VAYA sorpresa causó que después de dos años de no tocar a Donald Trump ni con el pétalo de un reclamo, Andrés Manuel López Obrador acusara a la DEA de fabricarle delitos a Salvador Cienfuegos.
NI SIQUIERA en los momentos más álgidos de la relación bilateral como la imposición de aranceles al acero mexicano, la crisis por las caravanas de migrantes o las reiteradas bravatas de que México pagaría por el muro fronterizo, el Presidente se lanzó como lo hizo ayer contra un ente del gobierno de EU.
POR SUPUESTO, para la 4T es muy importante justificar la libertad del ex titular de la Sedena y no generar una sensación de impunidad, pero hay quienes dicen que aprovecharon el viaje para hacerle un guiño a Joe Biden, y que esa iniciativa salió de la SRE, que encabeza Marcelo Ebrard.
DE AHÍ que fuera esa dependencia, que anda desesperada por distender la relación con la nueva administración en la Casa Blanca, la que hizo públicas las 751 páginas de la indagatoria contra Cienfuegos en la Unión Americana.
AHORA, falta ver cómo reaccionan Biden y su equipo, pues la balconeada a la DEA puede ser un arma de doble filo que deja sentado el precedente de que documentos sensibles que se intercambian entre ambos gobiernos pueden ser hechos públicos a capricho del inquilino del Palacio Nacional. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
En los años ochenta y noventa, cuando aparecieron las primeras iniciativas de ayuda a migrantes en la región noreste, pocos imaginaron la importancia que tendría en el futuro la red de casas y albergues de ayuda humanitaria para personas en movilidad, y la significancia de algunos personajes que se volverían voceros y luchadores incansables de la causa humana a favor de los migrantes.
En aquellos años el fenómeno migratorio se conocía poco, aunque su visibilidad e implicaciones se notaban en las ciudades de la frontera norte a donde llegaban diariamente decenas y cientos de personas buscando cruzar a Estados Unidos.
Personajes como el padre Francisco Gallardo, en Matamoros; el padre Pedro Pantoja, en Ciudad Acuña y Saltillo; el padre Leonardo López y el pastor Aarón Méndez, en Nuevo Laredo, o el padre Luis Villarreal, en Nuevo León, respondieron a su comunidad frente a una necesidad apremiante: alimentación y cobijo para quienes venían de lugares lejanos dentro de México o fuera de él.
Las primeras iniciativas surgieron como comedores o pequeños albergues en instalaciones parroquiales, al lado de templos para la oración. Así en 1987 abre sus puertas el albergue San Juan Diego en Matamoros, aunque desde dos años atrás ya ofrecían apoyo con alimento a migrantes. Casi una década después el padre Pedro Pantoja, en la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila, abría Casa Emaús, un albergue para migrantes que además de apoyo humanitario intentó ayudar a quienes se quedaban temporalmente en la ciudad, buscando su acomodo laboral por corto tiempo en las maquilas de la ciudad.
Pocos años después, ya en el nuevo siglo, de nueva cuenta el humanismo, compromiso y experiencia del padre Pantoja –y con el apoyo del obispo Vera– lo llevaron a darle forma a la labor de sor Lupita en Saltillo, para abrir la Casa del Migrante en esa ciudad. Pocas iniciativas de ayuda humanitaria se convertirían con el tiempo en organizaciones estructuradas de la sociedad civil que fueran más allá de un sentido básico de altruismo, así surgió Fronteras con Justicia AC en Saltillo.(Varios Autores, Milenio, On Line)
Este es el último artículo que escribo con Donald Trump como Presidente. Y hay, lo reconozco, un cierto orgullo y satisfacción por haber sobrevivido su fatídica, divisiva y racista Presidencia. Confesión: como periodista quería resistir, informar y denunciar sus mentiras e insultos hasta que él se fuera. Al final, Trump perdió, se va en desgracia y nosotros nos quedamos.
Fui de los primeros en denunciar su peligrosidad para la democracia y para la libertad de prensa -luego de que él llamara “violadores” a los inmigrantes mexicanos y me expulsara de una conferencia de prensa en agosto del 2015- y hay una especie de reivindicación al confirmar, al final de su mandato, que no estábamos exagerando.
