Díselo a Claudia
Asunto: cautela extrema
Una opinión: estamos presenciando la decadencia y caída del sistema político-económico de Estados Unidos; Trump da patadas de ahogado, sin ton ni son, sin estrategia lógica. Con actos que se antojan desesperados, Trump se echa al mundo entero en su contra, por lo que sucumbirá a manos de enemigos lastimados, si no es que alguien de su mismo equipo le quita el puesto por inepto. El caso de los aranceles es una cuestión de mercados que más tarde se equilibrará. Los migrantes, como siempre, oscilarán entre constantes problemas y beneficios. Sin embargo, para México el riesgo es que este personaje quiera y pueda invadir el país, argumentando el combate a los cárteles. En verdad, necesitamos ser extremadamente cautelosos, aguantar y esperar con paciencia su desaparición de la escena pública. (Margarita Villanueva, La Jornada, Política, p. 6)
Zohran Kwame Mamdani nació en Kampala, Uganda, en 1991. De origen hindú, sus padres, Mahmood Mamdani, reconocido catedrático de estudios poscoloniales en la universidad de Columbia, y Mira Nair, directora de cine y coautora del guión de la célebre cinta Salaam Bombay!, emigraron a Estados Unidos en 1998.
Desde los años 70, ambos compartirían el mundo del activismo anticolonial, la lucha por la soberanía del pueblo palestino y las movilizaciones para hacer de EU una sociedad que reconozca el derecho a la diferencia y la justicia social. Su segundo nombre, Kwame, es una vindicación de K. Nkrumah, el paradigmático líder socialista que encabezó el movimiento por la independencia de Ghana en los años 40 y 50.
Si el nombre es destino, Zohran se encuentra, al menos hasta ahora, en el camino de afirmar esta profecía. Sólo que en la ciudad probablemente más cosmopolita del planeta: Nueva York. Es también la urbe en que creció desde los siete años. Asistió a la escuela pública y cursó una licenciatura en Bowdoin College, en la especialidad de estudios africanos.
En 2015, se unió a las organizaciones que apoyan el acceso a una vivienda digna en el distrito de Queens. No es cualquier distrito. Se trata de una vasta zona con 2.5 millones de habitantes, en su mayoría trabajadores y migrantes recién llegados. Golpeada particularmente por la devastación de la pandemia, Queens, gigantesco archipiélago de culturas, lenguas y costumbres, resume por su pluralidad y diversidad el espíritu que ha hecho de la migración un sinónimo de la nación.
En 2020, Mamdani devino concejal por el Partido Demócrata, cargo que refrendó sin oposición en 2022 y 2024. Basta con revisar su currículo como representante en la Asamblea Estatal de Nueva York para entender el consenso que hoy lo apoya en Queens: 20 propuestas de ley, de las cuales tres fueron aprobadas; promotor de tres comisiones de auxilio legal para inquilinos pobres en conflicto; presupuestos para desarrollar la construcción de viviendas sociales.
En esos años, ingresó a las filas de la organización Democratic Socialists of America (DSA). Fundada en los años 90 a raíz de una escisión en el Partido Socialista, DSA ha crecido de manera insólita en todo el país. En 2015, contaba con unos 6 mil miembros. Después de la campaña de Bernie Sanders en 2016 y de las redes sociales de grupos de apoyo durante la pandemia, su militancia aumentó a 90 mil inscritos.
Hoy supera 300 representantes electos, distribuidos entre el Congreso y los parlamentos y consejos locales. En principio, no es aventurado afirmar que esta peculiar organización está redefiniendo lo que significa hoy la izquierda y su idea sobre el socialismo. DSA no participa directamente en elecciones. En cambio, apoya candidaturas en el Partido Demócrata o bien independientes que coinciden con sus programas. Se trata de una suerte de gran y eficiente paraguas social con salidas políticas.
