Estamos frente a una de las crestas más altas, quizá la mayor, de las migraciones masivas hacia Estados Unidos.
El número más grande de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos se alcanzó en el año fiscal 2000, cuando ascendieron a un millón 700 mil; en 2021 puede llegarse a casi 2 millones de arrestos, de los que unos 600 mil serían de mexicanos, de acuerdo con la actual tendencia, lo que representaría la cifra más alta en 20 años.
Entre enero y julio, la autoridad mexicana ha realizado 117 mil detenciones en su frontera sur, 22 mil más que en el mismo periodo del año anterior. De seguir así, el Instituto Nacional de Migración puede llegar a 200 mil detenciones, la mayor cantidad en 15 años.
La suma de factores y causas, como pobreza, violencia, conflictos políticos, fenómenos naturales, pandemia y expectativas de política migratoria comprensiva en EU, entre otros, ha producido una ola gigantesca que necesariamente pasa por México, cuyas dos fronteras se ven sometidas a la presión de miles de personas necesitadas, desesperadas y esperanzadas.
Es un desafío complejo que implica, fatalmente, dolor para los migrantes, quienes enfrentan adversidades extremas de toda índole: climáticas, hambre, abusos, delincuencia organizada y peligros mortales.
A pesar de estos riesgos, hay tanto sufrimiento y desesperanza en lo que dejan atrás, que no hay amenaza que los intimide ni muro que los detenga.
En el entendido de que no hay solución fácil, quizá valdría considerar las siguientes medidas:
Sin embargo, hay una acción fundamental que sí está al alcance de nuestras instituciones: garantizar que ningún agente del Estado de ningún orden de gobierno agreda a los migrantes. Es inadmisible que se repitan casos de abuso y trato inhumano como los que hemos atestiguado recientemente.
Es indispensable preparar a los elementos de todas las corporaciones en materia de derechos humanos y en protocolos de actuación para los operativos de detención y, en caso de que alguien utilice la fuerza arbitrariamente, sancionarlo conforme a derecho más allá del despido laboral.
El gobierno de México tiene la facultad soberana de determinar su política migratoria, cuya aplicación tiene un límite infranqueable: el imperativo legal y moral de respetar los derechos humanos de los migrantes. (Mauricio Farah Gebara, Milenio, Política, p.11)
RESQUICIOS
Un comando fuertemente armado irrumpió en un hotel de Matehuala, SLP, y se llevó al menos 20 extranjeros entre haitianos y venezolanos. Una historia más que nos hace preguntarnos de nuevo por nuestra política migratoria. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La 2. P.2)
Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de EU falló hace unos días en favor de un par de estados de la Unión Americana que demandaron a la administración Biden para obligarla a continuar con la inhumana y legalmente cuestionable política de Trump con respecto a las solicitudes de asilo y refugio. Así, la Corte instruyó al gobierno de EU que, contrario a la tradición internacional de asilo y refugio, continúe procesando a miles de personas que huyen de la violencia y la muerte fuera del territorio estadunidense, concretamente en México bajo el programa conocido como Remain in Mexico. La participación de México en el ignominioso programa ha llevado a nuestro país a cerrar el paso de migrantes en la frontera sur y, en la norte, a recibir a los solicitantes de asilo y refugio y hacerse cargo de ellos mientras dure el proceso, que suele extenderse por varios meses e incluso años.
El gobierno de México reaccionó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia mediante un comunicado aclarando que el fallo “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno” y que la decisión “no obliga a México”, por lo que “su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”. Subsecuentemente, nuestro país anunció que seguiría colaborando. Todo lo cual lleva a hacer un par de reflexiones. Por un lado, si en efecto el fallo de la Corte no es obligatorio para México porque no tiene jurisdicción en territorio mexicano y la política migratoria de nuestro país se ejecuta de manera soberana, entonces la decisión de nuestro país de seguir colaborando con el programa es voluntaria. Por la otra, si México se negara a continuar recibiendo solicitantes de asilo y refugio en EU, Remain in Mexico simplemente dejaría de operar y, pese al fallo, el gobierno de ese país no estaría en falta porque nadie está obligado a hacer lo imposible.
Surgen entonces una serie de preguntas. La primera de ellas es ¿está en interés de México continuar colaborando con el programa? En retrospectiva, ¿qué habría pasado si nuestro país se hubiera pronunciado contra el programa durante el proceso en la Corte y hubiera hecho pública su decisión de suspender la colaboración?, ¿acaso se habría descarrilado la decisión de la Suprema Corte de Justicia antes de ser emitida? Podemos asumir que México no habría tomado una posición como esa por sí solo, pero lo que no resulta del todo evidente es por qué el gobierno de EU no pidió al mexicano anunciar que no continuaría colaborando si, por lo menos formalmente, la administración Biden estaba en contra de ser obligada a continuar con el programa. En cualquier caso, ambos gobiernos dejaron ir la oportunidad de deshacerse del vergonzoso programa y es legítimo preguntarse por qué, particularmente en el caso de la administración Biden.
