Opinión Migración 161225

¿Qué Hicimos? / Cuidar abre caminos

En el video de Movimiento, de Jorge Drexler, se ve a Lorena Ramírez correr por los cañones de Guachochi. El paisaje de Chihuahua se abre mientras ella avanza. “Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar”, canta Drexler. Pensé en esa imagen el domingo en Ciudad Juárez, escuchando a mujeres que han corrido su propia ruta.

Fuimos con la presidenta Claudia Sheinbaum a supervisar los avances de los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS. En Paraje de Oriente, Miriam nos contó que llegó de Oaxaca siguiendo una ruta que recorren miles de mujeres: dejar atrás su comunidad y su red familiar para trabajar en la maquila. Migrar es aprender a sostener la vida en un territorio nuevo. Para Miriam, el CECI significa poder trabajar sabiendo que su hijo está protegido.

También habló Verónica. Es rarámuri y corredora, de pies ligeros, como Lorena. Verónica llegó a Juárez en busca de empleo, con los niños a cuestas. Sus hijos ya son grandes; ella ya no necesita un CECI. Pero celebra que exista ahora para que la migración no vuelva a ser sinónimo de incertidumbre.

Y Dulce. Tiene 19 años, un hijo de un año y otro en camino. Para ella, el CECI significa volver a estudiar, buscar un trabajo, imaginar una vida distinta.

Cuando la presidenta Sheinbaum habla de los CECIs lo hace desde la experiencia. Recuerda que ella fue a una guardería del Issste y que sus hijos estuvieron en una del IMSS. Que tanto su madre como ella pudieron trabajar gracias a esa prestación. Por eso subraya que el cuidado no es una obligación predeterminada de las mujeres, sino una elección. Pero para que exista la posibilidad de elegir, el Estado debe garantizar la opción.

Los CECIs son una política pública que asume que el cuidado es un derecho y una responsabilidad social. No atenderán solo a hijas e hijos de derechohabientes del IMSS; también abrirán sus puertas a niñas y niños de madres sin seguridad social.

¿A qué le apostamos en Ciudad Juárez y qué modelo buscamos replicar? A que los ayuntamientos, en lugar de pagar servicios de guardería, cubran el aseguramiento de las madres al Seguro Social. Con ello no solo acceden al CECI, sino a la cobertura completa de los cinco seguros del IMSS para ellas y sus familias. Cuidar se convierte así, en una puerta de entrada a los derechos sociales.

El cambio es de fondo. De acuerdo con el Inegi, 2.6 millones de mujeres desean trabajar o estudiar, pero no lo hacen porque no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos.

Por eso importa cómo se cuida. En los CECIs no hay subrogación ni privatización. Son trabajadoras del IMSS, con formación en educación inicial, quienes cuidan y acompañan a niñas y niños desde los 43 días de vida y hasta los cuatro años. Cuidar también es formar.

Este modelo fue uno de los ejes de la 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS, celebrada en Puebla, en un hospital que volvió a abrir sus puertas después de ocho años. Conocido como San Alejandro, hoy lleva el nombre de Carmen Serdán Alatriste. Memoria, mujeres y reparación como forma de futuro.

Los CECIs forman parte de una visión más amplia: un sistema de cuidados que permita que las mujeres trabajen si así lo desean y que el país crezca con ellas. Ampliar la participación de las mujeres en el mercado laboral podría incrementar el PIB hasta 22 por ciento en la próxima década.

Por eso, como anunció la Presidenta, en el IMSS vamos a construir mil CECIs durante su gobierno. Para que las madres no tengan que decidir entre trabajo y familia. Para que tengan autonomía y para que el país tenga futuro. Para que el movimiento el de Miriam, el de Verónica, el de Dulce y el de millones de mujeres más deje de ser una carrera solitaria y se convierta en una decisión colectiva que organice, con justicia, el porvenir. (Zoé Robledo, Milenio, Política, p. 13)

La fallida estrategia de seguridad nacional de EU

La Estrategia de Seguridad Nacional de EU, resucitando la anacrónica Doctrina Monroe y su llamado “Corolario Trump”, ha desatado interpretaciones y críticas.

En mi opinión, México debería posicionarse críticamente frente al documento unilateral. Difícil hacerlo, aunque conveniente, pues la no respuesta podría interpretarse como una aceptación implícita de la misma y de la Doctrina Monroe que nuestro país nunca ha avalado.

