El relevo en el Instituto Nacional de Migración (INM) sigue posponiéndose. Primero se dijo que Francisco Garduño se iría en diciembre y que Sergio Salomón Céspedes asumiría la titularidad una vez que dejara el gobierno de Puebla, es decir, el pasado fin de semana. Sin embargo, hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum rectificó la fecha e informó que el cambio se haría en enero.
Apenas el viernes, Garduño dijo que ya estaba listo para irse a La Chingada a visitar a su amigo López Obrador, pero ahora planean seguir retrasando el movimiento por la experiencia que tiene para hacer cosas que le gustan, nada más y nada menos que a Donald Trump.
En el equipo de Garduño están convencidos de que el titular del INM se ha ganado la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es íntimo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que encabezará la negociación sobre aranceles con los representantes de Trump.
Con la permanencia de Garduño, al menos un par de meses más, México le recordará a EU que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador él asumió la titularidad del INM tras la renuncia de Tonatiuh Guillén, cuando se ordenó reforzar las medidas contra los migrantes para frenar su avance hacia la frontera norte.
México también podrá poner varios ejemplos de la labor de Garduño al frente del INM. Como los recientes operativos para desviar a los migrantes lejos del país vecino, las repatriaciones “voluntarias” luego de frustrar su avance o la detención bajo llave de decenas de migrantes que estaban por cruzar a Texas y terminaron calcinados en la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Así es que claro que Trump agradecerá que el relevo en el INM se posponga.
Personas cercanas a Garduño confirmaron que él está dispuesto a quedarse y hasta lo ve como un respaldo del gobierno actual a toda su gestión y mantiene una comunicación fluida con la Presidenta, quien ha aprobado sus acciones de octubre a la fecha.
Desde el trágico incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, por el que Garduño está bajo proceso por omisión, comenzó una serie de acciones para mejorar esos inmuebles y evitar que fueran lo que eran: prisiones. Si bien las estaciones se han remodelado y el trato en ellas mejorado, las acciones que el INM emprende contra migrantes de engaño, hostigamiento y demora en su atención son, por decir lo menos, inhumanas.
Al menos Trump estará contento, Garduño no se va. (Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p. 3)
Aquí entre nos
Y en otro ring de la 4T, el impune y cobijado ex titular de Migración Francisco Garduño dijo que el padre Solalinde era el “pollero de Dios”. (Elisa Alanís, Milenio, Al Frente, p. 2)
Retumbó fuerte la declaración que hizo Francisco Garduño, durante sus últimos minutos como comisionado del Instituto Nacional de Migración al descalificar a más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos y en especial de migrantes. Los señalamientos que tiene no son inventos y un ejemplo desgarrador fue el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Llamó la atención el calificativo de “Pollero de Dios” al padre Alejandro Solalinde a quien denunció como promotor de caravanas de migrantes. El sacerdote que se hizo famoso por la fundación y operación del albergue Hermanos en el Camino, en el Estado de Oaxaca.
Sin embargo, antes de la declaración de Garduño, ya había denuncias contra el Padre Solalinde, que se fueron acumulando; la cercanía al expresidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo intocable.
El hecho es que, el tema de la migración es fundamental para la relación con el gobierno del Presidente Trump, quien asume el cargo el 20 de enero y el reto para el nuevo Comisionado de Migración es monumental. Y el padre Solalinde no será un activo. Ya lo definió su antecesor como “EL POLLERO DE DIOS”. (Dolores Colín, 24 Horas, CDMX, p. 7)
Garduño trae atravesado a Solalinde
Es lo que uno puede pensar luego de escuchar la reciente declaración de Francisco Garduño, titular de Migración, sobre el padre Solalinde. El funcionario dijo que “donde hay botín hay motín” con respecto al apoyo de personas en movilidad. Según el funcionario federal, el prelado se peleó con algunos activistas y eso lo ha llevado a “organizar caravanas migrantes”, en palabras del propio Garduño, quien lo definió como “el pollero de Dios”… ¿Qué le habrá hecho el sacerdote para ganarse esa muina? ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
Que durante la temporada decembrina, más de 50 mil migrantes regresan a sus comunidades de origen en la región del Valle de Atlixco y la Mixteca poblana que son las dos regiones altamente expulsoras de migrantes. Por ello, legisladores poblanos propondrán que se garantice su tránsito y estancia en el estado y en caso de que la estrategia funcione, se logre establecer una política pública encaminada en garantizar el bienestar de los paisanos una vez que sea un poblano quien asuma la titularidad del Instituto Nacional de Migración. (Trascendió Puebla, Milenio Puebla, Online)
1 Trabajo conjunto. Rosa Icela Rodríguez encabezó una reunión virtual con los gobernadores del norte para compaginar estrategias frente a la creciente presión migratoria anunciada por el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con la participación de Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Maru Campos, de Chihuahua; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, así como el INM, el objetivo declarado es garantizar una respuesta eficiente en beneficio de los connacionales. El desafío de implementar acciones concretas frente a la migración sigue siendo una tarea urgente… y pendiente. (Frentes Políticos, Excélsior, Nacional, p. 15)
Se anticipan desde la Segob
Anticipándose a los cambios que puedan surgir en el gobierno de Estados Unidos, en materia migratoria, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intensificó reuniones y acuerdos con gobernadores fronterizos para mitigar los efectos de posibles deportaciones masivas. Ayer sostuvo un encuentro con los gobernadores de los estados de Baja California, María del Pilar Ávila; Chihuahua, Maru Campos; Sonora, Alfonso Durazo; y Tamaulipas, Américo Villarreal. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
El gobierno alista su estrategia ante la repatriación de connacionales que Donald Trump podría llevar a cabo a partir de enero. El plan inicial contempla la instalación de albergues y la organización de camiones para, en cálculos preliminares, un cuarto de millón de personas.
