El 27 de abril de 2023 escribí en estas páginas sobre el Tren Maya a propósito de la publicación del libro “Territorios mayas en el paso del tren. Riesgos previsibles y posturas independientes sobre el Tren Maya”, coordinado por Eduardo Martínez Romero, Giovanna Gasparello y Miguel Ángel Díaz Perera, y por la aprobación de una serie de medidas entre las que destacaba la creación de una empresa a cargo del Ejército que meses después se denominaría Tren Maya S.A. de C.V. trasladándose el programa presupuestario (Pp) “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros” del Fondo Nacional de Fomento Turismo (Fonatur) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 13 de noviembre pasado se publicó una reforma a la Ley Federal de Derechos, que previamente establecía (9 de diciembre de 2019) que los recursos por servicios migratorios por visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (Artículo 8o), conocidos anteriormente como Derecho al No Migrante (DNI), se entregaran al Fonatur en 80% y el restante 20% al Instituto Nacional de Migración (INM) (artículo 18-A), para determinar que todos (100%) “se destinarán al fideicomiso público federal sin estructura que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada Tren Maya, S.A. de C.V., …” mientras que al INM, le serán destinados: “Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección.”
Cabe comentar que antes se establecía que 70% de esos ingresos se destinarían al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 10% a Fonatur y el restante 20% al INM, por lo que quienes afirmaban que el Tren Maya se llevaba los gastos de promoción del país, no estaban exagerando.
Al revisar la Cuenta Pública de 2020 a 2023 observamos que el gasto de inversión del programa se fue incrementando entre 2020 y 2022, ya que a precios corrientes pasó de 7 mil 509 millones de pesos (mp) en 2020 a 33 mil 651 mp en 2021, para dispararse a 179 mil 693 mp en 2022. En 2023, el gasto ejercido se partió en dos, bajo la responsabilidad de Fonatur se registraron 97 mil 911 mp respecto a un monto aprobado de 143 mil 073 mp, y al comando de la Sedena, apenas 717 mp para un total redondeado de 98 mil 629 mp.
Si consideramos el monto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024 de 120 mil mp, a precios de este año el total sería de 471 mil 095 mp equivalente a 23 mil 541 millones de dólares, esto es, mucho más de los 150 mil mp originalmente anunciados que costaría. Hago hincapié que se parte del supuesto que el proyecto concluye este año, lo que considero poco probable, ya que el observado era de 2 mil 598 mp al primer trimestre del año, aunque se señala que el avance respecto a lo programado del periodo fue de 87.8%. Me preocupa que, en el afán de concluir la obra, se precipiten los trabajos y se dañe todavía más el medio ambiente.
Para la puesta en operación del Tren Maya, se creó un nuevo Pp, “Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya”, al que se le asignaron 5 mil 937 mp en el PEF 2024. Al primer trimestre sólo había observado un gasto de 110 mp, pero si se resuelven los atrasos y contratiempos, se podría incrementar notablemente en el resto del año.
Desde el principio se advirtió que la inversión no tendría rentabilidad económica, por lo que será una carga permanente para el erario como es el caso de otros proyectos, como Mexicana de Aviación, que en realidad terminaron siendo concesiones a las fuerzas armadas y más allá de sus atribuciones constitucionales (artículo 129) fomentando la militarización del país. Ya vimos, que los recursos para el funcionamiento van a salir del servicio migratorio a visitantes internacionales, como era antes con el CPTM, por lo que el presupuesto original podría ser mayor a lo aprobado en el PEF, en los próximos años.
En Cuba, las fuerzas armadas están metidas de lleno en el sector turístico, lo que ha abierto la preocupación en el sector privado de que es una forma de competencia desleal. Por ejemplo, en el caso de Mexicana de Aviación que ofrece pasajes más baratos porque cuenta con la posibilidad de otorgamiento de subsidios, que finalmente son financiados con recursos de los contribuyentes.
Adicionalmente, como estos proyectos fueron considerados de seguridad nacional, no hay posibilidades de supervisión, por lo que se abre la puerta a que se presenten sobrecostos o irregularidades, que ya se ha evidenciado con el Tren Maya, a partir de denuncias públicas. Hace unos meses la revista Proceso exhibió la existencia de pagos de sueldos a trabajadores menores a lo que oficialmente se registraron. Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación no revisa las cuentas, como denunció el auditor despedido como reportó EL UNIVERSAL en su momento.
En conclusión, el Tren Maya si bien podría fortalecer la conectividad del sistema ferroviario nacional, lo hará a un costo económico, social y ambiental muy elevado, cuando esos recursos se pudieron haber aplicado en proyectos más estratégicos como el Tren Interoceánico que ayudaría a desahogar los cuellos de botella que se presentan en el Canal de Panamá por las sequías; o en salud, educación u otros gastos necesarios.
Adenda
Cumbre en Tapachula
Todo listo para que este viernes, los presidentes de México y Guatemala se reúnan en Tapachula, Chiapas, para hablar sobre temas económicos y de migración. El mexicano López Obrador también escuchará de su homólogo Bernardo Arévalo, una petición para considerar ampliar el proyecto del Tren Maya hasta su país. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2da, p. 2)
Los municipios fronterizos entre México y Guatemala son testigos de una sangrienta batalla entre grupos criminales, que buscan controlar la migración. Chicomuselo, Chiapas, se encuentra entre las siete comunidades afectadas por este conflicto que inició en 2021, y que ha desplazado a más de 4 mil habitantes en el último año en esa región.
