas en México, aún no aprueba la china Cansino, de la que aquí se han vacunado 7 millones de personas, ni la rusa Sputnik, de la que se pusieron 4 millones de dosis. Y confió que lo haga pronto, como por la mañana había pedido el Presidente.
Sureste. Esta región del país ha vivido en el abandono de los presidentes de todos los partidos. Por eso el atraso. Hasta hace poco en Chiapas no había ninguna industria. En los próximos días se llevará a cabo una reunión de los gobernadores de esa zona con el embajador Ken Salazar y los secretarios Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, para hacer una agenda de inversión del gobierno de EU de cara al problema migratorio. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
A PROPÓSITO de Ebrard, hay que reconocerle que sus gestiones ante Washington finalmente dieron resultado y en noviembre se abrirá el paso fronterizo hacia el otro lado.
DENTRO de la propia Cancillería se comenta que fueron largos meses de cabildeo, primero con el gobierno de Donald Trump y después con el de Joe Biden. Uno de los puntos centrales, fue convencer a los norteamericanos del avance y la eficacia de la vacunación en las ciudades de la frontera norte. Uno de los protagonistas de las negociaciones fue Roberto Velasco, director para América del Norte y principal operador de la SRE para la relación bilateral.
LOS más contentos con todo esto, por supuesto, son los comerciantes estadounidenses que ¡por fin! verán regresar a los mexicanos a hacer su shopping. Hasta dicen que a Marcelo Ebrard le quieren poner un altar en Target. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
NOTAS EN REMOLINO
En las próximas semanas empezaremos a ver los resultados no explícitos del Acuerdo de Entendimiento de Seguridad entre México y Estados Unidos en el tema migratorio pero, sobre todo, en seguridad, afirman fuentes diplomáticas… (José Fonseca, El Economista, Política, p. 45)
Nadie sabe cómo llegó Biden al Zócalo
Un gran misterio ronda en el gobierno federal, pues ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) conocen la forma en que se gestionó el videomensaje que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, que se proyectó el pasado 27 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. En solicitudes de información bajo el cobijo de la Ley de Transparencia, las dos dependencias federales se echan la bolita y aseguraron no tener esa información, pues mientras la cancillería recomendó ir a Presidencia a preguntarle, lo mismo hizo Presidencia con Relaciones Exteriores. ¿Pues qué no la vida pública tiene que ser cada vez más pública, dice alguien? (El Universal, Nación, p. 2)
La llegada del embajador Ken Salazar a México podría considerarse como una hábil campaña política.
Porque eso es Salazar. El enviado estadounidense no es un diplomático, como lo fueron Roberta Jacobson, Tony Wayne, Jeff Davidow o Carlos Pascual, ni tampoco personaje de confianza del Presidente de EU, como Antonio Garza.
Salazar es un político con fuerza propia, que sirve como enviado de otro político, para ofrecer de hecho un trato político a una relación que combina la diplomacia y la grilla doméstica en los dos países. En otras palabras, su trabajo es restablecer equilibrios.
En ese sentido, el nombramiento de Salazar y sus primeros pasos en México son significativos.
Cuando el presidente Joe Biden llegó al poder ofreció, entre otras cosas, regresar a la diplomacia y el diálogo con sus aliados. Ciertamente Biden ha tenido descalabros, como las formas del retiro de Afganistán y el golpe a sus relaciones con Europa, en lo externo, y tropiezos como el estrangulamiento que, por motivos ideológicos mantiene el senador republicano Ted Cruz (Texas) en la confirmación de nuevos embajadores.
En los primeros nueve meses del año, sólo dos embajadores han sido confirmados: Linda Greenfield, la representante ante Naciones Unidas, y Ken Salazar, en México. Y esa confirmación es significativa. Tal vez porque Salazar fue senador y secretario del Interior, puede acercarse con mayor facilidad a quienes fueron sus colegas. O un reconocimiento a la creciente importancia de los hispanos —que son 60 por ciento de origen mexicano— en Estados Unidos.
O puede ser también que consideren prioritario el acercamiento con el gobierno de México, en la frontera más complicada para sus problemas de política doméstica: migración, narcotráfico, comercio. Y es importante que los estadounidenses y su aparato político vean mas allá de esa línea, porque los problemas son más profundos, como la pobreza en el sureste.
