En octubre de 2023 se firmaron los llamados Acuerdos de Barbados en los que el régimen de Maduro y la oposición en Venezuela pactaron, con la presencia de testigos de ocho países (incluyendo a México), garantías electorales y “el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales” de 2024. Como parte del quid pro quo, EU levantó de inmediato una serie de sanciones económicas contra el régimen.
Sin embargo, en enero pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la inhabilitación de la muy popular candidata de unidad de la oposición, María Corina Machado, violando flagrantemente los acuerdos. EU anunció el retorno de sanciones. La mayor parte de América Latina y todos los garantes de los acuerdos condenaron la inhabilitación, con la penosa excepción de México. Poco después, Maduro anunció que las elecciones se celebrarían el 28 de julio y que en marzo se abriría el registro de candidatos. Sin embargo, se atravesó una movida estratégica de Machado, quien encabezaba las encuestas con un amplio margen: la designación de Corina Yoris como candidata sustituta con el apoyo de la oposición en su conjunto. El régimen respondió bloqueando el registro de Yoris. La faena se completó con la adopción de la fascista ley “contra el fascismo”. Enfrentando a rivales de comparsa, con el distractor de Guyana, Maduro se encamina a una segunda reelección ilegítima.
La comunidad internacional ha reaccionado, aunque de manera tímida. Prácticamente toda la región, incluyendo a Lula y Petro, ha condenado las maniobras del régimen para impedir la candidatura de una rival popular y potencialmente victoriosa, primero con Machado y luego con Yoris. Pero, por el momento, ha habido poco más que declaraciones. Vergonzosamente, el caso de México es todavía peor. Nuestro país se quedó de nuevo solo. En lugar de sumarse a los demás y por lo menos presionar a Maduro, a la 4T no se le ocurrió otra cosa mejor que “incentivar” con una mordida de 660 dólares el regreso de venezolanos a su país. Se trata de migrantes que han gastado miles de dólares para atravesar una decena de países, arriesgando la vida, perdiendo familiares y sufriendo extorsiones, violencia sexual, secuestros y amenazas del crimen organizado y de las autoridades. ¿Para cuantos de ellos el “incentivo” será compensación suficiente para abandonar una larga, penosa, peligrosa y costosa búsqueda del “sueño americano”, y regresar a la pesadilla que vivían en su país? Todo resulta muy extraño.
La extensión del programa de “incentivos” a colombianos y ecuatorianos es probablemente un distractor del objetivo (Venezuela) y las motivaciones reales. ¿Por qué ahora y por qué México? Por un lado, el anuncio mexicano coincidió con el cierre del registro de candidatos a la presidencia. En política no hay coincidencias. Por el otro, hoy sabemos que la verdadera motivación de EU al promover un acuerdo con el régimen en Barbados no era asegurar los suministros de gasolina sino garantizar que Maduro aceptara el retorno de migrantes venezolanos. Quizás por ello, la respuesta del régimen al anuncio de la reinstalación de sanciones económicas estadounidenses fue la amenaza de no aceptar la repatriación de venezolanos. Ahora sabemos también que los esfuerzos estadounidenses de deportación fracasaron porque los vuelos iban casi vacíos, como si fueran operados por Mexicana de Aviación.
El programa de “incentivos” podría ser un gesto simbólico de México para legitimar a Maduro y su fraudulenta reelección. Sin embargo, podría ser algo peor desde la perspectiva humanitaria: que, a petición de EU o Venezuela, la repatriación/deportación de venezolanos desde nuestro país no sea voluntaria, en cuyo caso se estaría violando el principio de no devolución o non-refoulement, que prohibe al país receptor devolver refugiados a otro país en el que podrían ser perseguidos. En cualquier caso, para algunos venezolanos la “repatriación” será el retorno al racionamiento, la miseria y la violencia, que no es poca cosa. Pero para muchos otros será, además, represión, cárcel o peor. Las tragedias se seguirán acumulando. ¿Cuántas con complicidad de México? (Jorge Lomonaco, El Universal, Nación, p. A11)
Desde hace varios años, la gestión de la migración y el asilo de forma digna y sostenible ha sido uno de los principales retos para la Unión Europea (UE) y sus 450 millones de habitantes. La gran mayoría de los flujos se realizan dentro de los marcos legales: en 2022, 3.4 millones de primeros permisos de residencia fueron otorgados en la UE, frente a las 330 mil entradas de forma irregular. Por supuesto, también existen flujos de salida, tanto de europeos como de extranjeros (más de un millón al año cada uno).
