Opinión Migración 150925

Fronteras de la Ciencia / Un sendero en el camino del nuevo Poder Judicial de la Federación

“Hoy quiero compartir con ustedes la presentación de mi nuevo libro titulado Un Sendero en el Camino del Nuevo Poder Judicial de la Federación. Un trabajo que realicé con profundo compromiso y reflexión sobre el origen, evolución y los cambios que nuestro sistema judicial necesita para fortalecer la justicia y la democracia en México”, declaró en exclusiva el doctor Francisco Garduño Yáñez, abogado egresado de la Universidad Autónoma de México (UAM) y figura relevante en el gobierno de México.

El texto recién publicado, contiene 131 páginas, de importante contenido, con datos, graficas, imágenes, que se puede leer de manera ágil, clara y amena. El cual “hace un recuento histórico de la justicia en México, de la Reforma Judicial de 2024, y su antecedente independiente del 14 de septiembre de 1831 en el que se proclaman los Sentimientos de la Nación con José María Morelos y Pavón. Fue entonces que en 1815 se instala el Supremo Tribunal de Justicia, con sede en Ario Rosales, Michoacán; y en 1824 se establece la Primera República Federal y es en 1825 cuando se instaló la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Francisco Garduño es considerado un hombre cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es reconocido por su trabajo, lealtad y cercanía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Garduño trabajó con AMLO cuando este fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006). Fue subsecretario de Seguridad y luego secretario de Transporte y Vialidad, después de que el entonces presidente Vicente Fox rechazará su nombramiento como secretario de Seguridad Pública. Recientemente dejo la Comisión del Instituto Nacional de Migración (INM) en que estuvo a cargo del 14 de junio de 2019 hasta el 30 de abril de 2025, nombrado por López Obrador.

En la elaboración del libro Un Sendero en el Camino del Nuevo Poder Judicial de la Federación, dedicada “A la visión histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, de un Nuevo Poder Judicial de la Federación”. Contó también con la investigación y trabajo del doctor Héctor Martínez Castuera; el abogado Alejandro Tagle Marroquín y Jesús Manuel de la O Pacheco.

El contenido del libro, cuenta con: 1) antecedentes; 2) Reformas Constitucionales al Poder Judicial de la Federación de 2024; 3) Integración de los Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación; 4) Planeación y gestión; 5) Estructura Organizacional y Administrativa del Poder Judicial de la Federación; 6) Propuesta Organizacional y Administrativa para el Nuevo Poder Judicial de la Federación; 7) Costo de la Justicia en México; 8) Órganos Auxiliares y 9) Mapa dinámico por estados de la República Mexicana.

Estrategias a corto plazo:

La SCJN, deberá dar a conocer en conferencias de prensa y en el Canal Judicial de forma periódica las acciones inmediatas a realizar en el marco de la Reforma Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como las políticas y acciones realizadas o por ejecutarse.

Los ministros de la SCJN, de manera individual o en conjunto, realizaran en giras visitas a la sedes de los Tribunales y Juzgados acompañados de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de Administración Judicial.

Establecer mecanismos de coordinación con los otros Poderes Federales y Estatales por conducto de la Secretaria de Gobernación. Proponer la creación de 270 Juzgados de Distrito de Competencia Plena y 5 más itinerantes. Consensar las sedes con la CONAGO. Elaborar proyecto de presupuesto con racionalidad administrativa.

Revisión de la quejas rezagadas por el Tribunal de Disciplina Judicial. Proporcionar el presupuesto racional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Garantizar la protección e integridad de juzgadores por el ejercicio de sus atribuciones.

Revisión de los pagos y prestaciones extraordinarias al personal jurisdiccional y administrativo. Instalar un centro de atención presencial, virtual y telefónica para dar informes y orientación sobre gestiones administrativas de justicia, así como de presentación de quejas. Y conocer el padrón de juicios con personas de pueblos originarios y lenguas autóctonas a fin de proporcionar atención especial e inmediata, entre otros puntos importantes. (Fernando Fuentes, Milenio Puebla, Online)

Visión washingtoniana / Guerra contra inmigrantes

Washington.- La violencia letal que tanto se había pronosticado en las redadas anti migratorias del presidente Donald Trump, lamentablemente se materializó.

