Opinión Migración 150824
Contracorriente / 4T: humillación a víctimas y persecución a defensoras
El cierre del sexenio del presidente López Obrador sigue marcado por voltear y señalar a todos lados, menos a la justicia para las víctimas. Son decenas de seres humanos que además de sufrir violaciones a derechos humanos, han sido sometidos ya sea a presión o a negligencia con la que este gobierno ha materializado su legado de impunidad.
A casi año y medio de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, a cargo del Instituto Nacional de Migración, las víctimas están en el olvido. En lo que sí han dado la batalla las autoridades es por la defensa de Francisco Garduño.
En días recientes se dio a conocer en la revista Proceso que una de las víctimas sobrevivientes del incendio recibió un correo electrónico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Segob) para inducirla a aceptar que Garduño cuente con un beneficio procesal. De tal manera que, como víctima de lo sucedido en el incendio que cobró decenas de vidas de migrantes, no se opusiera a la posibilidad de que el juez aprobara una solución alterna para evitar que el funcionario responsable caiga en la cárcel.
¿En lugar de buscar la justicia para las víctimas las instituciones de gobierno operan para favorecer a quienes violan derechos humanos?
“La responsabilidad se relaciona con la justicia y la verdad. Lo que se busca es que se esclarezca no solamente quién prendió las colchonetas, sino por qué no se tenían las condiciones de auxilio que permitieran a los migrantes salir. ¿Por qué estaban encerrados si no cometieron un delito?”, se pregunta Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia.
La responsabilidad de Garduño como funcionario público definitivamente no atraviesa por el hecho de que él, con un encendedor, haya prendido fuego a las colchonetas que desembocaron en un gran incendio, ni siquiera se le acusa de ello. La tragedia de Ciudad Juárez no fue un hecho aislado de la política migratoria de este gobierno, sino que fue una consecuencia de una cadena de negligencias en la que hasta hoy no hay sentencia contra los responsables.
“Con relación a Garduño, se trata de esclarecer que un Comisionado debe prever este tipo de situaciones y hacer todo lo que esté a su alcance para que no suceda, pues no se puede partir nada más de quién provocó la primera chispa”, explica Valdez.
Pareciera que el derecho a la verdad quiere reducirse en este caso a las responsabilidades materiales obviando las responsabilidades administrativas. Se conforman con “encontrar un culpable de la primera chispa”, como afirma Yesenia Valdez. Los tratados internacionales y las leyes en materia de derechos humanos obligan al Estado a entender la verdad y a la justicia de una manera integral. Se trata de derechos que además de corresponderle a las víctimas, también son derechos la sociedad en general.
“Cuando hablamos de verdad implica esclarecer los hechos. Cuando se obtiene una sentencia es porque ya se esclarecieron los hechos”, me dice Valdez. Es precisamente una sentencia lo que el gobierno –todo indica que a través de la CEAV– intenta evitar. Especialistas y defensores de derechos humanos han declarado que, con una investigación exhaustiva, lo más probable es que la cadena de responsabilidades llegue hasta el comisionado Garduño.
Mientras el Estado mexicano se enfoca en empujar una solución alterna para Garduño, ninguna de las víctimas ni sobrevivientes, ni los núcleos familiares de las víctimas han sido reparadas en ninguno de los 7 procesos penales. “Es importante que se termine todo el proceso porque es en ese punto cuando se va a determinar todo el daño causado a las víctimas. El proceso mismo es una medida de reparación para las víctimas”, afirma Marcos Zavala, abogado litigante del caso en la Fundación para la Justicia.
La audiencia en la que se pretendía exonerar a Garduño pasando por encima de las víctimas no se ha llevado a cabo. Habían acudido 16 víctimas para manifestar su repudio a la impunidad que se le estaba preparando al comisionado. Por ahora, existe aún la esperanza para las víctimas de que haya una investigación que llegue a las últimas consecuencias y al escalón mas alto del Instituto Nacional de Migración. ¿Pues no asegura López Obrador que las escaleras se barren de arriba para abajo?
Mientras el gobierno ejerce artimañas para burlar la justicia, persigue a las defensoras de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, Marcela Turati y Mercedes Doretti. Su entendimiento de lo que significa la justicia en la llamada cuarta transformación ha quedado evidenciado. (Maite Azueta, El Universal, Opinión, p. A16)
Apuntes incómodos / Cuando el ruido termine
Explotaron esa capacidad humana para negar la información contraria a los deseos. Impunidad es la ausencia de consecuencias a las acciones. Este país desarrolló maneras de institucionalizar su ejercicio. Rara vez con la aceptación popular de hoy, encontró en la legitimidad del voto sus mayores posibilidades. Nunca hay que subestimar la resistencia a percibir lo nocivo.