Uno de los propósitos, abiertamente presentado, es el de reanudar el diálogo bilateral, interrumpido a la llegada de Donald Trump al poder, y restablecido ahora con las reuniones de Alto Nivel de temas económicos, en septiembre en Washington, y de seguridad, hace una semana en la Ciudad de México.
La apertura mostrada ante las propuestas del gobierno mexicano para el establecimiento de nuevos marcos de referencia no son accidente, ni necesariamente acuerdo total.
De hecho, esos marcos están en proceso de ser rellenados, convenidos e interpretados. Hay una rica historia de acuerdos pragmáticos entre los dos países, y esos no se logran en debates acrimoniosos. Es significativo que el marco para los temas de seguridad se llame “Entendimiento Bicentenario”.
Como nos dijo Salazar, no es posible que los desacuerdos interrumpan los otros temas fundamentales. Y eso tampoco es nuevo. Pero antes se le llamaba el acuerdo en estar en desacuerdo o aislar problemas para no contaminar el resto de la relación. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 33)
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es un hombre católico, de 66 años de edad, nacido en Alamosa, Colorado, y con raíces México-americanas.
Ocupó la Secretaría del Interior en el gabinete del presidente Barack Obama, y antes de eso fue senador por su estado. En Colorado también ocupó altos cargos, como fiscal general.
Abogado, con altísimas credenciales académicas y profesionales, representa a Estados Unidos en México, y no lo hace con un bajo perfil.
Me imagino que sus comunicaciones con la Casa Blanca son muy distintas a las declaraciones y boletines oficiales a los que tenemos acceso en la prensa mexicana. Es claro que la información que la embajada de Estados Unidos en México envía a la Casa Blanca resulta tan preocupante, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió enviar a México a tres secretarios de su gabinete a aclarar asuntos.
El viernes pasado estuvo en la Cancillería mexicana Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Es el puesto más alto en el gabinete, y su cartera se encarga, entre otras muchas cosas, del servicio exterior de su país. Es una especie de Cancillería, pero al contrario del Dr. Simi, mucho más cara; lo acompañó el fiscal general de la República, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Interior, Alex Mayorkas. No vino la vicepresidenta Kamala Harris, lo cual, para algunos, dice mucho de su estatus político actual en la administración, donde no parece prender a las bases demócratas. Su actuación hasta el momento ha sido más bien gris.
Esta súper delegación estadounidense no vino por casualidad. Lo último que quiere Estados Unidos es problemas en su frontera sur, pero hay varios.
En primer lugar, está el tema de la seguridad. Estados Unidos ve con preocupación la actitud pasiva de la administración del presidente López Obrador ante los avances del crimen organizado. Cada vez más territorio nacional cae en manos de los cárteles, y el gobierno insiste en repartir abrazos. Esto provoca enorme facilidad de movimiento en México, y permite la exportación de drogas y químicos adictivos que afectan a la población de Estados Unidos. Eso, y sólo eso, es lo que le importa a ellos. Pero, si para reducir la dimensión del problema, hace falta más fuerza para combatir el crimen, eso también ayudará a los mexicanos de bien.
Por ello, la insistencia de Estados Unidos de cambiar los parámetros de la relación bilateral en el combate al crimen organizado. Los boletines de la reunión hablaban del fin de la Iniciativa Mérida, y la bautizarán con otro nombre, pero el embajador Ken Salazar, en su visita exploratoria al Senado mexicano, claramente declaró que los recursos seguirán fluyendo a México.
También dio a conocer que Estados Unidos insistirá en que, como parte del nuevo acuerdo, se reanude la operación de agentes de la DEA en México.
En eso, Estados Unidos no cederá. ¿Y a qué le tienen miedo? No me salgan con una amenaza a la “soberanía nacional”, porque eso es una soberana estupidez. A todos nos conviene desmantelar, o por lo menos, debilitar a las organizaciones criminales que arreglan elecciones con amenazas y extorsiones, y que alteran la paz y la seguridad personal de millones de mexicanos.