De manera interinstitucional, desde la Secretaría de Gobernación se coordinan los esfuerzos para preparar en la frontera norte los centros de acogida de las y los mexicanos que sean repatriados, así como la logística para su traslado a sus entidades de origen.
El primer escenario gubernamental de la repatriación –luego de que en su campaña el ganador de las elecciones en Estados Unidos prometiera una histórica remoción de personas sin permiso de estadía– contempla un aumento de 50 por ciento en las expulsiones.
Según cálculos gubernamentales, en 2024 van poco más de 173 mil personas mexicanas devueltas desde EEUU. A partir de esa cifra, el gobierno cree que la cantidad de devoluciones puede escalar a las 254 mil.
Este último número correspondería por un lado al universo de mexicanas y mexicanos con orden final de salida de Estados Unidos, y por otro a quienes son rechazados en la frontera norte.
A lo largo de la línea fronteriza mexicoestadounidense hay 44 puntos formales de internación, 23 de ellos puentes peatonales. De manera ordinaria, la repatriación se realiza sólo por once. No está claro si eso se mantendrá así. De lo contrario, habría un escenario problemático.
El primer grupo de personas que podrían ser expulsadas de Estados Unidos asciende a 99 mil mexicanos con “orden final de remoción” y/o antecedentes o sentencias criminales.
Según el gobierno, la diáspora mexicana en Estados Unidos tiene sus principales asentamientos en Illinois, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Texas y, por supuesto, California.
En sentido contrario, las entidades mexicanas con más repatriados son, en ese orden, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco. Como es evidente, los tres primeros son, por otro lado, los más lejanos a la frontera.
El gabinete de Claudia Sheinbaum prepara una logística con 177 autobuses diarios para internar en las distintas regiones de la República a los migrantes expulsados. Esas corridas permitirían trasladar cada día hasta 7 mil paisanos.
De igual forma, se trabaja en el diseño de los albergues que se instalarán en zonas urbanas fronterizas con los servicios necesarios: luz, agua, internet, drenaje y, desde luego, acceso a adecuadas vías de comunicación.
Un proyecto preliminar de esta logística aún no discernía si se requerirán menos o más albergues. En otras palabras, si se han de montar 50 con capacidad de hasta 5 mil personas, o 250 con capacidad de mil personas cada uno.
Mañana miércoles 18 se conmemora el Día del Migrante. Es probable que en la mañanera se adelanten más detalles sobre el plan que el gobierno mexicano prepara ante la inminencia de las medidas que a partir del 20 de enero tomará la entrante administración Trump.
Los datos aquí vertidos son apenas un esbozo de la logística para recibir a personas que están de manera indocumentada en suelo estadounidense, pero no hay todavía claridad de otros programas o políticas públicas para apoyar a las comunidades a las que vuelven.
Desde luego, las entidades fronterizas podrían acusar de inmediato un nuevo estrés si un número importante de repatriados decide quedarse ahí fuera de los albergues o, incluso, mientras reintentan un nuevo cruce a Estados Unidos. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 35)
El metabolismo en Palacio Nacional ha cambiado. La presidenta Claudia Sheinbaum espabiló ante las amenazas continuas del presidente electo Donald Trump y empezó a tomar acciones preventivas en caso de que todo lo anunciado en materia comercial y migración se materialice a partir de enero. La reacción fue tardía, pero a tiempo. Dejar atrás la confusión, los malos diagnósticos y peores recomendaciones, cuando menos en su reconocimiento, es un avance.
Trump ha venido ejerciendo el poder y moviendo cosas desde que ganó la elección en la primera semana de noviembre. Los europeos se apresuraron a firmar un tratado comercial con el Mercosur. En Canadá, la amenaza de elevar aranceles dividió al gobierno de Justin Trudeau, y rompió el consenso con la viceprimera ministra y responsable de Finanzas, Chrystia Freeland, que es una de las razones por las cuales sorpresivamente renunció ayer. Y en Estados Unidos, los presidentes de las principales empresas dejaron de dudar de las amenazas comerciales luego que su equipo en Mar-a-Lago les aseguró que Trump está decidido a llevarlas a cabo sin importarle las probables consecuencias inflacionarias y en ese país.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum demoró muchas semanas en procesar que las amenazas eran reales, y llegó a la conclusión de que, sin importar si se cumplían o no, tenía que preparar a su gobierno. Sheinbaum había recibido una pésima asesoría del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que decía que Trump no podría hacer lo que decía, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que le aseguraba que las propias empresas lo presionarían y terminaría reculando, pero fue cayendo en cuenta de que esos diagnósticos eran limitados y que minimizar las amenazas no era buena idea.
Trump está planeando firmar más de 25 órdenes ejecutivas y directivas –que no necesitan autorización del Congreso–, de las cuales se estima que una quinta parte de esta ráfaga de políticas públicas que serán firmadas el 20 de enero, su primer día en la Casa Blanca, tengan que ver con la migración y el uso del Ejército para deportaciones masivas. La idea inicial de Trump, según diplomáticos estadounidenses, es que expulsen a México no sólo a mexicanos, sino también venezolanos, haitianos y nicaragüenses, como sucedió mientras duraba el programa Tercer País Seguro, negociado por Ebrard durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el que Sheinbaum no está de acuerdo.
Tampoco había sido tomada la amenaza migratoria con la seriedad estratégica adecuada. Hablar con los cónsules mexicanos en Dallas fue un acto mediático, pero inútil. El problema no estará tanto en Estados Unidos para efectos de su impacto en México de darse las deportaciones masivas –para los migrantes sí–, porque todavía no hay planes logísticos para absorber oleadas de expulsiones en grandes volúmenes.
Ayer mismo, en su primera conferencia de prensa desde que ganó la elección, Trump volvió a dejar claro su fobia migratoria al quejarse del presidente Joe Biden por vender parte del muro fronterizo que construyó durante su administración, y la semana pasada anunció que Ronald Johnson, con dos largas carreras en el Pentágono y la CIA, enfocado en temas de seguridad e inteligencia, será el próximo embajador en México.
