El Estado mexicano tiene mucho que hacer contra el auge del odio, la xenofobia y el racismo, que tan brutalmente generaron la mayor masacre contra la comunidad latina en Estados Unidos el pasado 3 de agosto.
Aunque el actual gobierno del presidente López Obrador sostenga que la mejor política exterior es la interior, el aislamiento es aliado del prejuicio que germina en el localismo.
La Universidad de California en San Diego convocó, a principios de este mes, a través del Centro de Estudios México-Estados Unidos y la Embajada norteamericana, a mexicanos de distintos perfiles para promover la comunicación entre los dos países en un momento en que la retórica racista, xenófoba y con perjuicios supremacistas obnubilan la comprehensión bilateral. Asistieron asesores legislativos, integrantes de la sociedad civil, funcionarios de la cancillería e incluso dos diputadas del PAN. (Natasha Uren Vázquez Natasha Uren Vázquez, El Economista, Opinión, p.37)
La presidencia de Donald Trump ha realizado un esfuerzo continuo a través de distintos programas y políticas, ensayos y errores, con el fin de que no lleguen más migrantes del sur, específicamente de Centroamérica y México.
El más aborrecido de todos estos ensayos y el más mediático fue la separación de los niños de sus padres que arrancó en abril de 2018. Al llegar las familias, principalmente de centroamericanos, a Estados Unidos les arrancaban a los niños pues de esa manera podían detener a los padres indefinidamente e inhibir, sin un gramo de vergüenza, la llegada de más familias.
La administración de Trump está exportando a México la carga de la ardua espera de quienes solicitan asilo. Las colas están causando varios dolores de cabeza a nuestras ciudades fronterizas: hospedaje, salud, trabajo y educación para los niños que abundan. Desde luego, lo que es muy escaso en esas ciudades, la seguridad pública.
El diario The Washington Post publicó la semana pasada un artículo que nos hace ver como un país al que hay que ponerle un muro. La familia Esquivel –Víctor y María—papás y –Anderson 10 y Ryan 4– hijos, fueron retornados a través del MPP a Nuevo Laredo el pasado 24 de julio para esperar su audiencia migratoria en Texas el próximo octubre. Los dejaron en uno de los puentes que conectan a los dos Laredos. Las primeras tres noches durmieron a la intemperie al lado de la oficina del Instituto Nacional de Migración. Mientras esperaban un taxi que los conduciría a un apartamento que pensaban alquilar, fueron levantados por una pick up y llevados a una casa de seguridad donde había varios cubanos y guatemaltecos también secuestrados. (Rafael Fernández de Castro M., El Financiero, Opinión, p.29)
¿Qué dicen los centroamericanos respecto de la evolución de la política migratoria mexicana? ¿Qué piensan sobre los controvertidos acuerdos con Estados Unidos para frenar la migración? Comparto con el lector algunos testimonios al respecto:
Ahí están estas voces. Del discurso permisivo pasamos a la línea dura.
No se trata pues de combatir a los migrantes, sino a la trata, el tráfico y al crimen organizado en la migración. Los migrantes y solicitantes de refugio centroamericanos en su gran mayoría están en tránsito, no quieren quedarse en México: más que empleo, buscan mayor ingreso, y ése lo encuentran en Estados Unidos al reunificarse con sus familias. No huyen de las maras en sus países para venir a caer en manos de las mafias mexicanas.
Debemos habilitar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración (INAMI), a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con recursos presupuestarios y capacidades institucionales en función de políticas específicas para la emigración, el retorno, la inmigración, el tránsito y el refugio, y asimismo, de una articulación con Centroamérica en términos demográficos, laborales y de desarrollo regional. (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p.21)
El rasgo más visible de la debilidad de los gobiernos del Triángulo Norte centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras, es el aumento de la violencia y la impunidad del crimen.
Lo característico de ambos fenómenos en esos países es que hacen dramáticamente difícil la vida diaria y casi imposible el desarrollo de los pequeños y los medianos negocios que dan vida y opciones a la economía popular.
La dificultad de la vida diaria es uno de los grandes motores de la migración en el Triángulo Norte. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana, 63.8 por ciento de los salvadoreños quisiera dejar su país. Una encuesta equivalente de la Red Jesuita en Honduras arrojó la cifra de 42% de hondureños deseosos de migrar. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Opinión, p.3)
Recientemente, en una de las mañaneras, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que cada año entran ilegalmente al país cerca de 200 mil armas de fuego. Además dijo que en los últimos diez años se comercializaron más de 450 mil. El militar aportó más datos: las armas ilegales provienen en un 30 por ciento de Australia, Alemania, Israel, España y otros lugares. El restante 70 llega de Estados Unidos.
