Dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa y ex colaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya —el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, así como el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega— se han entregado a las autoridades estadunidenses para enfrentar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado presentadas el pasado 27 de abril, cuando también se señaló a Rocha Moya y a otras siete personas que trabajaron en su administración. Aunque se habrían puesto en manos del sistema judicial hace varios días, los hechos se dieron a conocer apenas el viernes, y ayer Mérida compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual libró todas las órdenes de captura.
La culpabilidad o inocencia de los imputados deberá probarse en el tribunal, pero vale recordar que las solicitudes de detención presentadas por los fiscales de Estados Unidos a sus pares mexicanos no se acompañaron de ninguna prueba. En estos momentos, todo el despliegue judicial, diplomático y mediático tiene la apariencia de una operación orquestada para desestabilizar al gobierno mexicano y avanzar en los designios neocoloniales que el presidente Donald Trump y su gabinete han expresado de forma abierta. Por principio de cuentas, es imposible desligar las acusaciones del incidente ocurrido sólo una semana antes, el domingo 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA, infiltrados como falsos funcionarios de la embajada de Washington en nuestro país, murieron en un percance vehicular tras participar en un operativo con elementos de la fiscalía del estado de Chihuahua. El desafortunado suceso puso al descubierto que el gobierno de la entidad, encabezado por la panista María Eugenia Campos, montó una base de operaciones ilegal para espías de esa agencia, así como de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras.
También deben ubicarse en el contexto de las amenazas del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien declaró ante la Cámara de Representantes que “el gobierno de Estados Unidos espera que el de México dé un paso al frente (en el combate) para que nosotros no tengamos que hacerlo”, y del jefe de la DEA, Terry Cole, quien fue más allá al advertir ante el Senado que la reciente acusación contra Rocha Moya “es sólo el comienzo” de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles. Ante todo, han de leerse a la luz de la directriz del subprocurador general adjunto del Departamento de Justicia, Aakash Singh, para acusar a funcionarios mexicanos de brindar apoyo material a organizaciones terroristas. Durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales, Singh aseveró que “si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”; “si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”.
Es necesario remarcarlo: la etiqueta de “narcoterrorista” no tiene nada que ver con una supuesta “estrategia agresiva” de combate al narcotráfico, por el elemental motivo de que no hay relación alguna entre el uso de la violencia y la intimidación para alcanzar objetivos políticos e ideológicos (esto es, el terrorismo), y la producción, transporte internacional, distribución y comercialización de sustancias ilícitas con fines de lucro. Los esfuerzos para confundir estos fenómenos tan nocivos como distintos entre sí no son inocentes: se inscriben en el mismo patrón que ha definido a la “guerra contra las drogas” desde su lanzamiento por el expresidente Richard Nixon (1969-1974), es decir, en el uso del narcotráfico como pretexto para mantener a América Latina bajo ocupación militar estadunidense, deshacerse de gobiernos que rechazan el imperialismo y aceitar su industria armamentística impulsando ventas de todo tipo de máquinas de muerte que la región no necesita y cuyo costo ha sido un pesado lastre para el desarrollo.
Con todos estos elementos de juicio, parece prudente revisar las formas de colaboración en materia de seguridad con Washington, pues resulta contraproducente sostener intercambios de inteligencia con una contraparte desentendida de la resolución de los problemas compartidos y centrada en una descarada agenda intervencionista. Como el propio trumpismo muestra una y otra vez, continuar la cooperación con los funcionarios estadunidenses actuales supone un peligro para la soberanía y la paz en México. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 2)
La relación con Estados Unidos está en el peor momento de la historia de la relación bilateral. Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum daban esta relación por sentada, como un valor entendido y Trump les cambió la jugada que estaban planeando desde el gobierno mexicano. La respuesta del gobierno a las demandas de Trump, en particular la de detener provisionalmente y en su caso extraditar a Rubén Rocha Moya, ha sido esquiva e incluso burlona. El gobierno de Sheinbaum no ha sido capaz de administrar la relación asimétrica que se tiene con Washington. Los sectores más duros del establishment político se han aprovechado de la interdependencia que guarda México con EU, para imponer términos duros a la relación bilateral. El unilateralismo que ha dominado la política exterior de Washington ha permeado igualmente el clima de la bilateralidad para mal. El fin del multilateralismo decretado por Trump y el inicio de un gobierno supremacista en EU ha impactado directamente en el tratamiento de los temas mexicanos, tales como migración, seguridad fronteriza y comercio afectando el interés mexicano y el trato a los temas binacionales.