La incredulidad de Sheinbaum sobre los dichos de Trump ha ido cambiando conforme su curva de aprendizaje del personaje se amplía. Hasta la semana pasada parecía estar paralizada, sin ninguna iniciativa efectiva, pero su actitud cambió el lunes de la semana pasada cuando Trump se refirió al déficit en la balanza comercial con México como un “subsidio” a este país, por lo cual alegó que sería mejor anexarlo como el estado 52 –porque el 51, había señalado días antes, sería Canadá–. Aranceles, migración e importaciones chinas que entran como producto mexicano al mercado norteamericano forman parte de la misma ecuación y son temas indivisibles.
La reacción en Palacio Nacional fue inmediata. Sheinbaum instruyó la creación de un equipo especial que será el responsable de definir la estrategia a seguir frente a las acciones que probablemente llevará a cabo Trump al asumir la Presidencia en materia de migración y comercial. El equipo será encabezado por De la Fuente, Ebrard, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la coordinadora del Consejo Empresarial, Altagracia Gómez. Para apoyar a la Presidenta se trasladará una parte del grupo de asesores a oficinas contiguas a Palacio Nacional, desde donde trabajarán exclusivamente ante las contingencias y emergencias que puedan presentarse.
Finalmente se preparará una estrategia articulada e intersecretarial, que es lo que estaba faltando en el gobierno, con declaraciones sueltas, iniciativas particulares y mensaje desarticulado. Sin embargo, no será suficiente. Ante la alineación que tendrá Trump con el gabinete y el staff de la Casa Blanca para ver los asuntos de México, se requerirá tener un gabinete estadounidense que responda inteligentemente a los términos en los que se está planteando la relación bilateral, así como el perfil de quien será embajador (mejor que embajadora ante un personaje tan misógino), que pueda hablarle en sus códigos al presidente.
El perfil y la designación del embajador es tan importante como la estrategia, que debe añadir un componente que no se ha planteado aún: construir el consenso interno para lo que vendrá con Trump. Sheinbaum recibió un país polarizado que no ha buscado despresurizar, al que se le han añadido las fisuras dentro del partido gobernante y de su propio gobierno. Entrar dividida al segundo periodo de Trump en la Casa Blanca, que es importante resaltarlo porque no tendrá la contención de ir por la reelección, la debilita.
Espabilar ante Trump fue una buena señal, pero necesita enviar otra a los actores políticos y agentes económicos mexicanos para construir el respaldo de todos los sectores que la apoyen, para cuando eventualmente reciba imposiciones inaceptables de Washington. Esta es la pata que necesita en su estrategia, que será incompleta si no la construye y reduce las vulnerabilidades que hoy tiene.
Nota: en la columna del lunes se mencionan incorrectamente los recortes a los presupuestos de Salud y Seguridad Pública. Las sumas señaladas son en miles de millones de pesos. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
Ante las amenazas de Donald Trump, la narrativa de México parece tomar un rumbo más equilibrado. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado la importancia del T-MEC para enfrentar la competencia económica con China y ha respondido a los comentarios del Mandatario electo sobre la posible incorporación de México como un estado de EU, señalando que buscará reducir la exposición mediática de la relación bilateral, un giro significativo en comparación con las posturas confrontativas de semanas recientes.
La Secretaría de Economía ha activado cabilderos en EU para contrarrestar las amenazas arancelarias de Trump, un esfuerzo fundamental. Sin embargo, áreas como seguridad y migración reciben menos atención, a pesar de la reciente nominación de Ronald Johnson como Embajador de EU en México, que subraya la relevancia de estos temas.
Sheinbaum ha destacado la contribución de los migrantes mexicanos en EU, quienes aportan 338 mil millones de dólares anuales, pero la estrategia para enfrentar las deportaciones sigue siendo incierta. El Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha comenzado a reunirse con consulados mexicanos para preparar una respuesta. La labor consular será clave, y es una pena que, sabiéndolo, se sigan otorgando consulados como premios a impresentables políticos, como el ex Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien recién fue ratificado para ser cónsul en Miami.
Las deportaciones masivas no solo presionarán a las ciudades fronterizas, sino que también implican graves riesgos para los deportados. México debe actuar con responsabilidad y urgencia para protegerlos.
A lo largo del Gobierno de Barack Obama, más de 3 millones de personas fueron deportadas a México y, a pesar de ello, carecemos de la memoria institucional necesaria para enfrentar este desafío. El Servicio Exterior Mexicano y las áreas internacionales de las agencias de migración y seguridad han sido debilitadas en años recientes.
Es necesario establecer relaciones dinámicas con Washington en materia migratoria. Sería importante reactivar la agregaduría de Gobernación en la Embajada -como ya se está haciendo con la de Economía- y trabajar de cerca con las agencias estadounidenses de migración y aduanas (ICE y CBP) para manejar las deportaciones de manera más ordenada, segura y eficiente.
El tratamiento integral de los deportados es crucial. Muchos regresan sin documentos ni recursos, por lo que el Gobierno debe involucrarse en su reincorporación social y económica, facilitando desde la emisión de actas de nacimiento hasta programas de integración escolar y laboral, vinculando la oferta con la demanda de mano de obra. Las repatriaciones deben realizarse por grupos. Mujeres y menores no acompañados requieren un trato diferenciado, al igual que los nacionales de terceros países, en cuyos casos la coordinación con Embajadas de sus países de origen será fundamental.
Los “Acuerdos Locales de Repatriación” entre puntos fronterizos son una herramienta para regular el proceso, pero habrá que vigilar que sean respetados. Un factor a considerar es el invierno: los deportados son comúnmente despojados de sus pertenencias, que deben llevar en bolsas de plástico al cruzar la frontera, quedando vulnerables ante las bajas temperaturas.