Sus datos, de alguna manera, quisieron decirnos que el tiroteo en el centro comercial Cielo Vista en El Paso, Texas, donde un supremacista blanco se dedicó a matar y herir mexicanos, se debe, en buena parte, a la sobreabundancia de material bélico que alcanza hasta para modestamente exportar a nuestro vecindario.
El general se quedó corto en cuanto al número de armas. En Estados Unidos hay más armas que habitantes. De hecho, este dato seguirá un curso progresivo aún mayor. Lo sabe cualquiera después de ver un reportaje actual de Discovery Channel, que describe lo que está ocurriendo hoy en la materia. (Raúl Cremoux, El Financiero, Opinión, p.30)
En las carreteras de Colombia caminan en pequeños grupos, jóvenes, adultos, niños, ancianos. Cargan mochilas, maletas, guitarras y a veces bebés mientras andan, día tras día, de ciudad en ciudad. Son los “caminantes”, venezolanos que han dejado su país y están caminando sin dinero para llegar a donde pueden en Colombia o donde tienen algún familiar o conocido en Ecuador, Perú o Chile. Y son miles y miles y miles.
Según cifras de Naciones Unidas, hay más de 4 millones de venezolanos que han dejado su país, la gran mayoría desde 2015, e ido a radicarse en su gran mayoría en otros países de la región. Otros dicen que hay más de 5 millones, y que habrán 6 millones o más a finales del año. Venezuela, un país que solía tener una población de 34 millones, ha perdido entre 12 y 18 por ciento de sus habitantes en poco menos de cinco años. Un país que ha colapsado económicamente y donde las diferencias políticas se dirimen con golpes y a veces asesinatos, sobre todo si alguien se opone al gobierno o decide sumarse a las protestas que han azotado el país en los últimos años.
El mes pasado, pude hablar con migrantes y refugiados venezolanos en uno de los cruces que une Venezuela a Colombia, en la estación de autobuses en Bogotá, y en el puente que divide Colombia y Ecuador, así como en Quito, donde muchos han llegado en búsqueda de trabajo. Gracias a colegas de ACNUR y la Organización Mundial para la Migración (OIM), quienes me facilitaron el acceso a los puntos donde atienden a los migrantes y refugiados venezolanos, me tocó escuchar sus historias dolorosas y sus esperanzas de empezar de nuevo en otro país donde no temen la represión y esperan poder dar de comer bien a sus hijos y tener acceso a educación y servicios de salud para ellos. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p.21)
Donald Trump actúa como si no supiera que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo y que es el principal exportador de armas legales e ilegales.
En ese marco dice muy serio y sin rubor que retirará certificaciones a México si no percibe de parte de nuestro país “un aumento en los esfuerzos antinarcóticos durante los próximos 12 meses”.
Habituado a erigirse en juez de primera y última instancia, Trump advierte, evalúa y dictamina. Por eso fue necesario y oportuno que la Secretaría de Relaciones Exteriores le recordara que “las metas de reducción del uso de narcóticos no siempre son cumplidas por los países de la región” y que a México le preocupa el tráfico de armas de alto poder, principalmente de Estados Unidos. (Mauricio Farah, El Universal, Opinión, p.21)
Es muy triste reconocerlo pero, en muchas regiones del planeta, cuando piensan en la América Latina piensan en nuestro café, en nuestro tabaco, en nuestro ron, en nuestro sol o en nuestras playas. Pero casi nunca piensan en nuestro presidencialismo, en nuestro federalismo o en nuestro liberalismo
Nuestros calificadores extranjeros de seguridad y delincuencia consideran que requerimos la sabiduría, la experiencia, la alteza y el dinero de ellos. Que nosotros no sabemos, no tenemos y no podemos. Que ellos tienen que surtirnos nuestra solución, aunque ellos no hayan encontrado la suya.
De manera reciente, Donald Trump nos censuró y amenazó por lo de la migración. Después, nos alabó, pero nos amenazó. Ahora, nos regaña y nos amenaza por lo del narcotráfico. El apapacho nos cayó como golosina o como placebo. A muchos de nuestros gobernantes los hizo sentir que ya eran mejores de lo que eran antes de escucharlo. Después, la regañiza ya no nos gustó tanto. Pero hay días de tronar cohetes y hay días de recoger varas. (José Elías Romero Apis, Excélsior, Opinión, p.14)