CIENTOS DE FAMILIAS haitianas, procedentes en su mayoría de Brasil y Chile, a donde llegaron huyendo de la extrema violencia y pobreza en su país, arribaron a México desde septiembre pasado. Son ya cinco meses en estas tierras sin poderse mover ni trabajar. La mayoría no pretende cruzar la frontera norte para hacer suyo el sueño americano, lo que quieren es la regularización de su estancia, laborar y mantener dignamente a sus hijos, para lo cual iniciaron sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), dependiente de la Secretaría de Gobernación, pero hasta esta semana les respondieron que no, debido a que “no cumplen con el perfil de solicitantes de asilo”.
EN 2021, MAS de 26 mil personas de origen haitiano solicitaron refugio en México, cuatro veces más que en 2019 y 2020, pero la gran mayoría fue rechazada, lo que literalmente las pone en peligro de muerte, pues eso es lo que representaría su improbable regreso a Haití, país en permanente crisis política y económica donde las bandas delincuenciales mantienen en vilo a la población.
DE LA COMUNIDAD haitiana que llegó en septiembre a la Ciudad de México, dos de cada tres son mujeres, niños, niñas y adolescentes, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Cada familia es una historia de pobreza y persecución que busca salvar la vida y trabajar, pero, lejos de eso, tras permanecer cinco meses en el limbo, se encontraron con el rechazo como respuesta oficial. La angustia y desesperación, afirman, se apodera de ellos conforme pasa el tiempo, pues no tienen la posibilidad de regresar a Brasil ni a Chile, mientras el retorno a Haití los pone en riesgo y, en México, el dinero ya se les acabó, sus hijos no van a la escuela, son discriminados por su color de piel y les urge trabajar. Por eso decidieron hacer un plantón frente a la Comar para solicitar un diálogo y estudiar salidas. Llegaron pacíficamente, pero la policía capitalina los desalojó con violencia y los puso en una condición aún más vulnerable.
URGE ENCONTRAR UN formato migratorio que resuelva esta situación, pues la cerrazón puede causar la pérdida de vidas. (Gloria Muñoz, La Jornada, Política, p. 10)
“En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad”: Alicia Bárcena
“Ayúdenos a que se haga realidad el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para Centroamérica”, pidió la doctora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, a los asistentes a la Reunión de Embajadores y Cónsules 2022.
El encuentro anual fue celebrado en la CDMX a instancias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (enero 11 al 13) para discutir la política exterior mexicana, en la cual el tema migratorio es de suma relevancia.
El problema no es nuevo y los intentos de solución tampoco.
Sin ir más lejos, allá por 2014 y cuando Joe Biden era vicepresidente de los EUA en la administración Obama, estuvo a cargo de las negociaciones con los líderes del Triángulo del Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- para aterrizar un paquete de ayuda anual de cuatro mill millones de dolares. Para su sorpresa, que no para la nuestra, pocos fueron los resultados porque una parte de los recursos se consumieron en corrupción y burocracia.
Donald Trump no tuvo tanta paciencia. Después de escalar las detenciones de indocumentados en la frontera en 2019, amenazó con recortar los planes de ayuda a los tres países, si no contribuían más decididamente a detener la migración.
Poco antes de que Trump estallara en cólera, los presidentes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras suscribieron las bases de entendimiento para una nueva relación entre los cuatro países, a fin de promover el desarrollo regional. Lo hicieron en fecha memorable: el día de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.
Quien agarró el toro por los cuernos fue la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en 2019 presentó el PDI, el cual cuenta con cuatro pilares: “i) desarrollo económico; ii) bienestar social; iii) sostenibilidad ambiental, cambio climático y adaptación, y reducción del riesgo de desastres, y iv) gestión integral del ciclo migratorio.”
Cualquiera que lea el documento se convence de sus bondades; como bien dice la doctora Bárcena, “articula propuestas del todas las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas que actúan en la región”.