En los últimos nueve años, 7.6 millones de personas han solicitado el asilo en la UE (sin contar las 4.5 millones de personas que han escapado de la invasión rusa a Ucrania y gozan de un estatus de protección temporal en la UE); sólo en 2023 fueron 1.1 millones, casi igualando el récord establecido en 2015. Estas cifras ilustran la atractividad de la UE, en particular por el nivel de protección de los derechos fundamentales que ofrece a quien se encuentra en su territorio. También reflejan la atractividad de su modelo socioeconómico, que a su vez requiere la llegada de mano de obra extranjera, dada la dinámica demográfica negativa en la UE.
Si bien corresponde a cada Estado miembro otorgar permisos de residencia en su territorio, existen reglas europeas y apoyo por parte de la UE, en particular a los Estados miembros que están en primera línea. Para enfrentar estos retos crecientes, era necesario reformar y fortalecer de forma coordinada estas reglas y políticas: una tarea titánica que el Pacto sobre Migración y Asilo, propuesto por la Comisión Europea, tiene como objetivo.
Luego de tres años y medio de intensas negociaciones, la semana pasada el Parlamento Europeo dio luz verde al Pacto. Específicamente, se trata de diez textos legislativos que buscan que la UE tenga fronteras exteriores más fuertes y seguras, al tiempo que se garantizan los derechos de las personas en situación de movilidad y que ningún país de la UE enfrente solo la presión migratoria.
Por lo tanto, un elemento clave de este Pacto es la solidaridad, pues los países de la UE sometidos a una fuerte presión podrán solicitar apoyo a la UE y también a los otros Estados miembros, que deberán contribuir reubicando migrantes en su territorio, aportando fondos o prestando apoyo operativo y técnico. De igual forma, establece un mecanismo para responder al incremento repentino en la llegada de inmigrantes.
El Pacto proporcionará una mayor eficiencia en los procedimientos: desde una gestión más eficiente en las fronteras con el control de las personas que llegan de forma irregular, hasta la racionalización y aceleración de la tramitación de las solicitudes de asilo. Tras una decisión de asilo negativa, las personas sin derecho legal a permanecer recibirán una decisión de retorno inmediata. Los Estados miembros deberán establecer mecanismos de control independientes para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y garantizar normas de acogida equivalentes para los solicitantes de asilo en cuanto a alojamiento, trabajo, escolarización y asistencia sanitaria.
La Comisión Europea ha adoptado cuatro planes de acción centrados en rutas migratorias específicas con medidas concretas que incluyen apoyo financiero a los Estados miembros, gestión de fronteras y lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. También se han establecido asociaciones con Túnez, Egipto y Mauritania, que abarcan temas como la cooperación económica, los intercambios culturales, una mejor gestión de la migración y la seguridad.
Con el Pacto sobre Migración y Asilo, la UE busca reforzar el manejo de sus fronteras exteriores y de los flujos migratorios asegurando seguridad jurídica y un trato digno para las personas en situación de movilidad. (Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México, Excélsior, Global, p. 21)
El mito del voto en el extranjero
Erran el oficialismo y la oposición al criticar al INE por recortar la lista de mexicanos que votan en el extranjero por no cumplir con requisitos legales. Erran porque se registraron poco más de 226 mil y se elimina a 40 mil.
Erran porque los 226 mil serían apenas en dos por ciento de los mexicanos en Estados Unidos, legales e indocumentados. Develan el mito del voto de los mexicanos en el extranjero.
A los legales les importa la ciudadanía. Les da voto y presencia. Los indocumentados sólo quieren pasar inadvertidos por la migra. Lo saben en todos los consulados, pero es políticamente suicida decirlo, porque los políticos explotan el mito y ayudan a que algunos vivales vivan de él. Negocio redondo. (José Fonseca, El Economista, Política y Sociedad, p. 39)
Nueva función

(Magú, La Jornada, Política, p. 3)
Voto extranjero

(Camacho, Reforma, Opinión, p. 8)
Primer juicio penal contra un expresidente

(Fernando Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)
Haciéndolo pedazos
