Desde hace una semana, Estados Unidos ha triplicado la deportación de migrantes.
Y es que el ingreso de personas de manera ilegal a nuestro vecino país en el último año ha roto récord en cifras. Lo que sucede es que hoy en día muchos delincuentes que pertenecen a grupos criminales han visto la migración como un negocio millonario. Y sin duda lo es.
Aquellos que se hacen pasar por organizaciones civiles que arropan a los indocumentados, en realidad hacen el trabajo de los antiguos polleros de llevar a personas ilegales a Estados Unidos. Sólo que hoy ese negocio es operado por personas que trabajan para los cárteles de la droga.
Muchas personas ahorran durante años para poder pagarle a los traficantes de personas y así llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Es la única manera que tienen muchos para salir de la violencia y pobreza extrema.
Estos traficantes los tratan como si fueran objetos, y a algunos los dejan atrapados en tráileres junto a decenas de personas que mueren por asfixia conforme pasan las horas.
Además de traficar con los migrantes, a quienes extorsionan, esos grupos criminales introducen droga por las mismas rutas. Muchos migrantes son secuestrados para ser prostituidos. En América del Norte, 25% de las víctimas del delito de trata son migrantes. Esto es porque el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado.
La mayoría de los migrantes entran por Chiapas, una zona controlada por los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, el tráfico de migrantes en esta zona se ha convertido en uno de los negocios ilegales más redituables además del tráfico de drogas.
La ruta del Golfo de México, que comprende precisamente Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, es la más utilizada por los migrantes para llegar a Estados Unidos o bien por los cárteles que trafican con ellos.
Para estos grupos, organizar y llevar caravanas de migrantes hasta la frontera entre México y Guatemala es ya una forma de operar, pues a través de engaños y con mensajes en redes sociales comienzan a organizarlos para que se animen y emprendan el viaje.
Las autoridades mexicanas estiman que los polleros cobran por cruzar a los centroamericanos a Estados Unidos de 70 mil a 209 mil pesos, y para quienes viajan desde otro continente el precio se eleva hasta 313 mil pesos.
Recordemos que en el tráfico de migrantes los precios se fijan de acuerdo con la nacionalidad, pues los criminales establecen una base ante los obstáculos para el traslado y también considerando las posibilidades económicas de los mismos migrantes de cada país.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), casi 14 mil menores de edad fueron repatriados desde el país vecino, en su mayoría son de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Pues estos delincuentes cobran entre dos mil y cinco mil dólares para cruzar a personas a los Estados Unidos, muchos, menores de edad, que viajan sin compañía.
El 92% de estos niños tienen edades de entre 12 y 17 años, así lo reveló el documento denominado “Niñas, Niños y Adolescentes migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México” y publicado por esa dependencia.
Desde 2016, este fenómeno ha ido en aumento, siendo 2021 el año con más casos al reportar 22 mil 830 menores de edad deportados. Estados Unidos ha llevado a cabo estas repatriaciones por ocho puntos fronterizos: Nogales, Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Piedras Negras, Mexicali y Matamoros. La mayoría son menores de 11 años de edad, mientras que 42% del total, son mujeres. Y reitero, estos menores de edad y mujeres son trasladados por miembros del crimen organizado que se dedican a trasladar droga y personas.
Hay que cruzar esta información para darnos cuenta de la magnitud del problema: por ejemplo, Chiapas, que es el estado con el mayor tránsito de migrantes, es también un estado donde pasan toneladas de droga. Recientemente, se han intensificado los decomisos de cocaína en altamar en esa zona.
El pasado 6 de noviembre, un grupo delictivo arrojó al mar 44 bultos con mil 312 kilogramos de cocaína, a 340 kilómetros, al suroeste de Puerto Chiapas. A través de los trabajos de inteligencia, efectivos de la Marina detectaron las operaciones e interceptaron el cargamento.
Chiapas tiene al menos seis rutas para el tráfico de droga y es un estado disputado, principalmente, por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, debido a que tienen el mayor contacto con cárteles de Sudamérica para el envío de la droga.
En las costas de esta entidad, así como en Oaxaca, Michoacán, Colima y Guerrero, es donde más cargamentos de cocaína se han interceptado. Justo casi en los mismos estados donde han regresado a los menores deportados.
En Guerrero, hace días, también se realizó un decomiso relevante en las costas de Acapulco, ocurrió el 28 y 29 de octubre, eran mil 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína y dos embarcaciones con 65 bidones con tres mil litros de combustible, además hubo ocho detenidos.
Con los cárteles de la droga manejando a los migrantes, éstos se convierten en un riesgo para las autoridades estadounidenses. La realidad es que estos migrantes están siendo víctimas de delincuentes profesionales, quienes los engañan, extorsionan y les quitan lo poco que tienen.
