México comenzó a captar vuelos procedentes de Emiratos Árabes y la India que Estados Unidos se niega a recibir por temor a que se acelere la propagación de la variante Delta de COVID-19 que puso en jaque desde hace semanas a los habitantes de aquellos países y que ahora acecha a poblaciones norteamericanas.
Anoche, al cierre de esta columna, fuentes de alto nivel del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, confirmaron a este espacio los primeros reportes extraoficiales que llegaron aquí desde el martes, en el sentido de que el gobierno de Joe Biden cerró sus fronteras sin aviso y las aeronaves que debían llegar allá terminaron en nuestro país.
Los viajeros han tenido que ser hospedados en hoteles de la capital del país sin restricciones sanitarias contundentes para evitar que la crisis de COVID-19 empeore, justo cuando en al menos 14 estados del país están llegando a los niveles más altos de contagio en lo que es considerada, por la Secretaría de Salud federal, la tercera ola de la pandemia.
El martes, una empleada del aeropuerto nos reveló extraoficialmente que, en un vuelo de Frankfurt a nuestro país, 90 por ciento de los viajeros de la India que iban a la Unión Americana, pasaron la estación migratoria nacional sin ningún comprobante de salubridad al no poder entrar de manera directa al país vecino.
A reserva de no publicar el número de vuelos, la fuente oficial de alto nivel reconoció que tan solo ayer fueron cuatro las aeronaves provenientes de Emiratos Árabes las que aterrizaron en México. No hay un número oficial del número de pasajeros varados, pero se estima que son más de dos mil 500.
Esperamos que las autoridades de gobierno federal expliquen cuál es la situación de los vuelos internacionales que están llegando al país.
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El Instituto Nacional de Migración (INM) solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisar el espacio de la sala de espera dispuesta por las autoridades aeroportuarias para las personas que fueron inadmitidas en el país y aquellas que se encuentran en tránsito sin visa.
La autoridad migratoria pidió, de manera oficial, la presencia de un representante de la CNDH para verificar las condiciones de esa área, la cual no tiene categoría de estancia o estación migratoria y que pertenece al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Quienes permanecen ahí, derivado de algún incumplimiento de la Ley de Migración, deben ser retornados al país de procedencia por medio de la aerolínea en la que llegaron a México; el tiempo, estancia e insumos son responsabilidad de la empresa aérea correspondiente. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 5)
De acuerdo con lo dicho ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en los pasados meses se ha presentado en México un nuevo fenómeno migratorio con el crecimiento exponencial de solicitudes de asilo de migrantes de 90 nacionalidades, algo que nunca antes se había registrado en el país.
Por su parte, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, destacó que los solicitantes de asilo provienen principalmente de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Brasil y Colombia; sin embargo, enfatizó que hay migrantes de 90 nacionalidades que llegan al país desde Afganistán, Alemania, Bangladesh, República Popular de China, Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Palestina, Reino Unido, Suiza, Turquía, Vietnam y Zimbabue.
Estos flujos de solicitantes de asilo resultan preocupantes y lamentables en la medida en que son, en su mayor parte, consecuencia de situaciones de pobreza, violencia o inestabilidad en naciones hermanas de Centro y Sudamérica y el Caribe y que, en casos de los procedentes de países desarrollados como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, permiten constatar un deterioro de la vigencia de los derechos humanos en estados que se precian de respetarlos y promoverlos.
Por otra parte, los migrantes originarios de Afganistán, Bangladesh, China, Costa de Marfil, Palestina, Turquía, Vietnam y Zimbabue buscan escapar de persecuciones políticas, étnicas o religiosas, o bien de conflictos armados y situaciones de extrema pobreza, posiblemente generadas o acentuadas por la pandemia de Covid-19 que se cierne en casi todo el planeta.
En todos los casos, la llegada a nuestro país de ciudadanos de regiones tan distantes es expresión de la creciente mundialización de los movimientos migratorios, inducida por la propia globalización económica.
Ciertamente, el gran incremento de solicitudes de asilo representa un desafío mayúsculo para las instituciones del Estado, las cuales tienen ante sí la tarea de reforzar los procedimientos administrativos para tramitar las peticiones correspondientes, pero también de brindar a un gran número de extranjeros servicios básicos de salud y cobertura temporal en sus necesidades de vivienda y alimentación en tanto logran colocarse en el mercado laboral nacional, de suyo castigado por las restricciones sanitarias adoptadas para contener los contagios del SARS-CoV2.