Si bien las preguntas sobre lo que ocurrió —y lo que no— son relevantes, también lo son aquellas sobre lo que podría —o debería— suceder. ¿Qué pasaría si México cambiara de posición y decidiera no continuar colaborando?; ¿por qué EU no ha pedido a nuestro país que asuma tal posición?; ¿por qué ambos gobiernos han decidido continuar con el programa en lugar de volver al statu quo prevaleciente hasta antes de Trump? De nuevo, podemos especular sobre las motivaciones detrás de la colaboración de México, pero no resultan claras las razones por las cuales la administración Biden ha optado por no maniobrar más allá de la Corte —como podría— para liberarse de tal obligación trumpiana. Tal vez, como señala Natalie Kitroeff en The New York Times del 6 de septiembre, la orden de la Suprema Corte “ofreció a la administración Biden cobertura política para adoptar la política (de Trump) de alguna manera sin provocar demasiada furia entre demócratas”. Mientras tanto, nuestro país carga con la parte más inhumana y costosa —en múltiples ámbitos— de la ejecución del programa, como pudimos observar hace unos días con las escenas de inaceptable violencia y abuso en contra de migrantes en nuestra frontera sur. (Jorge Lomónaco, Milenio, Política, p.13)
Va a ser instructivo ver al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard conduciendo la propuesta de reforma o reemplazo de la OEA en la próxima cumbre de la CELAC. Hay tantos mecanismos involucrados en esa vieja trama institucional, desde el financiamiento de la organización hasta todas las redes de colaboración interamericana que dependen del mismo, que se hace difícil imaginar una transformación consensuada.
Pero antes de cualquier protocolo de reforma o reemplazo de la OEA, los gobiernos de América Latina y el Caribe deberán probar que pueden reunirse sin que múltiples conflictos salgan a flote. De por sí, ya representa un gran vacío que Brasil haya salido de la organización desde hace más de un año, sin que hubiera intentos serios de reintegrar al mayor país de la región. Cabe preguntarse qué sentido puede tener un foro llamado Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, sin Brasil.
Con Brasil fuera, un foco de conflictos ideológicos y geopolíticos queda artificialmente neutralizado. No así otros, como el de la cada vez más explosiva frontera entre Colombia y Venezuela. La negociación entre los representantes del gobierno y la oposición venezolana ha atemperado la irritación que produce el autoritarismo madurista. Pero las equivocadas declaraciones de Duque sobre las negociones y las diatribas constantes de Maduro contra su par colombiano han atizado la disputa en días recientes.
En Centroamérica, las alarmas están encendidas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Daniel Ortega, siempre con el respaldo incondicional de La Habana y Caracas, ha llevado su voluntad reeleccionista a un punto de desfachatez como no se veía en mucho tiempo. En El Salvador, como ha señalado el periodista Oscar Martínez, en The New York Times, Bukele ha purgado a jueces, negociado con pandillas, empoderado al ejército, aupado la corrupción y habilitado la reelección.
En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei está siendo investigado por presuntos sobornos rusos y la situación en la frontera con México se vuelve cada vez más crítica, con la presión migratoria desde el Triángulo del Norte y la devolución forzosa de migrantes. Human Rights Watch y otras organizaciones están denunciando que dichas devoluciones, lo mismo desde Estados Unidos que desde México, se llevan a cabo sin respetar el debido proceso.
Se dice que diecisiete presidentes –la mitad– han confirmado asistencia a la cumbre de la CELAC. Pero los únicos nombres que se mencionan son el argentino Alberto Fernández, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el costarricense Carlos Alvarado y el cubano Miguel Díaz Canel. A la última cumbre, en Punta Cana, República Dominicana, en 2017, sólo asistieron ocho mandatarios y casi todos del bloque bolivariano. Está por verse si esta cumbre logra relanzar la CELAC en medio de una crisis tan profunda del integracionismo. (Rafael Rojas, La Razón, México, p.6)
Veinte años después, las consecuencias geoestratégicas, políticas, psicológicas y éticas del 11 de septiembre de 2001 y la “guerra contra el terror” que siguieron al vendaval que desató ese día funesto, se han vuelto más evidentes. Y han corrido ríos de tinta en todo el mundo acerca de lo que estas dos décadas significan para el sistema y las relaciones internacionales, enmarcado ahora sobre todo por el repliegue estadounidense de Afganistán. Sin embargo, relativamente poco se habla o escribe acerca de una de las relaciones bilaterales más impactadas por lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York, Virginia y una pradera en Pennsylvania: la de México y Estados Unidos. Y como muchos asuntos de las relaciones internacionales, es una historia proverbial de oportunidades perdidas y oportunidades ganadas.