Ésta es la tragedia que se vive, una y otra vez. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 15)
Ayer, recién terminada la elección, después de que los republicanos y, sobre todo, los trumpistas tuvieron una mala elección, el gobernador de Texas ahora reelegido mandó una carta a un juez texano que decía:
“En mi Orden Ejecutiva GA-41 invoqué las Cláusulas de Invasión del Artículo I. 10 de la Constitución de Estados Unidos y el Artículo IV. 7 de la Constitución de Texas para autorizar plenamente a Texas tomar medidas sin precedentes para luchar contra la invasión en nuestra frontera. Como gobernador de Texas y comandante en jefe de sus fuerzas militares, estoy usando esa autoridad constitucional, así como otras autorizaciones y órdenes ejecutivas para:
“Desplegar la Guardia Nacional para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y rechazar a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente;
“Desplegar el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para arrestar y devolver a la frontera a los inmigrantes que cruzaron ilegalmente y desplegar DPS para arrestar a inmigrantes ilegales por actividades delictivas; construir un muro fronterizo en varios condados de la frontera; desplegar botes armados para asegurar la frontera; designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras; entrar en un pacto con otros estados para asegurar la frontera; concertar acuerdos con potencias extranjeras para mejorar la seguridad fronteriza; y proporcionar recursos para que los condados fronterizos aumenten sus esfuerzos para responder a la invasión fronteriza”.
Hasta ahí el anuncio/carta del gobernador de Texas.
Muchas de las cosas anunciadas no tendrán efectos reales y tendrán retos en las cortes. Al mismo tiempo, el anuncio de Abbott incrementará el ánimo antiinmigrante y hará que otros gobernadores del mismo talante se animen a cosas similares. De hecho, algunos candidatos republicanos fronterizos habían amenazado con medidas como la anunciada por Abbott.
El anuncio de Donald Trump de que buscará la presidencia en dos años, después del resultado electoral reciente, solo hará que en busca de esa base de votantes xenófobos y racistas endurezcan su discurso y el de sus aliados, lo cual hará que los demócratas sigan sin meter las manos.
Serán dos años de crisis en la frontera y discurso antiinmigrante duro. Mala cosa, mala noticia para los paisanos y tantos otros. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Las relaciones entre Estados Unidos y México parecen estar en un momento de animación suspendida, a la espera de que algo suceda.
Es una situación derivada de momentos, como los cambios en octubre de la Secretaría de Economía y equipo negociador en México, y especialmente de las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 8 de noviembre.
Los primeros obligaron a diferir contactos. Las segundas, pintaban como un desastre para el gobierno del presidente Joe Biden sobre la base de una economía atribuida por la inflación, problemas en sus cadenas de suministro y la propaganda republicana sobre visiones de inseguridad fronteriza, debido a migrantes y peticionarios de asilo centroamericanos y venezolanos procedentes de México.
El desastre no ocurrió y se prevé que la relación bilateral salga de su actual quietud para avanzar sobre varios frentes.
Para empezar, algo debe ocurrir durante la cumbre norteamericana, el próximo diciembre –o tal vez en enero de 2023–, en la que se espera que Biden y el premier canadiense Trudeau traten de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar a arreglos en torno a la debatida reforma de leyes de energía de México, que muchas empresas y sus aliados en los gobiernos de esos países consideran discriminatoria.
AMLO no está “desarmado” y más allá de su ideológica defensa del nacionalismo energético y gestos conciliatorios, como el impulso a proyectos vinculados con la energía solar y la explotación del litio en Sonora, tiene una carta políticamente importante: la llave de la migración.
Pero es una herramienta a usarse con cuidado extremo.
Por un lado, mucha de la popularidad de López Obrador entre los migrantes mexicanos es su demanda por la regulación de los indocumentados en EU, pero también hay preocupación por la incesante llegada de nuevos peticionarios de asilo, a través de la frontera con nuestro país.
Que dos gobernadores republicanos considerados nacionalistas, como el texano Gregg Abbott, y el floridano Ron DeSantis, hayan sido reelectos fácilmente puede ser una señal de la opinión entre muchos estadounidenses, incluso de orígenes cubano y mexicano.
Así, las sospechas son de que habrá maniobras y negociaciones antes que se llegue a marzo de 2023, mencionado por muchos en Washington como el momento cuando se hará la convocatoria a paneles de arbitraje entre el gobierno mexicano y las empresas afectadas por leyes retroactivas y violatorias del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Se sabe que el gobierno de AMLO ha buscado resolver las quejas de inversionistas de EU y que el propio mandatario ha sostenido encuentros personales con varios de ellos.
