El Instituto Nacional de Migración fue condenado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a indemnizar con 602 mil pesos al migrante salvadoreño José de la Paz Fermán Cruz, tras acreditarse que estuvo retenido ilegalmente casi un año en la estación migratoria “Las Agujas” a pesar de contar con un acuerdo de salida desde enero de 2016. La autoridad no le notificó dicho acuerdo ni le entregó el documento provisional de visitante con permiso para trabajar, lo que impidió su liberación. El tribunal concluyó que esta omisión constituyó una actividad administrativa irregular, causó daño moral y vulneró sus derechos humanos, por lo que también ordenó atención psicológica y la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación. (A la Sombra, El Sol de México, República, p. 2)
Médicos cubanos, una bomba de tiempo diplomática
Nos informan que, durante el sexenio pasado, y en el actual, han sido decenas los puntos de acuerdo de la oposición en el Senado para pedir cuentas del programa de médicos cubanos que son contratados por el gobierno mexicano. Nos dicen que se busca aclarar la validez de los estudios y capacidades de los médicos y justificar los altos salarios que se pagan al régimen de la isla por sus servicios. Ni un solo exhorto o comparecencia se ha aprobado, nos dicen. Aunque consideran que quizá el gobierno mexicano tendrá algo que decir al respecto si el gobierno de Estados Unidos intenta replicar en nuestro país las medidas que ha tomado para imponer restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de médicos cubanos, al que ha calificado como un esquema de trabajos forzados del régimen cubano para obtener ingresos del exterior. Este tema, advierten, podría ser una bomba de tiempo diplomática. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Que el titular de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, coordinó la llamada de Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la intempestiva salida del magnate de la cumbre del G7, con el objetivo de dar continuidad al diálogo entre mandatarios que se había quedado en vilo con la cancelación de la cita en Calgary (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)
Donald Trump mantiene su orden de redoblar las redadas, detenciones y deportaciones, sobre todo en ciudades consideradas santuarios de migrantes como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, a pesar de que reconoce que su política antiinmigrante está golpeando fuerte a sectores económicos importantes de Estados Unidos, como agricultura, hotelería y ocio. Empresarios e incluso políticos de su partido que le han pedido cambiar la estrategia, solo han encontrado oídos sordos.
¿Por qué se niega a impulsar una reforma migratoria integral y ordenada que beneficie a su propia economía, devuelva la calma a las calles y resulte en un ganar-ganar para todos? Su premisa política es pegar la etiqueta de delincuentes a todos los indocumentados por igual, cantaleta adoptada por sus funcionarios más radicales como la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin.
Los argumentos trumpistas, sin embargo, caen por el peso de sus propios datos. De los más de 185 mil inmigrantes que han sido puestos en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) en los últimos meses, únicamente 752 tenían acusaciones de homicidio, es decir, ni siquiera el 0.5 por ciento. Hablando de otros delitos graves, los acusados eran 15 mil 100, o sea, menos del ocho y medio por ciento.
En contraposición, recientemente, la directora ejecutiva de la Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC, siglas en inglés), Rebecca Shi, dijo: “Tenemos una escasez de 1.7 millones de trabajadores y la cifra va en aumento, lo que eleva el costo de la alimentación y la vivienda para los estadounidenses”. ¿Por qué? La respuesta es simple: “Cuando la mano de obra baja, los precios suben”.
A eso hay que agregar la intención de Donald Trump de obligar a las grandes empresas a llevar sus fábricas a Estados Unidos, lo que acentuaría mucho más esa crisis.
Mientras, en México el humanismo no alcanza para recibir con oportunidades a los repatriados. De los cinco millones de connacionales indocumentados en Estados Unidos, 56 mil 298 han sido deportados desde que inició la administración Trump y el programa “México Te Abraza” apenas ha podido conseguir empleo para 2 mil 495 de ellos, ayudar a otros con 2 mil pesos para que regresen a sus lugares de origen y algunas otras atenciones.
La deportación hacia México de ciudadanos de otros países no ha sido tan copiosa como para equipararnos con un tercer país seguro de facto, pero los miles que llegaron en caravanas y no lograron cruzar la frontera norte se suman a la carga para nuestras economías regionales.
Claramente, una reforma migratoria integral sería la gran solución.
MÁS LLAGAS
México, en el peor de los mundos. Importa más del 72 por ciento del gas natural que usa y es necesario hasta para las refinerías y la producción eléctrica. Por un lado, la próxima revisión de T-MEC pondrá nuevamente sobre la mesa las acusaciones que hizo el gobierno de López Obrador sobre contratos leoninos en la construcción de gasoductos, que dejaron demandas y desacuerdos en Estados Unidos. Por otro, los conflictos Irán-Israel y Rusia-Ucrania redefinirán el control sobre el flujo de energéticos entre países y continentes, en que nuestro vecino del norte influirá de forma determinante. El especialista Ramsés Pech pone El Dedo en la Llaga: las guerras ya no tienen motivos ideológicos o religiosos, sino energéticos. (Adriana Delgado Ruiz, El Heraldo de México, País, p. 6)
El presidente Donald Trump parece estar en una trampa en la que políticamente está comprometido con una campaña de dureza hacia los migrantes indocumentados, pero que al mismo tiempo, puede tener consecuencias para la economía del país.