Destaca la importancia que concede al hemisferio occidental, pero muestra una falta de comprensión y respeto hacia los países latinoamericanos y caribeños. Su objetivo es “…restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, proteger nuestra nación y acceder a geografías centrales (sic) en la región”, y negar a otros competidores no hemisféricos el control de bienes y capacidades estratégicos, en función de los intereses de seguridad de EU.

Sin duda la colaboración y cooperación de México con EU en materia de seguridad, combate al crimen organizado, fortalecimiento de la región, son indispensables, tienen que basarse en el diálogo y no en la imposición y atender los intereses de ambos países.

Debería rechazarse la conceptualización de la migración como amenaza de seguridad. El tráfico ilícito de personas alentado por el crimen organizado constituye una amenaza a la seguridad de todos los países, más no la migración laboral. La economía de EU no crecerá sin migración.

Es preocupante el objetivo de reforzar la presencia militar de los EU en la región. Atenta contra la concepción de América Latina y el Caribe como una “región de paz”.

De especial interés para México el párrafo que subraya el despliegue selectivo de tropas para hacer más segura la frontera y “derrotar a los cárteles”, inclusive con el uso de la fuerza letal, cuando sea necesario, para reemplazar la “fallida” estrategia de aplicación de la ley. La fuerza militar en lugar del derecho. Veremos una creciente militarización unilateral de la frontera, contraria a los intereses de México.

Reitera el uso de aranceles como arma política y de negociación para abrir mercados para los EU. A la vez reconoce, de manera sensata, que la integración de las cadenas de valor en el hemisferio beneficia a la economía de EU.

Es encomiable el objetivo de hacer más prósperas las economías de todos los países, pero no supeditarlo a privilegiar los intereses económicos de EU y sus empresas. Ni vincular la cooperación al desarrollo a la disminución de la presencia estratégica de otros competidores.

Reitera que el gobierno de EU identificará posibilidades para las empresas de EU y sus inversiones en minerales estratégicos, lo que ya hacen.

Destaca la oposición de EU a la expropiación de empresas estadounidenses, medidas que las pongan en desventaja y a la reglamentación que considere injusta, en especial en “aquellos países que dependen de nosotros”. (Martha Bárcena, El Heraldo de México, País, p. 6)

La izquierda chilena “Kastigada”

La noche del 14 de diciembre marcó un quiebre histórico en la política chilena. Con el 58% de los votos frente al 41% de la candidata de izquierda Jeannette Jara, el ultraderechista José Antonio Kast se convirtió en presidente electo, sellando el mayor giro a la derecha desde el retorno a la democracia hace 35 años. La imagen de miles de simpatizantes celebrando en Santiago contrastó con el desconcierto que se instaló en amplios sectores sociales: no solo cayó derrotado el gobierno de Gabriel Boric, quedaron en entredicho muchos de los avances sociales y de inclusión conquistados en los últimos años.

El resultado no se explica solo por la habilidad comunicacional de Kast ni por la contundencia de su mensaje de “gobierno de emergencia”. Detrás de su triunfo se encuentra el balance contradictorio del gobierno de Boric, que llegó con la promesa de “reformar Chile hasta los cimientos” y erigir la “tumba del neoliberalismo”, pero que terminó con el freno de mano puesto, atrapado entre el bloqueo parlamentario, la inexperiencia inicial de su coalición y un entorno económico y social hostil. Ese desajuste entre épica fundacional y pragmatismo forzado pavimentó el camino al ascenso de la ultraderecha.

Boric asumió en marzo de 2022, con un 55% en segunda vuelta, el respaldo popular más alto desde el retorno a la democracia, hito que ahora consigue Kast. El gobierno de Boric encarnaba el desenlace político de las protestas de 2019: un reclamo masivo contra la desigualdad, las pensiones miserables, los abusos del mercado y una élite política percibida como distante. En campaña, prometió transformar el modelo, abrir un nuevo ciclo constitucional y consagrar un Estado social de derechos. Ya en el poder, el Frente Amplio chocó con la dureza de la institucionalidad chilena: burocracia compleja, ciclos presupuestarios rígidos, falta de cuadros técnicos y, sobre todo, una posición de minoría en el Congreso que obligó a negociar cada reforma como si fuera la última.

La necesidad de construir “mayorías circunstanciales” con sectores de oposición diluyó el programa original y vació de contenido la promesa de cambio profundo. El mandato terminó replegado a una lógica más modesta: reformar lo que se pueda, cuando se pueda. Su moderación no fue inocua. Boric fue visto por parte de su propia base como un presidente demasiado dispuesto a ceder, demasiado preocupado por la “responsabilidad fiscal” y demasiado lento para materializar los cambios estructurales prometidos.