Trump ha dicho que deportará a quienes hayan cometido delitos en EU. México debe recibir una lista detallada de estos casos, con nombre completo, crimen imputado, lugar y fecha de nacimiento, lo que permitirá verificar si existen órdenes de aprehensión pendientes en nuestro país. Además, muchos exconvictos son deportados directamente desde prisiones. El Gobierno debe negociar con la Asociación de Bancos de México para garantizar que los cheques de trabajo recibidos durante su encarcelamiento sean aceptados por los bancos mexicanos, ya que son a menudo los únicos recursos con los que cuentan para reiniciar su vida en México.
Las deportaciones no son solo un tema logístico, sino de dignidad y derechos humanos. México debe priorizar el bienestar de los migrantes y el impacto social de estas deportaciones. Al final, se trata de proteger a aquellos que, por diversas razones, se han visto obligados a cruzar la frontera y no merecen ser olvidados. (Brenda Estefan, Reforma, Opinión, p. 14)
Saludan diálogo entre los cancilleres de México y Canadá
Saludamos la comunicación entre los cancilleres de Canadá y México. Ojalá en futuros diálogos traten sobre cómo lograr el res-peto a los derechos de más de 50 mil trabajadores mexicanos legales y de al menos 100 mil indocumentados.
Además, la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Mélanie Joly, debería posicionarse contra el racismo y discriminación existentes, no sólo en los altos niveles del gobierno, en lugar de evadir el tema. Una forma sería otorgar permisos de trabajo abiertos e incorporarnos en las negociaciones binacionales de los programas de trabajadores migrantes.
Además de que el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, insista en la necesidad de erradicar el esclavismo moderno, señalado por el relator especial de la ONU en los programas de trabajadores temporales.
Esperamos también que la presidenta Claudia Sheinbaum indique a las secretarías del Trabajo y de Relaciones Exteriores que dialoguen con quienes organizadamente luchamos en Canadá.
Informamos que mañana, miembros de la organización Dignidad Migrante entregaremos en la embajada canadiense en la Ciudad de México propuestas concretas ante las políticas antimigrantes.
Sería una importante señal de apoyo que al menos las dos dependencias antes mencionadas recibieran a nuestros representantes.
Toda comunicación con nosotros puede hacerse en INFO@dignidadmigrantesociety.org (Raúl Gatica, Dignidad Migrante, La Jornada, Editorial, p. 2)
Bloomberg, mediante su agencia de noticias, asegura que la administración Trump, entrante en el último tercio del próximo mes, está esforzándose para que México y El Salvador acepten recibir a migrantes deportados de Estados Unidos.
La nota informativa, firmada por Eric Martin y sustentada en fuentes anónimas, señala que Trump ha hablado de estos temas migratorios con los mandatarios Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. Pero, además, los equipos y asesores informales de tales políticos han tenido discusiones más detalladas, en algunos casos por conducto de empresarios como intermediarios (https://goo.su/5bElFz).
Tales cabildeos pretenden que México acepte migrantes deportados, oriundos de varios países, sobre todo centroamericanos. Un rubro aparte se refiere a Venezuela, Nicaragua y Cuba, con los que nuestro país tiene buenas relaciones, no así la Casa Blanca.
Hasta ahora, la administración Sheinbaum mantiene una postura declarativa adversa a convertirse en tercer país seguro. México sólo recibiría a mexicanos, se dice en estos primeros escarceos. Algo parecido se alegaba durante el primer periodo presidencial de Trump, aunque a fin de cuentas México, mediante el entonces canciller Marcelo Ebrard, rompió como nunca la histórica política solidaria con los migrantes y se disfrazó con piruetas retóricas, demagogia enredosa en terminologías, la aceptación práctica de que México fuera un inconfeso tercer país seguro. ¿Qué sucederá ahora? ¿Lo mismo: rollo soberanista pero aceptación fáctica de lo que el vecino necesita e impone?
La devolución a México de Osiel Cárdenas Guillén, otrora temible jefe de grupos delictivos (el cártel del Golfo y Los Zetas), podría entenderse como un guiño de presunta reciprocidad o amabilidad ante México por parte del poder gringo que en julio del año en curso se hizo de dos piezas activas y fuertes del mapa del crimen organizado, el hasta entonces carcelariamente invicto Ismael Zambada, El Mayo, y un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, que lleva el mismo nombre.
Capo por capo, podrían corear algunos, pero ciertamente no hay proporcionalidad. Desde luego, la administración Biden, ya en sus postrimerías, puede anotar en su libreta de regalos haber enviado de regreso a una prisión de México a un personaje de poder erosionado, virtualmente abatido. Ayer mismo, el fraseo oficial de las autoridades del vecino país subrayaba la palabras colaboración. Ahora habrá de verse si el armado acusatorio de México mantiene largamente en prisión al personaje apodado el mata amigos o hay otras implicaciones.
Pero todo ello languidece ante el sostenido silencio de Washington respecto a lo que sucedió una mañana y un mediodía en Culiacán, con destino final en territorio gringo, a partir de lo cual se desató la vigente guerra entre mayitos y chapiza. En ese rompecabezas de permanente llenado y vaciado (porque tal es el negocio) ha de insertarse también, con una interrogante por despejar, la recaptura de Dámaso López Serrano, apodado el Mini Lic por ser hijo de Dámaso López Núñez, El licenciado. El tal Mini Lic, entre otros delitos, es señalado como autor intelectual de la ejecución del respetado periodista Javier Valdez en Culiacán.
A la hora de cerrar esta columna sólo se sabía que habían entrado a Palacio Nacional los senadores Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña e Ignacio Mier, sin que se confirmara aún la presencia del diputado Ricardo Monreal. También había llegado la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Todo en el contexto del seco encontronazo entre Monreal y López Hernández por un supuesto recorte presupuestal en el Senado, operado por el primero, y la develación de negocitos añejos, hecha por el segundo. La primera versión referida a estas visitas señala que la presidenta Sheinbaum intervendría para frenar el choque entre morenistas de élite. ¡Hasta mañana! (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
Trump dijo ayer que México y Canadá están avisados, así es que no habrá sorpresas: vienen el cierre de fronteras y el programa de deportaciones más grande de la historia.