Trump reiteró el domingo sus órdenes de realizar deportaciones masivas con redadas que –por cierto– tocarían especialmente a ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Pero tres días antes, el jueves, había indicado que pausaría las redadas de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en campos agrícolas, hoteles y restaurantes, que resultarían particularmente afectadas. Parte fue una intervención de la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y parte por señalamientos empresariales sobre las consecuencias económicas.
El aviso era simple: las redadas y la idea de excluir a 250 mil trabajadores agrícolas, un millón de empleados hoteleros y en restaurantes, así como en las plantas procesadoras de carne, podrían tener un impacto negativo para los consumidores estadounidenses. Trump apuntó la noche del jueves, a través de un mensaje en su red social, que la “política migratoria extremadamente agresiva está privando a trabajadores muy valiosos y veteranos” de granjas, plantas empacadoras de carne, hoteles y restaurantes.
El anuncio se transformó el viernes en instrucciones a los mandos del ICE para temperar sus redadas. Pero también en lo que un medio describió como una “campaña propia” del subjefe de asesores de la Casa Blanca, Stpehen Miller, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noehm, considerados como “duros”.
Miller es un militante anti migración y Noem tiene ambiciones políticas propias. Para el domingo, la situación había vuelto a cambiar y Trump anunciaba de nuevo el endurecimiento de posturas. Por un lado, se afirma que los cambios reflejan el debate interno en un gobierno que se mueve según la voluntad del mandatario.
Pero también es cierto que la política migratoria es literalmente el único de sus temas de campaña donde Trump encuentra niveles de aprobación superiores a los negativos, así sea por pocos puntos. Sin embargo, la forma y el fondo de las redadas son vistas por muchos como un ejercicio de abuso y exceso de fuerza que si bien no disgusta a estadounidenses que ven a los migrantes como “invasores” o “delincuentes”, ataca a un grupo que constituye el cuatro por ciento de la población económicamente activa y provocó manifestaciones de descontento a lo largo y ancho del país. Esas manifestaciones abrieron la puerta para que Trump y sus aliados justificaran sus denuncias de “rebelión” o de “invasión”.
Pero los cambios y las condiciones en que se dieron señalan a un duro debate y hasta fracturas dentro del aún joven gobierno Trump, tanto que ya algunos hablan de que se trata de un gobierno donde las decisiones son frecuentemente improvisadas y el último en hablar con Trump tiene más posibilidades de influenciar sus decisiones. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 37)
Hemos visto un incremento notable de acciones para detener a los migrantes indocumentados en Los Ángeles y otras partes de los Estados Unidos en los últimos días, pero esto apenas empieza. Lo que viene va a ser mucho mas caótico y complejo.
En sus primeros meses de gestión, la administración de Donald Trump no había logrado los números de detenciones que quería por la vía tradicional de identificar a personas que son sujetos a deportación y aprenderlos uno por uno, generalmente en sus casas, un proceso que toma mucho tiempo. Por lo tanto, decidió dar un giro y empezar a hacer redadas en lugares de trabajo, lo cual permite aprender mayores números de personas en cada acción. Lo hicieron en varios establecimientos no sólo en California sino también en Nebraska, Florida, New Jersey, New York y muchos otros estados.
En general, las detenciones han sido de una decena hasta cien personas, más que las detenciones individuales pero tampoco números masivos comparado al universo total de inmigrantes indocumentados, que probablemente supera 14 millones en Estados Unidos. Pero las redadas son masivas e impredecibles y así infunden un temor mayor que las detenciones individuales. Hay muchos reportajes de personas que ya no se presentan a trabajar en otros establecimientos cercanos después de las redadas en su ciudad, así que tiene un efecto multiplicador en el temor que sienten los migrantes indocumentados y un impacto notable en sectores de la economía.
Poco después de las redadas en Los Ángeles, Trump pidió a las autoridades migratorias que no hicieran redadas en restaurantes, hoteles ni granjas, lo cual protege, por lo menos parcialmente, a algunos de los sectores claves de la economía donde hay muchos migrantes indocumentados. La presión de los empresarios, sobre todo en el sector agrícola, se hizo sentir y tuvieron efecto en una administración que depende del voto rural. Así se abre un control parcial a las acciones de control migratorio.
Pero vienen dos cambios muy significativos que van a incrementar el número de detenidos, y luego deportados. El primero, que ya se está notando, es el acceso que ahora tienen las agencias migratorias a bases de datos de otras agencias gubernamentales, lo cual les permite identificar a personas que no tienen documentos (o tienen documentos falsos) y buscarlos. Vamos a ver cada vez más capacidad de interconectar estas bases de datos con el propósito de control migratorio, y esto podría permitir que identifiquen cada vez más a los que podrían estar sujetos a la deportación sin tanto buscar.
