Opinión Migración 141223

Rayuela

Más que infame por la entrega de migrantes a cambio de armas para Israel, el señor Biden resulta patético. (La Jornada, Contraportada)

Día Internacional de los Derechos Humanos: un balance

La reciente conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y la inminencia del proceso electoral en cuya inercia está inmerso nuestro país ya desde hace meses, nos ofrecen una oportunidad para hacer un breve balance de la agenda de derechos humanos en México. Primero hay que decir que el actual gobierno heredó un problema estructural de larga data que desde el principio se sabía que no iba a ser fácil remediar. Sin embargo, también queda claro, cinco años después, que las dimensiones del tema y las altas expectativas que alrededor de esta agenda levantó López Obrador durante su campaña y al inicio de su gestión, son altamente contrastantes con los precarios avances que puede reportar; pues prevalecen en el balance general el debilitamiento de los equilibrios democráticos, la recurrencia a pautas de acción practicadas por los gobiernos anteriores y el talante regresivo de algunas medidas y estrategias asumidas en derechos humanos.

Pese a la ligera disminución referida con insistencia en la narrativa oficial, no deja de ser evidente que este sexenio es ya el más mortífero en la historia reciente. Con más de 158 mil homicidios contabilizados hasta octubre de 2023, la violencia sigue siendo la principal causa de vulneración de derechos. Hay que añadir los más de 47 mil desaparecidos y no localizados desde diciembre de 2018, cifra que supera a las de los anteriores sexenios y que ha sido objeto de manipulación en los últimos meses por el gobierno en un intento fallido de maquillar la cruda realidad.

Otras violencias extremas persisten y se multiplican, como los feminicidios, que hasta octubre de 2023 se contabilizan en más de 4 mil 500 durante el sexenio, según las cifras oficiales. A la par, 43 periodistas han sido asesinados en relación con el desempeño de su profesión desde el inicio del actual gobierno; 2022, de hecho, fue el año con más asesinatos de periodistas desde 2000. Entre otras violencias, persisten los casos de tortura, perpetradas principalmente por integrantes de las fuerzas armadas y policías; así como los frecuentes y muy preocupantes casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

En materia socioambiental, los grandes proyectos extractivistas, inmobiliarios y de desarrollo turístico siguen depredando la tierra y el territorio de los pueblos, y amenazando la estabilidad de los ecosistemas. La ambivalencia oficial ha permitido avances precarios, como la prohibición del maíz transgénico, pero los programas sociales y las políticas de desarrollo siguen partiendo de una visión de la naturaleza como recurso a explotar. En este contexto, no ha cedido la criminalización de los defensores de la tierra y el territorio, que ha cobrado la vida de tantos, como Higinio Trinidad de la Cruz, defensor ambiental asesinado el 24 de noviembre en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Mientras, no han dejado de agravarse otros problemas, como la crisis migratoria, cuya extrema urgencia reclama una atención integral que no se le concede. No sólo el flujo migratorio por el país se ha diversificado, sino que ahora se ejerce una estrategia de contención migratoria deshumanizante que aumenta el riesgo de las personas en esta condición. El incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado marzo, donde murieron 40 personas, dejó en evidencia las profundas carencias del sistema que pretende regular la migración, así como el desinterés en salvaguardar las mínimas garantías de dignidad de toda persona que ejerce su derecho al libre tránsito.

Hoy la política migratoria es más prohibicionista; muestra de ello es el involucramiento de la Guardia Nacional en la contención de los flujos migratorios del país. Además, el actuar de la GN en el marco de la actual política migratoria es evidencia más del empoderamiento de las fuerzas armadas que en México cada vez asumen mayores encargos civiles. Así, el prometido enfoque de seguridad ciudadana no ha sido más que un recurso retórico, por encima del cual prevalece la misma apuesta por la militarización del país practicada por los gobiernos de los tres últimos sexenios.

Frente a esta dinámica de violaciones a los derechos humanos, el sistema nacional de protección ha sido, por decir lo menos, deficiente. La labor de las comisiones de víctimas y de búsqueda, así como de la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, cuya creación fue plausible, ha dejado mucho qué desear, en un marco de tensiones entre el legítimo interés de las víctimas y el obcecado blindaje a la Sedena. Hoy por hoy, los logros alcanzados por dichos mecanismos obedecen a los esfuerzos de la sociedad civil, pese a los obstáculos del gobierno federal.

