En junio pasado, un hombre de 44 años, conocido por las autoridades de Baja California como Juan José “N”, protagonizó hechos que bien podrían haber sido parte del guión de una película burda de terror.
Juan José, quien tenía unos días vagando en Tijuana después de su deportación, se hizo de palabras con otro indigente en la Plaza del Mariachi. En el climax de la discusión, tras empujones y golpes, le clavó un cuchillo en el cuello y huyó. Caminó unas cuadras, se topó con otro callejero y también lo atacó.
Las autoridades locales lo encontraron poco después caminando con los ojos desorbitados y la faca ensangrentada en la mano como muestra del extremo al que pueden llegar repatriados con desequilibrios mentales que a diario se enfrentan con la dura vida de la indigencia en México.
No existen cifras oficiales sobre el número migrantes en retorno que han caído en situación de calle en las principales ciudades de la frontera norte que se suman a centroamericanos y otros connacionales, pero el problema está ahí: cantado organizaciones civiles de Tijuana, Baja California, Nogales, Monterrey, Ciudad Juárez, Reynosa…
El problema tiene incluso una expresión concupiscente en la Ciudad de México, en pleno corazón del país, a un costado del Monumento a la Revolución donde conviven en una docena de casas de campaña con unos 30 repatriados que encontraron en el lugar algo de cobijo que no seguridad: si los policías los escuchan hablar en inglés quieren extorsionarlos en dólares para no echarlos.
En un cálculo extraoficial que hizo el Centro Binacional de Derechos Humanos en Baja California se estimó que alrededor de uno de cada 20 repatriados que EU expulsa del país termina en la indigencia por falta de familiares que les ayude, de apoyo social porque los albergues no se dan abasto y, sobre todo, por problemas mentales.
Esto significa que, si de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria diariamente retornan al país 600, alrededor de 30 se convierten en homeless en una de las peores épocas para ser deportado pobre en México.
El gobierno federal actual eliminó todo tipo de ayuda para albergues, proyectos productivos, y transporte a sus lugares de origen; los gobiernos estatales y municipales, por su lado, sólo se quejan de esa decisión sin asumir políticas públicas locales serias: sistemáticas, con protocolos y dinero.
Los tres niveles de gobierno han dejado el asunto a organizaciones de la sociedad civil que se dicen “rebasadas” porque las autoridades (específicamente el Instituto Nacional de Migración) ni siquiera detecta si al regresar, los migrantes expulsados de EU traen algún tipo de enfermedad mental, si tomaban algún medicamento o tienen adicciones: últimamente observan cuadros de alucinaciones visuales, auditivas y daños cerebrales. (Gardenia Mendoza Heraldo de México, Opinión, p.34)
Existen más de 25 mil inmigrantes precariamente asentados y mal atendidos en el territorio mexicano
Diez mil millones de dólares…
Esa es la cifra que presuntamente invertiría Estados Unidos en el desarrollo del sureste de México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica y que ahora, como diría aquel locutor de radio, “nadie sabe, nadie supo”.
La cifra había sido “casi” convenida por allá de octubre-noviembre de 2018 en las primeras conversaciones entre Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, y funcionarios del gobierno de EU encabezados por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y la entonces encargada de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen.
De creer al libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration(Guerras Fronterizas, dentro del ataque de Trump a la inmigración), los diez mil millones de dólares habrían sido el “dulce” ofrecido a México por constituirse de hecho en el “tercer país seguro” para los peticionarios de asilo, centroamericanos y de otras naciones, que de hecho ya estaban –y están– en México, a la espera de que las autoridades estadounidenses “procesen” su solicitud.
Pero después de que las conversaciones y el principio de acuerdo fueran revelados, a fines de noviembre, la idea del apoyo económico de EU desapareció del mapa.
En alguna medida, tal vez, fue debido a la preocupación del gobierno mexicano, en concreto del entrante régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no ser visto como sujeto a la voluntad estadounidense.
Lo que sí queda, de cualquier manera, es que el arreglo fue determinado en gran medida por las presiones –léase amenazas– de Pompeo y Nielsen, que advirtieron a Ebrard de consecuencias negativas para México derivadas de la furia apoplética de Trump y sus probables locuras.
Tal vez ese aviso hizo innecesario cumplir otras promesas.
El acuerdo al que finalmente se llegó, según el recuento del libro, es un indicativo: el gobierno Trump emitiría –como hizo– una declaración unilateral y el gobierno mexicano diría ni modo, o algo así, con énfasis en la importancia de proteger a los migrantes.
Y en cierta forma así ha sido, aunque la imposibilidad real de ofrecer refugio y apoyo a los solicitantes de asilo es consignada por las condiciones de vida en que se encuentran esos migrantes.
La situación ha puesto en evidencia también los problemas y las carencias del Instituto Nacional de Migración, afectado según algunas fuentes tanto por falta de personal como quizás por corrupción. (José Carreño Figueras El Heraldo de México, Opinión, p.33)