El otro cambio es la cantidad de recursos que viene en ley fiscal que está en debate en el Congreso y que podría duplicar o triplicar (o más) los fondos que tienen las agencias migratorias para sus funciones. Esto permite que las agencias (y sobre todo ICE, que se encarga del control migratorio interno) contraten a personas que hacen muchas de las tareas de investigación que ahora tienen que hacer los agentes migratorios, y les permite a los agentes dedicarse sólo a la tarea de aprender a los que ya están identificados. Con estos dos cambios, el paso de detenciones, y después de deportaciones, va a aumentar notablemente hacia finales de este año y principios de año que entra.
Pero aquí hay una incógnita. La decisión de Trump de no seguir con detenciones en ciertos establecimientos que son sensibles para la economía muestra que la comunidad empresarial también tiene peso en esta administración y que está siendo afectada directamente por las redadas. Si bien la administración tendrá una maquinaria de deportación cada vez más fuerte, también va a topar con realidades económicas y políticas con el efecto que tiene esta maquinaria en la sociedad estadounidense. Y las encuestas empiezan a mostrar que el tema de las detenciones migratorias ya no es tan favorable hacia Trump, ya que la percepción es que no están buscando a criminales sino a trabajadores. Así que habrá mucho más capacidad logística para deportar a los indocumentados en el futuro, pero quizás mucho menos espacio político. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. 23)
Ver ondear una bandera mexicana en medio del humo y el estruendo de una protesta violenta en Estados Unidos produce un nudo en la garganta. Se mezclan el orgullo y solidaridad por lo nuestro con la pena y negación por la agresividad y vandalismo; la rabia ante la injusticia con la preocupación por la forma de reclamarla.
Las relaciones entre México y Estados Unidos han estado marcadas por la tensión entre lo simbólico y lo real. Desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, pasando por la migración bracera y los más de 70 acuerdos vigentes en temas comercial, migratorio, de seguridad y cooperación en múltiples sectores, hemos convivido con una vecindad desigual, pero inevitable y esperanzadora.
Esa relación enfrenta hoy nuevas turbulencias. La narrativa antiinmigrante ha vuelto a ocupar espacios en el discurso político. Las redadas recientes en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Houston, Chicago y otras exhiben una política de mano dura y resentimientos. No obstante, nuestros connacionales y descendientes integran una comunidad que trabaja, paga impuestos y mantiene en pie buena parte del aparato productivo de aquel gran país al que ya pertenecen.
Frente a los grupos violentos que se manifiestan con furia están los millones de ciudadanos de origen mexicano que cada día abren sus negocios, cuidan enfermos con abnegación, cultivan y cosechan productos de la tierra o visten el uniforme militar con lealtad. Lo mismo podemos decir de ciudadanos de Centro y Sudamérica que marcharon tras el sueño americano.
No es menor el dato: Los Ángeles es la ciudad en Estados Unidos de las más pobladas por personas de origen mexicano. Esa cifra basta para entender que estamos entrelazados por algo más que un tratado: nos unen la geografía, la sangre, la historia, los lazos familiares y un destino común. En ese contexto, cualquier insurrección puede convocar a miles, pero la mayoría de nuestra gente allá sigue haciendo lo que sabe hacer: trabajar con dignidad y servir con orgullo.
Por eso, cuando vemos una bandera mexicana izada en medio del caos no podemos perder de vista el fondo: no son los símbolos los que fallan, sino quienes los usan para dividir. Así como no se puede condenar la violencia sin atender la injusticia que la provoca, tampoco podemos permitir que la legítima defensa de derechos se contamine con actos que niegan la razón.
Las relaciones entre México y Estados Unidos no son un episodio: son moneda de dos caras. Reflejan interdependencias, contradicciones y necesidad mutua. La historia ha mostrado que, más allá de los discursos de odio, existe una historia de cooperación que debemos fortalecer. Hoy más que nunca, la dignidad debe ser el hilo conductor, no la estridencia. Ni muro ni sumisión. Sólo una ruta: respeto, diálogo y responsabilidad compartida.
En Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez llama a dos millones de chiapanecos en EU a manifestarse en paz, mientras concentra esfuerzos para impulsar la economía en regiones estratégicas del estado.
Ante las manifestaciones del pasado fin de semana en contra de las deportaciones de extranjeros en ciudades de Estados Unidos, el gobernador de Chiapas hizo un llamado a sus paisanos a expresarse de manera pacífica y respetuosa. La contribución de ciudadanos de origen chiapaneco es enorme, tanto como el apoyo que brindan a sus familias. En el primer trimestre de 2025, Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en la recepción de remesas, con 972.4 millones de dólares, según el Inegi.
Mientras tanto, el gobernador Eduardo Ramírez anunció que su gobierno, junto con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, beneficiarán, a partir del 11 de julio, todas las inversiones que se establezcan en los Polos de Desarrollo Industrial del Soconusco, pues podrán acceder a una tasa preferencial de 0 % en impuestos federales y contribuciones locales. El reto es que estos beneficios se amplíen a la franja fronteriza con Guatemala para atraer nuevas inversiones.