Chicago, Ilinois, una de las ciudades emblema del crisol racial de los Estados Unidos, fue escenario del asesinato de un inmigrante a manos de un agente federal de ICE. Su delito, resistirse a un arresto para ser eventualmente deportado.

La detención para ser repatriados a sus países de origen o a una tercera nación, es la pesadilla de los millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan desde hace años de manera irregular en Estados Unidos. Sin embargo, perder la vida por resistirse a la captura es un acto de terror y abominable de gran envergadura.

La Casa Blanca de Trump ni se inmutó ante la noticia del asesinato.

La defensa ante el repudio ciudadano fue simple: se resistió a ser detenido y violentó el acto de aplicación de la ley por parte de un agente federal que cumplía un mandato de su Comandante en Jefe, Trump.

No se puede negar que entre los millones de inmigrantes indocumentados hay personas que han cometido delitos y graves.

Generalizar entre la población migrante la etiqueta de criminales para justificar un asesinato con alevosía y ventaja, y para obtener beneficios político electorales -que son el objetivo de Trump y del Partido Republicano-, tiene que ser acto irresponsable e inhumano.

Ya fueron Los Ángeles, California, y Washington, D.C., los primeros laboratorios de Trump para ejercitar la criminalización anti migratoria a gran escala usando como gatillos a los elementos de la Guardia Nacional, a los de ICE, de la DEA, de ATF y los de US Marshall.

La expansión de la militarización de las redadas migratorias en Chicago empezó con el pie izquierdo. Por tratarse de un inmigrante indocumentado el caso del asesinato en la Ciudad de los Vientos, casi pasa desapercibido por la prensa nacional estadunidense.

Los medios de comunicación más influyentes y poderosos siguen reportando y haciendo crónicas de la muerte y vida del nuevo mártir político de los Estados Unidos, Charlie Kirk.

El homicidio del inmigrante indocumentado se diluyó de las noticias.

Todos los asesinatos merecen la condena social.

Claro está que en estas épocas xenofóbicas de la presidencia de Trump hasta los homicidios en Estados Unidos tienen tintes racistas.

Hay temor y pavor en Chicago, son tiempos oscuros y difíciles para los inmigrantes en cualquier punto de la Unión Americana.

El silencio ante la ignominia a manos de un agente de ICE duele mucho.

La réplica de las redadas militarizadas de Trump en lo inmediato tiene la vista puesta en Chicago, seguirán Boston, Massachusetts, Baltimore, Maryland y Filadelfia, Pensilvania. Las manchas de sangre en las manos de un agente de ICE no las van a detener.

No hay la menor indignación entre las filas de los agentes de ICE por el asesinato del inmigrante en Chicago.

Se llevarán a cabo las pesquisas para esclarecer el incidente pero al final el agente asesino será cobijado con las tácticas militarizadas de lo que ya parece una guerra contra la inmigración indocumentada.

En las paredes de la Casa Blanca ya no hay eco de las manifestaciones callejeras de Los Ángeles ni habrá por las que se lleven a cabo en Chicago. Las imágenes que proyecta el gobierno de Trump a su sociedad son las calles semi vacías de Los Ángeles.

La ausencia de peatones en aceras antes altamente transitadas por el arcoíris racial de los inmigrantes es lo que Trump promueve como un éxito en su limpia migratoria. “Son criminales”, es la proclama constante que sale de la boca del presidente de Estados Unidos.

El descrédito por intereses políticos a los inmigrantes cobró su primera víctima mortal que esperemos sea la única.

La resistencia cívica a las redadas migratorias no puede verse como un batallón de enemigos y menos como acto de provocación para usar la fuerza letal. Trump había advertido que sus soldados y agentes federales no dudarían en echar mano de las armas “si los criminales” se resistían al arresto. La palabra del mandatario se volvió una tragedia en Chicago. (J. Jesús Esquivel, El Heraldo de México, Editorial, p. 17)

Quebradero / Trump es el aquí y ahora

La persecución en contra de los migrantes no va a parar. Trump quiere números y para ello no le importa lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, ICE, en su papel policial, tenga que hacer.