Al mismo tiempo, los miedos sociales alrededor del creciente crimen y la migración se multiplicaron entre la población. La percepción de inseguridad se disparó en el país a un ritmo mucho más acelerado que la inseguridad real, incentivada con el aumento de la inmigración desde Perú y Venezuela y la consolidación de discursos xenofóbicos. Crimen y migración fueron determinantes en esta elección. El mismo Kast adelantaba en campaña que “todos los chilenos elegirían a Bukele” si se presentara a las elecciones.

En el sistema de partidos chileno, la alternancia ha sido la regla. La última vez que el presidente electo y el presidente en funciones coincidieron en signo político fue en 2006. Desde entonces los electores chilenos han sido promiscuos y derecha e izquierda se han ido sucediendo. En cualquier caso, el resultado electoral supone un claro castigo a la izquierda chilena, incapaz de gestionar el fervor popular y traducirlo en un proceso constituyente transformador y, al mismo tiempo, sensato y ordenado. El rotundo rechazo a la nueva constitución en los referéndums de 2022 y 2023 anticipaba el descontento que ahora pone a un defensor de Pinochet en La Moneda.

Existe incertidumbre sobre el tipo de gobierno que liderará Kast. Moderó su discurso desde sus derrotas electorales de 2017 y 2021 (esta última contra el propio Boric). En esta campaña electoral, especialmente de cara a la segunda vuelta, evitó referencias a la dictadura militar o a la prohibición del aborto y los anticonceptivos, temas en los que anteriormente había ahondado sin complejos. Los analistas políticos chilenos debaten si Kast se acercará más a Trump —en su veta anti-institucional— o a Meloni —quien ha demostrado un mayor pragmatismo y voluntad de diálogo a lo largo del espectro ideológico.

Lo cierto es que las ultraderechas en el mundo celebran. Y las izquierdas ponen sus barbas a remojar. En su llamada de felicitación, Boric le advierte a Kast que “va a conocer también, en algún momento, lo que significa la soledad del poder”. Reflexión reveladora sobre el aislamiento político en su coalición de gobierno. Tras felicitar a Kast y calificar como democrático el resultado, la presidenta Sheinbaum señaló que en México la ultraderecha no triunfará porque su gobierno tiene el apoyo popular porque da resultados y el movimiento progresista está unido. Lo primero es indudable; lo segundo está por verse. (Luis Castro Obregón, El Financiero, Opinión, p.27)

Arista / El triunfo no es de la derecha

Más que una ola ideológica, lo que hoy recorre América Latina es una profunda inconformidad social. Inconformidad frente a la inseguridad, la desigualdad y un Estado de derecho que muchos ciudadanos sienten débil o capturado por la corrupción. En ese contexto, los recientes virajes políticos en la región no responden tanto a una conversión doctrinaria como a una búsqueda desesperada de alguien que haga lo que el anterior no logró.

Chile es el ejemplo más reciente de este fenómeno. Hace apenas unos años, Gabriel Boric encarnaba para muchos jóvenes latinoamericanos la promesa de una izquierda nueva: progresista, inclusiva y comprometida con corregir desigualdades. Su llegada al poder simbolizó el triunfo de una generación que creía posible transformar la política.

Hoy, ese país ha optado por un presidente de ultraderecha. El contraste es revelador. No es que Chile abandonó sus aspiraciones de justicia social, sino que la distancia entre la promesa y la experiencia cotidiana decepcionó una vez más. La inseguridad creció, la migración irregular se desbordó y la percepción de desorden e impunidad se instaló en amplios sectores de la sociedad. La decepción impulsó al péndulo.

Chile se une a otros países latinoamericanos que han dado la vuelta en el espectro político. Desde 2019, con la llegada al poder de Nayib Bukele en El Salvador, comenzó a consolidarse una lógica política distinta: un hombre externo, con mano dura, que pudiera traer orden. Luego vinieron casos como Ecuador, Costa Rica, Panamá, Argentina y ahora Chile, cada uno con matices propios, pero unidos por un mismo hilo conductor: castigo al gobierno en turno.

En Ecuador, el avance del crimen organizado rompió lealtades políticas históricas. En Costa Rica, un país símbolo de estabilidad institucional, se normalizó un discurso combativo contra las élites tradicionales. En Argentina, la frustración económica llevó a muchos votantes a apostar por una opción radical. En Chile, la migración, la percepción de inseguridad y la desigualdad social desplazaron del centro del debate la agenda de derechos. La tendencia es clara: optar por un liderazgo duro que ejecute y traiga resultados inmediatos.