Sin duda, una versión insólita de la relación entre lo político y lo social en la tradición de la izquierda. Su práctica reside en defender posiciones del mundo del trabajo desde una perspectiva intersectorial. Con frecuencia se le confunde con una versión estadunidense de la socialdemocracia europea. Una analogía difícil de sostener.
Parte de la idea (negada por la socialdemocracia desde los años 50) de que socialismo y democracia son inseparables, y retoma el antiguo principio de Gramsci de la “lucha de posiciones”. Con ello ha logrado impulsar un giro en la política nacional en pleno auge de la ultraderecha. Lo insólito fue el triunfo de Mam dani en los comicios primarios del Partido Demócrata para definir su candidatura para las elecciones por la jefatura de la ciudad el próximo noviembre. Insólito porque en su campaña se declaró devoto musulmán, contra el genocidio en Gaza y en defensa de transformar a Nueva York en una ciudad accesible para los que menos tienen a través de una reforma fiscal que grave los ingresos mayores.
En su contra se desató una de las maquinarias mediáticas más poderosas de la actualidad: la prensa, la tv y las redes sociales de la ciudad. Aún así –o acaso por ello– aventajó por más de 10 por ciento a Mario Cuomo, el candidato del establishment. Quienes votaron por Mamdani fueron sectores cercanos a la inmigración, la clase media y la extensa franja cultural neoyorquina.
Le falta el voto del mundo del trabajo (casi siempre ausente en las elecciones primarias) para llegar sano y salvo a noviembre. Acusado de “terrorista” por su denuncia del genocidio palestino y de “comunista” por la propuesta de una reforma fiscal, Mamdani sigue cosechando simpatías en una población que si vive en Nueva York está muy lejos de sus beneficios.
Decisiva fue una parte del voto de la comunidad judía –sobre todo de los jóvenes–, aquella que se opone –desde EU– abiertamente al desquiciamiento militar de Benjamin Netanyahu. Cabe decir que expresa lo que ya se puede empezar a definir como un cisma judío. (Ilán Semo, La Jornada, Opinión, p. 14)
Los mexicanos sancionados no se resignan.
Quieren recuperar sus visas para visitar Estados Unidos y han acelerado trámites ante consulados con ese objetivo.
Es un proceso en fases.
Primero aclarar por qué les fueron canceladas y cuál es la imagen o el expediente que de ellos tienen las autoridades migratorias del norte.
Inclusive contratan despachos para saber cuál es el destino de sus bienes adquiridos en aquel país y los cuales disfrutaban con entera libertad.
Son muchos los políticos en esa situación.
Los casos más sonados son el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien habla directamente con el cónsul general en Tijuana, Christopher Teal.
Inclusive la ha invitado a recepciones y se fotografía con ella para demostrar las buenas relaciones de gobierno a gobierno.
Ella necesita el permiso de ingreso para fortalecer el trato con distintas entidades, en especial con el gobernador Gavin Newsom.
Distinta es la circunstancia de su esposo Carlos Torres, para quien no hubo la cortesía de llamarlo e informarle en persona, y quien además está sujeto a investigaciones.
VAN, ¿Y SI LOS DETIENEN?
No son casos únicos.
También intentan aclarar su situación los Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, famosos por haber dado la espalda a la oposición y otorgar el voto definitivo al régimen y a su reforma judicial.
Hay más y de todos los partidos.
Aunque se dicen de izquierda y estar contra el neoliberalismo, muchos de ellos son turistas constantes en los mejores lugares y hoteles de lujo en Estados Unidos.
Es conocido el caso del aún presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, quien no oculta su papel de viajero frecuente hacia el norte y países europeos.
Inclusive una miembro prominente del gobierno, Alicia Bárcena, fue invitada y asistió y posó para muchas fotografías en la recepción sabatina del flamante embajador Ronald Johnson.
TRUMP: ATAQUE A FONDO
1.- Cada caso se maneja aparte.
Los señalados buscan contactos con la Embajada o consulados a fin de volver a frecuentar las visitas más allá del Río Bravo.