Estas medidas se suman a otros proyectos, como la Línea K del tren que cruzará la Costa de Chiapas, desde el Interoceánico hasta la frontera con Guatemala, que irradiará beneficios al Soconusco y Centroamérica. Igual sucederá en la zona norte del estado, donde el gobernador Ramírez dio hace días el banderazo de salida a la nueva supercarretera que unirá Palenque con Ocosingo y, después, con San Cristóbal de las Casas, ofreciendo nuevas perspectivas sociales y económicas a la entidad.
En tiempos de muros y redadas, en Estados Unidos, en México y en Chiapas los mexicanos trabajan con denuedo por sus familias y por su país. (Juan Carlos Gómez Aranda, Excélsior, Nacional, p. 13)
La historia ha demostrado, una y otra vez, que la vía de la violencia nunca será una alternativa para resolver ninguna controversia, en razón de lo cual estaremos impulsando que se abra una vía de diálogo para resolver la situación migratoria en las diversas ciudades de Estados Unidos donde, en las últimas semanas, miles de migrantes han salido a las calles para protestar en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
Compartimos una frontera de aproximadamente 3 mil 141 kilómetros, y ambas naciones tenemos las capacidades para resolver nuestras diferencias y, por supuesto, atender problemas comunes como la delincuencia organizada. Enfoquémonos en ello.
Urge, por supuesto, el apoyo de los consulados de nuestro país para garantizar la seguridad y la asistencia a nuestros connacionales y, de manera importante, llamar a la calma a los mexicanos residentes en Estados Unidos, siendo esencial impulsar las acciones diplomáticas para evitar cualquier abuso o violación a los derechos humanos.
Hacer entender a Donald Trump y a sus cuerpos de seguridad que los migrantes son gente honrada y trabajadora, de ninguna manera delincuentes y, por supuesto, que no estan solos.
Desde la Cámara de Diputados estaremos atentos para sumar a las acciones impulsadas desde Palacio Nacional por el respeto a la integridad y los derechos humanos de los mexicanos migrantes.
Nuevamente un llamado a la unidad nacional, sin fronteras, con los mexicanos residentes en Estados Unidos.
Es importante tener presente que la represión impacta no sólo a las personas indocumentadas, sino también a quienes tienen una situación legal establecida.
Confío en la capacidad de negociación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el lobby que estará llevando a cabo durante las reuniones del G-7, con la representación del gobierno de Estados Unidos ante el retiro de Donald Trump.
Hago un llamado a los migrantes residentes, así como a sus organizaciones representativas, a buscar las vías institucionales para atender la política migratoria. Es momento de insistir y construir una nueva relación con nuestros vecinos y detener cualquier expresión de violencia.
Los trabajadores migrantes mexicanos merecen el mayor de los reconocimientos por parte de las autoridades mexicanas, de los representantes populares y de la sociedad en su conjunto, pues en la bu´squeda de mejorar las condiciones de vida de sus familias, y con grandes sacrificios, enriquecen la cultura, impulsan el bienestar de sus familias, generan empleos y activan economi´as que se vuelven motor de crecimiento.
Les recuerdo que no están solos y que, desde la Cámara de Diputados y de todos los rincones del país estaremos promoviendo los cambios en la política migratoria que garanticen el respeto a sus derechos humanos.
Demos oportunidad a la paz y la reconciliación. (Sergio Mayer, El Heraldo de México, País, p. 12)
Finalmente, sí habló la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, pero por teléfono. Todos sabemos que el presidente de Estados Unidos abandonó intempestivamente la cumbre del G7 y regresó a Washington para jugar a la guerra con Irán e Israel. La mandataria subió un post en su cuenta de X para informar que su conversación con mister Trump fue muy buena. “Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que nos preocupan”, escribió Sheinbaum.
Entre esos puntos están los aranceles, el fentanilo, la migración, las deportaciones de paisanos, la declaración de los cárteles como grupos terroristas…
No hay fecha para una reunión cara a cara con Trump. El jefe de la Casa Blanca es impredecible. Su prioridad ahorita es Oriente Medio. Ya le pidió a Irán que se rinda “sin condiciones”. El ayatola Ali Jamenei, líder supremo de Irán, respondió que “la batalla apenas comienza”.
* El viaje de Sheinbaum a Canadá no fue en vano. La Presidenta parece abandonar el principio obradorista de que “la mejor política exterior es la buena política interior”. En Kananaskis, Alberta, Canadá, tuvo diversos encuentros bilaterales.
Se reunió con Mark Carney, primer ministro de Canadá, a quien le regaló un balón conmemorativo del Mundial 2026;
Pero también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a quien invitó a México. Saludó al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y con el presidente electo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi.
Modi subió a su cuenta de X un comentario sobre su encuentro con Claudia: “La felicité personalmente por su histórica victoria electoral, convirtiéndose en la primera mujer Presidenta de México en dos siglos. Ambos vemos un inmenso potencial para que los lazos entre la India y México se fortalezcan, especialmente en sectores como la agricultura, semiconductores, minerales, salud, entre otros”, puntualizó.
Tuvo también un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz.