Si el tema por momentos pareciera que se diluye o pasa a segundo plano no perdamos de vista que las cosas no han cambiado. Lo que sucede es que los migrantes han aprendido a sobrevivir en medio de la persecución. Han ido aprendiendo qué hacer sin bajar la guardia y buscando conseguir empleo como pueden, por más que inevitablemente ante las redadas estén materialmente escondidos.

Trump ha llevado las cosas al extremo. Insistimos en que quiere números que en el fondo es lo que les prometió a sus beligerantes seguidores en los tiempos de campaña. Prometió que iba a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias con tal de que EU expulse a la mayor cantidad de migrantes del país.

Muchas familias se han roto. Se ha detenido a migrantes que llevan mucho tiempo en EU, pero que no tienen los papeles que los acrediten. Muchos empresarios los contratan y no les piden ningún tipo de papel para poder pagarles, esto sucede sobre todo en el campo.

Los migrantes saben bien en lo que están metidos. Ahora viven entre el temor y, en muchos casos, buscando quedarse esperando que este tiempo persecutorio pase de largo. Es un hecho que tendrán que esperar a que termine el Gobierno de Trump, pero también habrá que ver, como un asunto prioritario, qué es lo que el actual presidente va a heredar a futuro y si su partido conserva el poder.

Las elecciones del año que entra pueden cambiar en algún sentido el estado de las cosas. Si Trump pierde el congreso pierde la posibilidad de tener capacidad de maniobra para hacer lo que quiera, sin pasar por alto que muchas de las decisiones que ha tomado han sido frenadas por diferentes instancias propias del Estado. Puede darse incluso el caso que el presidente sea cuestionado, lo que podría provocar diversos escenarios.

El tema migrante tiene enfrentada a la sociedad estadounidense. Así como se han visto importantes vuestras de solidaridad en las calles, por parte de empresarios y organizaciones sociales, también se han visto ataques a los migrantes de la mano de la carga de racismo que impulsa Donald Trump.

Estos tradicionales días de fiesta mexicana en EU en muchos casos tendrán que cancelarse. El ICE está agazapado esperando que la gente vaya a las plazas para el Grito de Independencia, del cual a estas alturas nadie quiere participar. En Chicago, de plano cancelaron el Grito y más por la muerte de un migrante mexicano a manos del ICE cuando estaba siendo detenido para llevarlo a la cárcel, simple y sencillamente por ser migrante.

El gran problema que se viene para la Unión Americana es cómo van a enfrentar la herencia que ya va dejando su presidente. Se ha venido dando una confrontación interna, la cual ha tenido para Trump la ventaja de no tener enfrente a un partido político que lo pudiera cuestionar y, sobre todo, arrebatarle la narrativa.

Lo único que puede cambiar en algún sentido las cosas, sería que los estadounidenses optaran por los demócratas, quienes por ahora se ven sometidos y además muy lejos de poderle arrebatar a Donald Trump el poder.

EU tiene su presidente como eje de su vida cotidiana. Recientemente estuvo en el Abierto de Tenis de Nueva York y se llevó una rechifla. Pero también estuvo en el estadio de los Yanquis, donde existe una afición en verdad brava, y dividió opiniones; mal no le fue.

Los migrantes saben que es cuestión de tiempo. Su gran problema es el aquí y ahora y esto no tiene para cuando resolverse.

RESQUICIOS.

Es muy importante la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena. Para la Presidenta es una gran noticia. La cuestión es que hará con el personaje ligado íntimamente a una de las corcholatas. Es la oportunidad que ella misma ha estado buscando al echar a andar la maquinaria para buscar detenerlo. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LA DOS, p. 2)

En el filo / El mapa de rendiciones y exigencias

En este día de la Independencia nacional, y dado el contexto internacional, veamos porqué independencia y soberanía son conceptos relacionados, pero diferentes. Es común pensar que son lo mismo, pero no es así. La independencia es la condición de no estar subordinado a otra nación. Se puede decir que se es independiente o no se es independiente. No hay matices ni sutilezas. Es una relación con el exterior.

La soberanía es, en cambio, un tema de la condición interna de una nación. Tiene todo que ver con el poder, la toma de decisiones y la autoridad interna de la nación. ¿Quién o quiénes deciden el rumbo a seguir por un determinado periodo de tiempo?