Se trata de responsabilidades ineludibles dictadas por consideraciones humanitarias elementales, el respeto a los derechos fundamentales y la tradición mexicana de hospitalidad para perseguidos y necesitados.
Más allá de estas consideraciones, resulta satisfactorio y alentador cobrar conciencia, así sea por medio de esta circunstancia dolorosa para miles de personas, que a pesar de la carga de violencia delictiva y desigualdad social heredada del periodo neoliberal, y aún en una coyuntura económica adversa, México es percibido en todos los continentes como tierra de asilo y de libertad. De otra manera, no podría explicarse que tantos ciudadanos de países tan diversos y distantes acudieran al nuestro en busca de seguridad y de nuevos horizontes para rehacer su vida. (Editorial, La Jornada, p. 2)
¿De qué tamaño es la población mexicana en el año 2021, a doscientos años del aniversario de la independencia? La respuesta más frecuente se buscaría en INEGI o posiblemente en CONAPO. La primera institución reportaría 126 millones de personas, según el censo del 2020. La segunda proyecta un total de 128 millones en el año 2021.
Ambas fuentes ofrecen información sobre la población que vive en algún lugar del territorio mexicano. Pero no integran al total de la población mexicana, que son todas las personas que tienen nacionalidad mexicana, a quienes la nación reconoce como parte inherente. En conjunto, somos la nación.
Siendo así, la respuesta correcta sobre el total de población mexicana en el año 2021 es de más de 164 millones. De ese tamaño es hoy nuestra nación.
Las estadísticas de INEGI y CONAPO no están dedicadas a generar información sobre la población mexicana, sino sobre la residente en México. Con esa limitación, quedan excluidos de las cuentas oficiales cerca de 40 millones de mexicanos y mexicanas que viven fuera del territorio, porque emigraron o porque nacieron en el extranjero pero tienen nacionalidad mexicana. Lamentablemente esta población no cuenta para la numeralia gubernamental, con excepción de si se trata de remesas.
La nación mexicana tiene ahora bases sociales de reproducción tanto en México como en el extranjero, con una dinámica creciente “hacia afuera”. El todo nacional no es más lo que está en el territorio del país: cerca de un tercio del universo mexicano vive al otro lado de la frontera norte.
México es así una nación transterritorial. Pero el Estado no termina por reconocer su nueva estructura, ni siquiera al nivel de la estadística social, como tampoco la asume como base y horizonte del desarrollo. Mientras la nación se transforma radicalmente, no ocurre lo mismo con las instituciones del Estado que nominalmente debieran reflejar a la nación.
¿Cómo hemos llegado a la nueva estructura? La clave es la definición constitucional de nación, que determinó la composición transterritorial e incrementó al universo nacional. La constitución integró a la población mexicana que emigró o nació en el extranjero, así como a su descendencia, con independencia de si poseen otra nacionalidad.
De un día para otro, las reformas constitucionales de 1997 y del 2021 expandieron al total nacional por millones, al abrir México a nuevos mexicanos que lamentablemente tienen mínima información sobre su reciente estatus. La omisión es del Estado, si bien la falta no anula su inclusión nacional.
La estructura transterritorial tiene implicaciones extraordinarias para México debido a la articulación con el vecino del norte. La enorme población mexicana que vive en los Estados Unidos ahora es parte esencial de nuestra nación -y de la propia estadounidense- y es fuente estratégica para redefinir un futuro que entrelaza intensamente a ambos países.
La población mexicana en el exterior es actor y sustancia principal de la nación transterritorial, como concepto y como realidad social. Pero en tanto asunto angular, el perfil contemporáneo concierne a la nación entera, en el territorio o fuera de éste.
La nación es una. Por consiguiente, la transterritorialidad es una propiedad del conjunto, del universo que hoy define a la nación mexicana. Nos concierne a todas y todos; somos todas y todos. Así que es urgente empezar a comprendernos y actuar desde y para el nuevo horizonte de nación. (El texto retoma fragmentos de un libro de próxima publicación). (Tonatiuh Guillén López, Reforma, Opinión, p. 10)
El presidente Joe Biden asumió el poder, el 20 de enero pasado, y casi seis meses después todavía está por tener un equipo completo de política exterior, especialmente hacia América Latina.
La situación es complicada por lo que aparece como un creciente número de crisis en la región, donde la izquierda y la derecha desafían las propuestas democráticas tradicionales que Estados Unidos dice defender.
De hecho, el gobierno Biden mantiene su propósito de impulsar la democracia, pero al menos en América Latina lo hace con una serie de limitaciones, de personal y hasta recursos.