Hay, por supuesto, otros conflictos. Estados Unidos debe estar preocupado, y muy molesto, con el tema de la nacionalización eléctrica, que afecta a muchos inversionistas, y que atenta contra la Constitución, y el T-MEC.
Supongo, pues, que a eso fue el embajador Salazar al Senado mexicano. Fue, como decimos aquí, a medirle el agua a los camotes, para saber si tiene posibilidades la funesta iniciativa presidencial en el tema energético. Ojalá no las tenga. (Jorge Berry, El Financiero, Mundo, p. 21)
En todos los países, los políticos tienden a pensar que ellos pueden controlar el mercado. Por lo general, se equivocan, sobre todo cuando hay una gran demanda de un bien que se apareja con una gran oferta de este bien.
Es lo que sucede en el mercado laboral de Estados Unidos. Para ser competitivos y poder seguir creciendo su economía, hay mucha demanda de mano de obra barata. Del otro lado de la frontera, en México, existe mucha oferta de trabajadores que no encuentran en su país trabajos bien remunerados. Las fuerzas de la oferta y demanda se juntan. No hay manera de detenerlas en los más de tres mil kilómetros de frontera que existen entre el país exportador y el importador de mano de obra.
Si los estadunidenses levantaran un muro, como era el sueño de Trump, los mexicanos construirían túneles. Si cerraran dichos túneles, aparecerían cruces marítimos. Si lograran controlar la vastedad del mar, algo inventarán para cruzar por aire, si no es que, para ese momento, el muro originalmente construido ya tendría varios boquetes.
¿Hasta cuándo entenderán los políticos que es imposible controlar el mercado?
Es el caso de las drogas, de los trabajadores ilegales que emigran de países subdesarrollados a los desarrollados y, sí, también, de los llamados autos chocolate, que van en sentido contrario. No hay manera de controlar todo esto. Lo único sensato es la regularización y legalización de estos mercados.
En este sentido, hoy voy a coincidir con el presidente López Obrador. Tiene razón al anunciar “un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro; entonces, los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo”.
Claro que el Presidente lo hace por motivos políticos. He aquí una clientela electoral muy apetitosa que le deberá un favor a AMLO y su partido. Lo importante, sin embargo, es el reconocimiento a que ningún político puede controlar las fuerzas del mercado.
Con esta misma visión, López Obrador debería legalizar las drogas para empezar a tratarlas como un tema de salud pública y no de seguridad. Y el presidente Biden, de Estados Unidos, regularizar a millones de trabajadores indocumentados, así como reglamentar la entrada y salida de trabajadores que vienen de países menos desarrollados como México. Por su parte, los gobiernos de naciones emergentes deberían formalizar la importación de mercancías usadas que tienen más demanda en estos países, como la ropa, electrodomésticos, coches y camiones de segunda mano.
Mejor reconocer las fuerzas del mercado que combatirlas.
Pero los políticos son tozudos. Creen que, con las policías a su mando, pueden controlar el mercado. Se encaprichan y cometen tonterías, como la eterna y utópica idea de que no hay que dejar entrar a los indocumentados.
Son necios, pero es que es muy poderoso el reclamo de una parte de la población que, frustrada por las crisis económicas, piensa que lo mejor es correr a todos los trabajadores indocumentados de su territorio. Lo único que logran es que el crecimiento económico se ralentice.
Son, además, racistas, porque, en su ánimo de controlar el mercado, empoderan a policías con la facultad de solicitar papeles a todo aquel sospechoso de estar indocumentado. ¿Y quiénes son los sospechosos? Pues aquellos que los delate el color de su piel.
Vemos, así, que oficiales morenos, de nombres como Joe Ramírez, nacidos en Estados Unidos, hijos de inmigrantes mexicanos indocumentados, detienen a morenos, de nombres como José Ramírez, inmigrantes mexicanos indocumentados que se fueron a Estados Unidos para que algún día sus hijos sean legales en ese país y, quizá, lleguen a ser policías como los que los están arrestando. Patético.
