Nueva cultura de derechos humanos
En los últimos cuatro años, el gobierno de México ha impulsado una transformación en la cultura institucional para superar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el viejo régimen. En ocasión del Día de los Derechos Humanos, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció y encaró la dolorosa herencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos: el Estado fue omiso en buscar a las personas desaparecidas, en la protección a los grupos vulnerables y en garantizar los derechos humanos. El compromiso por transformar y revertir la situación sin simulaciones ha colocado en el centro la atención de las víctimas. Con un enfoque transversal y perspectiva de género, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-24 es resultado de una consulta ciudadana y del trabajo técnico de 14 equipos institucionales.
Entre los avances destaco el fortalecimiento institucional. Se crearon las 32 comisiones estatales de búsqueda de personas, centros de resguardo e identificación humana. El Centro Nacional de Identificación Humana es el único en el mundo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, cruces masivos de información abren indicios para las búsquedas. En 3 mil 400 jornadas de búsqueda se registran 5 mil 275 fosas clandestinas y 9 mil 220 cuerpos (2006-22). El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atendió mil 300 medidas personalizadas, cuenta con 85 refugios de seguridad, 64 servicios de escolta y 700 domicilios equipados con infraestructura de seguridad, su presupuesto aumentó 100 por ciento (a mil 800 millones) por instrucción presidencial.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres construyó 16 nuevos centros de justica para las mujeres y fortaleció los refugios; se brindaron mil 500 atenciones a sobrevivientes de feminicidio y familiares para garantizar el acceso a la justicia. Un millón 202 mil 918 mujeres fueron atendidas por 7 mil 208 especialistas, se capacitó a 56 mil servidoras públicas; el subsidio para la prevención y atención especializada creció 47 por ciento. Para generar mecanismos de atención y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas consolidó los centros de atención, ofreció más de 354 mil atenciones (jurídicas, sicológicas, médicas y trabajo social), emitió 944 resoluciones de reparación y compensación del daño por violaciones a derechos o delitos; se erogaron 2 mil 906 millones 520 mil pesos, así como mil 23 millones en favor de 4 mil 400 víctimas.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) presentó un informe preliminar el 18 de agosto de 2022 y el 1º de noviembre entregó a la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR. El alcance al informe da cuenta del análisis integral y sistematiza 154 eventos cometidos a partir del 26 de septiembre de 2014, 99 eventos coincidentes con otras fuentes, 55 no coincidentes, 38 basados en capturas con metadatos de 2014 y 61 en capturas de metadatos posteriores. Se realizaron 824 jornadas de búsqueda, las labores de campo y gabinete continúan en estrecha coordinación con el actual fiscal del caso. La apertura del Campo Militar número uno, el pasado 22 de junio, es un avance sin precedente de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos HUmanos 1965-1990.
En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por primera vez dirigido por una mujer indígena, destaca la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 y la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 (Conapred/Inegi). El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes publicado presentó avances en 92 por ciento de acciones. En la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México se han atendido conflictos agrarios y acuerdos de paz en más de 10 entidades. El Registro Nacional de Población instaló el Sistema Nacional de Registro e Identidad y creó la CURP para solicitantes de refugio y personas repatriadas. En esta administración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha registrado 342 mil 335 solicitudes de personas de 110 diferentes nacionalidades. La Unidad de Política Migratoria consolidó el Programa Temporal de Regularización Migratoria.
Imposible abarcar un informe tan robusto. Para anticipar los retos y oportunidades en el mediano y largo plazo ante la dinámica demográfica, el Consejo Nacional de Población (Conapo) diseña las Proyecciones de la Población de México y sus entidades para los años 2022 a 2070, se documenta el inminente envejecimiento poblacional y el rezago en la fecundidad de adolescentes. El lunes pasado, el Senado avaló el dictamen por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en compatibilidad con los esfuerzos del gobierno federal y con las proyecciones para este sector. (Gabriela Rodríguez*, La Jornada, Opinión, p.18)
El patio trasero
El 8 de diciembre, Tim Golden, experimentado periodista que ha recibido el Premio Pulitzer, publicó en el New York Times un extenso reportaje sobre las investigaciones que llevaron a la captura y liberación del general Cienfuegos.
