Desde hace meses, pero sobre todo después del incendio en Ciudad Juárez que ocasionó la muerte de 40 migrantes en esa ciudad en marzo pasado, los albergues para migrantes del sector público se han ido cerrando progresivamente, y los hombres, mujeres y niños que arriban por cientos de miles a nuestro país tratando de llegar a Estados Unidos terminan, la mayoría de las veces, en una suerte de trampa de la que es imposible salir, porque no pueden ingresar a Estados Unidos y quedan inmovilizados en México, sin recursos, muchas veces sin amparo legal alguno, casi siempre explotados por criminales porque ese tráfico de personas está en manos de los grupos del crimen organizado, desde el sur al norte del país, y no sólo cobran por el traslado, sino que también secuestran, violan, abusan de mujeres y niños, y piden rescate a sus familiares y amigos.
Tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país los albergues privados, de iglesias de distintas confesiones o de organizaciones humanitarias, están rebasados, los migrantes están durmiendo en calles o parques donde no tienen ni siquiera condiciones mínimas de higiene y salud. Se repiten las protestas de vecinos porque sus colonias están rebasadas por migrantes y la respuesta de las autoridades es literalmente nula.
En el mejor de los casos, dicen que es un problema compartido o que es responsabilidad de las autoridades federales y no locales, y que no pueden hacer nada. Las autoridades federales y el Instituto Nacional de Migración ya prácticamente no manejan albergues ni ayudas y unos dos millones 200 mil personas que entran al país en forma ilegal cada año se quedan sin apoyo alguno.
Pero es peor. Hay situaciones que son sencillamente intransitables, inaceptables desde cualquier punto de vista en el trato que sufren los migrantes. Esta semana, tras un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional, la noche del lunes 13 de noviembre de 2023, en la colonia Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, fue detenida a una célula dedicada al secuestro de migrantes.
En toda esa alcaldía son recurrentes las protestas de los vecinos por la situación en que están los migrantes que se establecen en la zona. Esta misma semana, los vecinos bloquearon por esa razón el Circuito Interior y, cubriendo esas protestas, una reportera de adn40 y Televisión Azteca, junto con su camarógrafo, fueron agredidos por los delincuentes que explotan a los migrantes.
En el operativo de la Sedena se detuvo a una banda de secuestradores compuesta por ocho personas, que durante mucho tiempo operó con total impunidad en la Gustavo A. Madero, aparentemente (no puede ser de otra forma) con protección de las autoridades. Los vecinos denunciaron que ya habían reclamado por las irregularidades que se presentaban en el inmueble que servía como casa de seguridad, pero la policía local no les hacía caso. En dicho inmueble se escuchaban gritos de personas y se veía entrar y salir a mucha gente de distintas nacionalidades.
A partir de trabajos inteligencia e investigación y luego de una orden de cateo otorgada por un juez federal, integrantes del Ejército mexicano, en apoyo a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS-FGR), ubicaron la casa de seguridad y rescataron a ocho migrantes secuestrados de nacionalidad haitiana. Estaban en condiciones deplorables: encadenados al piso y con signos de tortura en sus cuerpos. Entre los secuestrados había cuatro mujeres, incluyendo una niña de diez años de edad.
Los secuestradores abusaban de sus víctimas y utilizaban a las mujeres en actos forzados de prostitución, sobre todo a menores de edad, a las que drogaban y vendían a sus clientes.
Según las informaciones de inteligencia, los secuestradores pedían a los familiares de las víctimas entre ocho y nueve mil dólares, amenazaban con matarlos o mutilarlos. Una vez que era pagado el rescate, sólo en algunas ocasiones liberaban a los hombres, pero a las mujeres las seguían reteniendo para prostituirlas.
Según las autoridades federales, el tráfico y la extorsión a migrantes les deja ganancias a las bandas del crimen organizado de cerca de 100 millones de dólares mensuales, sin que tengan que invertir dinero y con menos riesgos que las drogas, por esa razón el tráfico y extorsión de personas ha desplazado en muchas regiones del país al narcomenudeo, pues les dejan mayores beneficios económicos.
Los migrantes haitianos rescatados se encontraban en pésima situación de salud, sin comer ni bañarse, encadenados y golpeados, y fueron puestos bajo el cuidado y protección de la FGR.
