Ignoran protección de migrantes
Quienes se la han pasado muy mal en estos últimos meses son los migrantes y solicitantes de refugio en México, pues de plano no hay nadie que los proteja del contagio de Covid-19. Las autoridades fueron las primeras en incurrir en omisiones, pero ahora son los poderes judiciales estatales los que se olvidaron de este sector. Nos cuentan que, aunque hay siete juicios de amparo en los que se ordenaron medidas de protección para los extranjeros, los jueces no han presionado para que estas órdenes se cumplan. Esto ha provocado que, como suele ocurrir, el cumplimiento judicial quede en el aire y hasta ahora al menos 33 migrantes han pagado la consecuencia de estos actos, ya que se acreditó su fallecimiento por el virus. ¿Si la orden de un juez no es suficiente para que las autoridades realicen su trabajo, entonces qué se tiene que hacer?, se preguntan varios afectados. (El Universal, Opinión, Online)
Héctor Barrientos llegó a México con su familia para buscar asilo, desde Guatemala. Su desplazamiento sobre territorio mexicano coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19 y se alojó en la Estación Migratoria de Tenosique. Ignoraba que esa sería su última parada. Ante la falta de insumos médicos, sanitarios y de medidas mínimas para enfrentar la pandemia, el 31 de marzo varios migrantes decidieron iniciar una manifestación. Héctor se vio atrapado en lo que se convirtió en un motín dentro de la estación migratoria que culminó en un incendio. La policía estatal o la Guardia Nacional que debieron protegerlos, decidieron bloquear la salida. Fue a consecuencia de esto que Héctor perdió la vida.
Las causas que originaron la muerte del Sr. Barrientos no han sido investigadas, tampoco se han establecido responsabilidades respecto a los policías y militares que estuvieron presentes y bloquearon la salida. Esta es solo una de muchas historias de víctimas que han perdido la vida en medio de la confusa política migratoria del gobierno federal.
Junto con otras 23 organizaciones, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, documentaron los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas. No sobra replicar aquí el contexto en el que colocan a la población migrante frente a la crisis sanitaria: “La pandemia de Covid-19 ha cobrado muchas vidas en todo el mundo, sin embargo, la vulnerabilidad de las personas no es la misma. Hay sectores de población que se encuentran en situación de discriminación estructural y de mayor vulnerabilidad como las personas migrantes o en situación de movilidad, cuya condición se agrava en el contexto de pandemia debido a la restricción en el acceso a derechos universales como la salud, la alimentación, vivienda y trabajo”.
Lo alarmante y sin duda lo más relevante del informe se refiere a la forma en que autoridades han incumplido con sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud y la vida de migrantes y solicitantes de asilo en México. Las organizaciones denuncian que ni siquiera han logrado que el Dr. Hugo López-Gatell les dé una reunión para presentar los hallazgos. Responsabilizan a la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad, el Instituto Nacional para la Migración, la Comar y la Secretaría de Relaciones Exteriores del estado crítico en el que se ha expuesto a los migrantes. (Maite Azuela, El Universal, Opinión, p.2)
La semana pasada, el gobierno mexicano entregó a las autoridades de Guatemala a Julio César Macías Mayorga o Macías López, quien fuera más conocido por el seudónimo de César Montes, líder de la organización guerrillera Fuerzas Armadas Rebeldes, que en los años sesenta combatía la dictadura militar de ese país centroamericano.
Macías Mayorga fue detenido en Acapulco, Guerrero, como resultado de “un operativo de seguridad implementado en ambos lados de la frontera de Talismán-El Carmen por autoridades migratorias y militares de los dos países”, de acuerdo con la página de internet de La Jornada, según la cual el guerrillero fue trasladado en avión a Tapachula.
Dice la nota citada que “las fuentes comentaron que en las acciones de traslado participaron agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, además de elementos del Ejército Mexicano y, de parte del gobierno de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil y del Instituto Guatemalteco de Migración y un agente del Ministerio Público”.
El diario Reforma publicó la noticia el domingo último y la fuente es un tal “Gerson Alegría, fiscal de la Sección de Delitos de narcoactividad del Ministerio Público de Guatemala”. Otra fuente del mismo país, el ministerio de Gobernación, dijo que Macías está acusado del asesinato de tres militares, ocurrido en el departamento de Izabal en 2019. Por su parte, según la misma nota, “la Policía Nacional de Guatemala lo acusa de asesinato en grado de tentativa, asociación ilegal de gente armada y usurpación agravada”. Por si algo faltara, el viceministro de Gobernación, Gendry Reyes, dijo a los medios que “contra Macías/Montes hay tres órdenes de captura vigentes”. Como puede verse, las fuentes guatemaltecas no se ponen de acuerdo. (Humberto Musacchio, Excélsior, Opinión, p.15 )
Aunque valga decir que este gobierno ha tomado decisiones que provocaron que la condición de los migrantes y refugiados en México se haya vuelto de mucho más riesgo en estos tiempos de pandemia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) publicó un informe sobre los efectos de la pandemia de covid-19 en las personas migrantes y refugiadas.
La CMDPDH hace el recuento de lo ocurrido desde marzo en ambas fronteras, la condición de los albergues, la actuación de la autoridad aún frente a decisiones de jueces y peticiones de organizaciones.
Cito sobre lo que cuentan de la situación, por ejemplo, en los albergues del norte del país, donde se han acumulado personas migrantes, 65 mil hasta ahora, desde el inicio el programa Quédate en México: “Los albergues, particularmente aquellos que no cuentan con una infraestructura adecuada y/o reconocimiento estatal, indican tener graves complicaciones para la atención de las personas migrantes durante la pandemia. La falta de insumos alimentarios, agua, material sanitizante, espacios adecuados para garantizar la sana distancia, recursos económicos para garantizar el pago de renta y servicios básicos y falta de atención médica o psicológica en caso de ser requerida son problemas que complejizan la atención de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional ahí alojadas”. (Carlos Puig, Milenio, Opinión, p.2)