Para recibir el impacto social y económico de lo que ello significará, el gobierno mexicano no se ha preparado.
Las remesas dejarán de fluir en la cantidad creciente que se recibieron en México durante la primera presidencia de Trump y los cuatro años de Biden, que salvó de la hambruna a comunidades enteras durante la crisis económica derivada del mal manejo del covid.
De acuerdo con cifras de Coneval, de 437 municipios donde no se reciben remesas de Estados Unidos, 397 tienen índices de pobreza arriba del 50 por ciento de la población.
El trabajo de mexicanos en Estados Unidos subsidia nuestra economía, y también a la demagogia y a la ineptitud gobernante que registra entre los peores índices de crecimiento económico de la historia.
“Trump ladra, pero no muerde”, dicen en el gobierno: hakuna matata. Nada de incentivos ni certeza jurídica al sector empresarial para detonar el crecimiento económico y atraer inversión fresca.
Por el contrario, hay un dispendio billonario y estatizaciones.
Ahora Trump se ha preparado para morder y así quiere pasar a la historia.
Para más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca representa un futuro de zozobra.
Más de 6 millones del total son mexicanos y al igual que el resto viven ahora momentos de incertidumbre, inseguridad y ansiedad.
La promesa de Trump es decretar el 20 de enero el cierre de la frontera con México y poner en marcha el más draconiano programa de deportaciones jamás visto.
Un análisis actualizado del Centro de Estudios Migratorios (CMS, por sus siglas en inglés) encontró que al menos 5 millones 800 mil hogares en Estados Unidos albergan al menos a un residente indocumentado.
“Por lo tanto, la deportación masiva amenaza con romper casi 5 millones de familias estadounidenses”, sostiene.
Para dimensionar lo que intentará hacer el gobierno de Trump, está lo que respondió hace dos semanas el próximo “zar” fronterizo, Tom Homan, al ser cuestionado si el programa de deportaciones marcaba el regreso de la política de separación de menores.
Su respuesta fue que no, porque los padres no estadounidenses pueden llevarse de regreso a sus hijos estadounidenses. De ese tamaño es lo que viene.
Los acólitos de Trump sostienen que su prioridad inicial son un millón 400 mil personas que enfrentan órdenes de deportación, y más de 400 mil con algún tipo de antecedente criminal.
En el gobierno vecino ya hablan de redadas en centros de trabajo, lo cual atemoriza no sólo a los migrantes sino a sus empleadores, que podrían ser objeto de multas significativas o incluso persecución legal.
Clarísimo el mensaje de Trump: los inmigrantes indocumentados no pasarán y los que ya están dentro de Estados Unidos prepárense para ser deportados, con o sin hijos ciudadanos estadounidenses.
Va a barrer parejo.
¿Ya está preparado el gobierno de México para recibir paisanos y no paisanos que deportarán a los municipios de la frontera norte?
Aunque se espera que organizaciones civiles en Estados Unidos presenten demandas para frenar las deportaciones, eso no disminuye el temor en el día a día de los migrantes.
Residentes legales de origen mexicano que viven en Estados Unidos comparten que incluso ellos tienen temor y llevan su Green Card en la bolsa por temor a ser víctimas de una redada.
Hasta el color de piel los hace vulnerables.
Un análisis del Migration Policy Institute muestra que Bill Clinton repatrió a más de 12 millones de personas. George W. Bush a más de 10 millones y Barack Obama a 5 millones.
Donald Trump, en cambio, “sólo” deportó a 1.5 millones de indocumentados. No fue por falta de ganas, sino porque enfrentó problemas legales.
Aunque los migrantes habrían tenido más razón de estar preocupados con Clinton, Bush Jr. u Obama, es la retórica hostil de Trump y compañía la que detona el miedo.
Y el equipo que ha formado para pasar a la historia con golpes espectaculares en deportaciones es el más antiinmigrante que se haya visto.
¿No hay de qué preocuparse?
¿Hakuna matata?
Más vale no confiarse, fortalecer consulados con profesionales capaces de armar equipos que defiendan a los paisanos que sean injustamente aprehendidos, y no llenarlos de compadres ineptos como acaba de suceder en el consulado de México en Miami. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 32)
Si Donald Trump se proponía generar ansiedad y provocar caos político —y tal vez económico—, en sus socios comerciales, lo ha logrado, aunque no necesariamente como algunos lo anticipaban.
Son dos las amenazas lanzadas por Trump en caso de que no se controlen —de acuerdo a su criterio, obvio—, los flujos de drogas y de migrantes ilegales: aranceles de 25% a todos los productos provenientes de ambos países y la posibilidad de acciones militares en territorio mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico.
Las reacciones han sido sorprendentes, sobre todo considerando el carácter tradicionalmente apacible y conciliador de los canadienses y el más estridente y nacionalista de los mexicanos. En una suerte de roles inversos, en Canadá varios políticos (sobre todo, pero no únicamente, conservadores), primero despotricaron por ser colocados en el mismo paquete que México, después sugirieron sacar a nuestro país del acuerdo tripartita para al final envolverse en la proverbial bandera, con Doug Ford, el notorio Premier de Ontario, amenazando con cortar el suministro de energía a EU si Trump impone los aranceles.
¿Griterío e hipérbole? Sí, en parte, porque además de ganarse enemigos por todos lados ahora el gobierno canadiense enfrenta una crisis que más pronto que tarde le va a costar el cargo a Justin Trudeau.