El texto es revelador por su detallada información y por la peculiar manera en que Estados Unidos se relaciona con su “patio trasero”: México. Golden rastrea a miembros de la DEA y a jueces y fiscales de Estados Unidos que luchan contra las drogas. De manera implícita, asume que, a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios mexicanos, las intenciones de los agentes de su país son siempre correctas, algo difícil de sostener en un ámbito donde abundan la sangre y el dinero.
Toda crónica incluye las prenociones del cronista. Golden despliega un complejo entramado, pero no es ajeno a la dialéctica de Buenos y Malos. Al describir el tatuaje zombie de Timothy Beck, agente de la DEA, comenta que esa peculiaridad no altera su rendimiento: su rareza es confiable. Pero al abordar el otro bando, afirma que Mario Villanueva debe su apodo de El Chueco a su corrupción: su rareza es desconfiable. No hay modo de defender al ex gobernador de Quintana Roo, pero ese mote no prefiguraba su conducta: lo conquistó por padecer una parálisis facial que a los siete años le dejó la cara torcida (incluso a los verificadores del Times se les escapa la tortuga).
Golden se ocupa del trabajo de la DEA en suelo mexicano, pero no le parece necesario subrayar que se trata de una operación clandestina en un país extranjero.
Cuando Calderón firmó la Iniciativa Mérida, por la que su gobierno recibió más de tres mil trescientos millones de dólares en ayuda militar, se subordinó a la estrategia de Estados Unidos sin alcanzar éxitos (el máximo responsable de su política de seguridad, Genaro García Luna, aguarda sentencia en una cárcel de Estados Unidos).
López Obrador canceló la Iniciativa Mérida, modificó la relación de la Marina con la DEA y rechazó planes de cooperación de la embajada. De acuerdo con Golden, esto hizo que Matthew Donahue, responsable de la DEA en el país, actuara al margen del gobierno mexicano con el apoyo del embajador Christopher Landau, quien despachó en la oficina de Reforma de 2019 a 2021. La DEA ejecutó una venganza política y ejerció la impunidad en suelo extranjero amparada en una excusa difícil de contradecir: la incapacidad del gobierno mexicano para investigarse a sí mismo.
Donahue rastreó a 35 funcionarios como posibles cómplices del narco, entre ellos el gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, que cooperaba con la banda de “los H”, protegida por un alto mando militar llamado “Zepeda”, apellido materno de Cienfuegos, y logró que un juez de Brooklyn se interesara en el caso.
Su “evidencia” provenía de mensajes interceptados en los celulares de dos miembros de “los H”. En uno de ellos, se describía a su “padrino” como “Salbador Sinfuego Sepeda”.
Supuestamente, el general recibía sobornos del cártel nayarita. Su forma de vida no cambió ni adquirió propiedades. Cuando Landau preguntó al respecto, los agentes convirtieron una conjetura en acusación: “esa fortuna es fácil de esconder en México”.
Poco después, la Marina pulverizó a “los H”. El caso contra Cienfuegos se construyó con los mensajes de dos criminales muertos, algo no muy sólido.
Donahue sabía que López Obrador no permitiría extradiciones y aprovechó un viaje del general para arrestarlo en el aeropuerto de Los Ángeles, en octubre de 2020.
De inmediato, el canciller Marcelo Ebrard habló con el fiscal general, William Barr, quien dijo no saber del asunto, y con el embajador: “Nunca había visto a Marcelo tan alterado”, comentó Landau. Ebrard los acusó de operar subrepticiamente, sin el menor respeto por México: “¿Actuarían con Francia de ese modo?”, preguntó.
