Durante tres décadas, en la Unión Americana ha prevalecido un desacuerdo profundo, que ha impedido trazar una política de migración coherente. En gran parte eso es producto de una falsa dicotomía.
Por una parte, los americanos se reconocen como una nación de migrantes. Se sienten satisfechos de haber mantenido a su nación abierta a personas que buscaban libertad y progreso. Saben que esa actitud enriqueció su cultura y les permitió convertirse en la primera potencia mundial. Quieren seguir haciendo honor a esa tradición y están conscientes de que muchos de los que tocan a sus puertas lo hacen con desesperación, para huir de la miseria o la inseguridad.
Entienden además que su estructura demográfica y sus niveles de empleo requieren incorporar a más personas en edad productiva.
Es lo que sucedió con Barack Obama. Ni siquiera pudo enviar al Capitolio la reforma comprehensiva que prometió en campaña. En lugar de ello, se convirtió en el deportador en jefe. Estuvo atrapado por una opinión pública que al mismo tiempo le exigía expulsar a todos los indocumentados y protestaba porque lo hacía tan inmisericordemente.
Eso explica que haya optado por el programa DACA, que provisionalmente permite permanecer a los jóvenes que llegaron al país en su infancia y están estudiando. Lo hizo sabiendo que la Suprema Corte iba a echar para abajo esa disposición, porque el presidente no puede aplazar el cumplimiento de la ley que juró defender.
Donald Trump no se preocupó para nada por encontrar fórmulas conciliadoras. Al contrario, alentó el sentimiento antimigrante e hizo uso de todo un arsenal de circulares administrativas para restringir al máximo la entrada de solicitantes de asilo y de refugiados. Con medidas aparentemente inofensivas hizo más difícil obtener la residencia o la naturalización.
Por ejemplo, elevó el costo de los trámites, redujo las cuotas por nación de origen, dificultó los permisos de trabajo, duplicó el número de preguntas en el examen de civismo y ordenó rechazar a quienes dejaran espacios en blanco en sus solicitudes (en lugar de poner “No aplica”). Como resultado, redujo a la mitad el número de inmigrantes legales.
Joe Biden afirma que el enredo migratorio “es una mancha en nuestra conciencia nacional” y promete enviar una iniciativa de ley que permita regularizar a los 11 millones de indocumentados. A pesar de su experiencia como negociador en el Senado, será muy difícil que logre algún avance significativo. Tendrá que recurrir, como sus antecesores, a las acciones ejecutivas. Por lo pronto, para derogar las que le dejó Trump. Suspendió “por dos meses” la construcción del muro fronterizo, pero repite la idea de Obama de construir una “frontera inteligente”, llena de cámaras y sensores. Va a tratar de resolver la crisis humanitaria de los asilados en la frontera, pero no puede garantizar que las cortes de migración dejen de ser estrictas. Establece comisiones de estudio que le harán recomendaciones sensatas, pero que sólo aliviarán los efectos más negativos de no contar con una legislación realista.
Los que buscan migrar a Estados Unidos seguirán encontrando a un país confuso, que al mismo tiempo pone letreros de HELP WANTED y de NO TRESPASSING. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 23)
El clima es solo una variante más del fenómeno migratorio y de la búsqueda de refugio. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 el número de refugiados en el mundo sobrepaso los 80 millones de personas, mientras que la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) señaló que en el mundo 270 millones de personas son migrantes. Desde luego, México no es ajeno a ninguno de estos fenómenos.
Tradicionalmente los flujos migratorios y de refugiados son determinados por la geografía, ya que las personas que buscan salir de sus lugares de origen con frecuencia lo hacen a países vecinos. Sin embargo, según un estudio del Banco Mundial y la Universidad de Michigan, retomado por la revista The Economist, los flujos migratorios y de refugiados se han globalizado a tal nivel que, en 1990, menos del 5% de los refugiados se asentaba en países de la OCDE, cifra que en 2015 llego al 15%.
En el caso de México, en 2020 se registraron más de 80 mil solicitudes de asilo, provenientes principalmente de Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Guatemala y Haití (con datos de la COMAR). Si bien existe un fuerte componente regional, el flujo migratorio de Venezuela a México es una pequeña muestra de que quienes migran están dispuestos a viajar mayores distancias. A estas solicitudes, se suman algunas de personas provenientes de lugares tan lejanos como Eritrea, Etiopía, Camerún, Somalia y Nigeria.
Para México, la situación es única, ya que además de ser paso para quienes buscan llegar a Estados Unidos, el país poco a poco ha visto como algunos deciden asentarse en el territorio nacional ante la dificultad que supone llegar a la frontera norte; es el caso de la comunidad haitiana en Tijuana.
Ya sea para buscar un lugar en territorio nacional o para llegar a Estados Unidos, los migrantes quedan expuestos a varios riesgos, empezando por el crimen organizado, culpable que quienes migran sean víctimas de tráfico de personas, extorsión y secuestro, entre otros delitos. De forma preocupante, los organismos encargados de atender los flujos migratorios han visto su presupuesto recortado, aún cuando las solicitudes de asilo han tocado cifras record. Tal es el caso de la COMAR, que en 2020 solo recibió el 37% de los fondos que solicitó.
La migración se ha globalizado no solo por el destino de quienes deciden o se ven forzados a migrar, sino porque la tecnología ha permitido que estos fenómenos sean transmitidos en directo. Gracias a las redes sociales, es posible tener información minuto a minuto de lo que viven migrantes que se mueven del Medio Oriente a Europa, o en el caso de México, de Centroamérica y el Caribe al territorio nacional. La visibilidad creciente, sumada a los números al alza, suponen una nueva realidad para la población y las autoridades, que tarde o temprano deberán actuar para proteger los derechos humanos de estas personas mientras garantizan la seguridad y el orden.
La llegada de Joe Biden trae consigo una oportunidad para replantar soluciones en toda la región. El nuevo presidente ha prometido un plan de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica, buscando prevenir las causas de la migración y para el cual necesitará el apoyo de aliados regionales. Colaborar con la Casa Blanca en este tema podría, además de ayudar a reducir los flujos migratorios, abonar a la causa de los millones de mexicanos en Estados Unidos.
Los retos regionales existentes, sumados a los efectos del cambio climático y la pandemia, volverán a la migración uno de los grandes retos globales de la siguiente década y México está en el centro de la situación. Es momento que de forma seria se dediquen los recursos necesarios para tener un sistema seguro y ordenado que garantice los derechos humanos de los miles que buscan una oportunidad mejor de vida. Una valla de soldados de la Guardia Nacional difícilmente va a solucionar esta situación.
En la historia, muchos países se han beneficiado de los flujos migratorios. Si se actúa de forma correcta, México puede salvar de las manos del crimen, el hambre y el clima, a los millones que en los próximos años migren hacia y dentro de las fronteras del país. Dependerá de tomar las decisiones correctas de política pública de modo que la economía y la sociedad estén preparadas. (José Roberto Cabral, El Universal, Opinión, On line)
Hace unos días, se hizo pública una investigación periodística en la que un medio informativo develó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ocultó expedientes y testimonios que evidencian violaciones a los derechos humanos de miles de personas migrantes que arribaron a nuestro país.
Por su parte, de manera inentendible y contraria a la transparencia, la CNDH anunció que “se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que realicen las investigaciones respectivas, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar.
Lo que es condenable es que se persiga a los servidores públicos que transparentaron esta información. La CNDH debe hacer pública la información relacionada con los informes que tiene en su poder sobre violaciones graves a los derechos humanos de personas migrantes, observando en todo momento, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de las víctimas.
Es vital que la Comisión, en uso y ejercicio de sus facultades, emita las recomendaciones necesarias por las transgresiones a los derechos humanos de las personas migrantes. Hay una crisis de violaciones graves a los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes, que incluso se ha agravado en los últimos años, no reconocerla, no hacerla pública y no emitir recomendaciones, no prestigia a una institución como la CNDH.
La institución encargada de proteger los agravios en contra de los periodistas no debe intimidarlos.
Todo parece indicar que lo que le preocupa a la CNDH no son las agresiones que se transparentaron, sino que se evidenció que, ante los homicidios, feminicidios, tortura, trata de personas, amputaciones, abuso sexual y violaciones, en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes de múltiples nacionalidades, dicha institución no ha fijado una posición clara, ni ha emitido las recomendaciones correspondientes. (Kenia López, Reporte Índigo, Reporte, p. 6)
En América Latina, que es un barrio cercano a los intereses de Washington, han visto como quiebran países del tamaño de Argentina o Venezuela, y los dejan. Pero hay una nación que es muy cercana para dejarla quebrar. Y ese país es México. Su vecino del sur es, además de muy grande, too close to fail.
Casi 3,200 kilómetros de frontera, 13 millones de mexicanos que viven allá, más de 35 millones con origen mexicano, 500,000 estadounidenses que viven acá, socios comerciales con cadenas de producción interdependientes. En fin, narcotráfico, energía, turismo. Indivisibles.
De hecho, en la crisis mexicana de 1994-1995 el gobierno de Estados Unidos tuvo que asumir el papel de rescatador de la economía del vecino del sur, no por altruismo, sino porque era un asunto de seguridad nacional. Una quiebra entonces de México arrastraba inevitablemente a Estados Unidos, empezando por la migración.
Los dos países tienen sus estilos de gobernar, se deben tolerar por el respeto a la soberanía. Se respetan hasta que no afecten los intereses y la seguridad del norte.
Lo cierto es que México se dejó imponer medidas migratorias abusivas por parte del gobierno populista de Donald Trump y de ello tendrá que dar cuenta algún día la 4T.
Pero está claro que la actual administración de Joe Biden no permitirá tan fácilmente que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador atente contra los intereses empresariales estadounidenses, ni contra la agenda de cambio climático, ni en cualquier otra materia que pueda constituir una amenaza para su país.
Tampoco estará en el desinterés estadounidense que México se pudiera hundir en una crisis económica profunda, derivada de las malas prácticas populistas. Por una razón muy sencilla, este país está en su frontera sur y es muy grande y muy cercano para quebrar. (Enrique Campos Suárez, El Economista, p. 9)
Conocido por lanzar múltiples retos e incluso amenazas a las autoridades que lo investigan, FLORIAN TUDOR se ha dicho inocente de todos los señalamientos que se le hacen por presuntamente liderar a la banda rumana que clona tarjetas en los centros turísticos del país.
No obstante, el conocido Tiburón finalmente tendrá que enfrentar a las autoridades por múltiples delitos; pues la investigación que llevó al congelamiento de sus cuentas y las de sus cercanos se convirtió ya, a partir del viernes pasado, en una denuncia ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Fiscalía General de la República. (El Sol de México, República, p. 2)
‘El Tiburón’ no fue exonerado.- Nos confirman que el documento que circuló en redes sociales del señalado líder de la mafia rumana, Florian Tudor, no es una exoneración de sus delitos ni la prueba de que éste no se encuentra bajo investigación. El oficio, según aclaró la UIF de Santiago Nieto, establece únicamente que, en julio de 2020, el conocido Tiburón no formaba parte de la lista de personas bloqueadas; pero, no garantiza que el señalado no forme parte de la investigación catalogada ahora como Operación Caribe, enfocada a desmantelar una banda dedicada a clonar tarjetas en los centros turísticos, ni que esté fuera de la lista de los ya denunciados ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la FGR. (Contra Réplica, Opinión, On line)