* La escena, grabada en Los Ángeles, la vimos una y otra vez en redes sociales o en la TV:
El senador hispano Alex Padilla fue retirado por la fuerza, puesto boca abajo y esposado por agentes federales, luego de intentar hacer una pregunta a Kristi Noem, secretaria de Seguridad en el gabinete de Trump. Padilla habló del vergonzoso episodio ayer en el Capitolio de Washington. Contó que estaba en el mismo edificio federal que Noem porque tenía una cita con un general del Comando Norte.
Allí se enteró que en la conferencia de la secretaria del interior hablaba con la prensa y que eso era lo que atrasaba su reunión con el militar. “Se me ocurrió que podría asistir a la conferencia de prensa con la esperanza de escuchar información nueva que me permitiera entender lo que estaba ocurriendo. No fue que simplemente me levanté y fui. Pregunté. Fui acompañado por un guardia nacional y un agente del FBI a la sala donde estaba la conferencia”.
Una vez allí, Padilla escuchó a la secretaria de Seguridad Interior decir que el propósito de la presencia de militares en las calles de Los Ángeles era para “liberar esa ciudad del gobernador y la alcaldesa”.
Preguntó a los legisladores demócratas y republicanos: “¿Estamos preparados para vivir en un país donde el presidente puede movilizar a las fuerzas armadas para decidir qué gobernadores o alcaldes deben permanecer?
“A lo largo de la historia hemos tenido conflictos, situaciones tumultuosas, pero nunca habíamos tenido a un tirano como comandante en jefe”, puntualizó.
Y sobre las protestas en Los Ángeles: “Estamos viendo un patrón perturbador de operaciones antiinmigrantes extremadamente crueles. Tienen como blanco a gente que no es violenta. Los detienen en lugares de oración, en escuelas, en tribunales, para llenar una cuota arbitraria (tres mil deportados al día).
* Asistí ayer a la presentación del reporte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores. Las resumen así: poder, opacidad y discrecionalidad.
Mesa de lujo: María Amparo Casar, presidenta de MCCI; Mauricio Merino, director de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, y Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación de MCCI.
Hallazgos: “Entre 2018 y 2024, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día.
María Amparo y Merino aprovecharon la ocasión para deslindar a Claudio X. González de MCCI. “Su actitud política sí nos ha impactado”, coincidieron. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 6)
La lista de invitados a la reunión del Grupo de los Siete (G7) da cuenta de cómo ha cambiado el mundo en las recientes décadas. Integrado en 1973 por las que entonces eran las mayores economías del mundo (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Italia), con el tiempo dio entrada a Rusia (más tarde excluida por el conflicto de Crimea).
Hoy, la India (que asistió como invitada al evento, igual que México) y China tienen economías de mayor tamaño que varias de la mayor parte de los integrantes del selecto club, lo que da cuenta de los cambios ocurridos en el tablero de la economía y geopolítica planetarias.
En su más reciente edición, la nota mundial fue que el presidente Donald Trump abandonó la reunión para atender la crisis —instigada por su propio gobierno— en Medio Oriente, por la escalada de ataques entre Irán e Israel.
El magnate tuvo que salir de emergencia para atender una de sus guerras.
Debido al escenario bélico, el esperado encuentro entre la presidenta Sheinbaum y Trump se pospuso. En México, algunas voces quisieron presentar ese ajuste en la agenda de las trumpianas urgencias como una “derrota” de México y de la estrategia con la cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha lidiado con el irascible presidente de la poderosa nación vecina.
Con expresiones que solo muestran su limitada visión de los peligros y retos del escenario internacional del momento, dirigentes de la derecha llegaron al risible extremo de decir que la cancelación de la reunión prevista (al igual que otras con mandatarios de otras naciones) es una prueba de la “ineficacia” de la diplomacia mexicana.
Lo cierto es que la presidenta Sheinbaum mantuvo el resto de su agenda, que incluyó importantes encuentros con sus pares de la Unión Europea, la India y el país anfitrión, Canadá, una de las tres partes del tratado comercial más importante de nuestro país.
Mientras Trump advierte a los iraníes que abandonen Teherán, en el frente interno aprieta las tuercas y siembra el terror en las comunidades inmigrantes.
Mucho ruido, pocas nueces y más terror que nunca; así se podría resumir la andanada que Trump ha ordenado reforzar luego de que cinco millones de personas salieran a las calles de decenas de ciudades al grito de “No King”, en referencia a los afanes de emperador que ha exhibido el magnate en el poder.
Mientras, los campos y otros sitios de trabajo donde los migrantes se emplean comienzan a quedarse vacíos, ante el fundado temor de la deportación.
Pese al miedo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, son sus ominosas siglas en inglés) ha sembrado, el número de personas deportadas por Estados Unidos no ha tenido un incremento significativo.
En su primer mandato, Trump prometió hacer un gran muro, y solo pudo construir unos cuantos kilómetros, por falta de fondos.
Ahora ya no habla de muros, sino de expulsiones. Desde su campaña, ofreció a su base electoral el programa de deportación “más grande de la historia”, pero su promesa se podría topar —como la del muro— con una barrera presupuestal.