La DEA había preparado una insustancial carpeta de 700 páginas que el gobierno mexicano publicó después de la liberación del general, para humillación de la agencia.
Los textos cambian según los lectores. “The Cienfuegos Affair” tiene otro significado para quienes pensamos que México no es un patio trasero sino un país. Golden ofrece un testimonio contundente de la invasiva estrategia de Estados Unidos y de la firmeza con que, en este caso puntual, el presidente López Obrador y el canciller Ebrard pusieron límites a la intervención extranjera. (Juan Villoro, Reforma, Opinión, p.11)
Migrantes, un pueblo olvidado
La migración internacional indocumentada acumula cada vez más causas y dificultades.
Entre las causas, a la pobreza y la necesidad de empleo se han ido sumando otras que expulsan a personas de todas las edades y condiciones. Salen huyendo de la violencia criminal, de la inseguridad, de los cárteles o pandillas que asesinan o reclutan; escapan de la inestabilidad política, de la persecución de regímenes totalitarios, de las restricciones a las libertades fundamentales y de la guerra. El cambio climático, por otra parte, ocasionará que para 2050 haya 216 millones de desplazados en su propio país, según estimaciones del Banco Mundial.
En cuanto a las dificultades, los riesgos en el camino y en los lugares de llegada van en aumento.
En el Mediterráneo y el Atlántico murieron mil 544 migrantes durante 2020 en su intento de llegar a Europa, lo que equivale a cuatro fallecimientos cada día. Si ya era una cifra para alarmarnos, lo es más la de 2021, cuando se alcanzó un promedio diario de 8 víctimas. Sí, la muerte en esas aguas se duplicó de un año a otro para llegar a más de 3 mil el año pasado, de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Allá, Fabrice Laggeri presentó su renuncia a la dirección de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europa, que fue sometida a una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para esclarecer las llamadas “devoluciones en caliente”, que ponían en riesgo a los migrantes.
De este lado del Atlántico también abundan los muertos y escasean los responsables. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, de 2014 a julio de 2019 murieron mil 998 migrantes, esto es, mil 279 en la frontera sur de EU, 662 en México y 66 en Centroamérica.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en la frontera de México y EU han muerto mil 666 migrantes; se trata de una tendencia en ascenso: 247 en 2020; 566 en 2021; y 853 en 2022.
¿A dónde va un aumento de migrantes fallecidos en la frontera, que pasó de un promedio de dos víctimas cada tres días en 2020 a un promedio de dos fallecimientos cada día en el año que termina? ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento nos dolerá lo suficiente para evitar esta tragedia?
Los migrantes son un inmenso pueblo olvidado. Habría que impulsar una revolución profunda en el sentido y ejercicio de la responsabilidad de los países emisores y receptores de migrantes. Ni los países de origen pueden limitarse a la queja y a demandar mejor trato para los suyos, ni los de destino pueden culpar a los emisores de sus propias acciones en materia de migración. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades.
Y México especialmente, porque es territorio de llegada, de paso, de salida y de retorno de migrantes. Una responsabilidad crónica que no hemos podido descifrar con éxito. (Mauricio Farah Gebara, Milenio, Política, p.12)
Desde afuera / DeSantis, ¿el nuevo Trump?
Mientras el expresidente Donald Trump comienza a cosechar mucho del resentimiento y las enemistades que sembró durante su gobierno de 2016 a 2020, el aparato republicano parece abierto a alguien como él, pero sin sus negativos personales.
Y algunos creen haberlo encontrado en la persona del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ayer protegido de Trump y ahora su principal rival –aunque no declarado– por la nominación presidencial republicana de 2024.
El magnate enfrenta ahora una situación complicada. Es sujeto de ataques, por considerar, como indicó Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, que sus apoyos en primarias de 2022 contribuyeron a las nominaciones de candidatos problemáticos, y consecuentes pérdidas en estados indecisos donde se esperaba ganar.