Trump se comportó como un bully y un caudillo. Hizo todo lo posible para cambiar el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, que perdió ampliamente frente a Joe Biden. En una llamada con funcionarios republicanos de Georgia, les pidió que “encontraran 11,780 votos” que le faltaban para ganar ese estado. Los funcionarios, a pesar de las amenazas presidenciales, no le hicieron caso.
Trump también empujó a sus seguidores a realizar una rebelión antidemocrática. Cinco personas murieron luego de que una turba invadió el Capitolio el pasado 6 de enero. Y todo ocurrió luego de que ese mismo día Trump les pidiera a miles de sus simpatizantes, durante un evento frente a la Casa Blanca, que “marcharan hacia el Capitolio”. Y les dio la razón para hacerlo: “Porque nunca van a recuperar su país si son débiles”. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)
Si alguien pensó que 2021 iba a ser más apacible que 2020, sus primeros quince días han bastado para desengañarnos. Mientras Trump incitaba una insurrección contra el Congreso que se disponía a certificar su derrota, solo para convertirse luego en el primer presidente estadounidense en ser sometido dos veces a un juicio político, en México las turbulencias no han cesado, todas ellas generadas por la infatigable energía de nuestro Presidente, quien se muestra decidido, por buenas y malas razones, a no concedernos ni un respiro.
La debacle de Trump y el inicio de la gestión de Biden. López Obrador estableció una relación cordial y pragmática con Trump y le ha costado digerir su derrota y preparar el camino para la nueva situación con Biden. No parece haberse dado cuenta de que, durante estos años, México se convirtió en su rehén, como Trump dejó claro en su visita de despedida al Muro. En una especie de síndrome de Estocolmo, nuestro Presidente no logra desprenderse de él. Trump nos obligó a alterar radicalmente nuestra política migratoria para acomodarla a sus intereses. Este sería el momento de liberarse al fin de la oprobiosa tarea que se nos impuso de detener o retener a los migrantes centro y sudamericanos en nuestras dos fronteras. (Jorge Volpi, Reforma, Opinión, p.9)
Es altamente probable que Estados Unidos viva en los próximos días las horas más tensas de su historia moderna, en buena medida porque el presidente saliente Donald Trump es impredecible y porque ya dejó en claro que no asistirá a la transición de poder.
Trump afirmó, una semana después de la irrupción al Capitolio, que el juicio político en su contra despierta “una inmensa ira”, –o sea, te lo digo Pedro para que me escuches Juan– esa postura mantiene el fuego encendido entre los grupos de ultraderecha, aunque también dijo que los responsables del vandalismo deben ir a prisión.
“No quiero violencia”, dijo el Presidente antes de viajar a Texas donde finiquitó lo que él llama su promesa cumplida de un muro fronterizo, que supuestamente iba pagar México, y que también es otro coqueteo a los alt-right (grupos de derecha antiinmigrantes).
Resulta absurdo que el Presidente saliente diga que no quiere violencia, cuando en sus cuatro años de gobierno ese fue el principal patrón de su mandato al interior y al exterior de EU; alejando a su país de sus principales aliados. (Israel López Gutiérrez, El Heraldo de México, Opinión, p.11)
GOLPE A LA DEA Y NERVIOSISMO EN LA CANCILLERÍA
La exoneración del general Salvador Cienfuegos, que no sorprendió más que a los ingenuos, si tendrá un impacto en la relación bilateral, sobre todo en la agencia que más participa en la cooperación bilateral en seguridad y combate al narcotráfico: la DEA. Si ya el comunicado de la Fiscalía General de la República era demoledor para la agencia antidrogas estadounidense, al desestimar y descalificar todas y cada una de las pruebas que sus directivos presentaron para detener y consignar al militar mexicano, detenido en octubre de 2019 en Los Angeles, las palabras del presidente López Obrador ayer en la conferencia mañanera fueron casi de rudeza innecesaria al acusar a los agentes de esa agencia de haber fabricado pruebas y culpables.
La molestia es tal en la DEA por un fallo que, aunque ya esperaban, quizás no creían que fuera a ser tan duro para ellos, que en la misma Cancillería mexicana a cargo de Marcelo Ebrard comenzaron a operar para tratar de que el caso Cienfuegos y su desenlace de exoneración total al militar mexicano, no empañe ni afecte la ya de por sí complicada relación con la próxima administración de Joe Biden en los Estados Unidos.