Sí, quizá es injusto para los trabajadores de un país tener que competir con trabajadores indocumentados. Sí, quizá es injusto para la industria automotriz de un país competir con los carros chocolate. Pero, caray, ¿acaso no sería más fácil asumir que es imposible controlar las fuerzas de la oferta y la demanda y actuar en consecuencia? ¿Regularizar a los trabajadores indocumentados en Estados Unidos y los autos chocolate en México para, eventualmente, legalizarlos? Algún día, al final de toda esta historia, desaparecerán las fronteras políticas y lo que sea legal de un lado será legal del otro. La sensatez se impondrá frente a la estupidez humana. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 13)
La relación de México con su vecino del norte ha cambiado de fondo. La personalidad de los presidentes (AMLO, Trump y Biden) cuenta mucho. También incide la evolución sociopolítica y económica de cada una de las dos naciones, del entorno económico y financiero internacional, la nueva geopolítica en Europa, y de EU con China, la multiplicación e intensificación de los fenómenos migratorios globales y en América del Norte, entre otros.
Sin embargo, los temas esenciales de la agenda bilateral son los mismos, aunque con énfasis y modalidades diferentes. La vecindad y la historia subyacen el diálogo.
Para EU el objetivo esencial es que México se encuentre estable en lo político y en paz, en lo que coincidimos. Ese propósito enfrenta hoy nuevas y desafiantes acechanzas. De ahí que una de las problemáticas continúa siendo la seguridad, debido al desarrollo acelerado del crimen organizado transfronterizo durante las últimas dos décadas. Por eso no sorprende que el tema seguridad aparezca explícita (8 de 17) o veladamente (12 de 17) en todas las reuniones bilaterales de alto nivel.
Sin embargo, bien a bien no se sabe qué se ha acordado. Las frecuentes reuniones bilaterales se han caracterizado por falta de transparencia acerca de agendas y de acuerdos. Los detalles son insuficientes para que ambas naciones puedan entender lo que realmente se ha negociado.
Algunos de esos acuerdos no pueden ocultarse. Por ejemplo, la concesión de México acerca del control de la inmigración por su frontera sur, desde la presidencia de Trump. Lo que no se sabe es cuántos inmigrantes aceptará EU y cómo enfrentará México la permanencia de quienes no llegarán a EU y se quedarán en su territorio. Esto se ha encubierto con un velo discursivo que se centra en “atender el fenómeno en su origen”, esto es, en la falta de desarrollo económico y democrático en América Latina y el Caribe, en especial, el llamado Triángulo del Norte.
En 2020 se subrayó como causa central la devastación económica y social de la pandemia, luego el móvil económico (falta de crecimiento y desigualdad endémica). Pronto ese argumento fue insostenible, dada la frecuencia de solicitudes de asilo por causas políticas, ante la violación de derechos humanos. Ni el gobierno de México ni el de EU han comunicado cómo piensan manejar la problemática de asilos. En este caso la información no es opaca sino deliberadamente engañosa.
Los desacuerdos de fondo sobre los cuales no se informa son: el interés de EU en prolongar la Iniciativa Mérida (véase Departamento de Estado y embajador Ken Salazar). Dicho programa implica la capacidad por ley del Congreso de EU de verificar el destino específico de los recursos y su aplicación efectiva; la situación de los agentes de la DEA que se encuentran en México, incluyendo su obligación de informar por ley de sus actividades a la SRE, a partir del arresto unilateral y agraviante en el arresto del general Cienfuegos; la demanda del jefe del Comando Norte de que la Sedena y Marina le compartan información detallada de incursiones aéreas y marítimas; la espada de Damocles que representa para México la intención expresa de Trump y del gobernador de Texas de que EU declare a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, lo cual le permitiría a EU usar la fuerza militar para combatirlos.
Nada de esto se explica en los comunicados, que además difieren entre agencias y países. El mejor ejemplo es el último Diálogo de Alto Nivel de Seguridad que produjo un “entendimiento” basado en las mejores capacidades retóricas diplomáticas de ambos países. Lo malo es que dicha retórica no señaló con cabalidad los resultados del encuentro, por ejemplo, la presencia del procurador general Garland y la ausencia del fiscal Gertz-Manero, quien tiene una larga lista de asuntos no resueltos con EU. Qué bueno que el gobierno de Biden le presta atención a la relación con México al más alto nivel, sobre todo a los temas de seguridad y migración. Qué mal que esté permitiendo una cobertura informativa de encubrimiento. (Jesús Reyes Heroles, El Universal, Opinión, p. 16)
El 7 de octubre de 2021 se llevó a cabo en nuestro país el diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Los trabajos dieron como resultado la suscripción del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras. Se trata de un acuerdo que relanza, sobre nuevas bases, la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.