En suma, ante las evidencias puestas sobre la mesa, el balance muestra que en el país persisten la impunidad, la revictimización y graves carencias en el acceso a la justicia. No se advierte mejoría en indicadores que permitan afirmar que hay un fortalecimiento del estado democrático de derecho. Por el contrario, nuestra institucionalidad parece subsistir con equilibrios cada vez más precarios y con una autonomía bajo el constante asedio de López Obrador, como en los últimos meses ha quedado ilustrado alrededor del tribunal electoral, el INAI o la Suprema Corte. Conforme avanza el tiempo, el desdén hacia las víctimas aumenta por parte de un gobierno que persistió en mantenerse en modo electoral antes que encarar la grave situación de los derechos humanos en el país.

Por encima de cualquier signo partidista y de cualquier estrategia electoral, todo proyecto político digno de contender por un cargo de elección popular, debe poner en el centro la garantía de los derechos humanos, la pacificación del país y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como principales motivos de interés de nuestro estado de derecho; 75 años después de la proclamación universal de los derechos humanos, la situación en el país y en numerosas regiones del mundo nos recuerda que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas conquistas por defender en tiempos atravesados por vientos retrocesivos. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 13)

Razones / Frontera norte y Ucrania

Para terminar de aprobar el presupuesto para el siguiente año fiscal, el Congreso de Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo sobre el apoyo militar a Ucrania. Pareciera que eso no tiene relación alguna con México, pero lo cierto es que mucho de lo que sucederá en el futuro inmediato en el tema migratorio, en el combate al tráfico de fentanilo y en la frontera norte de nuestro país se decidirá lejos de México, en el Capitolio, en Washington DC.

En estos días, la administración Biden deberá decidir si acepta la demanda del Partido Republicano para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal y, así, incrementar la ayuda militar a Ucrania, un punto central en términos políticos y estratégicos para su gobierno (y muy probablemente para Europa, porque ello determinará, no sólo la suerte de Ucrania, sino también la de la relación con Rusia y China, con repercusiones evidentes en el Oriente Medio). Y lo que quieren los republicanos es que, a cambio de la ayuda a Ucrania, se endurezca la posición de la Casa Blanca en la frontera con México.

¿Qué exigen los republicanos? Reducir las visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos, disminuir drásticamente las solicitudes de asilo, enviar más personal, incluso militar, a la frontera y, simultáneamente, endurecer su posición ante México en el asunto del tráfico de fentanilo. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes y la de senadores pidieron a la CIA un informe puntual (que deben entregar en máximo tres meses) sobre la capacidad de operación y financiamiento de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, para poder legislar al respecto.

Es evidente que México será parte central de la campaña electoral de Estados Unidos para los comicios de noviembre próximo. Pero me temo que el tema México estará en la agenda, más allá de las declaraciones puntuales, desde ya. El acuerdo para la ayuda militar a Ucrania es urgente y estratégico: apenas esta semana, luego de estar en la toma de posesión de Javier Milei en Buenos Aires, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunió en Washington con el presidente Biden reclamando un apoyo militar que es urgente para poder mantener y avanzar en la guerra contra la invasión rusa, sobre todo en un momento donde el apoyo europeo, salvo en Alemania, parece estar declinando, por lo menos respecto al que se tenía en el pasado.

Sumado a eso, la atención global se ha puesto en Oriente Medio, en Israel y en Gaza, sin terminar de comprender que el ataque de Hamás del 7 de octubre está relacionado en el ámbito geopolítico con lo que está sucediendo en Ucrania. Hamás es una extensión de Irán y Siria, dos países con enorme influencia rusa y en una lucha intensa por el control regional con Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

Pues bien, cuando está en juego todo esto, sacrificar la frontera sur de Estados Unidos para el presidente Biden es menos costoso que perder el apoyo militar a Ucrania, sobre todo cuando, tanto en el tema de migración como en el de fentanilo, los avances que ve la Casa Blanca son relativamente pequeños, por lo menos respecto a lo que necesita el presidente Biden de cara a los comicios de noviembre.

La presión por militarizar la frontera es grande, incluso entre muchos sectores demócratas. Después de la reunión en San Francisco se han dado varios golpes puntuales en el tema de fentanilo en México: la caída de El Nini y de un par de importantes operadores logísticos del Cártel de Sinaloa, la del CR del CJNG y la del Tartas en Nuevo Laredo, del Cártel del Noreste. Pero falta muchísimo más. Esta semana, voceros de la Casa Blanca aseguraron que disminuyeron las muertes por sobredosis de fentanilo y otros opiáceos, pero lo atribuyen, sobre todo, a medidas internas, como la distribución y venta masiva de naloxona, una medicina que se aplica ante las sobredosis y que permite salvar la vida de los adictos.

El flujo migratorio no se ha reducido significativamente, pese a algunas medidas adoptadas en México y al despliegue de la Guardia Nacional en ambas fronteras, sumado a decisiones muy controvertidas, como la cancelación de refugios o de los vuelos de repatriación por falta de recursos del Instituto Nacional de Migración. La presión en la frontera crecerá inevitablemente.