Días antes de la mañana del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush recibía al presidente mexicano Vicente Fox para la primera visita de Estado de su administración. Al ver los fuegos artificiales -que Bush había organizado en honor a su homólogo- estallar sobre el monumento a Washington, el entonces senador Joe Biden, de pie detrás de mí en la escalinata de la Casa Blanca que conduce a la explanada sur de la residencia oficial, me dio una palmada en la espalda y exclamó: “este presidente sí que los quiere mucho!”. Y sin duda, la relación entre ambos líderes, electos ambos el año anterior, había tenido un arranque estelar. México estaba repensando prioridades en la agenda y por primera vez marcaba el tenor del diálogo diplomático al poner sobre la mesa una agenda ambiciosa para una reforma migratoria integral que incluía medidas de seguridad fronteriza y un programa de trabajadores temporales para dotar a ambos vecinos de movilidad laboral circular, mientras que Washington afirmaba la importancia primordial de la relación con México. Sentado en mi oficina en la cancillería mexicana después de la visita y viendo con incredulidad y horror cómo se derrumbaban las torres gemelas del World Trade Center, supe de inmediato que esa agenda -de por sí preñada, en la mejor de las circunstancias, de enormes complejidades políticas en Washington – se reformularía por completo.
Entre lo que se volvió evidente en las semanas posteriores a los ataques fue que México se había convertido en víctima de su propio éxito. Bush había tenido, hasta ese momento, agencia directa y e impulsaba personalmente la relación con México. Con su atención ahora centrada en Afganistán y la inminente guerra contra el terrorismo, México perdió al principal impulsor de una relación estratégica y de un enfoque de gobierno integral dentro de la administración. Argumentos transmitidos cara a cara al secretario de Estado Colin Powell por el canciller mexicano subrayando la importancia de seguir adelante con las discusiones con México en lo que se refiere a alguna forma de estatus legal para los millones de inmigrantes indocumentados (la mayoría de México) en EU -era fundamental saber quiénes eran, dónde vivían y sacarlos de las sombras, versaban nuestros temas de conversación- cayeron en oídos sordos.
Pero fue la respuesta timorata y vacilante -y luego miope y torpe- del presidente Fox a los ataques, atendiendo las admoniciones de su secretario de Gobernación y Secretario Particular con respecto a la propuesta de una muestra pública de solidaridad con el gobierno y pueblo estadounidenses en el Zócalo el 15 de septiembre antes del inicio de la ceremonia del Grito, lo que dinamitó la buena voluntad -tanto en la administración como en el Capitolio- que se había acumulado apenas unos días antes durante la visita de Estado. El gobierno de Fox eventualmente llegó a empatizar con la conmoción y el dolor de Estados Unidos, pero tuvo dificultades en el resto del sexenio para reajustarse a las nuevas realidades en Washington. Y para colmo de males, en 2003, una vez que Estados Unidos decidió imprudentemente tomar el camino de invadir Irak, a lo que México, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, se opuso con razón y clarividencia junto con otros miembros del CSNU, Fox, en lugar de buscar personalmente a Bush y explicarle a un socio y otrora amigo cercano por qué México votaría de la forma en que finalmente lo hizo, decidió esconderse y evitar tomar las llamadas de su contraparte estadounidense, para luego dar paso a restregarle en la tribuna pública las razones por las cuales México no había votado con EE.UU.
Pero por mucho que el 11 de septiembre y sus secuelas descarrilaran tanto la relación personal entre mandatarios como la agenda bilateral, esa fecha tuvo también un efecto transformador en un área que siempre había quedado rezagada en el cambio tectónico de la relación bilateral provocado por la decisión de una década antes de negociar un acuerdo de libre comercio. Desde principios de los noventa, México y Estados Unidos habían transformado profundamente su relación. Impulsados primero por la enorme convergencia socioeconómica desencadenada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la creciente y más asertiva cooperación en materia de seguridad e inteligencia que surgió de los imperativos de seguridad de un mundo post-11 de septiembre obligó a ambos países a empezar a construir de manera paulatina una asociación estratégica y con visión de futuro basada en la responsabilidad compartida y los desafíos y oportunidades de una frontera terrestre de 3,000 kilómetros. Además, la creación del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la reorganización de la arquitectura de comandos combatientes unificados en Estados Unidos con la creación del Comando Norte (Northcom) orilló a México a interactuar paulatinamente de una manera cualitativamente diferente. Lo que impulsó esto fue la constatación cardinal de que si EU llegase a percibir que México y una frontera porosa encarnaban una vulnerabilidad de seguridad nacional que pudiesen capitalizar terroristas, la agenda comercial y económica y la relación en su conjunto que se había forjado desde el TLCAN, se paralizarían. La prosperidad común y la seguridad común se entrelazaron irrevocablemente, y con buena razón.
Esto es lo que al final del día devolvió tracción parcial y un impulso e ímpetu renovados para perseguir una agenda bilateral más ambiciosa. El DHS se convirtió en un actor nuevo y clave en la relación y México y EU iniciaron un nivel sin precedente de intercambios de inteligencia, por ejemplo compartiendo listas de pasajeros de todas las aeronaves que volaban al espacio aéreo mexicano y las personas en listas de vigilancia, evitando la “compra de visas” (personas a las que se les había negado visa para EU tratando de obtener una para ingresar a Canadá o México) o instrumentando programas de viajero confiable. Aunque lentamente, la cooperación militar comenzó a avanzar hasta el punto en que unos años más tarde, enlaces permanentes de Sedena y Semar habían sido ya comisionados permanentemente a Northcom, en Colorado Springs.