También los ocho detenidos están a disposición de las autoridades federales. Estaban encabezados por Gustavo “N”, de 31 años de edad y originario de la Ciudad de México. Los otros integrantes eran Víctor Efrén “N”, de 47 años; Luis Antonio “N”, de 37; Edwin Israel “N”, de 34; Erick Fabián “N”, de 27 años; Juan “N”, de 25 años; Zaid “N”, de 19, y Alberto “N”, de 18 años de edad. Esta banda fue desarticulada, pero la pregunta es cuántas células como ésta operan en todo el país, bajo el mando de los principales grupos criminales y con protección de autoridades locales. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)
El fin de semana pasado, The New York Times publicó un reportaje sobre lo que sería una segunda presidencia de Donald Trump en relación con la migración.
La mayoría de las preguntas de los reporteros las contestó Stephen Miller, autor de buena parte de las políticas migratorias durante la primera presidencia de Trump y que en caso de que regresara a la Casa Blanca, tendría un puesto importante. Miller sigue cerca de Trump.
Las preguntas del Times surgieron de la insistencia de Trump ahora en ampliar su programa antiinmigrante en cada una de sus apariciones públicas en estos días de campaña republicana.
Particularmente de algo que había dicho en septiembre en Iowa: “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos”.
Trump se refería a la operación Espalda Mojada de 1954, cuando se arrestaron y deportaron mexicanos.
Miller confirmó al Times que eso es parte del plan. “La deportación masiva será una alteración del mercado laboral celebrada por los trabajadores estadunidenses, a quienes ahora se les ofrecerán salarios más altos con mejores beneficios para ocupar estos puestos de trabajo”, dijo. “Los estadunidenses también celebrarán el hecho de que las leyes de nuestra nación ahora se aplican por igual y que un grupo selecto ya no está mágicamente exento”.
Pero como siempre con Trump, hay más, por ejemplo: “En una segunda presidencia de Trump, se cancelarían las visas de los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones en contra de Israel o pro-Palestina. Los funcionarios consulares estadunidenses en el extranjero recibirían instrucciones de profundizar la revisión ideológica de los solicitantes de visa para bloquear a personas que el gobierno de Trump considere que tienen actitudes indeseables. A las personas con un estatus de protección temporal porque provienen de ciertos países considerados inseguros, lo que les permite vivir y trabajar legalmente en EU, se les revocaría ese estatus”.
En estos días el presidente López Obrador verá a Joseph Biden. Entiendo que la reunión tiene otros temas, pero uno supondría, viendo las encuestas, que deberían discutir qué pueden hacer en el tiempo que les queda para proteger a los que nadie ha protegido, los migrantes. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
El fenómeno migratorio es una realidad que no se detendrá. Los múltiples registros en el aumento de personas que se encuentran en movilidad transfronteriza mundial –incluidas familias, mujeres y menores de edad solos–, así como la peligrosidad de las rutas irregulares que transitan y que, en ocasiones los lleva a arriesgar su vida, es directamente proporcional a la falta de oportunidades, carencias socioeconómicas e inseguridad que viven las y los migrantes en sus países de origen. A lo anterior se suma la falta de políticas que deriven en una gestión del fenómeno migratorio seguro, regular y ordenado.
El 3.6 por ciento del total de la población del mundo son migrantes, y en su mayoría lo hacen para buscar mejores oportunidades laborales. El corredor migratorio entre México y los Estados Unidos representa cerca del 4 por ciento de la migración global, es decir, es el más grande del mundo y también el cruce terrestre más letal.
Las cifras recientes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reportan un aumento general del 62 por ciento en el flujo migratorio hacia México con destino a Estados Unidos y un incremento del 59 por ciento de menores no acompañados; además de que casi a diario las autoridades migratorias mexicanas reportan la localización de personas migrantes en trayectos de sur a norte que son transportadas por traficantes. Al mismo tiempo, México se ubica -junto con España- como el tercer país en el mundo con el mayor número de nuevos solicitantes de asilo después de Estados Unidos y Alemania.
La realidad a la que nos enfrentamos como un país históricamente de expulsión, tránsito y retorno de migrantes, es que también somos una nación de acogida, sumando nuevos retos que atender: cuidado de la diáspora mexicana, el tránsito de personas migrantes regionales y transcontinentales, y la integración socioeconómica de las y los connacionales en retorno como de las y los extranjeros.
El contexto migratorio pareciera rebasarnos, con ejemplos de lo apremiante de la situación en todo el mundo. El Gobierno mexicano se ha esforzado en atenderlo mediante los programas productivos y sociales en el sureste mexicano y el Triángulo Norte centroamericano que se dirigen a resolver las causas de raíz de la migración.
Sin embargo, la necesidad de migrar continúa.