Pero hay un problema:
Durante meses se ha manejado la existencia de un listado de personajes indeseables por presuntas ligas con el crimen organizado o hechos de corrupción.
Ahora, con mayor información sobre los eventuales nexos de la clase política con el crimen, Donald Trump ha decidido actuar a fondo y eso es mala noticia para quienes tienen suspendidas sus visas.
La semana pasada el magnate acusó al Gobierno mexicano de no haber hecho lo suficiente en el combate a la producción y comercio de fentanilo, y ayer habló del “control tremendo” de la delincuencia.
“…tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso suceda…”, advirtió en su ominoso mensaje y una afirmación temeraria: las autoridades mexicanas están petrificadas.
Y 2.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció “grandes proyectos” en materia de energía.
Aprovechó la visita de la secretaria de Energía, Luz Elena González, y juntos prometieron usar la riqueza carbonífera del Centro y norte de la entidad.
Para ese fin, más inversiones solares y eólicas, es necesaria la conjunción de inversiones y esfuerzos y a ellos se comprometieron. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 5)
EN SU DESESPERADO intento para alejar los reflectores de la “lista de clientes” (explotación sexual de menores) del pederasta Jeffrey Epstein (en la que, todo indica, él ocupaba un lugar privilegiado), Donald Trump se dedica a soltar bulos por doquier, especialmente en contra de su obsesión: México. Un día sí y el siguiente también, el susodicho los lanza, trátese de temas financieros, agropecuarios, migratorios, comerciales, geográficos, narcotráfico y los que se le ocurran, mientras bajo mil candados mantiene oculto el citado inventario.
EL MÁS RECIENTE, que no el último, se cuenta el protagonizado por una de sus mascotas: Pam Bondi, cabeza visible del Departamento de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, quien “culpó, sin presentar pruebas y sin dar pista alguna sobre los grandes grupos de distribución de drogas estadunidenses, que muchos migrantes irregulares están haciendo el trabajo de los cárteles mexicanos, grupos a los que responsabilizó por la alta presencia de fentanilo y metanfetamina en varios estados de ese país” (La Jornada, Economía, p. 20)
El látigo arancelario de Trump vuelve a hacer sentir el azote con que aviva el caos económico en el mundo y a México castiga por acusar que su gobierno está “petrificado” ante los cárteles. El último ataque confirma que su política nacionalista y proteccionista modela la agenda interna de Sheinbaum, aunque, a la vez, su despotismo le cierra el paso a su administración.
La estrategia de la Presidenta para lidiar con el republicano ha topado esta vez con su frenesí arancelario, que en el mundo está generando una reconfiguración comercial, sin EU. El creciente aislamiento de la potencia representa un callejón sin salida para México, que, a su vez, tampoco puede desmarcarse de su agenda y ampliar contactos por la profunda interdependencia.
Pero la política del fuste cada vez le alcanza menos para disciplinar insumisos con el despotismo errático del TACO (siempre se echa para atrás), como le apodan en su país. Los asiáticos y los BRICS buscan nuevos nexos comerciales basados en reglas confiables; viejos aliados de la UE reciben sus amenazas con mayor escepticismo y recelo; y socios como México reaccionan con la cautela del rehén que sueltan y recapturan para obligar a cumplir sus condiciones en migración, seguridad o comercio, en un mar de desconfianza.
Esa latiguera para cinchar sus déficits comerciales o de popularidad recuerda el juego en que niños cogidos de la mano se mueven haciendo giros en S para producir una fuerte sacudida en el extremo de la fila. De eso se trata el encaje de la última carta que dirigió a Sheinbaum para zarandear con el jalón de otro arancel de 30% a exportaciones fuera del T-MEC, que se agrega al acero, aluminio y hasta de 17% al tomate. Un juego de la extorsión con la trampa de no hacer lo suficiente contra el narco para justificar el castigo.
