¿Sabía usted que nuestro equipo de migración en los aeropuertos trata con la punta del pie a turistas de ciertos países, sin tener siquiera el mínimo respeto a su persona?
Las historias se repiten y para testimonios van los de dos colombianos.
Uno es el youtuber Pablo Rabelo, quien viajó a Cancún y fue detenido en el aeropuerto por autoridades de migración y deportado sin darle explicaciones. Les quitan el pasaporte y el celular, los incomunican como delincuentes y los deportan después a cargo de la aerolínea que originalmente los llevó. Si esta no tiene vuelos próximos, significa pasar varios días en el “cuarto de rechazo”.
Según denunció Rabelo en Colombia, estuvo detenido en un pequeño cuarto con otras 20 personas de distintas nacionalidades, compartiendo entre todos un mismo baño.
Incluso incomunican familias. Describe Rabelo el caso de un padre de familia incomunicado y angustiado, -que tuvo un altercado con los funcionarios que los vigilaban-, por no saber qué había sido de su familia, que viajaba con él y seguramente estaba detenida en otra habitación. A él se lo llevaron y nunca regresó.
¿Este es el gobierno humanista que promueve el turismo?… ¿Ésto lo sabrá el secretario de turismo Miguel Torruco?
De nada sirve promover a México si estas acciones del Instituto de Migración hacen labor para desprestigiar a nuestro país.
En una entrevista publicada en un medio de comunicación extranjero, de nombre “Reportur”, la cónsul de Colombia en Cancún, María Fernanda Grueso, reportó que el promedio diario de turistas deportados desde el aeropuerto de esa ciudad turística es de 85 personas, de las cuales la mayoría son colombianas. Esta cifra corresponde a las 2,665 personas deportadas desde esa ciudad a lo largo del 2021, la cual contrasta con los 10 rechazados diarios en promedio durante 2018, -que en su mayor parte-, corresponden al gobierno anterior. Si antes estábamos mal, hoy estamos peor.
Que esta problemática viene desde gobiernos anteriores no cabe duda. Sin embargo, se ha intensificado durante el presente sexenio y ya no son aceptables las explicaciones de que es un problema heredado; este gobierno prometió un cambio para resolver viejos vicios heredados, que no ha llegado. Ya van cuatro años y problemáticas como ésta, se han agravado.
Sería bueno que explique el INM cuáles son los criterios para identificar a qué perfil de pasajero, -con qué características-, deportarán. Se lo hacen por la apariencia, se podría calificar como discriminación y eso se castiga.
Paula Cortés, presidenta de la asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, -de Colombia (ANATO)-, denunció en un noticiero de la estación radiofónica “W”, -de Bogotá-, que en lo que va de 2022 ya van 6,625 turistas deportados después de haber recibido malos tratos y solicitó la intervención del gobierno de su país. Además alertó que muchas agencias de Colombia ya no quieren promover turismo hacia México, no obstante que es el segundo destino preferido por los colombianos.
A su vez, el periodista colombiano Julio Sánchez Cristo, de larga trayectoria conduciendo programas de radio en su país, -los cuales se retransmiten en Estados Unidos, España y Panamá-, también denunció los malos tratos que reciben los colombianos por parte de las autoridades migratorias de México. Por tanto, este influyente líder de opinión llama a hacerle saber a los colombianos lo que sucede en México y los riesgos que corren al llegar a nuestro país.
Seguramente el presidente López Obrador no está enterado de que esto sucede, -ni se enterará-, pero no se puede gobernar eficientemente sólo con buenas intenciones, sin instrumentar políticas sustentadas en procesos de vigilancia y sin el apoyo de profesionales especializados en el área que dirigen. El llamado “know how” es fundamental para gobernar hoy día. No es lo mismo la política, -o la grilla-, que la administración pública.
Improvisando funcionarios que llegan a los altos cargos a aprender, -en el mejor de los casos-, y sin más mérito que una lealtad ciega y servil hacia el presidente, sólo se alcanzarán resultados mediocres que son los que hablarán de su gobierno cuando él deje de ser presidente.
Esta es la diferencia entre la iniciativa privada y el gobierno. A un directivo ineficiente lo despiden sin miramientos de una empresa cuando su desempeño no alcanza el mínimo, puesto que los resultados son evidentes a corto plazo.
En contraste, -en el gobierno-, los resultados no son visibles en el corto plazo y se pueden esconder. Se avanza laboralmente con base en lealtades, compadrazgos y complicidades, porque entre todas las complicidades que hay, existe un acuerdo tácito e implícito: se protegen entre sí.