Y es que después del oso monumental de salir corriendo a Mar-a-Lago para cenar con Donald Trump y la filtración posterior de que el estadounidense le propuso a Trudeau convertirse en el estado 51 (y las burlas subsecuentes del presidente electo y de sus fans), ahora Trudeau se topa con la renuncia de su segunda de a bordo y Ministra de Finanzas, Cynthia Freeland, quien advirtió en su carta de dimisión que Trudeau no está tomando en serio el riesgo de los aranceles e impulsa medidas que debilitan las finanzas públicas canadienses con tal de mejorar su decaída popularidad. Trudeau, que debe convocar a elecciones el año próximo, tendrá ahora que lidiar con las presiones y bravatas de la derecha y con la rebelión y deserciones de su propio partido.
Del lado mexicano ha habido un poco más de sensatez, aunque no ha faltado el patrioterismo de quienes dicen que no necesitamos a EU ni al T-MEC. Pero más allá de esos exabruptos, y de la estrategia inicial de responder a los posteos en redes sociales de Trump desde las conferencias mañaneras de la presidenta Sheinbaum, parecería que hay un frente más unido.
Y qué bueno que sea así, porque para México es indispensable encontrar la fórmula para navegar cuatro años con un vecino presidido por un hombre de cuya estabilidad emocional existen dudas, por decirlo amablemente.
No son el narcotráfico y la migración los únicos desafíos para la relación México-Estados Unidos: China va a ser una piedra en el zapato dado su creciente interés por invertir más activamente en nuestro país, cosa que le mete mucho ruido a los estadounidenses.
Y solo un dato para poner lo anterior en contexto: medida en términos de paridad de poder adquisitivo (Purchasing Power Parity), la economía china ya rebasó a la estadounidense para convertirse en la más grande del mundo. (Gabriel Guerra Castellanos, El Heraldo de México, País, p. 10)
La mayoría de las nominaciones para el gabinete de la próxima administración Trump han atraído fuertes críticas de los medios de comunicación y de los centros de pensamiento en Washington DC.
En general, es la falta de experiencia fusionada con una mezcla de ideología antisistema y una muy visible lealtad personal a Trump –que simula a un culto– lo que caracteriza a una proporción sustancial de los nominados y esto preocupa a los círculos de la inteligencia washingtoniana.
Un encabezado reciente publicado en el Washington Post leía: “¿A los americanos no les gustan los expertos? Envíenles bufones.” Desde luego hay excepciones, como el senador Marco Rubio, nominado a secretario de Estado, y el embajador Ron Johnson, nominado a reemplazar a Ken Salazar en México.
La esperanza es que el costo político de confirmar a algunos de estos inexpertos va a ser alto, por lo que serán minoría y los que logren confirmación se enfrentarán a la burocracia más poderosa y profesional del mundo: Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene cerca de 3 millones de empleados, de los que casi 900 mil son civiles que forman una gruesa y poderosa burocracia. Ante los liderazgos antisistema, muy probablemente se crearán contrapesos institucionales orgánicos que cerraran o por lo menos diluirán las acciones más radicales.
Aun así, preocupados por los efectos intencionales o accidentales que puedan causar las propuestas amenazas de la siguiente administración, los centros de análisis en Washington están muy ocupados llevando a cabo desde ejercicios académicos hasta escenarios hipotéticos, para comenzar a obtener rangos de medición.
Las deportaciones masivas de migrantes indocumentados tendrán un impacto significativo en la economía de Norteamérica, Estados Unidos caerá en un déficit económico severo tanto por la pérdida de mano de obra como de las contribuciones tributarias multimillonarias de esta población, mientras que la imposición de tarifas arancelarias llevará a topes inflacionarios imprevistos.
El gobierno de México ha respondido de forma seria a ambas amenazas, pero hay una tercera amenaza a la que no ha respondido –muy probablemente para no darle oxígeno– y es la de acciones militares unilaterales en contra de organizaciones criminales en territorio mexicano.
La semana pasada se llevó a cabo una sesión privada bajo reglas de no atribución en uno de los centros de análisis más serios de Washington, donde se abordó el escenario de que una organización criminal obtuviera un arma de destrucción masiva, es decir, un arma nuclear, química o biológica. El escenario fue minimizado como “muy poco probable” desde el punto de vista de capacidad e intención, pues la mayoría de los participantes dedujeron que en este momento no existe ni capacidad ni intención.
Definitivamente, las organizaciones criminales, específicamente las narcotraficantes, no buscan exterminar a sus clientes.
Hasta ahora, la respuesta institucional binacional en contra del narcotráfico ha ido desde prevención y tratamiento de adicciones, hasta interdicción del contrabando, afectación de la capacidad financiera, logística y operativa, y -hasta hace algunos años- operaciones de alto impacto contra sus liderazgos. Extender el abanico de acción para incluir operaciones militares unilaterales hacia México sepultaría cualquier tipo de cooperación por parte del gobierno mexicano y llevaría a un cambio sustancial en la capacidad e intención de respuesta por parte del crimen organizado, por lo que el escenario descrito como muy poco probable tomaría nuevas dimensiones. Parafraseando a uno de los asistentes, cuando declaras guerra… guerra tendrás. (Íñigo Guevara, El Heraldo de México, Orbe, p. 29)
Si uno revisa lo sucedido en 2024, encontrará que ha sido un año de cambios profundos, y que se empieza a dibujar un mundo diferente al que hemos vivido. Como se trata apenas de un esbozo, no sabemos cuál será el resultado final. Lo que ya parece cierto es que no se trata del mismo paisaje. Eso significa que serán otros los problemas principales que aquejarán a la humanidad.
De entrada, las economías del mundo van a tumbos, con contadísimas excepciones. Tres lustros después de la crisis financiera desatada por la falta de regulación, no ha habido respuesta productiva. El crecimiento es lento y desigual en todos los sentidos: es desigual regionalmente y también lo es en términos de distribución del ingreso. Los mercados ocupacionales están dislocados: la precariedad y la inestabilidad en el empleo son la nueva normalidad. Y eso ha generado, de paso, diferencias intergeneracionales importantes.