La orden retrata el papel de sheriff mundial que con México gusta jugar con el gatillo puesto sobre los cárteles, que coloca como sucedáneos de la amenaza terrorista a la seguridad nacional en su nueva versión de guerra contra las drogas. En otra partida del amigo-enemigo, donde las fichas se mueven con el azote del mazo de los “lindos” aranceles como dínamo de un potro de torturas; que también sirve como flujo magnético para atrapar inversiones.
La respuesta de Sheinbaum a la nueva descarga fue de cautela, aunque cedió a la confrontación sin la “cabeza tan fría” de otras veces y con la peor cara: una conferencia de prensa en Sinaloa con Rocha Moya, el gobernador bajo sospecha de involucramiento en la captura de El Mayo, que originó la guerra intestina del cártel desde hace 10 meses dentro del cerco de la justicia estadunidense. Un mensaje tan desafiante como inusual en su estrategia de evitar el choque directo con Trump y en el punto más sensible de la relación bilateral; y convocada de improviso para repetir su crítica sobre la “incoherencia” de negociar con narcos que persigue como terroristas y rechazar acusaciones del abogado de Ovidio Guzmán de fungir como brazo político de ellos.
La reacción deja ver el escepticismo que venía apuntándose sobre el éxito de su estrategia con Trump tras evadir varias andanadas arancelarias. Sheinbaum ha ganado respeto internacional por el manejo de los ataques, pero sus resultados no son mejores a otros que han respondido con acciones agresivas, como aranceles recíprocos de Brasil o China; sin tampoco lograr abrir nuevos nexos comerciales para sacudirse un conflicto muy difícil o de imposible resolución, tanto si cede su agenda como si la orienta hacia otros lados.
Trump es una pesadilla para Sheinbaum, cuya agenda interior está marcada por sus prioridades políticas de migración y, sobre todo, de seguridad. Que incluso parece determinante para una oposición interna que cree que el despotismo de Washington puede llenar sus vacíos como contrapeso al régimen de Morena; y hasta albergar la íntima esperanza de que debiliten a su gobierno, aunque sean empresarios y sociedad los más afectados por la dependencia comercial con su principal socio. Otro craso error.
Así y todo, Sheinbaum confía en llegar a un acuerdo “general” que evite los nuevos aranceles el 1 de agosto en la mesa de negociación en Washington, que incluiría el paquete completo con migración y seguridad. Y la llave, otra vez, de esa cerradura será el acceso e intensificar el combate contra el crimen, aunque el país siga atrapado en su proteccionismo. Veremos… (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Nacional, p. 18)
No hay para dónde hacerse. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva varios días peleándose y hasta demandando en México —sí, nadie entiende— a un abogado. A un abogado, repito. Un abogado de la familia de uno de los criminales más peligrosos que ha visto México, pero el demandado es un abogado que hace su chamba, defiende a su cliente. En fin.
Ayer, al tiempo que firmaba una orden para endurecer y ampliar los castigos contra la venta y distribución de fentanilo y sus precursores, el presidente Donald Trump dijo:
“Los narcotraficantes y los criminales y los cárteles que tienen mucho que decir sobre México; quiero ser amable al respecto, estoy tratando de ser amable al respecto. Tienen controles muy fuertes sobre México. Tenemos que hacer algo al respecto. No pueden permitir que eso suceda, las autoridades mexicanas petrificadas. Están aterradas de aparecer en su oficina. Están petrificados de ir a trabajar porque los cárteles tienen un tremendo control sobre México y los políticos y los candidatos electos”.
Sí, es el presidente de nuestro mayor socio comercial, nuestro vecino donde viven millones y millones de mexicanos. No, no es un abogado.
Trump también habló de la migración a Estados Unidos, calificando a los migrantes como invasores y culpándolos por las drogas que llegan a su país.
Una cosa son las cosas que dice Trump, agresivas, innecesarias, provocadoras —como las del abogado—; el problema es que lo del habitante de la Casa Blanca se convierte en inestabilidad económica para México.
