A los problemas de la resistencia que muchos pobladores oponen al proyecto y a lo expresado en desaseadas “consultas populares” que dieron su “consentimiento”, pero cuestionadas hasta por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos, acaba de añadirse un dato que reduce las expectativas de financiamiento: según Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), el organismo responsable de los trabajos, así como la Universidad Anáhuac, los recursos bajarán alrededor de mil millones de pesos a causa de la disminución de ingresos por el Derecho de No Residente, el impuesto que pagan los viajeros extranjeros que llegan por avión y que, a causa del covid-19, han dejado de venir al país. Esto representa entre 17.5 y 30 por ciento de lo que debió recaudarse durante este año (de 920 a mil 120 millones de pesos). Como se recordará, el Presidente ordenó que del total de recursos que se destinaban a la promoción turística, 80 por ciento fuera para el proyecto ferroviario y 20 por ciento para el Instituto Nacional de Migración.
Previsiblemente alcahueta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos juega con el engaño de preocuparse por las comunidades: ayer solicitó al Fonatur aplicar “medidas cautelares” para suspender las actividades “no esenciales” relacionadas con el tren. Esto encuera la sumisión de una institución ex autónoma que, lacayuna con el gobierno, da por sentado que el proyecto (ningún “maya”, por cierto, lo demandó) es una obra “esencial”, pese a que en la misma solicitud no se atrevió a omitir “la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida, de los habitantes de la región…” (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
Es casi un hecho que el gobierno de EU ampliará la restricción de viajes no esenciales con México, cuyo reinicio se había pactado para el 19 de este mes. “Si un viaje puede esperar, debe de esperar”, sentenció el embajador, Christopher Landau, y pidió estar atentos a la posible actualización de la nueva fecha que se dará a conocer en las próximas horas. (El Heraldo de México, Opinión, p.2)
Algunos comentan con ligereza que Obama fue igual de malo para los mexicanos y que las deportaciones de personas indocumentadas fueron mayores durante su administración. Pero un vistazo a los números siempre es instructivo: las deportaciones (incluyendo ambos conceptos de “removidos” y “regresados”) bajo los gobiernos de Clinton, Bush, Obama (ocho años) y Trump (3.5 años de administración hasta la fecha) suman a 12.3, 10.3, 5.3 y alrededor de 3 millones, respectivamente (Migration Policy Institute). Sí, Trump ha mandado de regreso a menos personas en total, pero su estrategia es otra: en vez de enfocarse en personas con historial criminal o de recién ingreso, como lo hizo Obama, el magnate caza a todos sin distinción.
Vale la pena subrayar que sembrar terror entre las comunidades de inmigrantes es diferente que ejercer la ley. Obama nunca utilizó el lenguaje de odio, mientras que Trump lo hace como si fuera poca cosa. Ha jugado con el futuro de los jóvenes DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) de forma aleatoria y cruel, un día diciendo que respetará el programa que creó Obama, y luego poniendo en duda el futuro del mismo. (Amy Glover, Milenio, Opinión, p.15)