Lejos estamos de los años de posguerra, cuando las economías crecían y se generaban oportunidades suficientes como para que hubiera movilidad social en un contexto siempre desigual, pero con tendencias a ser más igualitario. Tan lejos estamos que la mayoría de la población mundial no vivió esos tiempos, y su única experiencia ha sido la de un crecimiento económico lento, cuando no de crisis recurrentes. Es en ese contexto que estamos viviendo cambios políticos de envergadura. Las distintas elecciones en 2024 así lo demostraron.
En la mayor parte de los países, los votantes mostraron su descontento por el estado de cosas. Después de la crisis de los mercados financieros en 2008, la mayor parte de la gente perdió la confianza en los mercados y en quienes daban la receta económica tradicional. Pero no se movió a la izquierda, porque también perdió la confianza en el Estado como interventor en la economía (o no se la dio). De hecho, con pocas excepciones nacionales, las mayorías han perdido la confianza en los gobiernos y se han movido hacia quienes se presentan como ajenos a la clase política tradicional. Esto a su vez crea otro problema: la desconfianza hacia cualquier fuente de autoridad, combinada paradójicamente con el deseo de que haya alguna autoridad que traiga una solución mágica a los distintos problemas. Parte de la receta populista.
Y nuevos problemas están en la mesa, ya muy claramente. Uno es la reproducción desaforada de rumores, posverdades y teorías conspirativas empujadas por las redes sociales (alimentada, a su vez, por la desconfianza reseñada hacia cualquier fuente de autoridad, que en este caso son los periodistas y los medios profesionales). Se trata de una fragmentación de la realidad: cada quien se está formando una idea muy diferente (y no siempre coherente) de cómo están las cosas. Esto dificulta tanto la gobernanza como la solidaridad social y abona a que las sociedades estén cada vez más polarizadas.
Otro es la precipitada irrupción de la inteligencia artificial en los mercados laborales, que -a falta de regulación- está generando problemas de todo tipo, que van desde el cambio del tipo de trabajo o su eliminación, a la existencia de sesgos con resultados defectuosos, a la merma en la calidad de los servicios. Esto puede conducir a crisis sociales.
Un tercero es la creciente importancia de las migraciones en el contexto mundial. Han tenido un efecto político y social importante en Europa y el hecho de que el tema haya sido central en la campaña presidencial de un país de inmigrantes como Estados Unidos demuestra nos hace ver que la migración es un tema central para prácticamente todas las naciones. Hay un problema cuando una parte de la sociedad tiene todos los derechos (porque son ciudadanos) y la otra no, cuando esta segunda es numéricamente relevante. Hay un problema cuando no se trata de migraciones paulatinas, sino de olas migratorias masivas. Lo hay cuando el mundo está tan conectado que es imposible, en la práctica, detenerlas.
Un cuarto es el proceso de reconfiguración del orden mundial, con numerosos actores intentando influir y colocarse. Era previsible el carácter efímero del mundo unipolar posterior a la caída del bloque soviético. Pero vivir el proceso de reacomodo no es sencillo. Los conflictos bélicos con los que inició el año siguen ahí, cuando no se han recrudecido, como en Medio Oriente. Es imposible verlo todo con la lógica de “buenos contra malos”; más aún cuando los valores se trastocan. Llegará una nueva estabilidad, pero no sabemos cuándo, ni si será positiva para los pueblos. Y mientras tanto, seguirá la zozobra.
Finalmente, hay un reacomodo de valores. La democracia ya no tiene el prestigio de antes, aunque siga siendo el método más civilizado para que las sociedades diriman sus diferencias y tracen su ruta hacia el futuro. Y hay un choque creciente entre lo que dicen las leyes y la manera de interpretarlas y de vivir con ellas (viene a la mente el caso del asesino del CEO de la aseguradora United Healthcare, su manifiesto y la popularidad que ha conquistado). Esto es resultado de que no se han resuelto muchas injusticias y, también, de que algunos presuntos justicieros lo que hacen es el “quítate tú para ponerme yo”, y reproducir el problema, en vez de resolverlo. (Francisco Báez Rodríguez, La Crónica de Hoy, columnistas, p. 4)
Este cierre de año está lleno de preocupaciones para millones de personas que son o tienen familiares migrantes indocumentados en Estados Unidos, así como para las personas que esperan en México una cita para tramitar asilo político en nuestro vecino del norte.
No es para menos, a principios de enero se ratificará el nuevo mandato de Trump y el día 20 retomará las riendas del gobierno con más experiencia, las Cámaras a favor y las mismas explosivas promesas de campaña que prometen erradicar la migración ilegal cueste lo que cueste.
Con el regreso de personajes infames como Thomas Homan, el nuevo “zar de la frontera”, y Stephen Miller, responsable de las propuestas más radicales y racistas de la pasada administración, la tensión se ha acumulado en la comunidad migrante llenando de consultas a las ONG y a los despachos de abogados. Trump ha prometido realizar la deportación masiva más grande de la historia en su primer año de regreso al poder y, ciertamente, se ha rodeado de las personas idóneas para tal propósito.
Si bien todo país tiene derecho a exigir legalidad y orden en el ingreso y permanencia en sus tierras, existen aspectos legales y humanitarios que han de observarse. Existen leyes internacionales, por ejemplo, que protegen a las personas que buscan asilo político. Es ilegal negar o dilatar estos procesos. Del mismo modo existen disposiciones que protegen a los migrantes en contra de los tratos inhumanos y que exigen a los países receptores ciertas garantías. Y cuando se trata de familias con menores o de menores sin acompañantes adultos, las reglamentaciones son aún más estrictas para evitar el sufrimiento de inocentes.