El presidente estadounidense ha prometido deportar entre 15 y 20 millones de personas. Según cálculos de organismos civiles, ese objetivo requeriría una cifra superior a los 300 mil millones de dólares, que equivalen al 5% del gasto público del vecino país.
Ese cálculo no contempla los daños a sectores económicos clave que dependen por completo de la fuerza de trabajo migrante. Así es: se calcula que no tienen documentos uno de cada cinco trabajadores de la construcción y cuatro de cada diez en la agricultura.
Más allá de los números, es indudable que la retórica del gobierno trumpista y el despliegue de tropas en sus propias ciudades, han creado un clima de polarización que es el caldo de cultivo propicio para los crímenes de odio, como los que ya están ocurriendo.
Frente a la sinrazón, la presidenta Sheimbaum ha reafirmado el único camino digno que tenemos: una política exterior soberana y comprometida con un orden internacional más justo y multipolar. (Dolores Padierna, El Financiero, Opinión, p. 30)
A nadie convino la cancelación de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump. Se fue la oportunidad del primer encuentro presencial entre ambos mandatarios. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país y es la nación donde habita el mayor número de migrantes mexicanos. Es obligado el diálogo con el vecino país del norte.
Tras la cancelación, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, envió un guiño a nuestro país y adelantó que prepara una serie de acuerdos con México para aumentar la cooperación en materia de seguridad.
Por el bien de América del Norte, ese debe ser el propósito de ambas naciones: pasar de ser socios a aliados, trabajar en conjunto para cambiar los desafíos en oportunidades.
Para alcanzar esta armonía, es necesario que la presidenta Sheinbaum deje atrás, como parecería que lo está haciendo con su nueva estrategia de seguridad, el pacto criminal que le heredó su antecesor, López Obrador.
Si bien es complicado dialogar y negociar con el impredecible presidente estadounidense, ambas naciones pueden mostrar voluntad genuina para terminar con lo que les aqueja: el tráfico de fentanilo a Estados Unidos y de armas a México. Crear un pacto de seguridad de América del Norte.
El destino de millones de familias en ambos lados de la frontera, obliga a los gobernantes a actuar con responsabilidad para negociar y ejecutar acuerdos más profundos que fortalezcan la seguridad regional.
Como lo advertí el año pasado en el Woodrow Wilson Center, en Washington, la violencia en nuestro país es alarmante, la penetración e influencia del crimen organizado en territorios y sectores de la economía no tiene precedente, ya que se ha convertido en un factor de poder que afecta la vida de millones de personas.
Lo he dicho e insisto: durante décadas la mayoría de los mexicanos percibían la fortaleza de Estados Unidos como el mayor riesgo a nuestra soberanía como nación independiente; sin embargo, la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad en México es la influencia del crimen organizado.
Para hacer frente a este gran reto, se requiere de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia e intercambio de información, así como de la creación de una Agencia de Aduanas para América del Norte, con personal binacional altamente capacitado, con un doble mandato: frenar la importación de precursores de fentanilo desde Asia y detener el contrabando de armas de fuego de Estados Unidos hacia nuestro país.
Y si hablamos de la seguridad de América del Norte, es necesario que la presidenta comparta estrategias en la materia con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como abordar la revisión del tratado comercial.
Estoy convencida de que para afrontar los problemas de migración y seguridad se requiere de visión de Estado, capacidad institucional y de voluntad genuina de colaboración.
Comentario final: Desconocemos si el reclamo de la morenista, Melissa Cornejo, a las autoridades de Estados Unidos para que se metieran su “visa por el cul*” fue para defender a los migrantes u obstaculizar la diplomacia de la Presidenta Sheinbaum.
Lo más extraño es que el hijo del ex presidente, José Ramón López Beltrán, defendió a Cornejo en un momento de plena tensión. La pregunta es la misma: ¿Será que quieren ayudar o perjudicar a un gobierno emanado de su propio partido? (Xóchitl Gálvez, El Universal, Opinión, p. 22)
Nadie puede dudar que estamos inmersos en una etapa de profunda incertidumbre en la relación entre México y Estados Unidos. Las decisiones unilaterales del presidente Donald Trump —desde sus posturas proteccionistas con la implementación de aranceles, hasta su política migratoria — han generado impactos directos en nuestra economía, en la estabilidad regional y, sobre todo, en la vida de millones de mexicanas y mexicanos que residen en Norteamérica y por supuesto, de sus familias aquí en nuestro país.
Ante una coyuntura tan compleja, México necesita una política exterior firme, con visión de estado, compromiso con la soberanía, profesional y estratégica. Nada de esto hemos visto. Consideramos que la diplomacia no se ejerce con ocurrencias ni con gestos unilaterales, sino con visión de Estado, claridad y responsabilidad.
En este momento complejo y lleno de tensiones. El gobierno de México debe de buscar la conciliación y el acuerdo; no agravarlo con declaraciones irresponsables que desde el oficialismo dañan nuestra relación bilateral. En semanas recientes hemos visto a personajes ligados a Morena, haciendo declaraciones temerarias que han contribuido al deterioro de la relación con nuestros principales socios comerciales y aliados estratégicos, acercándonos a una preocupante crisis diplomática.