Queda sin duda aún mucho por hacer para construir sobre la promesa de la relación verdaderamente estratégica entre México y Estados Unidos que los ataques terroristas del 11 de septiembre paradójicamente impusieron a ambas naciones. La encrucijada en la que nos dejó fue simple: nuestras dos naciones debían dejar de jugar a las matatenas y empezar a jugar ajedrez. Veinte años después de los atroces ataques en suelo estadounidense, es necesario que Washington efectúe una evaluación sobria y honesta de los intereses estadounidenses frente a México y a la necesidad imperiosa de no seguir dando a México por sentado o tratándolo como un asunto estratégico de menor calado y relevancia en el andamiaje de la política exterior estadounidense. México, a su vez, debe asumir la necesidad imperiosa de profundizar y ampliar la cooperación para generar un paradigma norteamericano común de seguridad, en el más amplio sentido y más allá de la cooperación en materia de procuración de justicia; es decir, de fronteras y perímetros, frente a naciones rivales o actores peligrosos no-estatales, en materia de ciberseguridad, tecnología e investigación, de cadenas de suministro esenciales, en la eficiencia e independencia energética, y en lo ambiental o agroalimentario. Esa es parte de la promesa que por cierto renueva el restablecimiento del Diálogo Económico de Alto Nivel la semana pasada en Washington. Hoy nuestros líderes se encuentran en una encrucijada: lo que está en juego es la seguridad y prosperidad de millones de estadounidenses y mexicanos y, a pesar de los desafíos inherentes a una relación tan asimétrica, más de dos décadas de una historia que si bien no ha estado exenta de tensiones y desencuentros, conllevan también éxito estratégico y diplomático, así como seguridad, convergencia y mayor interdependencia mutua. (Arturo Sarukhán, El Universal, Opinión, p.10)
WASHINGTON. Para Jeffrey Davidow, que fue el embajador estadounidense en México entre 1998 y 2002, la historia de las relaciones bilaterales puede ser también un relato de las oportunidades perdidas.
Según Davidow, uno de esos momentos ocurrió en los días posteriores al 11 de septiembre de 2001, cuando el debate político en México le impidió ofrecer una mano a su vecino.
Pero ambos estarán en otro, cuando la urgencia política y las necesidades económica y geopolítica parecen coincidir.
La actual relación bilateral puede ser descrita como una fuerte y amplia colaboración en los hechos, pero afectada por las percepciones sobre problemas importantes.
La reciente reanudación del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) es el caso en punto. Las posibilidades de cooperación económica entre los dos países son enormes, y puede afirmarse que deseadas, sobre todo por la posibilidad de mantener su alianza comercial y llevarla a nuevos niveles de competitividad mundial.
De hecho, funcionarios estadounidenses describen al DEAN como un reconocimiento de la importancia que se concede ahora, a la que definen como una relación estratégica entre los dos países, y que curiosamente se refleja en la urgencia política adquirida por el problema migratorio.
Pero a cambio de la creciente convicción de que el problema de migración sólo podrá ser resuelto de manera cooperativa y que una de las rutas correctas sería mediante inversiones y desarrollo en Centroamérica y el sureste de México, queda el punto de que la responsabilidad por crear el ambiente propicio para las inversiones es del gobierno mexicano.
Y el ambiente es una cuestión de percepciones, algo que para muchos estadounidenses está marcado lo mismo por la “estridencia nacionalista” que se atribuye a la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador que por el incesante martinete de los reportes sobre inseguridad, subrayada a su vez, tanto por los frecuentes hechos de sangre, como por la mitología creada por las narconovelas.
La ironía es que precisamente es la urgencia política del tema migratorio la que ofrece al gobierno mexicano una posibilidad de influencia rara vez vista desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El tema es una piedra de toque para el gobierno de Joe Biden, que no olvida la eficiencia, temporal al menos, con que la administración mexicana frenó la llegada de migrantes a la frontera al ser amenazado por el gobierno de Donald Trump.
Biden no es Trump ni su estilo o las necesidades políticas de su Partido Demócrata se ajustan a la abusiva fórmula nacionalista del exmandatario republicano, pero su realidad sí.
Más allá de pronunciamientos retóricos, el gobierno de AMLO está consciente de que la economía de México está íntimamente ligada a la de EU. El hecho es que ambos gobiernos parecen obligados a entenderse, o perder otra oportunidad. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.32)
La política migratoria mexicana se convirtió en política de contención, dice Tonatiuh Guillén López, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración.
“De manera muy orientada a frenar los flujos de migrantes y lo más lamentable es que no solamente es contención, sino también ya pasamos a iniciativas muy agresivas, francamente fuera de norma, muy lamentables. Agredieron y siguen agrediendo a las personas más vulnerables, que son las que están llegando particularmente a Tapachula, a esa área, de nacionalidad haitiana, creo que son los más vulnerables, pero también de otras nacionalidades”, explica el Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología por El Colegio de México quien también fue Presidente de El Colegio de la Frontera Norte (2012-2017).
El hoy profesor e investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM considera que el punto central es que el tono del Gobierno dejó muy atrás el espíritu de solidaridad, de respeto de los derechos humanos, y ahora estamos pues incluso con fuertes cuestionamientos de si estamos cumpliendo nuestra propia legislación en materia de migración y de refugio.