No veo al gobierno federal ni a la Cancillería operando con la gravedad que la situación amerita. Ni siquiera se ha dicho una palabra al respecto en la mañanera o en otros ámbitos gubernamentales. Y todo indica que, finalmente, la administración Biden aceptará las condiciones que le imponen los republicanos: la ayuda militar a Ucrania es demasiado importante como para dejarla caer.

SIN ACUERDO

Se cayó el acuerdo que se había construido para la designación de Bertha Alcalde Luján como nueva ministra de la Suprema Corte. Habrá que conocer los detalles, pero todo indica que la oposición, para apoyar a Alcalde, quería, como sería lógico e incluso legal, un acuerdo para sacar adelante también otras designaciones que están pendientes en el Senado. Hay que designar a los magistrados faltantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de consejeros en el Inai y muchos otros más. La lógica del oficialismo en esto es sencilla: no negocia, no acepta acuerdos en los que tenga que conceder, no busca consensos. Al final, en el caso de la SCJN, será el presidente López Obrador el que designará personalmente a la nueva ministra. Será otra posición más para la familia Alcalde Luján, nada más y nada menos que en la Suprema Corte de Justicia de la nación. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 8)

Duda razonable  /  Otro fracaso: la migración

Ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la continua y cada vez más grave crisis en la frontera entre México y Estados Unidos.

Un aumento de alrededor de 30 por ciento en las detenciones de migrantes en la frontera de México con EU. Las cifras de las detenciones de migrantes de la primera semana de diciembre, 69 mil 462, anuncian que viene el peor mes en muchos años. La tercera parte, por cierto, mexicanos. Se ve que no están tan contentos como el Presidente dijo ayer que estaban, respondiendo a la pregunta sobre la ocupación territorial del crimen y la extorsión.

Un par de factores se han unido para esta crisis: el cierre de algunos pasos fronterizos por parte de la autoridad estadunidense para darse tiempo a reorganizarse, ya que, en sus palabras, el flujo de migrantes “no tiene precedentes”. Lo segundo es que gracias a la falta de dinero del gobierno federal, que ellos llaman austeridad republicana, el Instituto Nacional de Migración ha detenido las deportaciones al sur del país o los países de origen. Las cosas están cerca de ponerse peor.

Según un reporte de AP de ayer, altos funcionarios de la administración Biden trabajaban el miércoles para tratar de llegar a un acuerdo de último minuto para la ayuda en tiempos de guerra para Ucrania, al aceptar las demandas republicanas del Senado de reforzar las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México para reducir los cruces. Se esperaba que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reanudara las conversaciones con los negociadores del Senado, incluso cuando los defensores de los inmigrantes y los miembros del propio Partido Demócrata del presidente Joe Biden estaban preocupados por las políticas en discusión. Algunos planeaban protestar en el Capitolio, advirtiendo sobre un regreso a restricciones similares a las de Trump.

De los estadunidenses no hay mucho que esperar hace un tiempo, pero esto solo agrava el asunto.

De la parte mexicana mandaron a miles de militares a la frontera, se hizo una “cumbre” (así le llamaron), se mandaron programas sociales mexicanos a algunos países centroamericanos, se insistió con Estados Unidos que le metieran dinero, cada vez que se reunió con Biden lo repitió… y nada.

Un fracaso. Con todas sus letras. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)

Desde Afuera / Los latinos “desalentados”

Washington.- El debate sobre la ayuda militar a Ucrania, Israel y países del sureste asiático ha sido “frustrante” para los hispanos en Estados Unidos, cuyas demandas y prioridades han sido marginadas y aún sacrificadas por la Casa Blanca.

El punto es muy claro: para aprobar la ayuda, los republicanos demandan restricciones migratorias, límites al asilo, una mayor vigilancia en la frontera sur, la renovación de la política de “quédese en México” usada por el expresidente y ahora probable candidato presidencial republicano, Donald Trump.

La comunidad latina “está desmoralizada porque no ven resultados. Y ahora nos parece que nos van a sacrificar otra vez”, comenta Jesús “Chuy” García, representante (diputado) demócrata de Chicago, que se queja de que la Casa Blanca ha ignorado las peticiones de reunión del bloque de legisladores latinos.

“Nos gusta pensar que tenemos un aliado. Y (el presidente Joe Biden) ha respondido hasta cierto grado. Pero ahora, en el momento más crítico, no hay enlace. No hay consulta y no hay representación en la mesa de negociadores”, añadió.