Frente a este contexto el primer encuentro cara a cara entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump —en el marco de la cumbre de los líderes del G7 en Canadá—, se presentaba como una esperanza para hablar sobre los temas en materia de seguridad, economía y migración, que tanto urgen; lamentamos que no se haya concretado por el abrupto abandono de las reuniones y el regreso de emergencia del presidente norteamericano a su país por la crisis internacional generada entre Israel e Irán.
En un momento tan delicado para nuestras y nuestros connacionales, esperábamos un mensaje firme de defensa ante quien ha sido abiertamente hostil hacia México. La ausencia de ese diálogo directo no exime al gobierno mexicano de su responsabilidad: ahora más que nunca se requiere una estrategia contundente para proteger a nuestras comunidades migrantes, frenar los abusos y exigir respeto en el plano internacional. Por eso hacemos un llamado al Gobierno Federal para que busque reprogramar ese encuentro bilateral a la brevedad posible.
Los hechos recientes ocurridos en Los Ángeles, California donde se han reportado redadas y actos de violencia que afectan directamente a nuestras comunidades migrantes, exigen una solución inmediata. Desde el PAN hacemos un llamado claro: se deben respetar los derechos humanos de todas las personas, en especial de quienes, siendo nuestras hermanas y hermanos connacionales, trabajan cada día con esfuerzo y dignidad para contribuir al desarrollo económico de Estados Unidos y de sus familias y que no son delincuentes.
El trato mínimo que merecen es el respeto. No es aceptable que se pretenda, por decreto, separar a padres y madres de sus hijos pequeños. Desde aquí pedimos prudencia y conciencia humana a las autoridades de ambos países. Apostamos por el diálogo, la diplomacia y los acuerdos que protejan a quienes viven con miedo a ser perseguidos por el simple hecho de buscar una vida mejor. A todas y todos ellos, les enviamos nuestra solidaridad. Que no haya duda, las y los mexicanos de aquí y de allá habrán de contar siempre con el PAN.
Estamos convencidos que para ambos países esta relación bilateral es prioritaria. En Acción Nacional lo decimos con claridad: urge que lo más pronto posible se determine una ruta para obtener avances en los siguientes temas:
Porque México es primero. Desde el PAN siempre estaremos a favor de colaborar en todo lo que beneficie a las familias mexicanas, pero también vamos a actuar con firmeza en la defensa del respeto que nuestro país merece. No es momento de sumisiones ni de diplomacias tibias. Es momento de altura, de principios y de resultados. (Jorge Romero Herrera, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
El pasado 22 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un voto de diferencia el proyecto de ley fiscal que Trump calificó de “grande y hermoso”. Ahora, falta que lo apruebe el Senado para que surta efectos de Ley.
Como parte de esta propuesta legislativa, se prevé cobrar un impuesto del 3.5% al envío de remesas. Al respecto, vale preguntarse ¿qué tanto y cómo va a afectar esta medida arancelaria al bienestar socioeconómico de los más pobres en México?
México recibió en 2024 la cantidad de 64 mil 745 mdd por concepto de remesas, lo que equivale a alrededor del 3.5% del PIB. Nuestro país es el segundo receptor de envíos de dólares de migrantes a nivel mundial, sólo superado por India (125 mil mdd) y seguido por China (50 mil mdd). De acuerdo con el CEMLA, alrededor de 4.5 millones de hogares reciben remesas que benefician a aproximadamente 11.1 millones de compatriotas, principalmente mujeres de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato (https://shorturl.at/kjGRS).
El impuesto a las remesas del 3.5% encarecería considerablemente el costo de los envíos de divisas, al pasar el costo de la comisión de 6 a 17.25 dólares estadounidenses, para el caso de enviar 300 dólares. De acuerdo con el Economista en Jefe de BBVA en México, Carlos Serrano, este impuesto podría reducir en hasta 2.000 millones de dólares los envíos hacia México en 2025 (https://shorturl.at/EVLbY). Para evitar este impuesto, los migrantes podrían recurrir al envío de sus dólares a través de canales informales con los riesgos de pérdida que esto implica y la afectación que provocaría en el avance de la inclusión financiera.
Desde una perspectiva de desarrollo, el impuesto a las remesas es regresivo, ya que afectaría negativamente el crecimiento económico incluyente con movilidad social de las personas más pobres. El 60% de los envíos van dirigidos a mujeres, quienes las usan, principalmente, para el gasto en vivienda, salud y consumo (https://shorturl.at/A27). Es decir, sirven para fortalecer las capacidades de agencia de las personas al interior de los hogares para que puedan funcionar mejor en una economía de mercado. Además, las familias mexicanas tendrían menos recursos para gastar e invertir y podrían -en consecuencia- reducir su consumo y sus inversiones en vivienda, educación, salud y en pequeños emprendimientos.