Tonatiuh Guillén López llegó como titular del Instituto Nacional de Migración en México (INM) con Andrés Manuel López Obrador y su 4T el 1 de diciembre del 2018. Se esperaban grandes cosas desde su trinchera, ante el respeto de la comunidad académica y gobiernos internacionales por el conocimiento de este mexicano de los flujos migratorios y las políticas regionales. Se esperaba que el Gobierno en turno aprovechara sus conocimientos, pero salió intempestivamente del grupo de cercanos de Palacio Nacional en junio del 2019.
Hoy golpean a migrantes en todo el país, incluso, los encierran con sus hijos en estaciones migratorias sin palabra de por medio. Chiapas se ha convertido en una especie de prisión al aire libre donde todos sus derechos se violan. Ya no es raro pensar en que un agente migratorio puede patear con total impunidad a un haitiano en la cabeza tirado en el suelo, o que grupos de militares mexicanos destinados a contenerlos arrastren a madres con bebés en brazos por no ser de este país, y no importar sus razones.
“Es una ruptura con lo que habíamos… había iniciado el gobierno del Presidente López Obrador, es una ruptura con su propio discurso, es una ruptura que, pues de hecho inició en junio del 2019, cuando procede a no solo la integración de la Ley de la Guardia Nacional, y a la propia Guardia, sino a darle atribuciones a la Guardia de control migratorio, esto nunca había pasado en el país, y lo cual implica una militarización de la política migratoria, esto es un hecho”.
Advierte que está en la naturaleza de las fuerzas armadas el uso de la fuerza, está en su naturaleza ver enemigos y sobre todo si son extranjeros.
“Entonces ya es el enemigo invasor. Esos tonos están pues desafortunadamente permeando estas iniciativas, estos espacios, desde el control migratorio y también el propio Instituto Nacional de Migración pues fue progresivamente ocupado, los cargos, por militares o ex militares, y el peso de Sedena en esas actividades pues es más que notable, el propio secretario de la Defensa pues es muy explícito en su tarea de contención. Estamos en otra época de la política migratoria y lamentablemente no es la mejor”. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p.5)
Finalmente hemos logrado captar la atención del gobierno de EU, desafortunadamente ha sido por la parte álgida de la relación. En efecto, el narcotráfico, la migración ilegal y el comercio de armas, así como la amenaza tecnológica China, son los temas que han provocado que nuestro socio y vecino, muestre un interés como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial; en aquel entonces, garantizar el abasto de petróleo y mano de obra eran indispensables para continuar con éxito las hostilidades.
Hubo cercanía y acuerdos que no terminaron materializándose con beneficios tangibles de largo plazo para México. En 1994 con el TLCAN, se abrió una nueva oportunidad para avanzar en una relación más contractiva entre ambas naciones que dejara fuera los prejuicios que se tienen. Esta oportunidad, sin embargo, no se aprovechó lo suficiente, sí bien la balanza comercial creció exponencialmente, no logramos llevar los beneficios del comercio libre a los estados del sur como tampoco, salvo pocos sectores, pudimos convertirnos a cabalidad en un engrane imprescindible para el funcionamiento de la economía de Norteamérica.
Las oportunidades en el campo de los medicamentos, microcomponentes y, enseres indispensables tanto para el cambio tecnológico como para la revolución de las energías limpias, han quedado fuera. EU no puede seguir dependiendo de China o India para el abasto de sus medicinas, completar sus cadenas de alto valor o el armado de sus autos eléctricos. Lo hemos hecho bien en la industria automotriz y en los productos del campo, pero hemos quedado a deber en la alta tecnología que es estratégica.
En esta oportunidad se vuelve a abrir el espacio para que, ambos países, con el acompañamiento de Canadá e Inglaterra que se suma al comercio libre con EU, establezcamos un relación determinante. Norteamérica no es Europa y, por tanto, no podemos esperar que los socios poderosos nos entreguen recursos de sus impuestos para que hagamos carreteras, hospitales o escuelas. EU no funciona así, menos Canadá, e Inglaterra ya lo hizo en Europa, para impulsar a países como España y Portugal. Aquí no es el caso. Nuestros socios, sobre todo EU, van a demandar que México y ahora Centroamérica permitan sin equivocados conceptos de soberanía, que la inversión norteamericana fluya a la región sin límites para que sean sus compañías privadas y no sus contribuyentes, los que financien el desarrollo regional, elemento fundamental para detener la migración y mejorar las estrategias contra el narcotráfico y el trasiego de armas. EU está atento a México y Centroamérica, pero no con la chequera abierta, sino con la lógica de invertir a través de sus empresas privadas con el añadido, por supuesto, de incluir concesiones a la seguridad regional que podemos ser obligados a cumplir so pena de perder nuevamente la opción de formar parte de una región fuerte ante el mundo que requiere no nada más dinero, sino garantizar altos niveles de seguridad hemisférica y lealtad entre los miembros: ¿estaremos dispuestos?, esa es la incógnita. (Carlos Alberto Martínez, el Economista, Política, p.37)
Cuando el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que designaría al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz, como próximo embajador de México en España, la duda quedaba en cuándo se había pedido el beneplácito a la Corona. Cuando este martes dijo que apenas iba a pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que lo solicitara, lo que quedó de manifiesto es que, una vez más, las ocurrencias presidenciales siguen dominando la política exterior, donde el responsable de ella, Marcelo Ebrard, no hace, o no puede hacer nada, por frenar la loca carrera de este gobierno en el campo de la diplomacia, lo que ha levantado las cejas de muchos. Una alta fuente diplomática europea preguntó, no sin confusión, qué sucedió con la diplomacia mexicana, que era muy clara y consistente. Eso fue en el pasado; hoy se ha reducido a anécdota.