En Brasil, el mandatario derechista Jair Bolsonaro denunció ya las posibilidades de fraude en las elecciones del próximo año, cuando se espera enfrentará al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. La impopularidad de Bolsonaro rebasa 50%, significativamente mayor que 40% que rechaza a Da Silva.
En Perú, Keiko Fujimori, la candidata de derecha a la Presidencia en Perú, mantiene sus reclamos de trampa en las elecciones que perdió el pasado 6 de junio ante el candidato izquierdista Pedro Castillo.
Al mismo tiempo, el gobierno de Cuba enfrenta manifestaciones públicas de descontento por primera vez en 30 años, y aunque denunció de entrada la intervención extranjera, pero también reconoció y buscó explicar raíces internas.
La diferencia entre la formulación del gobierno cubano con las sólidamente dictatoriales medidas de Daniel Ortega, en Nicaragua, fue notable. El régimen nicaragüense detuvo a seis aspirantes de oposición a las presidenciales del próximo noviembre, para favorecer la reelección de Ortega y su clan familiar.
Al otro lado del espectro político, el gobierno conservador de Iván Duque, en Colombia, enfrenta el impacto político de enormes manifestaciones de descontento y acusaciones de represión policial, que resultaron en denuncias por la desaparición de más de 260 personas y desestabilizaron al país de cara a las elecciones generales del próximo año.
En Chile, se prepara una nueva Constitución por un Congreso expresamente electo, luego de semanas de manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera, que además enfrentará elecciones presidenciales a fines de año.
En Haití, el asesinato del presidente Jovenel Moïse sólo contribuyó a profundizar el pesimismo respecto a las perspectivas de un país que, cada vez más, parece un Estado fallido pese a la eficaz investigación de la Policía.
El tema de la migración, un problema político doméstico, pone aparte a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), donde al margen de declaraciones no parece haber una visión del todo clara respecto al gobierno de Biden y su política exterior.
Pero el hecho es que una sequía en Centroamérica y el sureste de México empuja la migración hacia Estados Unidos.
Y todo ello, sin contar con el brutal impacto de la pandemia de COVID-19 en la región. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 28)
Se llama Raúl Torres. Es el primer diputado migrante electo al Congreso de la Ciudad de México. Vinculado al Partido Acción Nacional, este joven de 32 años ganó con el 56% de los votos de capitalinos residentes en el extranjero.
Charlamos con él sobre las iniciativas que tiene planeado presentar como representante popular en beneficio de los chilangos que residen en el extranjero.
Habló de proponer en el Congreso local la creación de una Comisión de Asuntos Migratorios, de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública de la CDMX para incluir un Área de Atención a Migrantes.
Pero también de establecer una agenda internacional para las alcaldías y de incluir en el presupuesto un fondo de fomento al retorno. Plan ambicioso. A ver si lo dejan los morenos. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Cuando por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a la corona española que se disculpara por la conquista de hace 500 años, la realidad es que los pocos que le escucharon en España pensaron que se trataba de una broma.
Una cosa es que España les ponga poco interés a los asuntos de América Latina, comprensible por la distancia y la complejidad de sus problemas regionales.
Claro que el presidente López Obrador no come fuego y no se lanza con la misma virulencia contra el Gobierno demócrata de Joe Biden. Claro que tampoco los tiene en la misma estima que la que tenía por Donald Trump.
El Gobierno mexicano se ha mostrado más que dispuesto a reforzar la política migratoria de los Estados Unidos, con todo y despliegue de la Guardia Nacional para evitar cruces fronterizos ilegales, porque ese tema, el migratorio, parece ser el único que está en el interés de la Casa Blanca.
La realidad es que se aprecia una enorme tibieza por parte del Departamento de Estado del Gobierno de Joe Biden respecto a los graves conflictos que se multiplican en la región.
Está muy bien que el Gobierno estadounidense sea menos intervencionista en la región, pero ese desinterés por América Latina que han mostrado tanto Trump como Biden se convierte en patentes de corzo para impresentables como Nicolás Maduro, quien mantiene en el hambre y la opresión a los venezolanos o Daniel Ortega, quien afina con toda clase de violación de las garantías individuales su régimen autoritario en Nicaragua.
En Haití mataron a su Presidente y aparentemente todo se planeó en Estados Unidos y el descontento social en Cuba se encuentra con tibias y muy apagadas reacciones de La Casa Blanca, a pesar de haber hecho del destino de esa isla una prioridad desde hace más de 60 años. (Enrique Campos, 24 Horas, Negocios, p. 12)
De los proyectos estratégicos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al único que se le ve solidez y futuro es al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), conocido como “Corredor Transístmico” o “Tren Transístmico”.