La declaración de ayer se da unos días después de que en su anuncio de aranceles de 30 por ciento para México con fecha del próximo primero de agosto, una de las razones argumentadas —no se rían— era la del tráfico de fentanilo, además del arancel de 17 por ciento al jitomate.
La trumpada se da, además, en días en que anda prófugo un ex secretario de Seguridad del estado donde nació la 4T y durante el gobierno de un líder del partido.
Tal vez sea hora de cambiar el libreto, el guion. Aquello de la cabeza fría como que no está funcionando. Tal vez sea hora de cambiar también actores.
Aunque ayer la Presidenta haya dicho: “Está haciendo un gran trabajo Juan Ramón de la Fuente. Es un hombre muy reconocido nacional e internacionalmente, y está haciendo un muy buen trabajo”. No se nota mucho, la verdad. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
En los últimos años, la relación entre México y Estados Unidos atravesó momentos de intensa cooperación, pero también episodios de presión unilateral que rozaron el chantaje.
Washington, particularmente bajo gobiernos de corte conservador, como el de Donald Trump, ha recurrido a un arsenal político que va más allá de la diplomacia: usa los tratados de libre comercio como palanca de presión económica e instrumentaliza a testigos protegidos, criminales extraditados y procesos judiciales para condicionar, presionar e incluso desprestigiar a autoridades de nuestro país. Este doble filo —económico y judicial— se convirtió en una fórmula recurrente para ejercer poder sobre México, debilitando la confianza mutua y torpedeando los esfuerzos de cooperación.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Su detención y entrega fueron presentadas como un acto de buena voluntad y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el tratamiento del caso en medios estadounidenses y en círculos políticos republicanos reveló otra intención: utilizar a los grandes capos extraditados como herramientas para reforzar la narrativa de que México está dominado por el crimen organizado y que, por tanto, necesita ser presionado —o incluso intervenido— por Washington.
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos ha hecho uso frecuente de testigos protegidos que, luego de formar parte de estructuras criminales, negocian reducciones de penas a cambio de declaraciones que a menudo apuntan a funcionarios mexicanos, sin que en todos los casos exista evidencia contundente que las respalde. Estos testimonios, muchas veces recogidos fuera de contexto, terminan filtrándose a la prensa o utilizándose políticamente para golpear a nuestras instituciones, sin tomar en cuenta el impacto en la soberanía ni en la justicia binacional. En ocasiones, los mismos testigos han sido señalados por mentir o manipular información para beneficio propio, pero ello no impide que se usen como piezas clave en casos mediáticos que colocan a México en una posición vulnerable.
Esta presión judicial se complementa con la amenaza constante de sanciones comerciales. Donald Trump de nueva cuenta prometió reinstaurar aranceles en agosto a nuestras importaciones, si México “no hace lo suficiente” para frenar el tráfico de fentanilo o contener la migración, a pesar de que este sexenio registra un récord de decomisos y campañas contra el opioide sintético.
Esta combinación —presión económica y judicial— configura un patrón preocupante: cuando Estados Unidos quiere algo de México, ya no se limita al diálogo institucional: recurre a la amenaza, ya sea mediante aranceles, extradiciones condicionadas o acusaciones desde tribunales federales. La cooperación pasó a segundo plano y en su lugar avanza una estrategia de presión que deja poco margen para la negociación entre iguales.
Lo más grave es que estos métodos se presentan como si fueran “parte de la ley” o “mecanismos legítimos de política exterior”. Pero lo cierto es que muchas veces son maniobras calculadas, con tiempos perfectamente alineados a los intereses electorales estadounidenses. Cuando un candidato necesita mostrar “mano dura”, México se convierte en el blanco perfecto. Cuando existen crisis políticas —como la que innegablemente tiene hoy Trump—, siempre estará México para pagar los platos rotos y ayudar como trampolín de salida. Cuando la crisis del fentanilo escala, se responsabiliza a México, pese a que el consumo, la distribución interna y la falta de regulación farmacéutica son problemas domésticos de Estados Unidos.