El Plan cuenta con 15 programas temáticos y 114 proyectos listos para ponerse en marcha, involucrando a la sociedad civil organizada, empresas, las agencias de ayuda y los gobiernos, para trabajar a nivel regional, nacional, local y sectorial.
Su perspectiva es novedosa en la medida en que tiene que claro que la zona requiere un nuevo modelo de desarrollo, basado en la sustentabilidad, la integración, el aprovechamiento de su ubicación geográfica, la tradición cultural y las capacidades productivas.
La llegada de la pandemia lo único que hizo fue exacerbar las debilidades estructurales de los tres países y el sur de México, y evidenciar la urgencia de implementar el PDI.
Pero como todo lo bueno en el mundo, el PDI tiene un pero. Requiere 45 mil millones de dólares a ser invertidos en cuatro años… Y nadie los ha puesto todavía.
El año pasado, la vicepresidenta de EUA, Kamala Harris, anunció inversiones privadas y apoyos gubernamentales por algo así como cinco mil millones de dólares. Encabezados por España, varios otros países y organizaciones europeas prometieron 110 millones dólares para 2022. Muy generosa la ayuda, pero aún está muy lejos de lo que el PDI requiere.
Por razones humanitarias y políticas el problema migratorio no puede seguir creciendo, pero en un contexto de inflación internacional, la cuarta ola de COVID y una economía mundial que no acaba de asentarse, veo difícil que los apoyos económicos al PDI prosperen. (Leopoldo Mendívil, La Crónica de Hoy, Opinión p, 4)
Nos hacen ver que el tiempo sigue pasando y aún no se conocen los avances del Grupo de Acción Inmediata —en cuya integración participan los representantes de seis naciones: México, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Domincana —y que se creó para dirigir las investigaciones con las que se busca dar con los integrantes y mando de la organización responsable del accidente en el que fallecieron 55 migrantes en Chiapas el pasado 9 de diciembre. Cuentan que el reporte de lo que se lleve hasta ahora podría presentarse en alguna de las conferencias mañaneras antes de que finalice este mes, sin embargo, también se anticipa que la presentación de las investigaciones sólo mostrará un primer avance, pues falta mucho para entregar el trabajo completo. Como sea, lo que se pueda dar a conocer será de utilidad para dar el mensaje de que en el caso no habrá impunidad. (La Razón, La dos, p.2)
Por la enchilada completa
Liderados por el embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, los 50 cónsules en ese país se dieron a la tarea de promover una reforma migratoria en beneficio de los paisanos que radican allá. Se trata de generar apoyos para el plan en ese sentido del presidente Joe Biden, y la instrucción se las dio directamente el canciller Marcelo Ebrard. (El Heraldo de México, La 2, p.2)
Las elecciones para gobernadores en tres estados de la República pondrán una vez más a la democracia a prueba. La cuestión está en que a una proporción suficiente de ciudadanos realmente les interese y quieran que sus preferencias se traduzcan en gobernadores verdaderamente respaldados o, por el contrario, queden satisfechos y tranquilos con lo que decidan los que manipulan los padrones de los partidos y los que engañan imponiendo candidatos hasta de mafias del narco y traficantes, como ya se estila en muchos desafortunados municipios.
Lo mismo ha de decirse de lo que haga la ciudadanía enfrentada al abusivo proceso etiquetado como la revocación de mandato, programado para el 10 de abril de este año.
En tiempos del PRI la sociedad se habituó a una tradición electoral construida de crudas compras de votos, urnas rellenadas, mecanismos trucados, resultados alterados y avalados oficialmente. Hoy en día nuestras formas de operación electoral están protegidas por el INE, sin embargo, la ciudadanía no ha madurado.
En efecto, hoy en día la generosidad del gobierno de Morena que distribuye dinero a un número cada vez más amplio de la población tiene éxito en comprometer el voto popular que, agradecido o negligente, entrega su sufragio al partido oficial. Ante este hecho, la democracia no tiene esperanza alguna de valer. Las elecciones son simples reafirmaciones de incuria cívica.
