Ayer por la mañana, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta capital, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con funcionarios mexicanos de alto nivel para tratar asuntos fronterizos, de migración, seguridad y economía. Los anfitriones fueron, además del canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como representantes de la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Posteriormente, el visitante se trasladó a Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y por último conversó con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Ebrard informó que hubo coincidencias en los puntos tratados y destacó la colaboración para vacunar a los habitantes de los municipios fronterizos a fin de acelerar la reapertura del tránsito terrestre, con lo cual se busca reactivar el comercio bilateral en esta región. Más allá de la normalización de los importantes intercambios comerciales, el funcionamiento de la frontera está indisolublemente ligado al de la migración irregular, asunto en que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han manifestado disposición a atender el plan del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de frenar los flujos migratorios mejorando las condiciones de vida en sus lugares de origen. Sin embargo, debe recordarse que hasta ahora estas intenciones no se han concretado en cambios reales, y que la persecución y expulsión de quienes se internan en territorio estadunidense sin contar con los documentos migratorios requeridos se encuentra en niveles incluso mayores a los registrados durante la presidencia de Donald Trump.
En materia económica, si bien se han producido avances en lo relacionado con los derechos laborales, persiste como gran pendiente la tarea diplomática de hacerle entender al gobierno de Estados Unidos que debe abstenerse de intervenir en las decisiones que son facultad exclusiva de las autoridades y la ciudadanía mexicanas. Ante todo, ha de explicarse que, sin abandonar la economía de mercado, México ha emprendido una serie de ajustes orientados a combatir la corrupción y a poner en pie un sector petrolero y eléctrico sólido para garantizar la seguridad y la soberanía energéticas del país.
Tras la reunión con el fiscal Gertz Manero, se refrendó la cooperación y el respeto mutuo entre la Fiscalía General de la República y el Departamento de Seguridad Nacional, pero es inevitable preguntarse cómo se va a armonizar la relación en el marco del giro estratégico emprendido por México al dejar atrás el paradigma de la guerra contra el crimen organizado y enfocarse en el combate a las causas profundas de los ilícitos. La duda se acentúa debido a la permanente confusión entre los asuntos de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional por parte de los gobiernos estadunidenses, una confusión que los lleva a mezclar asuntos y prioridades que deben tratarse por separado o llanamente sacarse del ámbito de la seguridad, como sucede con el consumo de estupefacientes.
Más allá de las declaraciones oficiales de los participantes en los encuentros, cabe esperar que en el transcurso de sus conversaciones hayan avanzado en despejar los derroteros por los cuales habrá de transcurrir la relación bilateral en el futuro próximo, pues la claridad en esa relación siempre será de beneficio para los habitantes de ambos lados de la frontera común. (Editorial, La Jornada, p. 2)
El término genocidio de los pobres es un concepto que don José Dolores Suazo, del Comité de Migrantes Desparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), ha venido proponiendo en varios espacios públicos, ampliando el uso del concepto legal de genocidio, para señalar la responsabilidad directa o indirecta de los estados en la continuidad de una política de muerte que desaparece, masacra y mutila los cuerpos de personas pobres en el continente.
Partiendo del profundo conocimiento de las masacres de migrantes, como la de Cadereyta, Nuevo León, donde asesinaron a su hermano Mauricio Suazo, el 13 de mayo del 2012, don José Dolores argumenta que se trata de un crimen de odio que busca destruir total o parcialmente a un grupo étnico-racial: los migrantes pobres y racializados.
El pasado 11 de junio en el conversatorio Vidas en búsqueda: desaparición y luchas por las justicias (https://www.youtube.com/watch?v=R3toVSgnJl4) a las reflexiones de don José Dolores se unieron las voces de Diana Gómez, de Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad en Colombia; Angélica Rodríguez Monroy, de Regresando a Casa Morelos; Vanesa Orieta, militante contra la represión estatal en Argentina, y Priscila Sette, activista del pueblo cree contra la desaparición de mujeres indígenas en Canadá.
Desde distintos contextos geográficos, estos hombres y mujeres, que han sufrido la tortura que implica tener a un ser querido desaparecido, coincidieron en rechazar la tipificación legal que diferencia la desaparición forzada, de la desaparición por particulares. Se argumentó que esa dicotomía invisibiliza las responsabilidades que los estados siempre tienen, ya sea por omisión o por participación directa en la desaparición de personas.
Cuando existen contextos de impunidad y complicidad estatal todas las desapariciones son forzadas, argumentaron las participantes. Se trata de teorizaciones encarnadas, que surgen de sus experiencias y conocimientos buscando a sus seres queridos y reclamando justicia para todos los desaparecidos.
El conversatorio inició uniendo sus voces a la demanda de la aparición con vida del líder yaqui Tomás Rojo, desaparecido desde el 27 de mayo pasado en el pueblo de Vícam, Sonora. Tomás, como cientos de indígenas desaparecidos en el continente, había encabezado la lucha de sus pueblos en la defensa del territorio, contra la construcción del Acueducto Independencia que afectaría los embalses que abastecen a los pueblos yaquis.