México no puede seguir siendo rehén de los vaivenes políticos estadounidenses ni de sus estrategias judiciales selectivas. Es momento de replantear los términos de la relación y exigir que el respeto sea recíproco. Porque la seguridad binacional no se construye con amenazas ni chantajes, sino con acuerdos, datos y dignidad. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 20)
Según la RAE, la palabra gentrificación se refiere al proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Etimológicamente, gentrificación proviene del inglés gentrification que a su vez deriva en el término gentry, empleado por la socióloga británica Ruth Glass en el año de 1964, aludiendo a la aristocracia o la clase social alta en Reino Unido.
Este fenómeno ocurre en todo el mundo y se trata de justificar al relacionar la llegada de la clase social alta a la transformación urbana del barrio o colonia hasta incidir en la dinámica para convertir estos espacios en lugares más atractivos y exclusivos.
En la Ciudad de México, si bien hemos sido beneficiados por los procesos de migración, convirtiéndonos en una ciudad pluricultural con profundas raíces históricas pero abierta a incorporar nuevas dinámicas, culturas y hasta gastronomías, este fenómeno no es ni de cerca algo parecido a la gentrificación y es gravemente confundido.
La migración ocurre por procesos políticos, laborales y de condiciones humanitarias en el que la gente se adapta a un entorno sin el ánimo de conquista, sino de supervivencia. La gentrificación en cambio, en su mayoría de procesos, ocurre con el interés de desplazar a los originarios, apropiarse del espacio urbano. Y si a eso le sumamos que en la Ciudad enfrentamos la mentalidad de grupos de derecha por los que, ante cualquier intento de transformar, terminamos siendo víctimas, como en el caso de los “carteles inmobiliarios” que en estos procesos de gentrificación han favorecido los desarrollos inmobiliarios desordenados, excesivos e invasivos, hasta lograr el desplazamiento de los residentes originales. La subida de precios en la vivienda y el encarecimiento de los servicios provocado por el negocio del “cartel inmobiliario” ha implicado que residentes originales no puedan permitirse pagar el lujo de vivir en su barrio o su colonia, esto lastimosamente expulsa y desdibuja la identidad comunitaria y el tejido social, lo que resulta hasta inconstitucional porque con ello perdemos algo fundamental que es el derecho que tenemos a la Ciudad.
Hay que darle la vuelta al panorama adverso, ya están aquí y no todo es necesariamente malo en la gentrificación, si nos ponemos un poco creativos y propositivos, si se establecen normativas claras y políticas urbanas que eviten la exclusión y generen bienestar, podemos traducirlo a beneficios potenciales: mayor inversión, mejora de servicios, incorporación de áreas y espacios verdes, aumentar la presencia de seguridad, diversificación de la economía popular de la zona, apertura de comercio y con ello generación de empleo, como restaurantes, tiendas y centros culturales.
Todo lo anterior no podría darse, ni puede permitirse, sin tener en cuenta que los beneficios deben ser equitativos; no como ocurre actualmente que solo beneficia a los nuevos residentes y propietarios, deja prácticamente fuera a los residentes originales, sin dejar de lado que poco a poco hemos perdido identidad y autenticidad en muchas zonas históricas de nuestra capital, al grado que ya ni de hablar español se acuerdan.
Maestra en derecho constitucional y derechos humanos (Daniela Cordero Arenas, El Universal, Opinión, A. 15)
Una nueva encuesta que ha generado grandes titulares muestra que una creciente mayoría de estadounidenses están en contra de las redadas migratorias del Presidente Donald Trump.
Pero, lamentablemente, no creo que eso vaya a incidir en la ofensiva del Mandatario contra los migrantes.
