El nuevo acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos gestó una nueva crisis migratoria. Los venezolanos que habían cruzado a Estados Unidos, los que ya estaban en México y los que vienen en camino están a su suerte.
De acuerdo con los nuevos lineamientos migratorios, solo 24 mil venezolanos serán acreedores a una visa para trabajar en Estados Unidos, siempre y cuando la tramiten desde el extranjero, exceptuando México.
Acudí a la Terminal de Autobuses del Norte donde decenas de venezolanos están varados. Algunos camino al norte del país y otros que ya devolvió Estados Unidos.
Dos de los migrantes con los que conversé son parte de un grupo que ya estaba en Texas.
Permanecieron siete días en un centro de detención y su proceso para permanecer en ese país había iniciado. El sábado, sin darles mayor detalle de lo que les harían, los esposaron, los subieron a un autobús y los trasladaron al puente fronterizo entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas. Agentes del Instituto Nacional de Migración les ofrecieron trasladarlos a un albergue para que pudieran comer, dormir y asearse. El viaje acabó en Ciudad de México donde quedaron a su suerte, a unas cuadras de la Terminal de Autobuses del Norte, donde ni se han bañado, ni han comido y duermen en el suelo.
Otros de los migrantes con los que conversé salieron de Venezuela, cruzaron la selva del Darién con todos los riesgos que eso implica, vivieron robos y cinco mujeres fueron violadas. Ellos llegaron a México con la novedad de que ya no serán recibidos en Estados Unidos. Cuentan con un formato migratorio que les permite transitar por México por siete días, pero ya se les va a vencer. La advertencia desde el país vecino es que si intentan cruzar serán devueltos a México.
Todos estos migrantes dicen que solo en Estados Unidos encontrarán un trabajo que les permita sobrevivir y darle qué comer a sus familias. Cuentan que en Venezuela el trabajo de una semana solo les alcanzaba para comer dos días y “con el dictador que tenemos de presidente, las cosas no van a cambiar”, advierten.
México aceptó las condiciones que le puso Estados Unidos para supuestamente ordenar la migración, pero lo que vi en realidad es un desorden. (Alejandro Domínguez, Milenio. Al frente, p 3)
La semana pasada, en las pláticas entre el gobierno de México y el de Estados Unidos, apareció un tema sobre la mesa del que nadie, incluido el canciller, han querido hablar.
A Washington asistieron el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal Alejandro Gertz y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, además de los secretarios de Defensa y Marina.
Se habló de seguridad fronteriza y de decomisos de armas –un tema vital para el gobierno mexicano–, que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirma que se han incrementado.
Los representantes americanos, Antony Blinken, secretario de Estado, y Alejandro Mayorkas, de Seguridad Interna, señalaron la relevancia de detener el flujo de fentanilo a territorio estadounidense.
Hasta ahí, todo muy bien. Funcionarios de primer nivel de ambos gobiernos, sentados a la mesa, analizando soluciones conjuntas y rutas de acuerdo para problemas sensibles.
No conocemos, y tal vez no lo hagamos en el futuro, el tono privado de las conversaciones, salvo, tal vez, alguna filtración en medios americanos.
Pero entre todo este espacio de diálogo y entendimiento se mencionó, casi de forma colateral, que México recibiría inmigrantes venezolanos y nicaragüenses en territorio nacional, a cambio de un mayor número de visas de trabajo para mexicanos.
Así como, tangencialmente, sin que acaparara muchos reflectores, se dejó de lado la mención, sin que ningún funcionario explicara los términos y las condiciones.
La Cancillería mexicana no ha ofrecido mayor información, pero sabemos la postura oficial: México no es “tercer país seguro”, el estatus que Washington asigna a aquellas naciones que pueden recibir inmigrantes a Estados Unidos, cuyos trámites de asilo, visado o estatus migratorio están pendientes o en proceso.
El gobierno mexicano ha sido enfático en señalar que no asumimos esa categoría ni responsabilidad, pero en los hechos, desde el gobierno de Trump ha sucedido.
Cuando las caravanas centroamericanas llegaron en los últimos tres años a la frontera sur de la Unión Americana, según los “acuerdos” y chantaje de Trump a cambio de no imponer aranceles ni castigos, México aceptó que muchos de esos migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador –principalmente– permanecieran en nuestro país.