Como he escrito anteriormente, es necesario concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas para la gestión de vías migratorias seguras y regulares. Se requiere la participación de todos los países involucrados, siendo claros de que se trata de un fenómeno multidimensional que hay que atajarlo desde una perspectiva humana y empática con propuestas de solución ágiles con base en el análisis de datos, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, e instrumentar marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración social y productiva en los países de acogida.
México es un actor clave en la gestión migratoria, y por ello su capacidad y responsabilidad debe ser sólida y resiliente. Debemos ser líderes en la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo, con esquemas de migración flexible y de movilidad temporal circular que aseguren el acceso a mercados de trabajo dignos, habilitar proyectos de capacitación bilaterales para la formación de personas con deseos de migrar, pero también con medidas que consoliden la permanencia de las personas en su país de origen, explorar programas hacia la inversión productiva de las remesas y la integración socioeconómica de las y los migrantes.
Lograrlo materializaría el fenómeno migratorio como parte importante del desarrollo sostenible local, nacional, regional y global, siempre con la plena participación de todos los niveles de Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, así como con los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de la región latinoamericana. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 14 y Ovaciones, Opinión, p. 28)
El presidente Andrés ManuelLópez Obrador está en San Francisco para participar en la cumbre de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Según informó la canciller Alicia Bárcena, el mandatario buscará abordar cuatro temas fundamentales durante su estadía en la ciudad californiana: la relación económica con Estados Unidos, el desarrollo de la infraestructura fronteriza, la atención a la migración y el trabajo realizado por México para frenar el tráfico ilícito de drogas sintéticas. Este último asunto será tratado también en una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, la primera que tiene lugar entre ambos jefes de Estado.
Cabe congratularse por los avances positivos en la intensa integración económica de México y Estados Unidos. En el marco del tratado de libre comercio entre éstos y Canadá (T-MEC), la relación ha contribuido al empeño del gobierno federal de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, trágicamente deteriorado durante cuatro décadas de neoliberalismo. Hay la perspectiva de que estos vínculos se fortalezcan en el contexto actual de impulso al nearshoring, es decir, la relocalización de las cadenas productivas a fin de acortar la distancia geográfica entre las zonas de producción de bienes manufacturados –sobre todo, los considerados estratégicos– y las de consumo. Asimismo, es por demás pertinente que se dialogue sobre el tráfico de precursores químicos del fentanilo a fin de controlar la crisis de abuso de este opioide que siega decenas de miles de vidas estadunidenses cada año; y es obviamente deseable que se alcancen acuerdos en materia migratoria que permitan dar un cauce humanitario al flujo de personas que cada día ingresa al territorio mexicano en el intento de alcanzar el sueño americano.
Sin embargo, la enumeración de la canciller no contiene puntos cuya inclusión debiera aparecer en el temario de las conversaciones entre las delegaciones de ambos países. En primera instancia, el encuentro con dos decenas de economías, con 14 de las cuales se han establecido tratados de libre comercio, es una oportunidad privilegiada para estimular la tan necesaria como lejana diversificación de los destinos de las exportaciones mexicanas: en 2022, Estados Unidos absorbió casi 80 por ciento del valor de las exportaciones del país; en contraste, únicamente 0.75 por ciento se envió a Japón, la tercera economía mundial, socio de la APEC y con quien existe un Acuerdo de Asociación Económica desde 2004.
Por otra parte, y de igual relevancia, parece que en la reunión con el presidente Joe Biden se dejará de lado el tema del río de armas que fluye de manera incesante desde Estados Unidos hacia México. El país no puede permitirse esta omisión en tanto el poder de fuego exportado por nuestro vecino del norte es un factor primordial en la violencia y la inseguridad a que se ven sometidos connacionales víctimas del crimen organizado. Más allá de la incapacidad o la falta de voluntad de la Casa Blanca para acotar el armamentismo patológico de sus propios ciudadanos, debe remarcársele que parar el trasiego ilegal de armas hacia México es una tarea ineludible para la consecución de sus objetivos declarados de combate al narcotráfico. Hacer que Washington asuma su responsabilidad en la persistencia y el poderío de las organizaciones criminales en Latinoamérica ha sido un reclamo tan justo como constante de las actuales autoridades federales mexicanas, y no puede quitarse el dedo del renglón, aunque el recordatorio desagrade a los políticos estadunidenses, acostumbrados a culpar a otros de sus problemas. (Editorial, La Jornada, p. 2)
Tener como vecino y socio estratégico a Estados Unidos resulta clave, pero no es sencillo para México, porque temas como la seguridad, economía, migración y las relaciones exteriores con otros países influyen en la agenda binacional.