Antes de decirles por qué temo que Trump no dará marcha atrás a pesar de que su campaña antimigrantes perjudica a la economía de Estados Unidos y destruye las vidas de millones de personas, veamos los datos.
Según la nueva encuesta de Gallup, un récord de 79 por ciento de los adultos estadounidenses ahora dice que la migración es buena para el país.
Mientras tanto, el porcentaje de ciudadanos que quiere reducir la migración cayó del 55 por ciento -cuando se realizó la misma encuesta en julio del año pasado- a 30 por ciento.
En cuanto al plan del republicano de deportar a todos los indocumentados, sólo 38 por ciento de los encuestados respalda esa idea ahora, en comparación con el 47 por ciento que lo hizo en julio pasado.
Obviamente, los estadounidenses se creyeron el discurso antimigrante de Trump durante la campaña presidencial de 2024, cuando el entonces candidato tomaba casos aislados de crímenes horrendos cometidos por pandillas salvadoreñas para sugerir la falsedad de que la mayoría de los indocumentados son delincuentes peligrosos.
Ahora, un número creciente de votantes se sienten traicionados: esperaban que el nuevo Presidente se concentrara en deportar a criminales violentos, pero son testigos de una persecución a migrantes que en su enorme mayoría son buenas personas, que hacen trabajos que la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer.
Las deportaciones de Trump perjudican a industrias como la construcción, la agricultura, la gastronomía y varias otras. Al mismo tiempo, han desencadenado una crisis humanitaria.
Miles de madres son separadas de sus hijos que nacieron y crecieron en Estados Unidos y que, en muchos casos, prestaron sus servicios en el Ejército.
Lo que es igual de absurdo: la nueva ley “Grande y Hermosa” del Mandatario destina 170 mil millones de dólares al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una cantidad mucho mayor que los presupuestos anuales combinados del FBI (12 mil millones de dólares) y la CIA (14 mil millones de dólares).
No estoy bromeando: el Gobierno de Trump gastará mucho más en arrestar a jardineros, niñeras y trabajadores agrícolas indocumentados que en capturar a asesinos seriales o terroristas.
Al mismo tiempo, la Administración recorta decenas de miles de millones de dólares en fondos estatales para la investigación científica de curas contra cáncer y otras enfermedades, así como de la ayuda exterior estadounidense.
¿Acaso tiene sentido todo esto?
Sin embargo, no creo que Trump abandone su cruzada contra los migrantes, porque su cálculo político es que las deportaciones masivas le convienen: mantienen aglutinada a su base.
En un momento en que sus seguidores se pelean entre ellos por la decisión del Gobierno de no publicar los archivos del difunto financiero y acosador sexual Jeffrey Epstein y por la ayuda de Washington a Ucrania, la migración sigue siendo el único frente en que sus partidarios se mantienen sólidamente unidos.
Trump también sabe que en la actual era de la propaganda política personalizada, ya no se necesita el apoyo del 50 por ciento más uno de la población para ganar comicios.
Basta con 35 por ciento de votantes entusiastas, y una campaña que logre suprimir el voto de los indecisos y los contrincantes con desinformación para que decidan no participar en las elecciones.
En 2024, por ejemplo, la campaña presidencial republicana logró suprimir el voto de muchos atacando las posturas de los demócratas en temas relativamente menores, como el de los atletas transgénero, que eran casos que podían contarse con los dedos de las manos.
Según la encuesta de Gallup, el mayor cambio en materia de migración se produce dentro del propio partido de Trump: 64 por ciento de los republicanos considera ahora que la migración es buena para el país, contra 39 por ciento que opinaba de ese modo el año pasado.
Esta encuesta debería ser una buena noticia, si lograra que el Mandatario estadounidense cambie de rumbo. Pero no lo hará.