Hoy, cuando existen múltiples y concurridas corrientes migratorias provenientes de Venezuela y de Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos nuevamente solicita –¿impone?– a México que los resguarde en su territorio.
En los hechos, somos un tercer país seguro, aunque Ebrard y AMLO digan lo contrario.
En las pláticas de la semana pasada no se informa cuántos son; es decir, cuántos ciudadanos de Nicaragua y Venezuela recibiremos en los puntos fronterizos del norte, mientras las autoridades norteamericanas definen cuotas de aceptación y estatus legal.
Tampoco el gobierno de México ha informado acerca de las condiciones, el periodo de “refugio” o “asilo” y, una vez vencido ese plazo, quién se hará cargo de enviarlos de regreso a sus países de origen.
Es un tema delicado, que nadie ha querido explicar.
Aceptar grupos numerosos provenientes de distintos países en ciudades del norte del país modificará la integración demográfica y social. El caso de Tijuana es tal vez el más representativo, cuando miles de migrantes esperan por meses la oportunidad de “cruzar” y permanecer en Estados Unidos. Se modifica la dinámica social, la convivencia, el fenómeno criminal de la trata de seres humanos, el comercio, el hospedaje y muchos otros temas.
De hecho, el Instituto Nacional de Migración en México desconoce con exactitud cuántos migrantes de Centro, Sudamérica y países asiáticos han entrado a nuestro territorio y permanecido en él, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
La frontera entre México y Estados Unidos, la más rica, diversa, porosa y cruzada del planeta, tiene 29 ciudades fronterizas y 41 cruces en total, por el número múltiple de garitas que más de una ciudad acumula. Es enorme.
Por ello, determinar dónde, por cuánto tiempo, en qué cantidad y bajo qué condiciones México recibe y acoge a migrantes que Estados Unidos no acepta –ni, eventualmente, aceptará– ayudaría enormemente a mejorar nuestras relaciones bilaterales.
Pero, sobre todo, a cuidar y mejorar las condiciones de nuestras ciudades fronterizas, muchas de ellas invadidas, deterioradas y con altos índices de criminalidad ante la incapacidad de recibir y acoger a más migrantes. (Leonardo Kourchenko, El Financiero, Nacional p, 25)
También sus datos
Nadie podrá criticar la intención del embajador Ken Salazar por salir a la arena política nacional y dar su versión de los acontecimientos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero algo tendrá que hacer para evitar que el efecto sea contradictorio; ayer en su conferencia en la residencia oficial, el diplomático se “soltó” dando cifras sobre armas incautadas, visas humanitarias y flujos migratorios. Pero entre que patina con el español y no tenía frescos los números, su equipo de comunicación tuvo que maniobrar de emergencia y precisar los dichos de don Ken. ¿Será?
Análisis en la frontera
En plena crisis migratoria en la frontera norte, en el Centro Cultural de Tijuana se lleva a cabo el primer Foro Binacional de Migración en el que están presentes legisladores, cónsules, alcaldes y expertos para hablar sobre este fenómeno y poner sobre la mesa los retos y necesidades que México tiene en esa materia, organizado por la primer regiduría que encabeza Juan Carlos Hank. Nos dicen que es un primer esfuerzo, pero se esperan resultados rumbo a un encuentro más amplio. ¿Será? (24 Horas, la 2, p.2)
Resquicios
El flujo de migrantes venezolanos hacia EU es ya el segundo después de los mexicanos. Con las recientes medidas EU ha expulsado a una gran cantidad de venezolanos a quienes han traído a la capital en donde se la pasan deambulando sin saber qué hacer en medio de la desesperanza. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, La2 p2)
El gobierno mexicano hizo un intercambio con el de Estados Unidos: algunas decenas de miles de visas temporales de trabajo (no agrícolas), la mayoría para mexicanos y otras para centroamericanos, por una nueva versión del Quédate en México ahora dirigida hacia la población venezolana.