Estados Unidos ha recurrido a la fuerza al imponer sus objetivos internacionales y geopolíticos y no para construir un nuevo orden mundial, sino para ejercer su hegemonía violentando los canales instituidos en las relaciones internacionales. La frágil arquitectura internacional ha sufrido las consecuencias de esto. Como lo dice el documento recientemente publicado del grupo de pensamiento, México en el Mundo, “Estados Unidos ha adoptado una estrategia de seguridad nacional que prioriza la fragmentación, la fuerza y la coerción, reactivando la Doctrina Monroe (ahora la Doctrina Donroe), la cual exige que el hemisferio occidental se mantenga ‘razonablemente’ estable, desaliente la migración, combata a los narcoterroristas, se conserve libre de incursiones ‘hostiles externas’ y apoye tanto con el abasto de recursos críticos, como con el acceso a espacios estratégicos”.
Para México, continúa este documento del think tank mexicano, “este cambio genera retos de tipo económico, político, diplomático y estratégico que han vulnerado su margen de acción. El país ya no puede refugiarse en el derecho internacional y la retórica de la defensa de la soberanía para enfrentar las guerras que amenazan con derrumbar la seguridad internacional, ni para moderar las asimetrías existentes con su vecino del norte, que lo han llevado a una posición de cooperación subordinada. La vulnerabilidad internacional de México compromete aún más los intereses económicos y geopolíticos del país: el crecimiento promedio del sexenio anterior fue inferior a 1% anual —el peor desempeño en cuatro décadas— y en 2025 apenas alcanzó 0.8%. La economía enfrenta un doble desafío: un bajo dinamismo interno y un entorno externo crecientemente impredecible. A esto se suma la degradación de la infraestructura —sobre todo energética—, el deterioro de los cuatro sistemas de salud y educación, la contracción del gasto público y la incertidumbre que sigue prevaleciendo en materia de seguridad pública. Estamos ante un México vulnerable que debe navegar la crisis del orden mundial donde la interdependencia económica ya no garantiza la paz, sino que se instrumentaliza como arma de presión política”.
Éste es, pues, el entorno que rodea la crítica relación actual de México con Estados Unidos. Trump ha exigido una subordinación negociable y México ha respondido desde el vacío diplomático que ha caracterizado la política internacional y estadunidense del régimen obradorista. Ante esta ausencia rotunda de política internacional, el gobierno contesta con exabruptos y con una narrativa soberanista que ya no puede ocultar el hecho de que los primeros en haber violado la soberanía nacional son López Obrador y la presidenta Sheinbaum al tolerar, y ahora defender, una alianza entre políticos prominentes de Morena con el crimen organizado, quienes, en todo caso, detentan la famosa soberanía que tanto dice defender Sheinbaum. Tampoco se puede ocultar la profunda corrupción que corroe al Estado mexicano. Los narcopolíticos son la última expresión de la podredumbre que prevalece en el aparato político de México y que niega cínicamente la Presidenta al proteger a Rocha Moya, frente a las evidencias innumerables de culpabilidad que él y sus secuaces han acumulado y que hoy están conduciendo la acusación de la justicia estadunidense, cuando tendría que ser la justicia mexicana la que tendría que estar actuando. (José Luis Valdés Ugalde, Excélsior, Nacional, p. 11)