La ideología ha pasado a un segundo plano. Lo que resuena en las urnas no es una sinfonía ideológica, sino gritos de desesperación. La gente vota para para corregir, expresar una decepción y probar algo distinto que sí pueda hacer frente a los desafíos perennes que padecen.

La tendencia continuará con el efecto pendular mientras el gobierno en turno no entienda que debe trabajar con la oposición, construir políticas con una visión a largo plazo y cooperar con los demás países de la región para atacar problemas compartidos. Hay que trabajar con los demás gobiernos para cortar las raíces que se expanden en la región.

Cuando la inseguridad, la desigualdad y la corrupción dominan la vida cotidiana, el votante deja de debatir modelos y empieza a buscar a quien prometa resultados. Ése es el verdadero desafío para quienes gobiernan hoy: entender que el mayor reto no es la oposición, sino la capacidad de utilizar el poder no para conservarlo, sino para atender los llamados de quienes se lo otorgaron. (Antonio Michel Guardiola, La Razón, México, p. 12)

Doctrina Monroe 2.0; mal y tarde

En menos de una semana hemos sido testigos de múltiples fenómenos políticos de alcance internacional que han moldeado la realidad actual pero que no necesariamente han concluido, hay procesos que siguen vigentes y se muestran en el presente.

Durante el sorteo de la Copa Mundial 2026, organizado por la FIFA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no solo asisitió a un evento protocolario, también asistió a un acto político en que fue galardonado con el premio de la paz (irónicamente, el pasado mes de septiembre Trump ordenó cambiar el nombre de Departamento de Defensa, al de Departamento de Guerra).

Un día antes del sorteo, la Casa Blanca anunció la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional del Presidente, en la cual se establece una agenda de amenzas y acciones detinadas a contenerlas; presentó cambios en su política exterior bajo el principio “America First”, tomó distancia de la política exterior seguida por Estados Unidos al término de la Guerra Fría, críticó a la élites estadounideneses por eludir sus responsabilidades de defensa, debilitar la base económica e industrial en detrimento de la clase media y en suma, por dejar al país en una posición vulnerable.

El documento presenta una respuesta con un enfoque realista que prioriza la protección de los intereses de Estados Unidos, toma distancia de Asia al convertirlo en el adversario comercial y político a vencer; se aleja de Europa y la llama a asumir responsabilidad en materia de defensa. Para América Latina, plantea una vuelta a la Doctrina Monroe a través del llamado “Corolario Trump” que busca restaurar la preeminencia estadounidense y contrarrestar la influencia extranjera.

La publicación del documento se acompaña de acciones que se han llevado a cabo en América Latina: presiones políticas e intervenciones militares en Venezuela, apoyo directo a los candidatos conservadores en Honduras y Argentina, críticas a la gestión del Presidente Petro en Colombia, presiones hacia México para disminuir el tráfico de drogas y migración, etc. Lo anterior expresa una intención de mantener influencia y dominio en la región, al apoyar a regimenes afines a sus intereses que le ayuden a contener la migración y el narcotráfico, garantizar estabilidad, limitar incursiones extranjeras, asegurar suministro de mercancias y controlar territorios.

La lógica que subyace a las recientes acciones de Estados Unidos entraña procesos de larga duración que encuentran en el momento presente un espacio para mostrarse y hacerse vigentes. Entre otros, se puede identificar un proceso hegemónico desgastado e inacabado, al que se quiere volver.

A pesar de la demostraciones de fuerza de Trump, la estrategia de seguridad evidencia la incapacidad del proyecto hegemónico estadounidense para sostenerse en el orden mundial por ellos propuesto y construído, asimismo, muestra que el experimento falló porque no supieron qué hacer ante el crecimiento de otras potencias que supieron jugar con las reglas y claramente las aprovecharon mejor que ellos. (Anáhuac Global, El Sol de México, Mundo, p. 24)

El poder crudo

La geopolítica no ha dado tregua este año. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se ha convertido en un acelerador de la erosión del sistema internacional basado en reglas construido tras 1945. Trump 2.0 parece estar clausurando definitivamente la forma en que entendíamos el “orden global”, sustituyéndola -al menos por ahora- por una lógica más cruda, instrumental y abiertamente coercitiva. La competencia por esferas de influencia y la rivalidad estratégica entre las dos grandes potencias marcarán el rumbo de los próximos años, desplazando la cooperación multilateral y reordenando prioridades, alianzas y conflictos. Un mundo así será inevitablemente más volátil y riesgoso.