Algunas de las investigaciones iniciadas en su contra, como la evasión de impuestos en sus empresas en Nueva York, parecen estar en su fase final y con resoluciones condenatorias.
En ese marco, tres encuestas publicadas esta semana muestran que el gobernador de Florida tiene, por ahora, mayor respaldo público que Trump, cuyo apoyo a DeSantis en 2018 fue un factor de importancia para que el hoy recién y cómodamente reelecto gobernador ganara las primarias republicanas de ese año. En 2022, DeSantis ganó las elecciones por más de 20 puntos de ventaja.
DeSantis ha dicho repetidamente que no presta atención a las encuestas, pero sus esfuerzos y su conservadurismo llaman la atención de muchos republicanos, que lo consideran ideológicamente parecido a Trump, pero sin sus escándalos personales.
En las últimas semanas, el gobernador buscó la creación de un gran jurado para investigar las vacunas contra el COVID-19 y cuestionó una nueva ley federal que protege los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Igualmente, lanzó una polémica política para trasladar a migrantes de Texas a Nueva York. Todos son temas populares entre grupos conspiracionistas y religiosos afines al Partido Republicano y hasta ahora atraídos a Trump.
Se puede asegurar que pese a su presunta indiferencia hacia las encuestas y sus no-declaradas, pero cada vez más abiertas intenciones, DeSantis hará más para atraerse a los conservadores en las próximas semanas y meses.
Ya hay reportes en cuanto a las intenciones de que el Congreso estatal, donde los republicanos tienen mayoría y los simpatizantes de DeSantis, una considerable influencia, hará sesiones especiales entre enero y marzo para abordar temas como la libertad de poseer armas y restricciones al aborto.
Ambos son literalmente piedras de toque para los republicanos conservadores y el tono, y sin duda el resultado de los debates, a los que ciertamente se dará resonancia nacional, será para complacerlos.
No es el único aspirante a la candidatura republicana o al manto que resbala de los hombros de Trump, pero hoy muchos lo consideran como la nueva cara del Partido Republicano. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.29)
Estrictamente Personal / En qué lado de la historia estamos
El 13 de septiembre pasado, Masha Amini regresaba a su casa en Teherán, tras visitar a su familia. Al salir del Metro, la policía moral iraní, llamada oficialmente Patrullas de Orientación, la detuvo y la acusó de no cubrirse el pelo con un velo (el hijab), y vestir pantalones de mezclilla en lugar de ropa holgada en los brazos y piernas. La policía la acusó de violar la ley, la metió en una patrulla y comenzó a golpearla en el mismo vehículo hasta dejarla en coma. Tres días después, en custodia de la policía, Masha Amini, en vísperas de cumplir 23 años, murió. Lo que sucedió no quedó en un incidente más de ese régimen teocrático y autoritario, ni tampoco en una estadística más de la represión, porque otras dos mujeres, Niloufar Hamedi y Elaheh Mohammedi, dieron a conocer la historia de Amini.
La represión no tardó en caerles encima. Hamedi, que trabaja para el periódico Sharg en Teherán, fue detenida siete días después por las fuerzas de seguridad del Estado, acusada por los Servicios de Inteligencia de haber publicado en las redes sociales una fotografía de Amini, lo que era falso, pues sólo difundió imágenes de su familia. Mohammadi, que trabaja para el periódico Ham-Mihan en la misma capital iraní, fue detenida el 29 de septiembre por viajar a la ciudad de Saqqez, en la provincia del Kurdistán, para informar sobre el funeral de Amini. Las dos fueron puestas en confinamiento solitario, pero la difusión de lo que sucedió con la joven kurda detonó una revuelta social en todo Irán.