Mantener unida a su base antimigrante seguirá siendo su principal prioridad, aunque provoque un caos económico y una tragedia humanitaria. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Opinión, p. 14)
Dicen que no hay mal que por bien no venga. Encuestas publicadas por Gallup y por PBS/NPR/Marist, muestran que la opinión pública de EU empieza a rechazar las medidas extremas adoptadas por ICE (la agencia de Inmigración y Control de Aduanas) al detener a migrantes. En 2024, 55% de los encuestados expresaron su deseo de reducir la migración en EU. En la misma encuesta de Gallup del 11 de julio, sólo 30% lo quieren. Ese cambio incluye a republicanos. Fuera de la base dura de Trump, los demás claramente se oponen. Considerando las magras mayorías que goza Trump en ambas Cámaras, será crucial para él enmendar la estrategia.
A los encuestados les preocupan las implicaciones de una policía militarizada o del Ejército haciendo funciones policiales, de la decisión de quitarles a los detenidos el derecho a representación legal, de detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales, de arrestos accidentales de ciudadanos legítimos y se preguntan ahora qué hará esta agencia con recursos comparables al presupuesto militar de Canadá.
Cumplir la promesa de deportaciones presentaba el triunfo con menor costo político para Trump. Dejó de serlo. Pero ahora él podría trascender con una propuesta integral para resolver un problema que seguirá agravándose. Independientemente de consideraciones humanitarias que deberían ser suficientes, hay motivaciones económicas y de seguridad que crecen día con día.
Como ha escrito Paul Krugman, es difícil sustentar la narrativa que liga migración con criminalidad. Pretenden justificar así la brutal reacción militar a protestas en Los Ángeles cuando esa ciudad reporta el menor número de homicidios en 60 años. Se estima que entre alrededor de 11 millones de trabajadores indocumentados, sólo 78 mil tienen antecedentes criminales y, entre éstos, quizá 14 mil por crímenes violentos. Eso implica que para deportar 3 mil personas diario, objetivo de Stephen Miller, tienen que expulsar a muchos que se han integrado bien a sus comunidades y que realizan trabajos necesarios.
El equipo de Trump justifica los excesos de ICE estirando la Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798, parte de un conjunto de leyes conocidas como las Leyes de Extranjería y Sedición. Ésta le permite al Presidente calificar como “enemigo extranjero” a cualquier persona mayor de 14 años que sea ciudadana de un país denominado como “hostil”. La lógica es recurrir a ella cuando EU está en guerra. No lo está.
México tiene una oportunidad histórica para ayudarle a Trump a definir una política migratoria exitosa. Para EU, los objetivos de ésta deben ser cuatro. Primero, evitar la llegada de delincuentes, México puede cooperar con ellos verificando los antecedentes de quienes soliciten entrada. Segundo, definiendo vías que permitan migración legal, documentada y temporal. Tercero, ofreciendo alternativas a indocumentados ya en EU, mediante el pago de multas considerables (sugeriría 50 mil dólares). Cuarto, preservando el acceso que históricamente ha tenido EU a jóvenes brillantes del resto del mundo que buscan llegar a sus universidades, primordialmente para programas de posgrado, y que han sido vitales para la creación de empresas, el desarrollo de tecnología y de patentes. De paso, sería oportuno corregir los vicios de un sistema que debe permitir el acceso de refugiados legítimos a migración legal, y del cual se ha abusado en años recientes.
Sólo haber dificultado el cruce de la frontera, militarizándolo, provocará lo mismo que la criminalización de las drogas. Organizaciones criminales se beneficiarán cobrando el cruce a un costo más elevado y podrán corromper a las nuevas instancias. Se pierde también el control de quién entra y de sus motivaciones.
Tras décadas de negligencia, de abandono y de abuso, el gobierno de México puede presentar soluciones que les ayuden a millones de familias mexicanas, aquí y allá, a alcanzar un futuro digno. Mi consejo sería que se encuentre la forma de que Trump pueda presentar la estrategia como suya. Se abrió una puerta inesperada. (Jorge Suárez-Vélez, Reforma, Opinión, p. 9)