Cuarenta personas fueron encerradas a su muerte bajo el fuego en una instalación migratoria. La Comisión de Atención a Víctimas intercede por el titular de Migración. Él es el vulnerable. Profesionalizada la negligencia criminal tenemos ruido, gabinetes capaces de silenciar tragedias, pero cuando éste termine, la impunidad, estructura fundacional de la política mexicana, habrá profundizado raíces.
La ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa es el fracaso en nuestro rechazo a la carencia de justicia, su aceptación. Mejor encerrar sin prueba, trabajo de fiscalías y menos juicio. La ilusión de verdad y justicia se da por satisfecha mientras queden menos a quien acusar.
Algunos actos son recurrentes en gobiernos de talante autoritario: la intromisión fuera de ley en la vida privada de los ciudadanos, el trato como asuntos de Estado a sus intereses privados. Sin consecuencia alguna. La exhibición de datos de donatarios a una organización considerada opositora al oficialismo y una presentación editorial, con la pompa de fiesta nacional, al libro de una autora que resulta estar casada con el Presidente de República, llevaron a una tercera condición: su caricaturización en el más burdo tropicalismo.
Nos conformamos con la política del espectáculo y ahora tenemos un espectáculo pobre. Aplausos en el Zócalo, a la vocación punitiva, al grito contra lo disfuncional salvo cuando corre a mano del control máximo. No hay impasse en la salida y entrada de gobiernos porque van haciendo uno. La ironía pide inteligencia, aquí hay crueldad y desfachatez.
Un gramo de humildad y lectura política llevaría a la siguiente administración a dudar con qué dosis de impunidad podrá mantener la apariencia de gobernabilidad, hacia los intereses de adentro, hacia los compartidos con el mundo de afuera. (Maruan Soto Antaki, Milenio, Al Cierre, p. 31)
Fuera de Agenda / Chiapas otro epitafio sexenal
Lo sucedido en el último año del sexenio en la frontera de Chiapas con Guatemala, retrata de manera nítida el pulso que tuvo Andrés Manuel López Obrador para disfrazar su desidia y complicidad por omisión, del problema de seguridad que heredará como conflicto binacional. La caricaturesca retórica presidencial para negar la crisis, se entiende al analizar el entramado político criminal del que su partido fue el principal beneficiario, y cuya evolución quedó registrado en informes de los órganos de inteligencia del Ejército.
El nombre de Jesús Esteban Machado Meza, cabeza visible del Cártel de Sinaloa (CDS) en el estado, aparece en distintos reportes que cotejados con fuentes militares que han pasado por la entidad del 2021 a la fecha, exhiben una trama de la que existe escaso registro en la opinión pública. En uno de los reportes se dice que este individuo pagó 10 millones de dólares al gobernador del estado Rutilio Escandón para poder operar con total libertad en Chiapas. La versión cotejada con fuentes castrenses, remite a cómo corporaciones como la Policía Ministerial y la Estatal Preventiva, actúan en consonancia con los dictados de la organización.
Y citan como cabezas visibles dentro del gobierno estatal a un ex policía federal de nombre Roberto Jair Hernández Terán, quien funge como comandante de la policía estatal fronteriza y presuntamente se encarga de los pagos de sobornos a todos los miembros de la secretaría se seguridad pública desplegados en municipios fronterizos, epicentro del conflicto entre células de organizaciones criminales que actúan como franquicias del Cártel de Sinaloa y del autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala, etiqueta que usan probables desertores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este individuo, ex convicto por tráfico de drogas, está considerado uno de los principales operadores al interior de la administración estatal de Machado Meza, alias “el Güero Pulseras”. Otro que aparece es Francisco Javier Orantes Abadía, ex subsecretario de seguridad estatal, sobrino del cacique cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz, quien presume ser íntimo amigo de muchos años de AMLO. La protección política que goza Orantes Abadía por la amistad presidencial de su tío, hace que sea visto como el poder real en la secretaría de Seguridad Pública estatal, donde Gabriela del Socorro Cepeda Soto aparece como titular. Conocido como “Panchito”, Orantes Abadía, de acuerdo al documento, ha sido visto en las propiedades que el jefe de CDS en Chiapas tiene en Tuxtla Gutiérrez.