Hay una lógica en el acuerdo de beneficio para mexicanos y de voltear a las poblaciones con mayor migración en los últimos meses desde Centroamérica. Lógico. El problema, más bien la pregunta, es cuánto está dispuesto a gastar en recursos y personal el gobierno mexicano para intentar ayudar a las comunidades fronterizas que recibirán a los venezolanos y de por sí están rebasadas por la migración hace meses.
Los primeros venezolanos deportados como parte del nuevo plan comenzaron a llegar a las ciudades fronterizas casi inmediatamente después del anuncio por parte de ambos gobiernos. Son cinco puntos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros.
Los albergues en la frontera están todos rebasados. Ahí están en su mayoría migrantes guatemaltecos, hondureños o salvadoreños y todavía haitianos. Por más que EU ha intentado acelerar algunos procesos después de las políticas trumpistas, las nuevas olas del sur y de México simplemente hacen que la infraestructura no tenga manera de atender a tantos miles.
Estos días en nuestras pantallas de MILENIO TV hemos dado cuenta de lo que ya está sucediendo en las calles… porque en los albergues no hay lugar.
En un intento por aliviar la presión, las autoridades mexicanas iniciaron el traslado a Ciudad de México de cerca de un centenar de venezolanos.
Otras medidas simplemente resultan un desastre, como reportó la agencia AP: las autoridades migratorias mexicanas embarcaron en dos autobuses a un primer grupo de venezolanos, que fue expulsado el jueves de EU, y los trasladó desde la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, hasta la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el centro de la capital mexicana. Sin alimentos y ninguna protección para el frío, y totalmente desorientados, fueron dejados el sábado cerca de un centenar de venezolanos frente a las puertas de la Comar, la cual no labora durante el fin de semana.
Es cierto, por lo menos ahora se consiguieron algunas visas temporales. Pero las medidas a medias solo dan soluciones a medias. En esas llevamos décadas. (Carlos Puig, Milenio, Al frente, p.2)
Cada año se estima que unos tres millones de personas ingresan de manera ilegal a Estados Unidos con la intención de asegurarse un mejor futuro. En su ruta, son vulnerables a delitos como la Trata de Personas, operada por grupos que han incursionado o entrado en contacto con otros dedicados al tráfico humano.
Carencias económicas, falta de acceso a la educación y al empleo; violencia y otros factores estructurales y personales que pueden incluir ingenuidad y voluntarismo empujan a cruzar la frontera norte de México de manera indocumentada.
Los reportes provenientes de todo el país y atendidos en la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), 800 5533 000, operada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ubican situaciones de riesgo ante explotación laboral y sexual o trabajos forzados, y delitos, como extorsión, fraude o secuestro.
Uno de cada cuatro casos está relacionado con aspectos laborales. Del total de víctimas identificadas este año bajo esas modalidades de la Trata, 52% fueron mujeres y 48% hombres, principalmente de origen mexicano, hondureño, colombiano, guatemalteco, chileno y canadiense.
El estatus migratorio, el idioma, un limitado acceso a servicios y la incertidumbre sobre las condiciones de traslado y de lo que encontrarán en su destino colocan en vulnerabilidad a las personas en situación de movilidad, quienes confían en los traficantes.
El trabajo periodístico publicado ayer en 24 HORAS nos recuerda, además, que un grupo del crimen organizado encuentra en el tráfico humano una forma lucrativa para sus operaciones: cobrar “derecho de piso” a las bandas de “polleros”.
Los testimonios de víctimas y testigos, analizados por el Consejo Ciudadano, refieren casos de fraude. Las víctimas son abandonadas antes de cruzar la frontera, aunque les aseguran haber llegado a su destino; secuestros y exigencia de pago a familiares, o personas que han sido prácticamente vendidas en condición de esclavitud para “trabajos” en maquila o la pizca.
Al ser, tanto el tráfico como la Trata de Personas, delitos transfronterizos, necesitamos un trabajo coordinado entre organismos y autoridades de los países involucrados, que limite la operación de los grupos delictivos y reduzca la incidencia delictiva.
Desde la Ciudad de México, la política de seguridad pública impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha permitido una disminución de 28 por ciento en las carpetas de investigación registradas en 2021 respecto del 2018 en materia de Trata. Es una tendencia semejante a la de este 2022.