Además de la oportunidad de desarrollo que este proyecto puede generar en la región sureste del país, también ofrece una alternativa para el comercio internacional con Asia y Europa, y representa para Estados Unidos la posibilidad de reducir la migración centroamericana que entra por México.
La idea es generar una franja de desarrollo –y de contención– de más de 300 kilómetros entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, que genere en un futuro más de 300 mil empleos formales, suficientes para incorporar a las actividades productivas a una buena parte de los migrantes centroamericanos que persiguen el “sueño americano”.
El tema resulta estratégico para la administración de Joe Biden ante un incremento de flujos de personas hacia su frontera sur que, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, se han incrementado considerablemente por la crisis económica que generó la pandemia del Covid-19.
Para el Transístmico se calculan inversiones de por los menos 80 mil millones de pesos, y el equipo de Rafael Marín Mollinedo –encargado del CIIT– tiene ya comprometidos 20 mil millones para la modernización de la vía que cruza desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, y para la ampliación de las terminales de contenedores Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Se contempla igualmente el desarrollo de 10 parques industriales en la zona más cercana a Oaxaca, los cuales deberán estar en operación en 2023 y en los que se prometen múltiples beneficios fiscales a las compañías que decidan instalarse en ellos, algo que no es común en un gobierno enemigo de los apoyos al sector empresarial, especialmente si estos representan una merma a los ingresos tributarios que sostienen los programas sociales.
Debido a que en el Istmo de Tehuantepec ya existe una vía de ferrocarril que se someterá a una total modernización, los problemas por los derechos de vía serían mínimos. Morena además obtuvo el triunfo en seis de los nueve municipios estratégicos para el corredor, como Salina Cruz, Tehuantepec, San Blas Atempa, Ixtepec, Barrio de La Soledad y Matías Romero, por lo que se prevé superar cualquier tipo de resistencia al proyecto que manifiesten los pobladores de la región.
Se cuentan entonces con todos los recursos, apoyos y voluntades para concretar el proyecto en menos de dos años, y para elevar esa inversión en infraestructura hasta los 300 mil millones de pesos si el gobierno permite más adelante la participación de privados que proponen conexiones ferroviarias de hasta ocho carriles, lo que logísticamente convertiría al Istmo en un paso de carga internacional tan o quizá más atractivo que el Canal de Panamá.
Otra historia muy diferente tendrán las inversiones por 160 mil millones de pesos que se contemplan para la refinería de Dos Bocas; los 180 mil millones que costará el Tren Maya, y los 75 mil millones del Aeropuerto Felipe Ángeles en la zona de Santa Lucía, los tres proyectos con futuros inciertos y con un alto riesgo de quedar inconclusos.
El CIIT, en cambio, cuenta no sólo con el discreto impulso de los Estados Unidos, sino también con mucho interés desde la lejana China. Administraciones anteriores ya han querido echar a andar este proyecto, el cual podría ser un verdadero legado económico de la 4T y de AMLO. (Mario Maldonado, El Universal, Cartera, p. 19)
Después de haber reducido a menos del 10% el número de operaciones durante el periodo más crítico de la pandemia (marzo-junio 2020), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alcanzó el 9 de julio, 978 operaciones tanto de despegues como de aterrizajes, número más cercano a las 1,200 que puede operar la principal terminal aérea del país.
En los últimos días, han crecido los reportes de aglomeraciones de vacacionistas por el inicio de la temporada de verano y por ser México el trampolín para acceso a EU de pasajeros de países asiáticos que no pueden entrar de forma directa a EU, salvo que mantengan una estancia de 15 días en México.
Aunque están habilitados los protocolos de sana distancia, se tendrán que reforzar medidas con las aerolíneas en terminales de registro antes de ingreso a sala, salidas por migración y aduanas, para reducir posibilidades de contagio.
Según los datos del aeropuerto, en el primer semestre del año, el AICM recibió 14 millones 838 mil 569 pasajeros; casi 75% vuelos nacionales (11 millones), dado que los vuelos internacionales siguen restringidos, sin embargo, no sólo fue Volaris el que aumentó sus frecuencias a Bogotá, sino que la colombiana Viva Air comenzó operaciones en el AICM con la ruta CDMX-Bogotá, con tres frecuencias a la semana.
También, el 20 de junio Viva Aerobus estrenó la ruta CDMX-Austin con 2 operaciones a la semana (martes y domingo) y, el 30 de junio Aeroméxico reactivó 7 vuelos en las rutas CDMX-Austin y CDMX-Dallas (el turismo de vacunación ha sido un gran motor del bilateral) y el 5 de julio la de CDMX-Cozumel con vuelo diario, un lugar extraordinario para huir del covid-19.