Desafíos como la protección ciudadana y la salud, la prevención de delitos transfronterizos, la persecución de redes criminales, el intercambio de información y la lucha contra el consumo de drogas, entre otros, fueron abordados por las dos delegaciones.
Para enfrentar estos retos, lo que buscan ambos gobiernos es apoyarse en todas las herramientas, más allá de las de seguridad, que sólo implican un enfoque represivo, como la ahora extinta Iniciativa Mérida. Ésta, por cierto, nunca fue enviada al Senado de la República por parte del Ejecutivo en 2007, para su análisis y discusión, aunque al entrar en vigor en 2008 sí comprometió al país frente a EUA.
En concreto, el Entendimiento Bicentenario busca atender las causas estructurales de la violencia, a través la promoción del desarrollo; la oferta de oportunidades de trabajo para personas jóvenes; el apoyo a comunidades rurales y fronterizas de México, así como a quienes luchan contra adicciones y drogas; reducir el contrabando de armas de Estados Unidos a México; fortalecer la salud pública; combatir la trata y el tráfico ilícito de personas, y reducir los homicidios y delitos de alto impacto.
Por ejemplo, ambos gobiernos se comprometieron a establecer la Red para la Prevención de los Homicidios, a fin de proporcionar una plataforma para el intercambio de las mejores prácticas en materia de prevención de la delincuencia, la violencia, la reducción de homicidios, el trabajo con jóvenes en riesgo, y conseguir comunidades seguras y en paz. Para ello, la Red contará con grupos multidisciplinarios de trabajo sobre homicidios en los delitos de gran impacto relacionados con las organizaciones criminales transnacionales.
Toda esta cooperación se realizará respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos, la equidad, los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad de oportunidades en ambos países.
Sin duda, el establecimiento de nuevas bases para el entendimiento y la cooperación entre México y Estados Unidos es un esfuerzo promisorio para sus pueblos. El referido acuerdo se debe guiar, sin duda, por el respeto y el pleno ejercicio de la soberanía de ambos Estados, así como el reconocimiento de que las prioridades de nuestro país tienen el nivel de las estadounidenses.
Esta reconfiguración de relaciones tiene que ver con la actual política exterior llevada a cabo por el presidente López Obrador, la cual se basa en los principios constitucionales establecidos en el artículo 89, fracción X, de la Carta Magna, los cuales son reflejo de nuestra historia y de la manera como nos vinculamos con el mundo.
En tal sentido, no se puede soslayar que las relaciones con Estados Unidos han sido complejas y también aleccionadoras. Han ido desde guerras, en una de las cuales le fue arrebatada a nuestra nación más de la mitad de su territorio; la firma de un tratado comercial como el T-MEC o la donación de vacunas a México, hasta la detención, sin previo aviso a nuestras autoridades, de un ex secretario de la Defensa mexicano, o bien, la presencia de agentes estadounidenses de la DEA en territorio nacional, con poca o nula regulación jurídica y rendición de cuentas.
Afortunadamente, hoy el jefe del Estado mexicano vuelve a darle a nuestro país la verdadera dimensión de su historia y de su vinculación con Estados Unidos, para transitar de una actitud de subordinación y abdicación soberana en distintas materias, a una relación de respeto, igualdad, colaboración simétrica, firmeza y responsabilidad compartida con la Unión Americana. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Prueba superada
Nos hacen ver que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se colgó otra medallita con la reapertura de la frontera con EU, anunciada para noviembre próximo. Porque fue ella quien operó las campañas de vacunación en la franja fronteriza. En el gabinete presidencial y entre empresarios agradecen que esa labor recayera en ella y no en otros. (El Heraldo de México, La dos, p. 2)

(Franco, Excélsior, Nacional, p. 14)