García recordó que el Caucus Hispano en el Congreso “somos 42 miembros en la Cámara y el Senado, con los cuatro senadores  latinos”, y como grupo, “hemos pedido una reunión (con la Casa Blanca) y no ha habido una respuesta. Ha habido silencio hasta ahora… Eso es muy frustrante”.

La realidad, en todo caso, es que Biden y sus aliados probablemente creen que los latinos no tienen muchas alternativas, por más que los republicanos crean estar en posición de ofrecerles algo. Pero las declaraciones de sus portaestandartes, a comenzar por el propio Trump, no son muy alentadoras.

El magnate “ha contaminado. Ha contagiado a los otros candidatos republicanos”, comentó García en referencia a las que calificó como ideas tan radicales como las propuestas de bombardear a los cárteles en México. “Busca borrar toda la historia y la interdependencia de las economías. Las inversiones de Estados Unidos, de México, y viceversa de empresas mexicanas en EU. La frontera y las dos mil millas que compartimos. Y se sigue atacando a los mexicanos. Se les sigue pintando por parte de políticos extremistas, en particular en el Partido Republicano y su líder efectivo Trump. Y eso es muy problemático”.

Pero también es cierto que desde el punto de vista del legislador, el que la base del Partido Republicano siga tan firme con él, a pesar de los casos legales criminales y civiles en su contra, “es un comprobante del estado precario de la democracia en Estados Unidos”, dijo.

En todo caso, el legislador anota que el impacto de las medidas políticas del gobierno de Biden y sus promesas de campaña sin cumplir, sobre todo, en el área de migración, más las posiciones asumidas por los republicanos, han creado un clima de desaliento en la comunidad latina, especialmente los mexico-americanos.

Y el resultado puede ser una menor participación electoral. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Online)

Fuera de Agenda / Socios de la “transformación”

Durante 2021 en el proceso electoral federal que coincidió con la renovación de alcaldías en el Estado de México, el sistema de inteligencia militar hizo un mapeo de la red que operaba en el sur de esa entidad la banda criminal autodenominada “la Nueva Familia Michoacana”. Este grupo liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, identificados con los alias de “el Pez” y “el Fresa” o “Carnal”, respectivamente, tenían bajo sus órdenes directas a aproximadamente 94 individuos dedicados al tráfico de armamento, municiones, indocumentados, trasiego de enervantes, secuestros, homicidios, extorsión, cobro de piso y el control de minas. Su principal área de influencia que permanece desde entonces intocable y en expansión son los municipios de Temascaltepec de González, San Agustín, Zacualpan, Amatepec, San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Cerro las Minas y Texcaltitlán, donde el pasado viernes 8 de diciembre pobladores de la comunidad de Texcapilla enfrentaron con palos, machetes y escopetas a una célula de este grupo con saldo de 14 muertos, tres pobladores y 11 presuntos delincuentes.

Un documento militar encontrado entre los correos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya, señala que el control territorial de la banda criminal incluye los municipios de Arcelia, Altamirano, San Miguel Totolapan, las comunidades de Tamacuaro, la Calera, Pandacuareo y el Naranjo en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán controlan Zacanguirete y Huetamo de Nuñez.

Entre la información más destacada que el documento recoge se encuentran una serie de intervenciones de radio donde varios operadores hablan con “el Pez” sobre reuniones que tuvieron con “los candidatos que ganaron las elecciones de diferentes municipios para reafirmar lo acordado y la forma de trabajar”. También identifican a personal cooptado en dependencias federales, estatales y municipales que proporcionan información sobre el quehacer de sus áreas lo que les permite enterarse con tiempo de operativos e investigaciones en su contra.

Seis de las 13 páginas del documento catalogado como “secreto”, son los seguimientos que hacen del grupo y sus principales operadores en sus movimientos en la región de Tierra Caliente, donde se unen los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México.

Comunicaciones interceptadas, casas de seguridad de los líderes ubicadas y vigiladas, todo lo que la inteligencia militar había recopilado en los últimos años era información que estaba disponible lista para la orden presidencial de actuar, pero a la fecha esa orden no ha llegado. Fuentes militares que han estado de servicio en la 22 zona militar, con sede en Santa María Rayón, Estado de México, señalan que el Ejército no puede actuar si el comandante supremo no autoriza. Una semana después lo que más ha llamado la atención tras los sucesos en Texcapilla, es que Andrés Manuel López Obrador apenas ha tocado el tema. Montado en la eterna campaña electoral el sábado 9 de diciembre de gira por esa zona llamó a la población en Tejupilco a sufragar para que “continúe” la “transformación”. Mientras a los “socios” no se les toca ni molesta, pese a que el hartazgo entre la población crece. (Juan Velediaz, El Sol de México, República, p. 5)

CARTONES

Cartón 14 diciembre

(Galindo, El Universal, Opinión, p. A15)