La cuestión tiene que ver con necesidad, ignorancia, sumisión, miedo o resignación. Una democracia que no opera exhibe la ineficiencia del gobierno y a su hermana la corrupción y, de paso, destroza los presupuestos públicos.
La cuestión no termina ahí. El electorado quiere soluciones concretas a sus problemas diarios que la democracia puede ofrecer siempre y cuando se le respete firmemente. Sin ello no funciona una buena relación pueblo y gobierno.
Hoy sobran países de toda índole donde la mano dura, no democrática, rinde seguridad, trabajo y educación. En ellos el pueblo sacrifica al no decidir en asuntos que inciden en sus libertades más preciadas, pero cuentan con funcionarios autoritarios con sentido práctico y de férrea ejecución.
¿Acaso México se enfrenta a tal dilema? La actuación del presidente López Obrador en los primeros tres años de su gobierno se aleja de las dos alternativas. Su cercanía con “los pobres” deja un aumento en su número no atribuible al mero crecimiento demográfico. El incremento en las remesas de compatriotas que viven en Estados Unidos rescata a la pobreza general. Es patente la desatención oficial de los servicios sociales, de salud y educativos que no es atribuible a la pandemia. El aumento en precios y la mayor inflación rebasa lo previsto.
Por otra parte, ni la economía, ni las finanzas públicas van bien. La exportación principal la realizan las grandes empresas internacionales mientras que las pequeñas y medianas no tienen el suficiente respaldo de una banca de fomento. La importante salida de capitales que se ha registrado y la deuda exterior han aumentado a un ritmo superior a la de las administraciones pasadas. La importación no se ha contrarrestado con mayor producción de artículos intermedios lo que resta creación de empleos. Los requerimientos de las obras de infraestructura muy conocidas han drenado los recursos de vitales instituciones sociales como guarderías o el INE.
Los índices de desarrollo venían decreciendo desde antes de la pandemia y la actividad general está cada vez más atada a las decisiones de EU. Nada que decir del lamentable descontrol en la lucha contra los tráficos ilegales de toda índole y el aumentos en las mortandades por el crimen organizado.
La sucinta reseña anterior sintetiza el producto neto de las elecciones presidenciales de 2018 y de las recientes legislativas y de los gobernadores en las que se ha consolidado, con pocas excepciones, las muy insistentes propuestas de izquierda de Morena. Las elecciones han sido, en general, democráticas; los partidos de oposición no son mayoría a escala nacional. Pero la insatisfacción popular se expresa constantemente en protestas en toda la República contra la gestión de autoridades en los tres rangos de gobierno.
De ninguna manera le atribuyo virtudes a las dictaduras, mucho menos a favor de las inútiles ideologías de las izquierdas extremas. Por el contrario, se trata de hacer notar la confirmada ineficiencia de sistemas electorales, pretendidamente democráticos, como existe en la mayoría de los países occidentales, cuando el electorado no cumple con su responsabilidad y sigue de frente. Queda así pendiente de resolver los problemas sociales enquistados como la desigualdad económica o las discriminaciones de todo tipo que en las democracias no ceden.
Algunos regímenes dictatoriales en Asia o Europa Central se jactan de no requerir más que un solo partido oficial para atender las demandas populares cotidianas. Declaran que la orientación ideológica está dada desde lo alto. El ciudadano tiene trazado su lugar en la sociedad, la de obedecer ciegamente ya que afirman que la opción liberal sólo engendra confusión e injusticia.
Nuestro México lleva ya tres años de decisiones centradas en una persona que, como en otros países, afirma mandar obedeciendo al pueblo… Un pueblo, empero, que al votar, no exige con valentía democrática que lo respeten. Por esta razón decimos que aquí la democracia está una vez más a prueba. (Julio Faesler, Excélsior, Nacional, p.9)