En este mes, la que regresó con el anuncio de la ExpoDubai fue Emirates Airlines reanudando la conexión CDMX-Dubai, con escala en Barcelona. Por último, de julio a octubre de 2021, Aeroméxico aumentará de 7 a 9 sus vuelos semanales entre el AICM y el Aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia.
Un dato interesante es que, pese a la caída de ingresos y TUA durante la pandemia, fue el gobierno del presidente López Obrador el que cumplió plenamente con el pago de intereses de las notas Mexcat del aeropuerto cancelado, pues en octubre del año pasado y abril de este año se realizó el pago de intereses de las notas garantizadas con vencimiento en el 2026, 2046 y 2028 por 47.7 millones de dólares, y en enero y junio las que vencen el 2027 por 57.7 millones de dólares.
Por último, le comento que el presidente López Obrador se reunió con los accionistas de Grupo Aeroméxico, encabezado por su presidente, Javier Arrigunaga. Asistieron Eduardo Tricio, Antonio Cosío Ariño, Jorge Esteve, Ed Bastian y Andrés Conesa. No estuvo don Valentín Diez.
Aeroméxico entró en la fase más importante de la reestructura bajo Chapter 11, y en ésta la valuación de la empresa es la clave. Quien la valore más, incluyendo al inversionista Apollo, al otro grupo que se está conformando, e integre a los socios de control, podrá definir cuánto finalmente aportan en capital los socios mexicanos y los internacionales. Esta fue parte central de la conversación con el Presidente. (Alicia Salgado, Excélsior, Dinero, p. 5)
A López Obrador le gusta despotricar contra el neoliberalismo en cada oportunidad que se le presenta. Lo culpa de casi todos los males que afligen a México. Estados Unidos es el máximo exponente de esta ideología, por lo que lo lógico sería que existiera un rechazo. Al contrario. Hay mucho que agradecerle.
La situación del país habría sido peor y la recuperación menos vigorosa de no ser por nuestro vecino del norte. Las remesas de nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México siempre han representado una importante fuente de bienestar. Pero durante la pandemia se volvieron vitales. En 2020 entraron más de 40 mil millones de dólares, una cifra récord. Sin esta ayuda, millones de familias habrían quedado desamparadas.
La razón principal por la que nuestros paisanos lograron enviar cantidades tan altas pese a la terrible crisis mundial y los confinamientos fueron los enormes estímulos fiscales que proporcionó el gobierno estadunidense. Mientras que el nuestro ofreció un mínimo apoyo a ciudadanos y empresas, el de EU fue de los más generosos. Los beneficios se permearon en distintos países, pero México fue el más favorecido.
Gracias a las remesas, la reactivación económica ha agarrado mayor fuerza. Las remesas han servido para compensar fuentes de ingresos como el turismo, que continúan muy débiles a raíz de la pandemia. De nuevo, es el gobierno de EU el que está estimulando su economía y, por consiguiente, poniendo dinero en los bolsillos de los migrantes mexicanos para que lo envíen a sus familiares.
En los primeros tres meses del año, las remesas han aumentado más de 10% respecto a 2020 y se estima que alcancen nuevos máximos históricos en 2021.
No solo las remesas de EU nos han ayudado a salir adelante. La fuerza con la que su economía se está recuperando nos está levantando.
Goldman Sachs considera que el PIB estadunidense puede crecer la friolera de 8% este año. Dada nuestra enorme interconexión, estas son excelentes noticias para México. Podemos apalancar al máximo la relación gracias a uno de los actos más simbólicos de la política neoliberal: el Tratado de Libre Comercio (hoy rebautizado T-MEC). Es en gran medida debido a este acuerdo que nuestra economía puede llegar a crecer 6% en 2021.
Pese a que el sistema de EU se basa en el neoliberalismo, López Obrador ha reconocido públicamente las ventajas de ser vecinos.
De hecho, ha modificado la famosa frase de Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” a “es maravilloso para México estar cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”. La paradoja de depender tanto de un país emblemático de esta corriente, que encarna el prototipo de modelo que detesta el Presidente, no debe pasar desapercibida.
No ha de ser fácil tener que agradecerle tanto a un país con principios tan aparentemente opuestos. Pero lo cierto es que, aunque jamás lo acepte, López Obrador tiene varios rasgos neoliberales. (Julio Serrano, Milenio Diario, Negocios, p. 18)