Desde el punto de vista macroeconómico, la medida arancelaria -en un entorno complejo y de gran incertidumbre- redundará en menor inversión, comercio y crecimiento. Los hogares receptores tendrán una menor capacidad de ahorro, consumo e inversión dada la menor cantidad de recursos que recibirían. Las empresas invertirán menos debido a una capacidad de consumo más limitada de las familias y también a la mayor incertidumbre generada por el cambio constante de las reglas del juego por parte de Trump.
Además, esta medida impositiva generará presiones inflacionarias por el aumento de precios. Dichas presiones vendrán también del aumento de precios que traerán los aranceles globales que ha impuesto Estados Unidos -especialmente a China- y las respuestas recíprocas que la mayoría de los países han tomado.
A esto se sumaría la menor entrada de dólares, que se prevé afecte el tipo de cambio y los precios de los bienes y el consumo, causando también reducción del comercio. Por todo lo anterior, es que el Banco de México espera un casi nulo crecimiento de la economía mexicana: entre -0.5 y 0.7% en 2025 y entre 0.1 y 1.7% en 2026 (https://shorturl.at/743Tx). Y sin crecimiento, tampoco hay mejoras en movilidad social.
En suma, el impuesto a las remesas afectará el monto de recursos que por este concepto ingresan al país e incentivará su envío por canales informales en perjuicio de la inclusión financiera. Impactará negativamente, también, la inversión en capital humano (salud y educación), así como en vivienda y emprendimientos. Todo esto afectará las oportunidades de movilidad social de las y los mexicanos, especialmente de aquellos que se localizan en las zonas más rezagadas del país. ¡Triste! (Enrique Díaz-Infante Chapa, Reforma, Negocios, p. 5)
“El Comité también incluye una disposición que transfiere a México del área de responsabilidad del Comando Norte de Estados Unidos al área de responsabilidad del Comando Sur. Esta transferencia es necesaria para permitir una mejor coordinación y priorización entre los países dentro del área del Comando Sur. El Comando Sur está mejor posicionado para abordar los desafíos de seguridad compartidos entre México y sus vecinos de Centro y Sudamérica, particularmente en los temas de narcotráfico e inmigración ilegal”, así lo plantea el informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que acompaña el proyecto de ley de presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos para 2026.
La propuesta aún no es ley, pero su inclusión en el documento más importante de planeación militar del Congreso marca una intención clara: Estados Unidos quiere reubicar estratégicamente a México dentro de su arquitectura de seguridad.
El cambio, de ser aprobado, implicaría que México deje de ser atendido por el Comando Norte (NORTHCOM), que cubre la defensa continental con Canadá y el propio Estados Unidos, y pase a estar bajo el Comando Sur (SOUTHCOM), enfocado en América Latina y el Caribe. No es un tecnicismo. Es una señal política de reposicionamiento: México sería tratado no como socio prioritario de frontera, sino como parte de una región considerada inestable, marcada por el crimen organizado, las rutas del narcotráfico y la migración desbordada.
El documento detalla un presupuesto total de 832 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa, de los cuales 283 mil millones serán destinados a Operaciones y Mantenimiento, donde se incluye explícitamente el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. “El financiamiento respaldará necesidades de entrenamiento operativo, vigilancia terrestre y marítima, despliegue de tecnología de detección avanzada y cooperación con aliados regionales”, señala el informe. Se trata del mayor presupuesto operativo aprobado en tiempos de paz, y una parte está directamente relacionada con el objetivo de frenar “el tráfico de personas, drogas y materiales peligrosos” provenientes del sur.
El narcotráfico es mencionado en más de una decena de ocasiones como una amenaza crítica, y se establece que las redes criminales transnacionales requieren una respuesta integrada que combine tecnología, alianzas bilaterales y despliegue de capacidades avanzadas de destrucción. El Comando Sur, dice el documento, está mejor posicionado para ejecutar esa tarea en el hemisferio occidental.
Para México, esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, dejaría de ser tratado como un aliado estratégico de frontera inmediata —con acceso directo al corazón de la defensa continental— y pasaría a ser gestionado como parte de una región donde las prioridades son el control, la estabilidad y la vigilancia multilateral.
En segundo lugar, aumentaría la presión para alinear su política de seguridad con los intereses regionales de Estados Unidos, lo que incluye participación en ejercicios militares conjuntos, intercambio sistemático de datos y cooperación en sistemas de seguimiento satelital, marítimo y terrestre.
En tiempos en que la frontera se ha convertido en el centro del debate político estadounidense, y donde México es constantemente señalado por su papel en la cadena del fentanilo, los flujos migratorios y la expansión del crimen organizado, esta propuesta consolida una visión: México ya no es un socio con quien se negocia, sino un territorio que se gestiona. Si el Congreso de Estados Unidos convierte esta propuesta en ley, México será parte formal del Comando Sur. El silencio, en este caso, también es una forma de aceptación. (Hiroshi Takahashi, El Sol de México, República, p. 5)

(El País de Nunc Jabaz, Milenio, Al Frente, p. 3)

(Chavo del Toro, El Economista, El Foro, p. 46)