Sólo se fincan responsabilidades a funcionarios ineficientes o corruptos hasta que llega al cargo alguien del equipo contrario y lo que se aplica no es un auténtico ejercicio de responsabilidades, sino venganza política.
Urge que el secretario de turismo, Miguel Torruco, meta las manos en este grave problema que representa el trato del INM en los aeropuertos, porque está obstaculizando los esfuerzos por atraer turistas y el desempeño de su secretaría podría verse afectado.
DESINFORMACIÓN
Es tal el descrédito de los diputados de MORENA que todos los rumores en su contra caminan disfrazados de verdad.
La realidad es que esta iniciativa que MORENA y sus compinches impusieron en la Cámara de Diputados no representa una ley nueva, sino una modificación a una ley ya publicada en el 2008 y que no generó el escándalo de hoy.
Sin embargo, lo aberrante es que esa ley que queremos impedir ya existe y está vigente dentro de la legislación aplicable a las instituciones financieras.
Es necesario revisarla y replantearla
¿A usted qué le parece? (Ricardo Homs, El Universal, Opinión. P.15)
Una vez más, la tragedia de los migrantes; ahora, con el rostro de los venezolanos. ¡Qué saña de la potencia contra ellos¡, (La Jornada, Contraportada)
Que mientras la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Unicef y la SRE se congratulaban por el acuerdo entre México y Estados Unidos respecto a una nueva vía de admisión para venezolanos en territorio norteamericano, decenas de ellos fueron devueltos a Tijuana y cientos seguían entrando por Chiapas. La crisis que viene. (Milenio, Al Frente, p.2)
Este es un tema difícil pero no por eso lo podemos evitar: hay racismo dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. De la misma forma en que hemos condenado cuando alguien hace comentarios racistas contra nosotros, también debemos denunciar cuando esas expresiones surgen de una o varias personas dentro de nuestro propio grupo.
Los comentarios y actitudes despectivas de tres miembros del concejo de la ciudad de Los Ángeles y de un líder sindical, grabados en octubre del 2021, son deleznables y vergonzosos. La ahora expresidenta del concejo, Nury Martínez, quien fue obligada a renunciar, insultó vulgarmente a un niño afroamericano y a inmigrantes oaxaqueños, mientras los otros participantes en una llamada -los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, y el sindicalista Ron Herrera- comentaban afirmativamente o se quedaban callados.
El racismo dentro de la comunidad latina es un secreto a voces. Se da tanto en América Latina -que es la zona con mayor desigualdad social del mundo- como en ciudades estadounidenses con alta concentración de hispanos. Ese racismo, combinado con el clasismo, ha creado durante generaciones las más horribles y penosas divisiones basadas en origen étnico y color de piel.
“Las personas piensan que el racismo no migra, que el racismo se aprende de la gente blanca estadounidense”, me dijo en una entrevista Janvieve Williams, fundadora de la organización AfroResistance. “Y eso no es cierto. Son mentiras. Básicamente el racismo viene de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Y como las personas migramos, el racismo también migra”.
“Ser hispanos no nos exime de ser racistas”, escribió hace poco Ilia Calderón, mi compañera en el Noticiero Univisión, nacida en el departamento del Chocó, en Colombia, y una poderosa voz de defensa para los afrodescendientes. “Las frases que se filtraron (en Los Ángeles) son recurrentes en empresas, en escuelas, en universidades, en la calle, en el autobús y en el tren. Pero nacen de las mesas de muchas casas y en nuestros círculos cercanos, bajo las mojigatas risitas y el silencio cómplice de quienes pueden hablar y no lo hacen”.
Por eso hay que denunciar el racismo venga de donde venga.
Cuando Donald Trump, al anunciar su campaña presidencial en 2015, hizo unos comentarios racistas -dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales y “violadores”- inmediatamente lo denunciamos. Lo mismo hice cuando Trump me expulsó de una conferencia de prensa diciendo que me “regresara a Univisión” -en realidad estaba diciendo que me regresara a México- o cuando aseguró que el juez Gonzalo Curiel no podía realizar bien su trabajo solo por su origen “mexicano”.
Así como denunciamos a Trump por esos comentarios racistas, también estamos obligados a hacer lo mismo cuando miembros de nuestra propia comunidad son los que expresan palabras ofensivas. No importa quién hizo esa grabación de 80 minutos ni por qué tardó un año en hacerla pública de manera anónima. Lo fundamental es que esto deja al descubierto un serio problema social que hay que enfrentar.