Ordaz remplazará a María del Carmen Oñate Muñoz, una diplomática de carrera desde 1979, que presentó sus cartas credenciales ante el rey Felipe VI hace menos de un año. Diplomática muy reconocida, la pasan a retiro porque al Presidente no se le ocurrió mejor destino para el gobernador. Nada inusual en las formas y modos en Palacio Nacional, como pasó el año pasado, cuando después de tener a Josefa González Blanco en la congeladora por haber abusado del poder como secretaria de Estado, la nombró embajadora en el Reino Unido, quien para quedarse con ese encargo que tuvo el impulso de su vecina de rancho en Palenque, Beatriz Gutiérrez Müller, renunció a su nacionalidad británica.
La experiencia más cercana que tenía González Blanco con el Servicio Exterior había sido el nombramiento de su exesposo, Agustín Basave, como embajador en Irlanda, designado por el entonces canciller Jorge Castañeda para que estuviera cerca del hijo de ambos, que vivía con su madre en Londres. Un nombramiento sin sentido fue también la designación de Blanca Elena Jiménez, una ingeniera ambiental mundialmente reconocida, cesada como directora de Conagua por no aceptar los caprichos de Palacio en los cortes de suministro de agua con fines políticos, como embajadora en Francia.
El manejo politiquero y a contentillo del Presidente con las embajadas ha sido una constante. A Washington, en sustitución de la fogueada diplomática Martha Bárcena, con palmarés para haber sido canciller, el Presidente envió a Esteban Moctezuma, sin experiencia diplomática, para sacudírselo de la Secretaría de Educación Pública, donde se había convertido en un lastre. En China premió a Jesús Seade, quien como su negociador en la etapa de ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, entregó todo lo que pidieron los demócratas, cuyas consecuencias ahora sufren las secretarías de Economía y del Trabajo.
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España son las cuatro principales embajadas en el Servicio Exterior Mexicano, por los niveles en intercambios políticos, comerciales, culturales, educativos e inversiones. El desprecio con el cual el Presidente maneja los nombramientos, con el silencio cómplice de Ebrard, es sólo uno de los botones de muestra de la idea que tiene el Presidente de la política exterior, donde su psicosis, disfrazada de equilibrio político, es la marca de la casa.
Lo vemos ahora con las invitaciones al Grito y al desfile militar esta semana. López Obrador tendrá como invitado de honor al Grito al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuya presencia ha generado polémica en México, aunque las reacciones más fuertes aún son invisibles. Díaz-Canel será uno de los participantes de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se llevará a cabo el sábado, pero hasta ahora, el único convidado a estar en los balcones de Palacio Nacional el 15 de septiembre. La relación con Cuba es estrecha, y el gobierno apoyó con medicinas y alimentos a esa nación cuando se volvió a ratificar el embargo estadounidense. López Obrador envió cinco barcos a La Habana, hasta que habló la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris con él. Un sexto partió rodeado de hermetismo hacia Cuba, después de la conversación.
A López Obrador le gusta jugar con fuego, sin saberse a bien si sabe que se puede quemar. El lunes arribaron a México por la puerta de atrás de Toluca otros invitados al destile, 20 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es cierto que al 16 de septiembre se invita a delegaciones de muchas partes del mundo, pero un Ejército acusado internacionalmente de estar vinculado al narcotráfico –el famoso Cártel de los Soles–, sostén del gobierno autócrata de Nicolás Maduro, no es la mejor compañía de las Fuerzas Armadas mexicanas, a las que hoy se señala de acumular poder y, al mismo tiempo, de omisión en el combate al narcotráfico.
Le restregó en la cara de Estados Unidos sus cariños con dos de sus enemigos, días después de someterse a sus condiciones estratégicas en la relación bilateral, recibir al nuevo embajador en México, Ken Salazar, y ponerle la mano al presidente Joe Biden para que financiara Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con mil 425 millones de dólares, para atacar la raíz de la migración centroamericana, según un documento publicado por Milenio, que se canalicen a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, a la que ha acusado reiteradamente de intervenir en los asuntos internos mexicanos.