El Consejo Ciudadano respalda este esfuerzo en la capital nacional. Selló una alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración), representada en México por la jefa de Misión, Dana Graber Ladek, con el objetivo de promover la atención a los grupos vulnerables. Es una posibilidad de salvar vidas. (Salvador Guerrero Chiprés, 243 Horas, CDMX, p.6)
En respuesta a una solicitud del gobierno de Haití, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se apresta a autorizar a ese país una fuerza militar integrada por tropas de varios países. En apoyo a esa idea, el secretario general del organismo internacional, António Guterres, dijo ayer que Haití vive una circunstancia de pesadilla por la falta de seguridad, energía y agua potable, en medio de una epidemia de cólera.
Como se sabe, los grupos armados que proliferan en la nación caribeña mantienen el control de extensas regiones, incluida la capital, Puerto Príncipe, y han desatado el terror sobre el resto de la población, a la que impiden el acceso al agua y a los combustibles, además de que la hacen presa de atrocidades de toda suerte.
Es en tal circunstancia desesperada que el muy precario gobierno presidido por Ariel Henry pidió la llegada de un contingente de fuerzas extranjeras para restaurar un mínimo nivel de viabilidad para el país, petición que recibió el respaldo del funcionario de Naciones Unidas y de la Casa Blanca.
Ciertamente la descomposición institucional y social que padece el país caribeño, aunada al impacto de terremotos, huracanes y epidemias, tiene a la mayor parte de la población haitiana en una crisis humanitaria permanente, agravada por la pobreza ancestral. Las pandillas han evolucionado hasta convertirse en cuerpos paramilitares armados, en muchos casos con modernos fusiles de asalto, posiblemente obtenidos de la propia policía o de los cuerpos de paz internacionales que han sido desplegados en años recientes en Haití.
En suma, la situación que pesa sobre los haitianos es indiscutiblemente trágica y angustiosa, pero basta echar una mirada a la historia reciente para darse cuenta de que el envío de militares extranjeros no es la solución; en el mejor de los casos no arreglará nada y, en el peor, agravará las condiciones imperantes en el país. Así lo considera el Senado de Puerto Príncipe y lo piensan también miles de personas que han salido a las calles a protestar por una enésima ocupación militar que pareciera inminente.
Baste recordar, como botón de muestra, el saldo negativo del despliegue de cascos azules tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertand Aristide en 2004: las tropas comandadas por la ONU –y a las que Brasil aportó el más numeroso contingente– permanecieron en Haití durante 13 años y en ese periodo cometieron diversas atrocidades contra la población civil, particularmente en perjuicio de mujeres y niñas que fueron violadas o prostituidas por los efectivos foráneos.
Para colmo, la epidemia de cólera que actualmente padece la nación caribeña se originó en ese contingente militar extranjero, cuya presencia no contribuyó ni mucho ni poco a la consolidación institucional haitiana y ni siquiera a atenuar el grave problema de seguridad pública. Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea tienen una responsabilidad fundamental y mucho que aportar para la superación de la tragedia de Haití, pero no mediante tropas de ocupación.
Es necesario emprender, en cambio, un plan internacional urgente, a fin de atender las necesidades más elementales de alimentación, salud, vivienda, energía, empleo y educación para la población de esa devastada nación que es, paradójicamente, la primera de América Latina que logró su independencia de una potencia europea, en 1804, y desde mediados del siglo antepasado ha sufrido colonialismo, saqueo, golpes de Estado, ocupaciones militares y apoyo externo a grupos oligárquicos locales, acaso como un castigo perdurable por la temprana emancipación que tuvo como protagonista a un pueblo de esclavos insurrectos. (La Jornada, Editorial, p.2)
A poco más de un año de haber suscrito el nuevo Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras México-Estados Unidos ha comenzado a dar resultados concretos. Sobre ellos, así como sobre los retos hacia el futuro, conversamos en Washington D.C. durante la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (DANS).