Las palabras del concejal Mike Bonin -cuyo hijo adoptado es afroamericano y fue insultado por la entonces presidenta del concejo- marcan el camino a seguir: “Necesitamos una ciudad que no solo publique un documento de indignación sobre lo que pasó, sino que haga algo para evitar que un pequeño niño negro, o una joven latina, tengan que escuchar algo así”.
Por la fuerte respuesta de muchas organizaciones que inmediatamente salieron a protestar y a pedir la renuncia de los concejales grabados, quiero creer que hay un pequeño avance. Y que algo así no volverá a repetirse.
Contrario a algunos de sus mayores, una nueva generación de hispanos -nacidos con el internet, la diversidad racial y la globalización- es más sensible a estos temas. Además, la representación es esencial. Si un político afrodescendiente o de origen indígena hubiera estado en esa plática en Los Ángeles, estoy seguro que el tono y la respuesta habrían sido distintos, sin ese dolorosísimo silencio cómplice de los participantes. Cuando oyeron las palabras racistas de la presidenta del concejo contra un niño, ¿por qué esos tres hombres se quedaron sin decir nada?
La lección es clara: ante el racismo, nunca nos podemos quedar callados. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Por muchas razones fue una mala noticia las renuncias de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y de la subsecretaria Luz María de la Mora, pero peor noticia es para las mujeres en el contexto de la lucha por la igualdad de género, no sólo por la desigual presencia de mujeres en esos espacios (sólo ocho de 19 secretarías las encabezan mujeres).
Si bien es cierto, en el lugar de la extitular fue nombrada Raquel Buenrostro y se le reconoce capacidad para ocupar ese espacio, también es cierto que, las anteriores funcionarias eran muy reconocidas no sólo por su capacidad profesional, sino por su vínculo con determinados sectores progresistas, tanto del ámbito empresarial como el de las mujeres que encabezan organizaciones de igualdad de género, principalmente el de igualdad económica.
Siempre quedará la duda sobre los motivos que obligaron a la exsecretaria a renunciar al cargo en un momento crucial para esa área. Recordemos que cuando aceptó la titularidad de la Secretaría de Economía, era una exitosa legisladora de la Cámara de Diputados, su carrera política estaba en ascenso y tenía un gran reconocimiento, no sólo por quienes la conocieron en redes sociales como la “Tía Tatis”, encabezando la estrategia digital de la campaña electoral del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Tal vez por su apellido, resultó muy útil para Morena y sus aliados que ella se sumara, sin embargo, muy rápido demostró su talento y se volvió un actor muy relevante para el triunfo del candidato presidencial.
Su capacidad para tomar decisiones, seguramente, fue determinante para que el Presidente la incluyera en su gabinete, en enero del 2021. No obstante, sin cumplir los dos años en esa responsabilidad, ella presentó su renuncia en medio de la coyuntura de las consultas entre los gobiernos de Estados Unidos (EU) y México sobre la política energética en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC). Hasta donde se sabe, México, EU y Canadá se encuentran en conversaciones para determinar si se establece o no un panel de solución de controversias apara abordar el tema. El gobierno de EU ha señalado a México de implementar una política energética que le da ventajas al Estado mexicano y afecta a las empresas privadas del sector energético, principalmente a las estadunidenses.
Las consultas de solución de controversias del T-MEC se prolongaron por acuerdo de los tres países, por lo que faltan varios meses más para conocer el desenlace de estas negociaciones. Además del cuidado del resultado de las consultas, se requiere retomar los acuerdos comerciales que están pendientes con otros países y regiones del mundo, por ejemplo, con la Unión Europea, Reino Unido o Corea del Sur.
Ante estas circunstancias, resulta extraño que, de forma inmediata, la nueva titular le haya pedido la renuncia a Luz María de la Mora, toda vez que, era de dominio público el trabajo coordinado que realizaba con la anterior secretaria para encabezar las negociaciones comerciales, entonces, es lógico pensar que, mientras se hacen de la información de tan importantes tareas, se requiere la participación de las y los funcionarios que laboraban con la anterior titular.
Aunque también es conocido el hecho de que, algunos actores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen un papel protagónico en el tema y a veces no queda claro cuál de las dos instituciones está facultada para asumir la coordinación de esos trabajos.
De hecho, no es el único tema en la que participa enfáticamente la cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard, por ejemplo, también encabeza el tema migratorio que se pensaría que es un asunto de la Secretaría de Gobernación; o el de las demandas contra las empresas que comercian armas, que tal vez, debería ser un asunto que encabece la fiscalía o algún responsable de la política de seguridad pública o seguridad nacional (tema que también encabezó la cancillería en esta misma semana, en la reunión bilateral con el gobierno de EU). (Ruth Zavaleta Salgado, Excélsior, Nacional, p.11)