Una de las señales más reveladoras de este momento es el nuevo enfoque de Estados Unidos hacia América Latina. Lo que estamos presenciando no es simplemente un cambio de tono o de tácticas, sino un giro estructural en la relación entre Washington y la región. La narrativa tradicional, construida durante décadas alrededor de la defensa de la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional, cede paso a una lógica abiertamente transaccional. La seguridad, el control migratorio, los minerales críticos, la seguridad económica y el alineamiento geopolítico se han convertido en las nuevas monedas de cambio.

Estados Unidos ya no busca persuadir a los Gobiernos latinoamericanos; busca extraer resultados concretos y, cada vez con mayor claridad, incidir en trayectorias políticas internas. Trump recompensa la cooperación, castiga la ambigüedad y no mide el alineamiento por estándares institucionales, sino por su utilidad política inmediata. La presión es la constante. Sanciones, amenazas comerciales, aislamiento diplomático e incentivos económicos selectivos se despliegan de forma asimétrica, país por país, más que a través de un marco regional.

Los episodios recientes hacen explícita esta lógica. En Honduras, Trump intervino abiertamente al advertir que el respaldo estadounidense podría retirarse si su candidato preferido, Tito Asfura, no prevalecía, dejando claro que los resultados políticos forman parte de la ecuación bilateral. En Argentina, Washington advirtió que el apoyo financiero podría detenerse si el partido de Javier Milei no lograba consolidarse. Ya no se trata de influir en políticas públicas, sino de condicionar el respaldo a los desenlaces políticos.

Venezuela representa el extremo de este espectro. La postura de Washington hacia Caracas -amenazas militares y presión directa sobre el régimen- se presenta como una herramienta legítima. No es una cruzada moral, sino una señal geopolítica moldeada por flujos migratorios, tráfico de drogas, consideraciones energéticas y los vínculos del régimen con adversarios de Estados Unidos.

Uno de los intereses explícitos de Trump es contener y revertir la presencia de potencias extrahemisféricas en América Latina, particularmente la inversión china y la creciente influencia de la propaganda rusa en la región. En este terreno, el margen de maniobra de Washington no es homogéneo: en México y en parte de Centroamérica, Estados Unidos cuenta con mayor capacidad para ejercer presión, dada la profundidad de la interdependencia económica, comercial y migratoria. Conforme se avanza hacia el sur del continente, esa capacidad se diluye y se vuelve cada vez más evidente una dinámica inversa: cuanto más presiona Washington, más incentivos tienen los países para diversificar alianzas y profundizar vínculos con otras potencias.

La presencia de China en América Latina no es coyuntural ni táctica, sino estructural. Empresas, financiamiento y tecnología chinos forman parte del tejido de sectores estratégicos -telecomunicaciones, puertos, energía y minería-. Washington identifica esta huella como un riesgo de seguridad nacional, pero no ha ofrecido una alternativa capaz de competir en escala, velocidad o costo.

Para México, esta nueva realidad plantea múltiples interrogantes. Parafraseando al poeta francés Paul Valéry, “nuestro futuro ya no es lo que solía ser”. Como principal socio comercial de Estados Unidos, el país tiene incentivos claros para atender las preocupaciones de Washington, pero también para definir con mayor precisión hasta dónde está dispuesto a avanzar en el escrutinio de la presencia china y dónde trazar límites frente a la creciente influencia de la propaganda rusa. La ambigüedad se vuelve cada vez más costosa. Medidas como la imposición de aranceles a productos chinos pueden leerse como gestos de alineamiento, pero difícilmente sustituyen una estrategia integral y, cuando se implementan de forma improvisada, añaden costos e incertidumbre a cadenas productivas ya presionadas, como la automotriz.

Al mismo tiempo, la creciente centralidad en Washington de la seguridad económica coloca a México en una posición privilegiada en un mundo donde la globalización ya no es global. La cercanía geográfica, la integración productiva y el marco del T-MEC son activos estratégicos de primer orden. Pero para capitalizarlos, México debe hacer primero la tarea interna: fortalecer instituciones, ofrecer certidumbre regulatoria y evitar sumar incertidumbres propias a las ya impuestas por el entorno global. En este contexto, la próxima renegociación del T-MEC no será un ejercicio técnico, sino una prueba geopolítica. (Brenda Estefan, Reforma, Opinión, Online)

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(Perujo, El Economista, El Foro, p. 39)