Las protestas estallaron espontáneamente en todo el país, sensibilizado por las informaciones de Hamedi y Mohammedi, y tras la difusión de una fotografía circulada en las redes sociales de Amini, inconsciente en una cama de hospital, coreando el eslogan Jin, jiyan, azadi, que significa en kurdo Mujer, vida y libertad. Las grandes manifestaciones se dieron primero en las principales ciudades y luego se extendieron a comunidades más pequeñas, donde las mujeres quemaron sus hijabs. Las escuelas y las universidades pararon clases –los principales manifestantes son jóvenes–, el comercio cerró intermitentemente, e incluso la industria petrolera sufrió afectaciones. El equipo nacional de futbol que participó en la Copa del Mundo en Qatar se negó a cantar el himno nacional y en las tribunas gritaban protestas contra el régimen.
La violencia pobló las calles de Irán. Hasta el inicio de diciembre, de acuerdo con la agencia de noticias de Activistas de Derechos Humanos en Irán, al menos 458 personas habían muerto a manos de la policía, incluidos 63 niños, y más de 18 mil habían sido detenidas. Este mes el gobierno ejecutó al primer manifestante bajo el delito de “corrupción sobre la tierra” (efsad-fil-arz). Poco después, condenó a ser ejecutado a Amir Nasr-Azadani, considerado el mejor futbolista iraní de todos los tiempos –que vive en Dubái–, por apoyar a los manifestantes y urgir al Ejército a no permitir que el país “se cubra de sangre inocente”.
Gobiernos, instituciones y organizaciones sociales de todo el mundo protestaron por la violencia del régimen iraní, que impulsó a Estados Unidos a presentar un proyecto de resolución en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que integran 45 países, para expulsar a Irán de la Comisión de la Mujer por la falta de derechos de las mujeres en aquella nación asiática. El controvertido proyecto fue votado el miércoles y aprobado con 29 votos a favor, ocho en contra y 16 abstenciones, entre las que figuró la de México, que argumentó que la salida de Irán de un foro multilateral, como el de la mujer, no contribuía ni al diálogo ni a la cooperación internacional.
México expresó su condena por “cualquier” acto de represión y el uso desproporcionado de la fuerza, pero dijo que no era su expulsión la forma para expresar preocupación por lo que sucede en Irán, sino discutirlo en la comisión, si se considera que incumple con sus valores. “Un simple asiento vacío no contribuirá en nada a mejorar la situación de la mujer”, apuntaron los representantes mexicanos.
Expulsar a Irán era un asunto de principios, que dice siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador que deben regir la conducta de los políticos. Removerlo por lo que su policía moral –ya desmantelada– hizo contra Masha Amini es una posición ética, la cual presume también tener el Presidente. Apoyar una acción de esta naturaleza contra los autócratas iraníes sí ayuda a ir ejerciendo presión contra aquel régimen y que sus actos contra las mujeres y represión tengan un costo cada vez más alto, porque bajo este criterio, por ejemplo, Sudáfrica seguiría viviendo bajo el régimen del apartheid, porque México no se habría sumado a las presiones internacionales para forzar a aquel gobierno autoritario a finalizar la segregación racial que allanó el camino a Nelson Mandela para ser presidente.
Pero una vez más, López Obrador escogió el lado de la historia de los autoritarios y dictadores, y de los regímenes donde para preservar el poder trastocan la legalidad, como en estos días donde ha defendido a ultranza al expresidente Pedro Castillo, quien para evitar un juicio político en el Congreso, violó la Constitución para disolver el Congreso y comenzar a gobernar por decreto.
Lo mismo hizo cuando extremistas de derecha asaltaron el Capitolio para descarrilar la victoria de Joe Biden en la Presidencia, animado por el expresidente Donald Trump, solapando las acciones de quien llama “mi amigo”. Replicó su tendencia cuando el presidente Vladímir Putin invadió Ucrania. Y ante la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, y la represión en Cuba.
Las acciones de López Obrador no son las de un demócrata, como presume ser, sino las de un autócrata, que asegura no ser. Sin embargo, el lado de la historia que ha escogido se inclina reiterada y consistentemente por los autócratas, no por los demócratas. Estos son hechos concretos, no palabrería mañanera barata. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p.48)