“La Fiscalía tendrá que explicar sus averiguaciones y acciones con las que comprobó y desestimó todas las pruebas que nos envío el departamento de Justicia”, dijo ayer una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde claramente esperan que se desahogue rápido el caso para que no enturbie ni entorpezca la relación con la nueva administración de la Casa Blanca.
Porque además de que les preocupa el tema bilateral y el impacto que pueda tener el caso Cienfuegos, también está la declaración del propio canciller en diciembre pasado, cuando trajeron al general de regreso a México, gracias justo a sus gestiones diplomáticas, en las que Ebrard dijo en la conferencia mañanera que “No hacer nada con el general Cienfuegos equivaldría a un suicidio”. Y aunque ahora explican que sí se hizo algo y que la FGR investigó y revisó las pruebas y elementos antes de decidir no acusar ni ejecutar acción penal alguna contra el extitular de Sedena, lo cierto es que el tema sí tendrá un efecto en la relación y la cooperación antidrogas con el país vecino.
Porque además la Cancillería tiene que explicar también en Washington y al próximo gabinete de seguridad de Biden por qué la reciente ley mexicana que impone nuevas reglas a la presencia de agentes extranjeros en el territorio nacional no es un tema de agresión ni mucho menos de falta de cooperación con Estados Unidos, sino de poner reglas y que haya un marco normativo para la actuación de sus agentes. “Nos interesa restaurar la confianza de la administración Biden, a partir de la relación y el trabajo del canciller. Apelar a temas comunes en migración y cooperación en los que incluso se tienen más coincidencias con el nuevo presidente demócrata que las que se tenían con la saliente administración Trump”, comentó la fuente de la cancillería. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.7)
El FBI advirtió hace unos días a los jefes de policía en todo Estados Unidos acerca de posibles ataques contra los capitolios de los estados, oficinas federales, hogares de legisladores y negocios, y pide a todas las autoridades estar en alerta máxima por esas amenazas. Decenas de personas ubicadas en las listas de potenciales terroristas de esa agencia estaban en Washington el 6 de enero. Las autoridades federales emitieron un boletín de inteligencia en el que se advierte que la irrupción violenta en el capitolio de Washington la semana pasada podría convertirse en un “detonador de violencia” para grupos de milicias armadas y para extremistas raciales, quienes tendrían como objetivo la toma de posesión de Biden el 20 de enero. La cuestión es que el tema no se limita a lo que pueda suceder o se pueda evitar en esa fecha. Se trata de procesos complejos que tienen ya tiempo en gestación y que seguramente van a continuar. ¿Qué sabemos acerca del extremismo y el terrorismo, y cómo ello se aplica a lo que actualmente está sucediendo en EU?
Según reportes publicados en 2020 por centros de investigación y monitoreo como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) o el Southern Poverty Law Center (SPLC), el terrorismo de extrema derecha en Estados Unidos sigue creciendo y ha rebasado desde hace tiempo, por mucho, al perpetrado por cualquier otra clase de ideología en ese país, lo que incluye actos extremistas cometidos por grupos de izquierda, o al terrorismo islámico. Solo en 2020, en plena pandemia, 90% de atentados o planes para cometerlos, pertenecen a esa categoría.
Por cierto, es común que se introduzca la idea de que la izquierda es igual de violenta que los extremistas de derecha. Y por supuesto que cualquier clase de violencia es condenable. Pero es importante entender el panorama que retratan los datos. Los ataques cometidos por extremistas de derecha del 2001 a la fecha, han ocasionado 15 veces más muertes que los ataques cometidos por extremistas de izquierda. En ocho de esos años, los extremistas de derecha causaron el 100% de las muertes, y en otros tres, incluidos 2018 y 2019, fueron responsables de más del 90 % de esas muertes. En realidad, se trata de una tendencia global. El Índice Global de Terrorismo (2019) reporta un aumento de 320% en el terrorismo a manos de extremistas de derecha en cinco años. Esto tiene que leerse de la mano del incremento de crímenes de odio, los cuales, en EU, se ubican en su punto más alto en los últimos 16 años. (Mauricio Meschoulam, El Universal, Opinión, p.11)
Ayer se dio la noticia de que la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos de los cargos que le fincaron las autoridades de Estados Unidos y que motivó una queja formal de México.
La queja al fiscal general William Barr surtió efectos y llevó a que el 18 de noviembre del año pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero por los que le enderezó a Cienfuegos, al que se le negó libertad provisional. Sería fácil, se dijo, escapar para una persona con conexiones políticas como las de Cienfuegos Zepeda.