En medio de la delincuencia, la migración y la extrema pobreza, los habitantes de Chicomuselo han aprendido a sobrevivir. Tanto la población como las organizaciones de la sociedad civil han expuesto cómo operan estos grupos, con audios diurnos advirtiendo sobre la violencia, mantas y pintas instando a la gente a permanecer en casa bajo amenaza de muerte.
Las comunidades enteras se encuentran incomunicadas por bloqueos de carreteras, quema de vehículos, suspensión de clases y cortes de electricidad. Es tal el miedo que el presidente municipal, Jorge Martín Sepúlveda Morales, abandonó a su gente ante las amenazas de muerte por parte de grupos criminales.
La migración se ha convertido en un lucrativo negocio en este cruce fronterizo, con autoridades y traficantes de personas coludidos. Los migrantes, en busca del sueño americano, son utilizados y manipulados, ofreciéndoles hospedaje en hoteles de lujo y promesas vacías de tránsito seguro hacia la frontera norte.
La realidad en Chicomuselo es desgarradora. Con un acceso limitado a servicios básicos y un preocupante índice de pobreza, la población se encuentra atrapada en un ciclo de violencia y desigualdad.
Es hora de que las autoridades tomen acción y brinden apoyo real a estas comunidades olvidadas. La indiferencia no puede ser la respuesta ante la crueldad que enfrentan día a día.
En corto: La controversia en torno a Jorge Rodríguez Medrano, candidato de Morena a la presidencia municipal de Guanajuato, ha cobrado gran atención luego de que se difundiera un video en las redes sociales donde se le ve insultando a tres mujeres.
En el video, que se ha vuelto viral, se observa a Rodríguez Medrano exigiendo a las mujeres que canten y respondan sus preguntas, y al recibir una negativa, las insulta. Este comportamiento ha generado una ola de críticas hacia el candidato, cuestionando su actitud y el poco respeto hacia las mujeres. ¿Se imaginan? (Sofía García, El Heraldo de México, El País, p. 10)
El 7 de mayo pasado, Anne Milgram, titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), compareció ante el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes de la Unión Americana. Allí aseveró que 13 agentes y analistas de inteligencia asignados para rastrear a las dos organizaciones criminales transnacionales que la DEA ha identificado como principales exportadoras de fentanilo a Estados Unidos todavía están esperando el visado correspondiente por parte de las autoridades de México para ingresar al país.
La funcionaria señaló además, respecto a uno de los casos, que han “estado esperando ocho meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad de trabajar”. Agregó que ese retraso complicó su labor contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Gobierno de México refutó de manera inmediata tales aseveraciones. Recuérdese que existe un procedimiento legal que se debe llevar a cabo para la acreditación de agentes extranjeros de fuerzas del orden en territorio nacional, previsto en el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual implica la realización de consultas con diversas secretarías de Estado en México y su posterior valoración por el Gabinete de Seguridad.
En este sentido, el pasado mes de enero fueron aprobadas cuatro acreditaciones para agentes de la DEA, por lo que es infundada la afirmación de la titular de la agencia antidrogas acerca de la espera de más de ocho meses para el trámite.
Asimismo, el pasado 26 de abril de 2024, en la reunión del Gabinete de Seguridad de México, se aprobaron diez acreditaciones más para la misma agencia estadounidense e iniciaron los procedimientos de expedición de las visas respectivas.
Por otro lado, se debe destacar que el Gobierno de México ha venido colaborando en forma consistente con diversos países, incluida la Unión Americana, en la lucha contra el tráfico de drogas, como referí ya en diversos artículos de este mismo espacio. Así lo muestran instrumentos bilaterales como el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos o el Entendimiento Bicentenario.
Pero también se han obtenido resultados importantes. Tan solo en el caso del fentanilo y de las metanfetaminas, en abril de este año, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Guardia Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, de 2019 a abril de 2024, en nuestro país se aseguraron 8,202 kilogramos de fentanilo y 645,569 de metanfetamina.
Además, se echó a andar el Sistema Integral de Sustancias, bajo la responsabilidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de garantizar la trazabilidad de las sustancias químicas susceptibles de ser desviadas al mercado ilícito.
En cualquier caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el Gobierno de México no tiene interés en negar las visas a los 13 agentes y analistas de inteligencia de la DEA. Sin embargo, aclaró que busca que se entienda que México es un país independiente y que existen reglas que se deben cumplir.
Si en administraciones anteriores existía laxitud para que agentes extranjeros entraran a nuestro país sin prácticamente ningún trámite y, como ha referido el mismo presidente López Obrador, dieran instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina y de la extinta Procuraduría General de la República, hoy eso ya no sucede.
Actualmente, en México se vive un proceso de transformación y de regeneración de la vida pública. Esto significa, en términos de seguridad y de combate al narcotráfico, una relación y un trabajo de cooperación internacional entre iguales, con apego a las leyes de cada nación y respeto a la soberanía de cada Estado, no de una relación ni de un trabajo de colaboración a partir de declaraciones infundadas. (Ricardo Monreal, EL Sol de México, Análisis, p. 20)