Es también cierto que, para ser soberano y poder tomar decisiones con la potestad de un pueblo, primero el país tiene que ser independiente. Ser independiente responde a la pregunta ¿de quién no dependemos?, mientras ser soberano atiende la pregunta de ¿quién manda aquí?

Esta reflexión importa debido a la discusión, enrarecida y politizada, sobre el estado actual que guarda la relación de México con EU, y viceversa. En la compleja e inevitable interrelación entre dos naciones vecinas, como las nuestras, donde ninguno cuestiona la independencia del otro, sí existen criterios diferenciados sobre cómo administrar la soberanía de las decisiones. Y esos distintos criterios son fuente de conflictos diplomáticos y políticos continuados. El telón de fondo de la relación bilateral es la globalización como hecho, y la profunda integración económica más específicamente. La globalización hace que nuestras naciones hayan firmado convenios internacionales que nos comprometen a conducirnos de cierta manera, y con ciertas políticas, dentro y fuera de nuestras fronteras nacionales. En materias tan diversas como leyes marítimas, aguas, ganado, epidemias, medio ambiente, vías aéreas, pesca, políticas fiscales e impositivas, sistemas de correos, tipo de electricidad, tipos de gasolinas en uso, derechos humanos. La lista de los compromisos “soberanos” que ha aceptado México respetar en sus largos años de existencia es interminable

El T-MEC define la relación jurídica, económica, política y social de México con EU, por la integración económica y social tan profunda existente entre ambas naciones. Y esa integración implica, desde la óptica estadunidense, atender las preocupaciones sobre seguridad y migración, mientras que a México le preocupa el trato hacia nuestros conciudadanos que viven en aquel país y que suman más de 10 millones de personas, entre legales e indocumentados, además de los aranceles indebidos impuestos por Washington. México es un país independiente, pero está en la necesidad y obligación de cambiar, casi día con día, su definición de los límites de la “soberanía”, dada la relación fluctuante y cambiante entre los dos países. No hay subordinación, y ambas naciones presionan al otro con los instrumentos a su disposición.

Reconocer que EU posee un instrumental de presión más potente que el mexicano no implica un acto de subordinación, pero requiere una respuesta estratégica. Es necesario reconocer los límites de cada acción y las posibilidades de avance o retroceso de las iniciativas tomadas por el gobierno mexicano.

En materia de seguridad vienen presiones extraordinarias de EU y será inevitable ceder a algunas demandas estadunidenses. Igualmente sucederá en materia de las llamadas “barreras no-arancelarias” y la revisión del T-MEC. Ante ello, México deberá exigir un trato migratorio preferencial para nuestros conciudadanos, parecido a la política aplicada anteriormente a los cubanos llegados a EU y la estricta aplicación del T-MEC, sin aranceles que buscan intimidar.

¿A México qué le importa más: proteger a sus políticos convertidos en narcos o proteger a sus ciudadanos migrantes en EU? De la respuesta dependerá el éxito o fracaso en la defensa de las posturas mexicanas.

Así se encuentra el estado real de la soberanía mexicana en septiembre de 2025. Es momento de diseñar el mapa de las presiones, concesiones y exigencias posibles hasta el término de este gobierno. ¿Qué dar y qué exigir, hoy y hasta el 2030? (Ricardo Pascoe Pierce, Excélsior, Comunidad, p. 19)

Trascendió

Que este lunes se medirá la capacidad de convocatoria que tiene el cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, quien ha invitado a los paisanos que radican en esa ciudad a celebrar el Grito de Independencia en el Sunset Park de Brooklyn. Se trata de la primera vez que esta ceremonia se realiza con un acto público y es más significativo dado el ambiente de incertidumbre y hostilidad que se vive en diversas ciudades estadunidenses por las políticas migratorias de la Casa Blanca. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)

AMERICAN CURIOS

DE HECHO, HOY día lo que algunos llaman “la pesadilla de Trump” –un inmigrante musulmán que se describe como socialista democrático– está encabezando las preferencias para ser el próximo alcalde de la ciudad más grande del país. Zohran Mamdani, quien se considera discípulo de Sanders, ha sorprendido a las cúpulas políticas y económicas del país, provocando alarma desde la Casa Blanca hasta Wall Street por sus propuestas socialdemócratas y el apoyo masivo de los jóvenes y fuerzas progresistas. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 27)

Stricto Sensu / Las redadas en L.A. y la Corte Suprema

En junio, la administración Trump comenzó a realizar operativos en Los Ángeles para detener migrantes basándose en cuatro factores: raza, idioma, ubicación y tipo de trabajo. En un mes se realizaron dos mil 800 arrestos, afectando a ciudadanos y no ciudadanos. Los integrantes de la comunidad latina reportaron sentirse inseguros y atemorizados de ser detenidos sin razón.