Ya de regreso en México, el importante personaje de la administración pasada ha quedado en libertad. No hay indulto porque para México no hay acusación. Se entiende, pues, que la procuraduría norteamericana acusó sin bases concretas al exgeneral secretario de la defensa.
La reacción inmediata de Estados Unidos es insistir en que nuestro país es un confirmado narco Estado y que el mencionado general abusó de su posición para ayudar al cártel de Juan Francisco Patrón, alias el H-2, una escisión de los Beltrán Leyva, encargada de introducir miles de kilos de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína a un ávido mercado. Presentado ante la corte, el general se declaró inocente.
Contra la posición norteamericana, nuestra fiscalía afirma que el general Cienfuegos “no sostuvo comunicación con ninguno de los mencionados, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
Como respuesta a la exoneración mexicana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo saber que “si el gobierno de México no lo hiciera, se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial al general Salvador Cienfuegos Zepeda por vínculos con el narcotráfico”.
Se ha emplazado así una agria guerra de orgullos entre las dos instituciones encargadas de la seguridad. Mal principio para una relación que se renueva con la accesión del presidente Biden, que por la gravedad de las circunstancias en ambos países tiene que articularse en miles de detalles cotidianos de toda índole.
No realizar la obligada relación con la máxima cordialidad y eficacia posible solo es aprovechado por la delincuencia organizada, cuya marca es la violencia que se desata en México.
El resultado está a la vista con el aumento exponencial de la violencia que podemos esperar continúe espoleada con el aumento en los sectores sociales abandonados en México.
La debilidad que se percibe en los gobiernos de muchos países juega en favor de la delincuencia mundial organizada, dotada de un armamento sofisticado. La superioridad de sus efectivos está comprobada a diario en nuestro país. La única vía de solución comienza con la estrecha coordinación entre los dos países, pero la nueva etapa que se inaugura la próxima semana lo hace sin cordialidad, en un tono de seca animadversión.
La acusación contra el general Cienfuegos se dio en el contexto de una errática agresividad contra México que el presidente Trump desató y que siguió a lo largo de su gestión en la Casa Blanca con insultos y el absurdo muro fronterizo aún en construcción y que ahora Biden tendrá que disimular. (Julio Faesier, Excélsior, Opinión, p.11)
Pague lo que debe. La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer Louis, fijó para el próximo martes la audiencia de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, anunció el consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza. Dicha audiencia había sido programada para realizarse el pasado día 14, sin embargo, al final de cuentas esperaron la respuesta del fiscal de Distrito Sur en Miami a los argumentos que expresó la defensa del exgobernador. El consejero jurídico indicó que hay confianza de que se logre un fallo favorable: “Nosotros siempre hemos confiado y seguiremos confiando en que se va a conceder la extradición del exgobernador y sea presentado ante los tribunales de Chihuahua”. Y después de tanto trámite, ¿qué le espera en México?
Arreglos. Con la visión del Estado Mexicano de que la vida de la población no es un asunto político, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a todos los gobernadores del país, incluidos los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista, a reunirse de manera virtual para escuchar sugerencias y opiniones sobre el plan de vacunación contra covid-19. Sánchez Cordero manifestó que se trata de una acción de alto impacto, que requiere del mayor grado de organización y coordinación por parte del Estado mexicano y de los gobernadores. Los gobernadores del PAN solicitaron que la vacunación se realice mediante el Sistema Nacional de Vacunación y no a través de los servidores de la nación, que también entregan las pensiones del Bienestar. ¿Dejarán ya de verle cara de voto a cada vacuna?
Reacción inmediata. Conforme a la instrucción del presidente López Obrador, la SRE hizo público el expediente del general Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y exonerado en México. El documento contiene la carta que el Departamento de Justicia de EU envió al canciller Marcelo Ebrard con toda la información del caso contra el extitular de la Secretaría de la Defensa. “Confío en que esta información permitirá mayor comprensión sobre este asunto. También me permito asegurarle nuestro compromiso para seguir trabajando con el gobierno de México a medida que este asunto vaya avanzando”, señala Timothy J. Shea, administrador interino del Departamento de Justicia de EU. Digan lo que digan, el asunto no huele nada bien. O sea, ¿la DEA se equivocó? (Excélsior, Opinión, p.11)