La pasada administración de Trump provocó uno de los mayores escándalos de sus años al poder al implementar medidas que negaban los derechos de asilo y que eran crueles intencionadamente al separar a las familias y enjaular a niños, incluso bebés, lejos de sus padres. Se estima que 5,500 niños fueron separados de sus padres. El clamor internacional logró que Trump firmara, a regañadientes, una orden para detener este sinsentido, pero el daño estaba hecho y aún hoy existen 1,400 menores que jamás se reencontraron con sus padres. Huérfanos creados por el Estado en una de las políticas más crueles de la historia de EU.
Las deportaciones también romperán familias. La “alternativa” de Trump, deportar también a los hijos aunque sean nacidos en EU, desafía el sentido común y a la ley misma. Sin embargo, con las cámaras y el supremo a su favor, sólo la ley moral y el sentido humanitario quedarán entre los migrantes y la aplanadora populista de Trump. Los migrantes son el enemigo creado y deshumanizado, no importa que sufran porque “no son como nosotros”. (Montserrat Salomón, La Razón, Mundo, p. 25)
Hay movimientos globales dramáticos que coinciden con la llegada de Donald Trump al poder el próximo 20 de enero, reflejo de que el cambio en la Casa Blanca ha modificado o catalizado procesos de alternativas políticas en un mundo inestable.
En Canadá, renunció la viceprimera ministra Chrystia Freeland en medio de profundas diferencias con el premier Justin Trudeau; en Alemania, el gobierno de Olaf Scholz perdió la confianza parlamentaria y habrá elecciones adelantadas; en Francia, Emmanuel Macron designó al cuarto primer ministro de los últimos cuatro meses y nada asegura que alcance la mayoría parlamentaria para sostenerlo. La caída del régimen de Bashar al Assad, en Siria, cambió también los equilibrios en Oriente Medio y significa una dura derrota para Rusia e Irán. En América latina, la precaria salud de Lula da Silva puede modificar los equilibrios en la región mientras que Gustavo Petro, en Colombia, de visita, por cierto, en México, es un presidente endémicamente débil y acosado por denuncias de todo tipo, mientras que Javier Milei en Argentina fortalece un proyecto que tendrá todo el apoyo del trumpismo.
Mientras todo eso ocurre en el mundo, en México pareciera que pensamos que la llegada de Trump se puede neutralizar con declaraciones, algunas reuniones y que se puede seguir adelante con una ruta que nos lleva a una confrontación con Estados Unidos. Los temas de Trump con México son migración, fentanilo, China, T-MEC y generación de energía y agua.
Respecto a la migración viene inevitablemente una etapa de deportaciones masivas. Incluso las ciudades santuarios, como Nueva York y Chicago comienzan a aceptarlo y han debilitado las medidas de respaldo a los migrantes. En el tema del fentanilo, la administración de Claudia Sheinbaum ha endurecido la estrategia de seguridad, pero falta mucho por hacer antes de tener resultados palpables. No es menor el dato del ingreso de militares estadunidenses a México en primer trimestre de 2025 para, se dijo en el Congreso al autorizar esa participación, “incrementar la competitividad cooperativa y fortalecer las capacidades tácticas de ambas naciones en un mundo donde las amenazas globales requieren respuestas conjuntas”.
En el tema de China hace falta muchísimo más que declaraciones y unos decomisos en la plaza de Izazaga en el Centro Histórico de la CDMX. Es un país con el que tenemos un enorme déficit comercial y además de allí proviene buena parte del fentanilo ilegal que se transforma en México y se distribuye después en Estados Unidos.
En el tema energético, si bien la disposición de la nueva administración es mucho mejor que la anterior, el tema inevitablemente entrará en contradicción con las normas del T-MEC. Pero mucho más lo harán las reformas que se han aprobado en las últimas semanas, en particular la judicial y la que desaparece los órganos autónomos.
Más temprano que tarde, el gobierno federal tendrá que decidir si avanza con la reforma judicial así como está planteada y renuncia al T-MEC o cumple con éste y adecua la reforma a lo que el tratado estipula. No es un tema de interpretaciones, estamos hablando de la letra del propia T-MEC.
En el capítulo XXI sobre política de competencia del T-MEC se señala que cada parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva. Con la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se compromete la garantía de tribunales independiente.
En el Capítulo XIV del T-MEC referente a la inversión se dice que éstas tienen que ser tratadas de manera equitativa; sin embargo, con la reforma se verá cuestionada la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros en la emisión de sus resoluciones de manera equitativa.
En el capítulo XXIII sobre política laboral se menciona específicamente que ante conflictos laborales “cada parte asegurará que los tribunales que conduzcan o revisen esos procedimientos sean imparciales e independientes”. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros determinará una vez más dependencia respecto al Ejecutivo Federal y/o el Poder Legislativo.
¿Alguien cree que puede establecerse una negociación sobre el T-MEC sin cumplir con sus normas básicas?, ¿alguien cree que avanzando en temas como el fentanilo y la migración, Estados Unidos y Canadá estas violaciones a la letra del Tratado pasarán desapercibidas o será ignoradas?
Siento que no existe conciencia de ello en el gobierno federal. Que se cree que avanzando en algunos capítulos de seguridad y migración se ignorará o dejará hacer en los otros, sin comprender que somos el primer socio comercial de la Unión Americana, con un intercambio comercial que implica para México exportaciones por dos mil millones de dólares diarios y un enorme superávit comercial.
¿Usted cree que esos socios comerciales, esos importadores y exportadores, esos participantes de cadenas productivas cada vez más integradas permanecerán ignorantes de las violaciones al Tratado, sobre todo si son las que les garantizan equidad e independencia judicial? Lo dicho, más temprano que tarde habrá que elegir entre la reforma judicial y el T-MEC. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 12)

(Jabaz, El País de Nunca Jabaz, Milenio, Al Frente, p. 3)

(Garci, El Financiero, Opinión, p. 26)