Por ello, resulta indispensable hablar de interés nacional, porque ese punto específico marca una diferencia de fondo, debido a que cada país tiene objetivos nacionales permanentes distintos, y por tal circunstancia, la conducción de la política exterior tiene como resultado un accionar acorde a sus necesidades, más aún cuando las elecciones presidenciales están cerca de llevarse a cabo en 2024 para ambos países.
En tal sentido, es relevante hacer un señalamiento en términos de la política exterior del gobierno estadounidense, misma que tiene un enfoque que lleva implícito el tema de seguridad nacional con México.
Esa variable genera un dinamismo complejo por todos los temas que concurren en ese límite geográfico, especialmente con lo concerniente al narcotráfico, tráfico de armas y de personas, así como la constante migración proveniente de nacionales mexicanos y de otros países.
Basta apreciar la reciente comitiva estadounidense que visitó México el pasado 5 de octubre, integrada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el fiscal general, Merrick Garland, así como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, entre otros funcionarios que conforman el núcleo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre México y Estados Unidos forma parte de la promoción del interés nacional entre ambos países y tuvo lugar debido a dos factores: los flujos de personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y el tema de la crisis de fentanilo que ha dejado aproximadamente más de 100 mil muertes de ciudadanos estadounidenses.
Estos dos temas, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, son y serán usados en contra de México para capitalizar el voto duro, conservador y nativista de los estadounidenses.
México debe estar preparado para tal escenario, porque también se llevarán a cabo elecciones y serán enormes, porque se elegirá el cargo de Presidente de la República, y se renovará el Poder Legislativo, con los 128 escaños del Senado y los 500 de la Cámara de Diputados. Esto debe ser considerado por los candidatos a ocupar la presidencia el siguiente año, porque una elección alimentará a otra, y tal circunstancia será usada en los debates presidenciales en Estados Unidos, particularmente para abordar los temas de fentanilo, migración y la lucha en contra de los grupos del crimen organizado. ¿Cuál será el interés nacional de la República Mexicana para el nuevo gobierno? Esa es la prospectiva que debe pensarse para 2024, porque para los estadounidenses está claro: será presionar a México. (Jorge Luis Aguirre Ramírez, El Heraldo de México, Editorial, p. 16)
Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí sostuvo una reunión en privado con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), marcando su primer encuentro con altos jerarcas católicos desde 2021. Que durante el encuentro abordó temas cruciales como la construcción de la paz y la atención al problema humanitario de la migración en México. Lo cierto es que, según los enterados, a los padrecitos les dio miedo preguntar y quejarse, aunque desde hace días algunos planeaban cuestionar directamente al mandatario por lo que ellos consideran no se está haciendo bien en el país. Pero al final, tuvieron temor y salieron agradecidos porque sí llegó. (A la Sombra, El Sol de México, República, p. 2)
Alicia Bárcena
Canciller mexicana
Rápida, la respuesta de la canciller ante la aprobación en el Congreso de Texas de una ley antimigratoria con dedicatoria a México. Estas medidas pretenden detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización. (Sube y baja, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
Fronteras abiertas a la prosperidad incluyente
En un mundo globalizado, es natural y deseable que fluyan libremente todos los recursos: capital, mercancías, tecnología y gente. Las mentes genuinamente liberales no cuestionan este principio. No obstante, en Estados Unidos abundan voces que buscan culpar de sus problemas a los inmigrantes, especialmente a los hispanos.
Pero mientras muchos gobiernos deciden restringir los flujos migratorios, “Open borders: the science and ethics of immigration”, de Bryan Caplan y Zach Weinersmith, nos permite conocer argumentos sólidos: económicos, fiscales y culturales, además de consideraciones éticas, en favor de la libre movilidad de las personas.
El libro indica que a pesar de que el ingreso real anual en el mundo prácticamente se duplicó en los últimos 35 años, y la tasa de pobreza global se redujo en más de dos tercios en el mismo lapso, hay una gran disparidad entre países que se podría reducir notablemente si se permite la libre migración internacional, beneficiando tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras.
La conclusión es muy sencilla: con fronteras abiertas se incrementa considerablemente la riqueza a nivel mundial. Es un raro ejemplo de una política pública que mejora el bienestar de prácticamente todos.
Cuando un trabajador migra a un país o a una región con abundancia relativa de capital, es decir, con un gran número de empresas equipadas con tecnología, aumenta la productividad del trabajo y se generan más bienes y servicios en esa economía.