La vida cotidiana de esa colectividad sufrió un impacto negativo, reflejándose en inasistencias a centros de trabajo y escuelas. Algunas víctimas de las redadas buscaron la protección de la justicia federal. En sus demandas señalaron que los operativos violaban la Cuarta Enmienda que prohíbe a los servidores públicos realizar registros e incautaciones carentes de razón. Esa prohibición impide a los funcionarios detener a personas en lugares públicos, a menos que tengan una sospecha razonable de que hayan violado las leyes. La sospecha razonable, agregaron, debe estar basada en hechos específicos articulados entre sí, y no en perfiles que arrojan sospechas sobre categorías de personas.

El 11 de julio, la titular del juzgado del distrito central de California emitió una orden temporal que prohibió las redadas contra los migrantes al considerar que su puesta en práctica era inconstitucional. La jueza estimó que tener un aspecto racial o étnico específico, hablar en español o inglés defectuoso, asistir a lugares donde se reúnen los migrantes indocumentados (como lugares de reclutamiento de trabajadores manuales), así como realizar labores específicas (construcción o jardinería), incumplen con el estándar de sospecha razonable. La fiscalía federal se inconformó ante la corte de apelaciones del Noveno Circuito que admitió el asunto, pero mantuvo vigente la suspensión de la jueza de distrito. Ante esta situación, el 7 de agosto el fiscal general acudió ante la Corte Suprema señalando que la suspensión impedía los esfuerzos gubernamentales para hacer cumplir la ley. Su petición fue admitida y apenas el pasado lunes fue resuelta.

El proyecto del justice Kavanaugh consideró que hay al menos 15 millones de personas en Estados Unidos que carecen de estatus legal, 10 por ciento de las cuales habitan en Los Ángeles. Apuntó que las detenciones basadas en sospechas razonables se han llevado a cabo durante décadas. Con base en estas consideraciones propuso dejar sin efectos la suspensión otorgada por la jueza de distrito, pues la ley de inmigración y nacionalidad permite a los funcionarios interrogar a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país. Como ya es costumbre en ese tribunal, la decisión fue aprobada por una mayoría de seis jueces conservadores contra tres liberales.

En un voto particular, la justice Sotomayor criticó el uso de tácticas de detención masiva que afectan desproporcionadamente a la comunidad latina, describiendo incidentes específicos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios durante las redadas, concluyendo que la decisión de la mayoría era un abuso del proceso judicial. En espera de la resolución de la corte de apelación, por lo pronto, las redadas en Los Ángeles se reanudarán. (Mauricio Ibarra, La Razón, México, p. 4)

Mitos y Mentadas / México: soberanía de papel

En México, la soberanía se agita como un estandarte de orgullo, pero en la práctica es de papel. Se invoca como principio sagrado para rechazar la ayuda de Estados Unidos, mientras en amplias regiones los cárteles imponen sus propias leyes. Se defiende con discursos encendidos frente a Washington, pero se entrega sin resistencia a la dependencia energética, comercial y tecnológica. Se alega la “soberanía de los pueblos” para evitar condenar, incluso, crímenes de lesa humanidad en países como Venezuela y Nicaragua.

En 2008, tras el secuestro y asesinato de su hijo, Alejandro Martí lanzó una frase que debería perseguir a cualquier gobierno mexicano: “Si no pueden, renuncien”. Lo dramático es que, más de quince años después, esa frase sigue vigente porque confirma que la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad no fue un accidente ni una coyuntura, sigue siendo una constante, hoy con más de 130,000 desaparecidos en el país.