Se recordó también a nuestra compañera de Ciesas-Noreste, Gisela Mayela Álvarez, quien cumple 10 meses de haber desaparecido en Monterrey, Nuevo León. Bajo la consigna de los queremos vivos, estos activistas compartieron experiencias y teorizaciones. Pese a las diferencias en los contextos nacionales, los testimonios presentados tenían en común el uso de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad que se perpetra mayoritariamente contra personas jóvenes, pobres y racializadas, en contextos de impunidad estatal, algunas veces por parte de fuerzas de seguridad o en complicidad y aquiescencia de éstas con los perpetradores.
En Centroamérica, Argentina, México y Colombia, el uso de la desaparición forzada contra activistas políticos durante las guerras sucias y los conflictos armados internos, y las décadas de impunidad en torno a las mismas, crearon el clima cultural que posibilitó la continuidad de esta práctica en tiempos de supuestas democracias.
Las 5 mil mujeres nativo-americanas desaparecidas en Canadá; los más de 200 mil migrantes desaparecidos en México; los 100 mil desaparecidos en Colombia, 87 de ellos en las últimas semanas, en el marco del paro nacional en ese país; Luciano Arruga y los cientos de jóvenes desaparecidos o asesinados por la policía argentina; los más de 80 mil desaparecidos en México, incluyendo los 201 que aún esperan ser identificados en las fosas de Jojutla y Telecingo (https://www.jornada.com.mx/2020/ 08/09/opinion/015a1pol), tienen en común haber sido tratados como vidas que no importan, estigmatizados y criminalizados por un sistema racista para justificar la impunidad estatal y la indiferencia de la sociedad.
Las voces de don Lolo, de Angélica, Diana, Vanesa y Priscila, con las de miles de familiares de desaparecidos en las Américas, nos recuerdan que mientras no regresen con vida a sus hogares, ningún país en este continente puede considerarse plenamente democrático. (R. Aída Hernández Castillo, La Jornada, Opinión, p. 16)
Las remesas internacionales son transferencias de dinero de una persona o lugar, tradicionalmente enviadas por migrantes de Estados Unidos a familiares que viven en sus lugares de origen, principalmente de Puebla, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. Ciertamente, son ganancias que los migrantes envían para solventar los gastos básicos de sus padres, hermanos, esposa e hijos..
El envío de fondos es una práctica del siglo XIX que, con el aumento de las prácticas migratorias, alcanzó en el siglo XX un desarrollo elevado, consecuencia de la modernización de las tecnologías de la información y las mejoras a los sistemas de comunicación en el mundo y, sin duda, al mayor desarrollo de la banca internacional.
La Asamblea General de la Naciones Unidas decretó el 16 de junio como el Día Internacional de las Remesas Familiares, en virtud de la importancia y trascendencia que tienen en la economía de las familias de los migrantes y al constituirse como el vínculo más directo a la distancia en su relación afectiva.
Normalmente, estas son transferencias de dinero, pudiendo ser de alimentos o medicamentos, sobre todo en países donde estos son escasos.
Sólo en 2019, más de 200 millones de trabajadores migrantes enviaron 554 mil millones de dólares a más de 800 millones de familiares en sus países de origen.
Todos los países tienen disposiciones legales para el envío de remesas, sin embargo, dichas legislaciones son flexibles por la naturaleza de éstas, en función de su origen y destino; esto es, no son gravadas con impuestos, aranceles u otras restricciones, sólo siendo observadas cuidadosamente por los sistemas financieros para evitar que las usen como fuentes de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Analistas del Banco Mundial refieren que las remesas son una potencial palanca de desarrollo económico, pues, al estar probablemente bancarizadas, los beneficiarios tienen beneficios financieros adicionales, para “el que las envía y quien las recibe”. (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Nacional, p. 12)
Pide a las corporaciones pagar impuestos como hacen los trabajadores
El Día Internacional de las Remesas se celebra hoy 16 de junio para reconocer la contribución de los migrantes. En medio de la pandemia en 2020, las remesas rompieron récord en México y sumaron 40 mil millones de dólares, superando los 17 mil millones de ingresos petroleros, 11 mil millones del turismo y a la inversión extranjera, con 29 mil millones. Son producto del trabajo migrante, del abandono de hogares, la separación de familias y grandes peligros para ir lejos, a un país que los discrimina y niega derechos.
Así como se sacrifican los trabajadores y ayudan a la recuperación económica, deberían hacerlo las grandes corporaciones, que adeudan 700 mil millones al Servicio de Administración Tributaria.
De hecho, hace falta una reforma fiscal progresiva, pues los grandes contribuyentes pagan 1.3 por ciento de ISR, mientras los salarios, 11.4. Esto ha permitido a 10 mexicanos acumular 190 mil millones de dólares. Hace falta un impuesto a la riqueza y suspender el pago de la deuda para dedicar recursos a salud y economía y luego renegociar quitas. Que el peso de la crisis no la paguen sólo los trabajadores. (Pablo Moctezuma Barragán, La Jornada, p. 2)