Una persona más productiva eventualmente tendrá un mayor salario, lo que contribuye a incrementar el ingreso agregado del país receptor y la riqueza en el mundo. De hecho, lo mismo sucede cuando hay libre movilidad laboral dentro del territorio nacional —digamos del campo a la ciudad— donde el trabajador urbano se beneficia de la tecnología y puede producir más y, por lo tanto, ganar más que en el entorno rural.
El impacto para el país que recibe al migrante es muy favorable y se puede medir a través del valor presente neto (VPN), de manera precisa. Se ha demostrado en diversas ocasiones que el VPN de un joven migrante, es decir, la riqueza que genera para el país a lo largo de su vida, en términos constantes, menos lo que el Estado invierte en su bienestar, es positivo —incluso si el migrante es poco calificado—, por lo que no solo quien migra está en mejor situación, sino que las finanzas públicas del país que lo recibe también tienden a fortalecerse.
En el caso de migrantes de edades avanzadas que no generen un VPN positivo, lejos de prohibirles migrar, simplemente se les pueden cobrar mayores impuestos o una contribución inicial, que compense el costo superior que representan para las finanzas públicas, hasta volver positivo su valor neto generado.
En muchos países impera el argumento que estipula que “un mayor número de personas, que compiten en el mercado laboral con los trabajadores ya establecidos, tiende a reducir el salario de equilibrio y daña los ingresos de las familias locales”. La realidad, sin embargo, es que los migrantes al ser a su vez empleados, incrementarán su consumo, por lo que las empresas contratarán más colaboradores para satisfacer la nueva demanda y el salario de mercado eventualmente tenderá a incrementarse.
Un argumento adicional que se usa en contra de la libre migración, es que causa un impacto negativo en las finanzas públicas ya que crece el costo de los servicios públicos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se requiere incrementar la oferta de bienes públicos si aumenta la población y el costo de proveerlos permanece relativamente estable. Un ejemplo es el ejército, que con el mismo presupuesto protege indistintamente a pocos o a muchos ciudadanos. Otro ejemplo es el alumbrado público —el hecho de que muchas personas utilicen simultáneamente un recurso es la definición misma de un bien público.
Por otro lado, un gran número de programas sociales como las pensiones y los sistemas de salud son piramidales, es decir, dependen de que un amplio número de jóvenes sostenga a las personas de mayor edad, lo que implica que, dada la estructura poblacional de varios países desarrollados, con una importante proporción de adultos en edades avanzadas, se requiere de migrantes que contribuyan con recursos para solventar los costos crecientes de los sistemas de pensiones que de otra forma serían deficitarios.
En el ámbito del tejido social y la sana convivencia, la migración también es muy positiva. Las estadísticas indican que los índices de criminalidad entre los migrantes son inferiores que entre quienes nacieron en el país receptor. De hecho, la tasa de migrantes encarcelados en Estados Unidos es un tercio menor en comparación con los norteamericanos por nacimiento.
Por otro lado, para quienes indican que la migración genera desintegración cultural, la respuesta de los autores es que los migrantes asimilan rápidamente el idioma y los valores sociales del país que los recibe, además de que generan un entorno cosmopolita que enriquece la vida cultural y a su vez genera bienestar económico.
Los migrantes tienden a mejorar su alimentación, su salud y su educación, lo que los fortalece física e intelectualmente, incrementando su capital humano. Además, las fronteras abiertas promueven la igualdad de oportunidades y permiten impulsar los talentos individuales de los locales. Un claro ejemplo es la Unión Europea, que facilita a cada ciudadano usar sus capacidades donde sean más productivas a lo largo de una extensa y diversa geografía, lo que incrementa la especialización y promueve la creación de riqueza a lo largo de todo el continente.
En Grupo Salinas buscamos impulsar el progreso de las comunidades, y promovemos la libre movilidad de personas como herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de empleo y la productividad laboral, lo que permite satisfacer de mejor manera las necesidades de la sociedad y fortalecer los ingresos de las familias.
Si bien es cierto que esta movilidad se vio afectada por las restricciones impuestas por diferentes países como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la realidad que impulsa a las personas a migrar para buscar mejores condiciones de vida persiste e incluso, se ha hecho más apremiante, por lo que las ideas de Bryan Caplan y Zach Weinersmith son más vigentes que nunca: necesitamos priorizar la libertad y respeto a las personas que valientemente salen de su hogar en la búsqueda de entornos más justos, para crear una verdadera Prosperidad Incluyente. (Ricardo Salinas Pliego, Presidente y Fundador de Grupo Salinas, El Sol de México, Análisis, p. 12)