Estados Unidos ya le ha dicho que no a sus programas, pero López Obrador insiste. También le pidieron que deje de atacar a la Organización de Estados Americanos, pero ha estado proponiendo su desaparición. Manda a Ordaz a España para “restablecer” las relaciones que él mismo destruyó, pero continúa demoliendo con sus señalamientos de corruptas a empresas españolas. López Obrador quiere jugar con todos, aunque no tenga otra intención salvo la de salirse con la suya. Se debe sentir intocable, pero en realidad es notable la bisoñez con la que mangonea la política exterior, donde lo único que explica la mecánica de su mente es la esquizofrenia. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.28)
DE CHIRIPA
Kamala Harris tuvo un desastroso desempeño en las elecciones internas del año pasado. Sus propuestas no llamaron la atención o (como las de salud) fueron rechazadas. En el debate no supo atajar un golpe que le dio Tulsi Gabbard. Antes de la primaria de Iowa, mejor se retiró. En las encuestas sólo la respaldaba el 3 por ciento de los demócratas; en California, su estado, sólo tenía el 7 por ciento.
Joe Biden siempre quiso tener a la senadora Amy Klobuchar como compañera en la carrera presidencial. Por eso desde el principio prometió que escogería a una mujer. Sin embargo, después de la muerte de George Floyd, Amy quedó fuera de la jugada: había sido una fiscal muy dura en la misma ciudad en donde empezaron los disturbios raciales.
Biden se vio obligado a ofrecer el puesto a una mujer negra y Kamala era la única con esa característica entre todas las senadoras y gobernadoras de su partido. Además, le pareció la más inofensiva, dada su falta de experiencia. Por haber sido la crítica de Trump más feroz en el Congreso, le resultó muy útil, al darle a él la oportunidad de mostrarse conciliador y propositivo.
No fue un gran activo en la campaña; sólo se le usó como un trofeo, un ejemplo de superación de los obstáculos que tradicionalmente frenan la carrera de las mujeres negras; la primera vicepresidenta con esos rasgos.
Apenas llegando, Biden le dio una misión imposible: frenar la migración ilegal en la frontera, justo cuando está a su mayor nivel en 20 años.
Ella siempre había sido favorable a la entrada de migrantes. Con otros senadores, había enviado (el 7 de abril de 2020) una carta al secretario de Seguridad Interior, acusando a la administración Trump de violar leyes federales al cerrar la frontera mexicana con el pretexto de la pandemia. Un año después, la pusieron a defender esa misma política.
*Durante varias semanas no supo qué hacer, aparte de crear comisiones de estudio. En una entrevista en la NBC le preguntaron por qué no había ido a la frontera y, enfurecida, dijo que tampoco había viajado a Europa. En junio fue a Guatemala y se mostró muy ruda, diciéndole a los migrantes: “No vengan, no vengan”. Finalmente hizo una visita intrascendente a El Paso, luego de que Donald Trump ya se había paseado por ahí.*
*Frente a los sucesos en Afganistán se ha mostrado pasiva y poco empática con el drama de las mujeres allá.*
Todo eso ha sido una decepción para sus seguidores. Su nivel de aprobación se desplomó y ya no parece tener despejado su camino a la Casa Blanca. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Nacional, p.35)
Es extraordinario como, a pesar de la pandemia, los cierres de fronteras y la caída del empleo en 2020, las remesas siguen llegando. De acuerdo con Banxico, en 2020 ingresaron más de 40,600 millones de dólares, cifra sin precedentes, relacionados con el trabajo y los estímulos fiscales que recibieron mexicanos en EUA por el nuevo gobierno. Así, las remesas permanecieron en segundo lugar en la entrada de divisas, solo por debajo de las generadas por la Industria Automotriz y conformaron el 3.8% del PIB lo que representó 875,000 millones de pesos, que ingresaron en su mayoría por transferencia electrónica.
Se espera que este año la tendencia al alza continúe. Según el Anuario de BBVA México se espera que las remesas que ingresan a México aumenten 21.7% este 2021 (49,400 millones de dólares), ya que se conjugan varias realidades para los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Por una parte, el programa de apoyos y de la administración Biden seguirá favoreciendo a millones de mexicanos, nacionalizados, de segunda, tercera y más generaciones o con greencard y que siguen conectados a familiares en México. Por otra, la política de vacunación y el plan de reactivación económica ha impactado en la sorprendentemente rápida recuperación de empleos para la población latina. Esto indica más empleos y más dólares con un poder adquisitivo alto.
Las remesas han incrementado su protagonismo y ahora actúan como una palanca que sostiene la economía nacional. Además, uno de cada 4 dólares es fruto del trabajo de una mujer. Un pilar que, sin importar la crisis, continúa aportando divisas a la economía nacional, por encima del turismo, y se debe precisamente al trabajo de las y los mexicanos que trabajan en el extranjero, la mayoría en EUA y que no olvidan sus raíces y siguen apoyando a sus familias que aun radican de este lado del río Bravo.
Como vemos, las remesas y en este caso, las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen gran importancia para la economía del país, sin embargo, hasta hoy, solo en la Ciudad de México, Guerrero y Zacatecas se puede votar por diputaciones migrantes; y el voto desde el extranjero solo es para senadurías y para la Presidencia de la República –por primera vez en 2018–.