México no ha podido o no ha querido combatir de forma efectiva al crimen organizado. Los homicidios siguen en cifras récord, los desaparecidos se cuentan por decenas de miles, las extorsiones aumentan y el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo fluye sin freno hacia EU. Cambian las estrategias, cambian los discursos, la “guerra contra el narco” de Calderón, la continuidad pasiva de Peña Nieto y los “abrazos, no balazos” de López Obrador. Ninguna ha roto la estructura de impunidad que permite a los cárteles actuar como verdaderos poderes paralelos.

En su reciente reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, Marco Rubio volvió a plantear ayuda por parte de los EU, o en su caso intervenir para combatir al crimen organizado, el gobierno mexicano respondió que no la aceptaría porque eso “violaría la soberanía nacional”.

Si México fuera realmente soberano, no dependería en más de un 70% del gas natural que importa de Estados Unidos para que funcione buena parte de su industria. Bastaría que Washington cerrara la válvula para que media economía mexicana se paralizara. No sería la primera vez. En febrero de 2021, una tormenta invernal en Texas provocó un corte en el suministro de gas y México sufrió apagones masivos en varios estados.

Si México fuera soberano en términos comerciales, no tendría como principal mercado a un solo país que, cuando quiere, impone aranceles, cuotas o inspecciones. Eso es parte del derecho soberano de Estados Unidos, aunque incomode a México. Lo que molesta no es que Washington lo haga, sino que desde México se reclame como si fuera una agresión injustificada, mientras se acepta sin cuestionar la dependencia en energía, tecnología, remesas y capital extranjero. Pero hay más: la soberanía que tiene que ver con el sistema financiero mexicano. El FinCEN norteamericano puede,en cualquier momento, poner a temblar a todo el sistema financiero mexicano.

La contradicción es evidente. Se invoca la soberanía para rechazar la intervención estadounidense, pero no para enfrentar a quienes dentro del propio territorio ejercen soberanía de facto y además generan toda la migración hacia EU. Los cárteles deciden quién vive y quién muere, qué se produce, qué se vende y hasta quién puede ser candidato o gobernar en ciertas regiones. Controlan carreteras, cobran “impuestos” a productores y comerciantes, dictan toques de queda y expulsan comunidades enteras.

Si la soberanía solo significa control efectivo sobre el territorio y monopolio legítimo de la fuerza, México ha perdido soberanía en amplias zonas del país. Los mapas políticos dicen una cosa, pero la realidad dice otra.

Entonces, ¿qué le queda al ciudadano común? Muy poco. Puede exigir seguridad, pero hacerlo implica desgaste, frustración y, en ocasiones, riesgo personal o desaparición. Puede organizarse en manifestaciones o movimientos de víctimas, que logran avances puntuales pero difícilmente cambian la política de seguridad a nivel nacional. Puede replegarse, cambiar de ciudad o de vida para evitar riesgos. Puede emigrar, como ya han hecho millones de mexicanos migrantes. En el extremo, puede armarse y formar autodefensas, con el riesgo de que el propio Estado lo persiga por “romper la ley” mientras los verdaderos criminales siguen libres.

La invocación de la soberanía nacional termina siendo una frase hueca que no les protege de nada. Se usa como escudo político para rechazar ayuda que podría salvar vidas y para envolverse en la bandera nacional, pero no como compromiso real para ejercer control efectivo sobre el territorio. Se defiende la soberanía frente a otro Estado, pero no frente a las fuerzas criminales que mandan dentro del país.

En este contexto, la frase de Alejandro Martí se vuelve doblemente brutal: “Si no pueden, renuncien”. No es ya un reclamo moral, es la constatación de que el Estado mexicano se aferra a una soberanía que no puede ejercer, mientras sus ciudadanos pagan el precio en vidas, miedo y silencio. Lo más triste es que quince años después, ni renuncian ni pueden. (Jacques Rogozinski, El Financiero, Economía, p. 8)

Historias de NegoCEOs / EU presiona por aduanas binacionales en México

Estados Unidos presiona cada vez con más fuerza para que México adopte un modelo de aduana binacional, similar al que ya opera en Canadá, con agentes estadounidenses supervisando directamente la entrada de mercancías en territorio mexicano. Actualmente, en 14 de las 19 aduanas fronterizas ya existen despachos conjuntos con personal de EU, lo que en los hechos significa que el gobierno de Donald Trump tiene una injerencia creciente en la seguridad aduanera del país. Para Estados Unidos, reforzar la vigilancia en las aduanas mexicanas no es solo un asunto comercial, sino de seguridad nacional, en la misma línea de la cooperación antidrogas y del control migratorio.