El Entendimiento Bicentenario es una visión integral, innovadora, con métricas de evaluación claras y de largo plazo para dirigir la cooperación bilateral en materia de seguridad. Vale la pena destacar algunos primeros logros. Con el objetivo de frenar el tráfico de armas de fuego, por ejemplo, nuestras agencias rastrearon 40 por ciento más de armas de fuego con un nexo binacional durante el año pasado. Estos decomisos generaron inteligencia criminal, que se tradujo en cerca de 300% más detenciones criminales en los Estados Unidos.
De manera conjunta instalamos un panel binacional de expertas y expertos en salud pública con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y monitorear tendencias problemáticas del uso de drogas. En 2022, México logró incautaciones históricas de fentanilo, destacando el aseguramiento de más de 800 mil pastillas en Sonora. Además, nos unimos al Programa Global de Control de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para minimizar el uso de contenedores marinos para el tráfico de drogas.
También implementamos patrullaje espejo en nuestra frontera común para reducir el tráfico de narcóticos, armas, municiones y el contrabando de personas. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloquearon miles de cuentas financieras vinculadas con traficantes de drogas, armas, municiones y personas.
La delegación del más alto nivel que viajó a la capital estadunidense, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y con la presencia de las y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, así como del fiscal general, dan muestra del excelente momento que atraviesa la relación bilateral. Va en sintonía con la delegación que encabezó el secretario Antony Blinken y la secretaria Gina Raimondo en su visita a la Ciudad de México para el reciente Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN).
En ese sentido, reconozco el trabajo conjunto y compromiso de Tatiana Clouthier y Luz María de la Mora, al tiempo que deseo el mayor de los éxitos a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y al subsecretario de Comercio Internacional, Alejandro Encinas Nájera. Con ellos seguiremos teniendo una excelente coordinación desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en los temas compartidos para cumplir con las instrucciones del presidente López Obrador y robustecer el intercambio comercial y la prosperidad económica en América del Norte.
Finalmente, vale la pena mencionar las nuevas medidas de migración que hemos anunciado en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Anunciamos una serie de nuevas políticas para una migración ordenada, segura, regular y humana en la región, que consta de tres componentes: la expansión histórica de más de 130 mil visas H2-B principalmente para personas mexicanas —de las cuales 20 mil están destinadas para Centroamérica y Haití–, un nuevo programa de movilidad laboral para personas venezolanas, basado en el exitoso programa Uniting for Ukraine y también la cooperación fortalecida para hacer frente al tráfico de personas en toda la región. Esta nueva serie de medidas, basadas en el Pacto Mundial para la Migración, promovido por México, y en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, esperamos que sea el futuro de la cooperación hacia una migración más ordenada, segura, regular y humana. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p.16)
“Me dejaron en el desierto el grupo, ya estoy pegado a los cerros de Texas”, le escribió a uno de sus primos por WhatsApp el joven hidalguense Omar Reyes López.
Omar partió del municipio de San Salvador –comunidad de Santa María Amajac– en el estado de Hidalgo, rumbo a Estados Unidos. Tenía solo 19 años. Su familia dice que se fue a buscar una vida mejor, aunque no quería irse: que lloró al partir.
Salió con un grupo de diez personas. Iba a reunirse con un primo suyo que trabaja en Texas. Lo acompañaba un segundo primo.
La salida se llevó a cabo a finales de octubre de 2021. Omar viajó por avión a Ciudad Juárez. En esa ciudad estuvo escondido en una casa de seguridad al lado de otros migrantes. Envió fotos del lugar donde se hallaba. Cruzaron la frontera en los primeros días de noviembre. Pero Omar se extravió en el desierto: “Se cansó, se fue retrasando, hasta que los otros lo perdieron de vista”, relata uno de sus familiares.
El “coyote” que lo llevaba lo abandonó. Decidió esperarlo unas horas, pero cuando Omar no apareció, tomó la decisión de seguir. “Esta es una zona de paso –dijo–. Alguien lo va a encontrar”.
La familia levantó poco después un reporte de desaparición en la fiscalía de Chihuahua. Las peores cosas comenzaron a pasar: grupos de delincuentes se comunicaron con los familiares. Para exigir dinero a cambio de devolver al muchacho, según dijeron, pero también para obligarlos a detener la búsqueda, para que no “calentaran” la zona.
“Hija de tu puta madre, eres de un colectivo de búsqueda… