Muy tarde, oficialmente se reconoció que en la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez que costó la vida de 40 ciudadanos de varios países y otros 25 resultaron heridos, hubo responsabilidad de funcionarios de mayor rango que los vigilantes del lugar, pues estaban obligados a supervisar que se cumplieran todas las garantías establecidas en la legislación del país y en los acuerdos internacionales para quienes migran a través de México. Hasta el martes pasado, la culpa recaía inicialmente en cinco detenidos y vinculados a proceso: tres agentes del instituto, un guardia de seguridad privada y el migrante venezolano que desató el incendio.
El presidente López Obrador intentó eludir en sus mañaneras la responsabilidad del funcionario de más alto nivel: el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Y hasta llegó a culpar a los migrantes de la tragedia. Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) procede penalmente contra Garduño, Antonio Molina Díaz, director del Control y Verificación Migratoria de la institución, y el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado en Chihuahua. El delito: ejercicio ilícito del servicio público al incumplir con sus obligaciondes de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando las anomalías cometidas en contra de los migrantes. El jueves otros tres funcionarios fueron detenidos como responsables. Tres años antes, en un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, murió un detenido y otros 14 resultaron heridos. Ningún culpable hubo.
De los nuevos acusados penalmente, uno llamó mi atención desde el día de la tragedia: el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, responsable de los asuntos migratorios en el estado de Chihuahua. Julio Hernández López, en su columna Astillero, mencionó oportunamente su nombre. Luego vino el silencio de los medios. Lo rompieron los grupos defensores de los derechos humanos que criticaron no proceder contra el contraalmirante, pues fue quien, por teléfono, ordenó que quienes se encontraban alojados donde inició el fuego, no se les abriera la puerta por ningún motivo. Y amenazó con cesar a quien lo hiciera.
Es deber de todos impedir que la tragedia de Ciudad Juárez –como las de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, donde en 2010-2012 fueron asesinados 317 migrantes– quede en el olvido, exigir justicia y que terminen las numerosas irregularidades en el área de migración.
Otra tragedia, pero ambiental, social y de salud pública viven desde hace más de medio siglo las poblaciones de la región hidalguense donde se asienta el distrito de riego 03. Abarca unas 100 mil hectáreas que usan las aguas negras procedentes de la Ciudad de México y poblaciones conurbadas. Es el distrito de riego más grande del mundo en su tipo. Han pasado ocho sexenios gubernamentales plagados de promesas para tratar dichas aguas, evitar la contaminación y cuidar la salud pública. Un caso extremo es el de la presa Endhó, en Tula de Allende y Tepetitlán, muladar ultradeteriorado por basura y aguas negras, y origen de severos problemas para miles de habitantes.
A las múltiples protestas anteriores de los afectados se sumaron recientemente las encabezadas por el Movimiento Social por la Tierra y por las comunidades ribereñas de la presa. Exigieron a la Comisión Nacional del Agua sanear los mantos acuíferos, abatidos por la sobrexplotación y contaminados por las aguas negras de la presa; sustituir las redes de distribución y poner en funcionamiento las tres plantas potabilizadoras instaladas desde 2020. En 2019 la Semarnat anunció que establecería en la región una zona de restauración ecológica y emergencia ambiental. No lo hizo.
Si bien algunas soluciones son de tipo regional y local, el problema se origina en la capital del país y su zona metropolitana, pues no cumplen la legislación que obliga tratar las aguas negras de hogares, industria y comercio, antes de enviarlas fuera de la cuenca de México. Los funcionarios que incumplen dicha legislación, cubiertos por la impunidad. (Iván Restrepo, La Jornada, Opinión, p. 14)
¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?
Ya se dio cuenta del desastre que ha causado y, en lugar de corregir, simula que todo va bien y que irá mejor. Cinismo, pues.
En febrero de este año el Departamento de Estado entregó al Congreso de EU el informe anual, donde señala que en México hay violaciones a los derechos humanos, secuestro, torturas, homicidios, tráfico de personas, intimidaciones, hostigamiento y ataques a periodistas, complicidad de agentes del gobierno con bandas criminales internacionales y corrupción.
La respuesta del Presidente fue una cátedra de cinismo:
“Están mintiendo, es pura politiquería… En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados, nunca decían nada; en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión”.
Al mes siguiente vino el crimen contra 40 migrantes centro y sudamericanos que murieron calcinados en una pocilga del gobierno federal en Ciudad Juárez.
En ese crimen confluyeron corrupción, ilegalidad, tortura, extorsión, complicidad con bandas criminales y desprecio a la libertad de expresión. Todo lo que señaló el Departamento de Estado.
No era necesario que se lo dijeran “los gringos”. Para saber qué pasaba era suficiente con que el Presidente viera las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (encabezada por una leal a él).
Ahí venía todo lo que, el 27 de marzo, se transformó en la más cruel masacre masiva de migrantes cometida por un gobierno en este siglo.
Lo señalado por la CNDH coincide con lo expuesto en medios de comunicación que narraron las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en los galerones del INM en el sur y en el norte.
Para el Presidente eran exageraciones de los “zopilotes” de la prensa conservadora que “nos quieren afectar” para recuperar privilegios.
Su cinismo hecho gobierno mata.
Periodistas mexicanos (destacadamente en El Universal), con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, han publicado que, del 1 de enero al 10 de abril del año en curso, se han registrado 810 desapariciones de extranjeros procedentes de Centro y Sudamérica.
Las desapariciones, señalan, son ejecutadas principalmente por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, derivadas de la pugna por el control del secuestro, extorsión, el derecho de tránsito hacia el norte y el reclutamiento forzado.
En casi cuatro años, la CNDH ha emitido 54 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración por torturas, agresiones sexuales, lesiones y extorsión a migrantes y a sus familiares.
Señalan los reportes de la prensa nacional que las estaciones migratorias, retenes y garitas, se han convertido en cuevas para el cobro de moches por parte de agentes y funcionarios del gobierno del presidente López Obrador.
De entrevistas con migrantes, se publicó El tarifario de la corrupción (El Universal, 6 de abril): botella de agua, 15 dólares. Jabón, 10 dólares. Llamada telefónica de 5 minutos, 25 dólares. Trámites, dos mil a cinco mil dólares. Por no detenerlos, 25 dólares. Un cigarrillo, tres dólares.
Una semana después de la masacre en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración envió un reporte a la Cámara de Diputados, que el periodista Víctor Chávez publica hoy en El Financiero:
Se otorga a los migrantes “instalaciones seguras, hospedaje, agua y alimentos gratis, kits de higiene”.
Además, “apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes, mejoras en la infraestructura de albergues, insumos para la adecuada estancia de personas migrantes y refugiadas, el acompañamiento de los organismos internacionales para los nuevos albergues que las autoridades locales y estatales implementen para recibir flujos de personas migrantes”.
El cinismo del Presidente permea como política pública.
Humanismo mexicano, mi legado: AMLO, tituló el diario La Jornada (“el único” que dice la verdad, sostiene el Presidente) la nota del cuarto Informe de Gobierno de López Obrador, el 27 de noviembre pasado.
En el Zócalo, AMLO caviló en voz alta sobre las virtudes esenciales de su gobierno y concluyó: “Mi propuesta sería llamarle Humanismo mexicano, porque tenemos que formar un distintivo. Humanismo mexicano porque, como diría el César, Publio Terencio: nada de lo humano nos es ajeno”.
El cinismo gobierna y muchos le aplauden.
Para decirlo en palabras de María Herrera Magdalena, destacada en Forbes por la búsqueda de sus cuatro hijos, víctimas de desaparición forzosa: tenemos “un Estado y una sociedad ahogados en indiferencia”.
Cuando mataron al periodista Antonio de la Cruz junto con su hija –el número 35 de los que van asesinados en su sexenio, con cifras a julio del año pasado–, López Obrador dijo:
“Que no estén pensando los autores intelectuales y materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo… Aunque parezca disco rayado, debo seguir advirtiendo que ya no es lo mismo. No somos iguales. No se confundan”.
Algo parecido ha dicho luego de otras masacres ocurridas en su gobierno, como el asesinato de mujeres y niños en Bavispe, o al día siguiente del intento de asesinato a Ciro Gómez Leyva, (aunque 24 horas después dijo que pudo ser un autoatentado para subir el rating).
El ataque a Gómez Leyva ocurrió dos días después de que AMLO afirmara que escuchar a Ciro, Loret y Sarmiento podría producir un tumor en el cerebro.
Hace tres días, el viernes, autoridades municipales de Guerrero detuvieron al periodista Bertín González por criticar un programa social del presidente López Obrador.
El acta de la comisaría dice: “Se detiene al señor Bertín Chino González, periodista del periódico Prensa del Sur, por subir a las redes sociales que los grupos de Sembrando Vida que dirige el presidente López Obrador no están funcionando en todo Guerrero”.
Al Departamento de Estado, que señaló el hostigamiento a periodistas, el Presidente le soltó por respuesta una descarga de cinismo: “En México se garantiza la libertad de expresión”.
¿Qué sigue?
Con ese cinismo, seguiremos viendo más de lo mismo. Asesinatos incluidos. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 38)
Y no por voluntad del Gobierno mexicano, sino porque el estadounidense cada día lo presiona más y, más grave aún, lo exhibe con hechos.
Washington ha ratificado su petición para extraditar a Rafael Caro Quintero, pero hay un problema: no se encuentra en prisión porque fue liberado y está amparado.
Ahora insiste también en los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, cuya situación es disímbola: Ovidio fue detenido con ese fin, pero también está amparado.
Y de sus hermanos las autoridades mexicanas no tienen ni pistas aunque la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, los haya infiltrado y difunda información fidedigna.
Sus reportes se contraponen con el discurso presidencial doméstico, según el cual México no importa precursores ni tiene laboratorios de fentanilo.
Otro golpe adverso lo dio China.
A través de una funcionaria de tercer nivel, la vocera de exteriores Nao Ning, la administración del presidente Xi Jiping contestó lo obvio: no hay comercio oficial de esa droga entre ambas naciones.
ALIANZA DE BIDEN Y TRUDEAU
Hay retos domésticos y externos.
Todo se hace por la vía ilegal y si entran precursores al país, corresponde a las autoridades vigilar puertos y aeropuertos para confiscarlos e impedir su ingreso y procesamiento.
Ese es el compromiso ratificado la semana pasada ya no nada más ante el Gobierno de Joe Biden, sino también con el canadiense de Justin Trudeau.
De no cumplirlo, México sufrirá los toallazos de demócratas y republicanos en sus campañas presidenciales y para la renovación parcial del Congreso en 2024.
Ese es el objetivo único de ellos.
En el país la tarea enfrenta acciones de la justicia y, como ya no está Arturo Zaldívar, no cede a presiones y por ello la expresión de la nueva presidenta de la Corte, Norma Piña:
-Consigan buenos abogados.
La relación del Ejecutivo con los demás Poderes recae exclusivamente en el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y en sus manos están estas gestiones.
Sólo con su éxito el Gobierno lopezobradorista podrá cumplir con las exigencias de Washington y reencauzar una relación a la cual no bastan reuniones como la habida la semana pasada en la capital estadounidense.
UNIVERSIDADES BAJO PRESIÓN
1.- Hace una semana advertimos sobre la efervescencia universitaria por la desaparición de apoyos del Gobierno a las becas Elisa Acuña.
En lugar de reanudarlo, la administración federal y en especial la SEP de Leticia Ramírez quisieron desmentir a la UNAM y con ello agitaron más al alumnado.
El rector Enrique Graue dispuso utilizar recursos propios, pero no basta a la comunidad académica y hoy comienzan las movilizaciones.
Se sumarán organizaciones de varias instituciones superiores bajo una sospecha: muchos ven intentos de desestabilización desde el poder.
Y 2.- En Insurgentes Norte ven una campaña de Movimiento Ciudadano contra el dirigente priista Alejandro Moreno, a quien acusa de ir contra el Tribunal Electoral.
En la misma sede tricolor dan una explicación: los emecistas están molestos por no haberlos integrado en la elaboración de la iniciativa y también parte de su reacción fue replegarse en Coahuila y estado de México. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 4)