De manera oficial, lo que se ha informado es la existencia del Programa de Despacho Aduanero Conjunto, que ya opera en 16 cruces fronterizos de 14 aduanas —13 terrestres y 3 ferroviarios—. Este esquema permite que autoridades mexicanas y estadounidenses realicen revisiones coordinadas en un solo sitio, con el objetivo de agilizar el comercio y reforzar la seguridad fronteriza, sin que implique ceder el control operativo de las aduanas nacionales. El memorando de entendimiento que dio origen al programa, firmado en 2015, establece que se trata de un mecanismo de facilitación comercial.

Los recintos fiscalizados, operados por privados, han funcionado durante años como “aduanas paralelas”. El problema es que no compartían inventarios en tiempo real y en muchos casos no pagaban impuestos. Un ejemplo revelador es el de Aguascalientes: desde 2020 se habían introducido mercancías por 2 mil millones de pesos sin que el fisco recibiera un solo peso. El esquema era que las mercancías podían permanecer hasta cinco años en estos recintos, lo que permitía triangular, reetiquetar y vender en el mercado interno lo que debía ser exportado o que ingresó bajo regímenes temporales.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que encabeza Rafael Marín, impulsa una autoridad colegiada con Hacienda y la Función Pública para evitar que los expedientes se congelen en fiscalías. La próxima reforma aduanera busca cortar de raíz estos abusos con la reducción de los plazos de permanencia en recintos, la obligatoriedad a la trazabilidad digital y con el otorgamiento de más facultades a autoridades para las revisiones directas. Se busca acotar un negocio que ha servido como vehículo del huachicol fiscal y del contrabando a gran escala.

Con respecto a los agentes aduanales, un gremio históricamente protegido y con fuertes vínculos políticos, ahora enfrentan una presión inédita. Tras el fortalecimiento de las investigaciones contra el huachicol y el contrabando, nueve agentes han sido llevados a prisión, y de una base de 870 patentes vigentes se han cancelado 70, mientras que más de 500 están bajo alerta por irregularidades. La nueva legislación que se discute plantea eliminar privilegios históricos, como la herencia o transferencia de patentes, y endurecer la fiscalización en los recintos donde concentran sus operaciones.

El frente tecnológico tampoco está limpio. En los últimos años se han destinado más de 14 mil millones de pesos a la compra de arcos de revisión, cámaras y sistemas de inteligencia artificial para revisar cargamentos. Buena parte de esos contratos fueron adjudicados a Rapiscan Systems, la firma estadounidense que obtuvo el paquete más grande de modernización aduanera —por más de 11 mil 600 millones de pesos— y otro contrato adicional por 3 mil 800 millones para vigilancia en puertos. El primero otorgado por la Secretaría de la Defensa y el segundo por la Marina.

La ANAM, por su parte, tiene otras licitaciones de tecnología en curso y estima que los nuevos equipos estarán plenamente operativos en 2026, con un centro de análisis en Querétaro que utilizará inteligencia artificial para procesar imágenes de rayos X y escaneos. Sin embargo, el fantasma de la corrupción en contrataciones que se hicieron en el pasado persiste, recordando los excesos del fallido Proyecto Integral de Tecnología Aduanera (PITA), que absorbió recursos multimillonarios sin resolver ningún problema de fondo.

Así, la cruzada contra el huachicol fiscal en aduanas enfrenta múltiples retos. Por un lado, la presión de Estados Unidos para controlar directamente la frontera, el desmantelamiento de recintos fiscalizados que operaban como aduanas paralelas, la limpia en el gremio de agentes aduanales y la revisión de contratos inflados. Si las reformas avanzan, México estaría ante la reconfiguración aduanera más profunda en tres décadas. El reto es monumental: desmontar un negocio que genera miles de millones de dólares y que ha financiado, históricamente, redes de poder político y empresarial. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. A9)

CARTONES

Tren de Aragua tensa a EU

Tren de Aragua tensa a EU

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)