La presunción de que el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar haya sido “impuesto” por el líder del CDS en el estado, se basa en que la oposición al abanderado de Morena en las pasadas elecciones fue amedrentada debido a las amenazas de muerte contra distintos candidatos. Con 18 muertos durante la precampaña y campaña, Chiapas fue el estado del país con más víctimas mortales entre los aspirantes a un puesto de elección popular, según un informe de Data Cívica.
De Ramírez Aguilar el documento registra que fue “amigo personal” del extinto Gilberto Rivera Amarillas, “el Tío Gil”, líder durante varios años del CDS en Chiapas y quien murió en prisión al ser extraditado. Ambos se conocieron en Comitán, cuando el hoy gobernador era presidente municipal. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p. 5 y Ovaciones, Nacional, p. 20)
Contracorriente / México y el mundo ante EU
Por muchas razones, Estados Unidos se hizo grande y fuerte; menciono solo tres: su cultura no le teme a los cambios y los adopta rápidamente; tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el emisor de la moneda de pagos internacional —sin respaldo de su economía desde 1980— lo que hizo que el resto del mundo financiara su déficit comercial externo y su gasto armamentista.
Otro pilar de esa potencia —el que más afecta al mundo actualmente— ha sido una industria que, junto con los transportes, consume el 24% de los hidrocarburos del planeta, la cuarta parte del total mundial, a pesar de que su población equivale a 4.3% de la humanidad.
De esas y otras cargas que representa Estados Unidos para el resto de los mortales, mitigar la emergencia ambiental en la que está el planeta debería ser el propósito prioritario. Que lo sea depende de quien gane la presidencia, aunque el proceso electoral no ha tenido al cambio climático como un tema destacado del debate.
Mucha más atención recibe la frontera con México que no detiene la migración, los cárteles de la droga, el fentanilo que mata miles de jóvenes; México es el tema preferido de los demócratas y republicanos, de la prensa y del electorado.
Ambos partidos y sus respectivos candidatos amenazan a nuestro país sin mirar que su propia farmacodependencia llevó a millones a necesitar el fentanilo y otras drogas, ni permitir que se conozcan sus propios canales de distribución de estupefacientes ni mucho menos que se combata el lavado de dinero de ese trasiego en la meca financiera que es Wall Street.
Pero quien gane la elección presidencial —Trump o Kamala Harris— haría algunas diferencias para México y para el mundo.
Harris, como Biden, recurriría a las investigaciones de inteligencia para conocer la penetración de los cárteles en los gobiernos municipales, estatales y federal de México y operar políticamente, mientras que Trump regresaría muy fortalecido en su xenofobia mexicana y en su misoginia, con amenazas de enviar al Ejército a nuestro territorio; nos harían pasar a los mexicanos tragos muy amargos y a la presidenta Sheinbaum también.
Harris, aparte de ser progresista y tener un origen cultural más universal, menos yanki, se entendería bien —sin dejar de ser representación del imperio— con Claudia Sheinbaum. Cuando Biden le encargó que se ocupara del asunto migratorio, no dejó de considerar a la pobreza y la falta de oportunidades como causas que originan esos movimientos en México y Centroamérica, como ha dicho AMLO.
En el tema global, para el mundo sería asimismo muy grave que Trump le ganara a Harris; el expresidente regresaría más fuerte en sus afanes de “hacer de América grande otra vez”, reindustrializando la economía, bajando los impuestos corporativos y eliminando regulaciones costosas, como las ambientales.
Cuando fue presidente, Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo climático de París, al que la presidencia de Biden reincorporó y Trump volvería a sacar, y eventualmente también lo haría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, según ha prometido, y todo para poder impulsar la producción de petróleo y gas, porque es de los que niegan que sea la actividad industrial movida por hidrocarburos el origen del calentamiento global.
Harris le daría continuidad a medidas que el Congreso y el actual gobierno estadounidenses han tomado para afrontar internamente el cambio climático, como el Green New Deal, Nuevo Trato Verde.
Inclusive con China, Biden logró un importante acuerdo: la Declaración de Sunnylands a finales del año pasado, la cual compromete a las dos naciones más contaminantes del mundo a limitar sus emisiones; ese crucial acuerdo se basó en la voluntad de cada uno de modificar sus propias fuentes contaminantes.
Con Trump en la presidencia no habría tal voluntad ni modificaciones, sino todo lo contrario, y China no se vería obligada a cumplir su parte.