Aún hay mucho por hacer para que se amplíen estos derechos y respaldar su esfuerzo. Por ejemplo, reevaluar y regular la relación entre comisiones y tipo de cambio que pueden resultar en reducciones de 3 a 10 dólares por envío. Somos el tercer país que más remesas recibe después de India y China, en contraste tenemos el quinto lugar en el cobro de comisiones en América Latina, en detrimento de quienes envían y reciben remesas. El esfuerzo de las y los mexicanos que trabajan en el exterior debe ser reconocido con hechos, velando por sus beneficios y derechos, económicos, sociales y políticos. Es lo mínimo que les debemos. (Claudia Corichi, El Sol de México, República, p.21)
Aguascalientes: opaco negociazo // Ultraderecha prepara cuadros // Layda y Samuel, celebraciones // SLP: política y crimen
Mientras tanto, en San Luis Potosí, donde todo apunta a la confirmación tribunalicia de la instalación de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador, hubo un hecho que obtuvo presencia en portales informativos de varias partes del mundo: el secuestro de 22 personas en Matehuala, la capital del semidesierto potosino.
Por fortuna, las víctimas, extranjeros en su mayoría y subidos por la fuerza a las cajas de tres camionetas a cargo de personas armadas, fueron encontradas posteriormente. En SLP, como en varias partes del país, la política y el crimen organizado parecen encaminados a propiciar cada vez peores acontecimientos. (Julio Hernández López, La, Jornada, Política, p.8)
Apesar de que en los albores de este año el gobierno de Estados Unidos cambió de manos tras las polémicas elecciones presidenciales en las que el republicano Donald Trump (2017-2021) argumentó “fraude electoral” y que finalmente no pudo documentar, podríamos llegar a la conclusión —una vez visto el “giro” que ha dado la vida pública estadunidense— que las relaciones entre México y nuestro vecino del norte continúan siendo, en el fondo, como lo fueron durante el periodo que encabezó el magnate originario de Nueva York.
La llegada del demócrata Joseph Biden, si bien significó el triunfo del hartazgo de una parte importante del votante estadunidense, no ha variado en mucho la forma en que la diplomacia norteamericana ha conceptualizado desde hace varias décadas su relación con nuestro país, principalmente en dos temas sensibles: el desempeño del comercio con México, primero con el TLCAN y ahora con el T-MEC —por cierto a iniciativa de Trump— y, en segundo término, la política migratoria con el incremento de la presión en la frontera sur de nuestro país ante la “oleada” de indocumentados que aumentó a raíz de la pandemia de covid-19.
Ambos conflictos se mantienen en la agenda de las dos administraciones, la de Biden y la de López Obrador. Con motivo de su llegada a la Casa Blanca, hace poco más de cuatro años, el presidente Trump amenazó con imponer a las importaciones de productos mexicanos un arancel de 27 por ciento como “castigo” a nuestro país por no tomar —argumentó en ese entonces— las medidas suficientes y pertinentes para frenar las “olas” de migrantes que para entonces comenzaron a incrementarse.
Para “remarcar” sus amenazas, el mandatario estadunidense decidió suspender aquellas reuniones que se habían organizado tiempo atrás entre México y Estados Unidos, conocidas como DEAN, es decir Diálogo Económico de Alto Nivel. Al llegar Biden al gobierno las cosas cambiaron en ese sentido; se reactivó nuevamente el mecanismo bilateral, el cual se acaba de llevar a cabo la semana pasada en Washington.
La pregunta ahora es: ¿Cambiaron en algo, con esta reunión, los grandes temas de la agenda económica entre ambas naciones, máxime que ahora el presidente López Obrador insiste en plantear al gobierno de Biden la necesidad de que Estados Unidos apoye con dinero la recuperación económica de los países centroamericanos y del Caribe, que se han convertido en los grandes expulsores de migrantes de la región latinoamericana?
Podemos decir que, sustancialmente nada ha cambiado una vez que Trump dejó la presidencia de su país. Los conflictos en materia comercial, principalmente en las ramas automotriz y energética, continúan ante las amenazas de inversionistas estadunidenses de acudir a paneles internacionales ante flagrantes violaciones a lo acordado por México en el nuevo T-MEC. Pero, también persiste la “mano dura” del gobierno mexicano en la frontera sur ante la migración procedente de América Central. Hay que esperar en un futuro, como dice el presidente López Obrador, “un cambio” en la política migratoria no sólo de México, sino también de Estados Unidos con el fin de ayudar a aquellas comunidades centroamericanas que hoy viven entre la violencia y la inseguridad en sus países y que en México encuentran más de lo mismo.
Exgobernadores abusivos… Carlos Aysa González, quien hoy concluye su encargo de gobernador sustituto de Campeche en lugar de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y hoy diputado federal, solicitó su jubilación por 142 mil 519 pesos mensuales, que fue lo que percibió como mandatario, aunque la suma neta sería de 89 mil 367 pesos mensuales ya sin impuestos. Al igual que Aysa, varios funcionarios salientes de su gobierno solicitaron esta prestación por sus años de “servicio” en la administración pública estatal. Y luego se preguntan por qué pierden las elecciones. (Martín Espinosa, Excélsior, Nacional, p.15)