Lo cierto es que en una relación tan compleja como la de Estados Unidos y México nunca hay momentos de real marasmo, y ensayo cuando economías y sociedades marcan nuevos impulsos a la regionalización, pero retos a nacionalismos. (José Carreño, El Heraldo de México, Orbe, p. 31)
Desde los 40, el Partido Demócrata consiguió el voto mayoritario de los obreros, porque empujó leyes que mejoraron las condiciones y las remuneraciones laborales. También contó con el respaldo de la población de color, ya que en los 60 promovió que se le reconocieran plenamente sus derechos civiles. Los latinos lo han seguido, porque apoyó la sindicalización de los trabajadores agrícolas y porque les prometió regularizar su situación migratoria.
Los demócratas llevan dos décadas perdiendo la simpatía de esos segmentos demográficos y (se probó en la reciente elección) no han atinado a detener la sangría.
En el caso de los latinos ha pesado mucho que tanto Clinton como Obama les ofrecieron ambiciosas reformas migratorias y no sólo no les cumplieron, sino que además multiplicaron las redadas y las deportaciones.
Sabiendo que tampoco tendría las condiciones para lograrlo, Joe Biden prometió una reforma migratoria “comprehensiva” y un “camino rápido” para obtener la ciudadanía.
Lo único que ha hecho es prolongar el programa Dreamers, que desde 2012 es un paliativo, ya que cada vez que se vuelve a activar es echado abajo por los jueces. Los que llegaron como infantes o niños a Estados Unidos reciben permiso para trabajar y son protegidos de una deportación sólo temporalmente.
Esa medida beneficia a los que entraron ilegalmente a partir de los 90, pero la mayoría de los latinos nació en la Unión Americana y son residentes legales o ciudadanos. Por ejemplo, en California únicamente 5% nació en otro país.
Gran parte de los que llevan muchos años viviendo sin papeles y que tienen hijos nacidos allá, no le ve sentido a buscar la ciudadanía; lo que demandan es la residencia permanente.
Además, muchos hispanos se ven afectados por el continuo influjo de indocumentados. Eso es evidente en los estados fronterizos, donde hay competencia por los puestos de trabajo y los sueldos se mantienen bajos por la abundante mano de obra de reemplazo.
TORPEZA
Aunque los latinos son ya la primera minoría y la quinta parte de la población, son más reacios a la participación política que otros grupos. Por eso, el Partido Demócrata no ha hecho demasiado esfuerzo para afiliarlos. Cuando cortejan su voto lo hacen en forma descuidada.
El llamado “hispander” es el trato condescendiente y poco auténtico en el final de las campañas. La candidata sale con un cartelón que dice “I am TU Hillary” pero no les ofrece nada de lo que realmente necesitan. El candidato sale tomando tequila cuando en anterior entrevista dijo que sólo bebe whisky. O se mete a degustar un taco o un burrito a algún restaurante de la cadena Chipotle, sin entender que a la comunidad no le agrada esa comida falsamente mexicana.
Rara vez aparecen los candidatos en las fiestas barriales o en las estaciones de radio que oyen los latinos.
La desconexión de los demócratas con su sensibilidad los ha llevado a cometer grandes errores. Les molesta que los identifiquen como LATINX. Lo perciben como un esnobismo mamón porque en español existe latino y latina.
Hace algunos años la emprendieron contra las estatuas de Cristóbal Colón. Muchos mexicoamericanos, que antes no habían advertido la existencia de esos monumentos, lo sintieron como una ofensa a sus raíces.
Este año, en Florida, mientras los republicanos acusaban de socialista a Biden, los demócratas hicieron su campaña alrededor de la palabra “Adelante”, que los exiliados cubanos asocian con los discursos y los lemas de Fidel Castro. Eso mismo ya les había pasado en la campaña de Clinton en 1996.
Propuestas que pueden ser populares entre la élite blanca de las grandes metrópolis no les dicen nada o suscitan rechazo entre los latinos.
Es el caso de la prohibición de armas, que no gusta a los que viven en zonas de alta criminalidad. O el aborto sin ninguna restricción e incluso más allá de las 20 semanas, que promovieron algunos candidatos, sin considerar que la mayor parte de los latinos es católica o evangélica.
Lo mismo sucede con muchas medidas contra el cambio climático. Para ellos significan pérdida de empleos.
Los demócratas no alcanzan a comprender que los latinos no quieren que los singularicen. Los que viven en los suburbios quieren lo mismo que el resto de la clase media. Los que sobreviven en el centro de las ciudades desean, como todos, mejores servicios de educación, salud y seguridad. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 28)