Pocas veces han sido tan contrastantes los posibles escenarios en una elección presidencial de Estados Unidos, con tanto en juego para México y el mundo. (Guillermo Knochenhauer, El Financiero, Opinión, p. 26)
Juegos de poder / Qué desgracia
Es un suceso doloroso que a nadie le importa. O, para ser más precisos, a pocos. Desde luego a los involucrados directos, es decir, los venezolanos que viven en ese país o los más de siete millones que han emigrado. También a los gobiernos que tienen diversos tipos de intereses, unos económicos, otros por detener el flujo de la migración venezolana a sus países, por ejemplo.
Hay quienes, por supuesto, demuestran preocupación por la consolidación de un régimen dictatorial, en un país que solía ser una democracia imperfecta, y el empobrecimiento que ha estado aparejado a este proceso. Pero es una tragedia que no le quita el sueño a la gran mayoría de la humanidad, incluyendo a los mexicanos.
Pocos son los dispuestos a movilizarse para hacer algo en contra de la consolidación de la dictadura en Venezuela. A propósito, utilizo la palabra “consolidación” porque esta historia comenzó hace 25 años cuando, en una elección democrática en 1999, Hugo Chávez ganó la Presidencia en ese país.
Populista de libro de texto, Chávez fue desmantelando las instituciones democráticas para consolidar su proyecto de “Revolución Bolivariana”.
Hay que reconocer que este líder era muy popular gracias a su carisma y la repartición de mucho dinero que le permitieron los altos precios del petróleo. Pero Chávez murió en 2013 víctima de cáncer. A la presidencia entró el vicepresidente Nicolás Maduro, quien no ha abandonado ese puesto desde entonces.
Estos años, Maduro se ha dedicado a traspasarle más y más privilegios y prebendas a los militares, quienes son los que hoy gobiernan a Venezuela. Son los grandes beneficiarios de la Revolución de Chávez. Y, obvio, no quieren perder este poder, aunque la ciudadanía haya votado masivamente en contra de la permanencia de Maduro en la presidencia en las pasadas elecciones del 28 de julio.
Los comicios fueron una vergüenza. La dictadura venezolana le prohibió a la líder de la oposición, María Corina Machado, participar en las elecciones. El aparato estatal se volcó con todo su poder para apoyar al régimen que, entre otras cosas, controlaba a las autoridades electorales.
Con todo, la oposición ganó.
Y me atrevo a decir esto porque ahí están las actas que recopilaron los opositores el día de las elecciones. Visite usted resultadosconvzla.com y ahí las encontrará digitalizadas. Con 81% de las actas que consiguieron, el candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo 67% de los votos frente a 30% de Maduro.
Estos resultados son compatibles con el exit poll de Edison Research, los herederos del inventor de las encuestas de salida, Warren Mitofsky, que le dieron 65% a González y 31% a Maduro.
No obstante, sin ninguna acta presentada hasta hoy, el Consejo Nacional Electoral (presidido por un individuo con nombre de novela de García Márquez, Elvis Amoroso) le otorgó la victoria a Maduro, para un tercer mandato, con 51% frente a 44% de González.
Se consumó, así, el fraude electoral.
Hubo manifestaciones de la oposición, pero rápidamente el régimen se endureció y comenzó la represión. Cientos de personas fueron detenidas. Quedó claro que los militares, los que verdaderamente ostentan el poder en Venezuela, no permitirían la transición a un gobierno opositor.
Algunos gobiernos apoyaron la reelección fraudulenta de Maduro: Cuba, Rusia, China, Nicaragua y Bolivia. Otros expresaron su rechazo a los resultados electorales: Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala y Chile. Finalmente, los gobiernos de México, Brasil y Colombia que, pese a la publicación de las actas por parte de la oposición y la carencia de actas del lado de las autoridades electorales controladas por el régimen, han solicitado una “verificación imparcial” de los comicios con el fin de evitar la violencia.
Como bien dice Jorge G. Castañeda, Maduro le está dando atole con el dedo a estos tres países (“arepas con el dedo”, las denomina él). El dictador le está apostando a que pase el tiempo, a que todo mundo se olvide de Venezuela “y la represión surta efecto en el seno de la oposición, o le dé tiempo para falsificar las actas, reto que parece no poder superar ni siquiera con semanas o meses de trabajo”.
Las tácticas dilatorias le han servido en el pasado al régimen autoritario de Venezuela.
“El dictador sigue allí, el tiempo transcurre, y la oposición se desgasta y se atemoriza, con toda razón”, concluye Castañeda. Hacia allá va Venezuela. Una desgracia que le vale un pepino a la gran mayoría del mundo, pero seguirá expulsando a millones de venezolanos al exilio. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)
CARTONES
Selectivo
(Rictus, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p, 32)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 14/08/2024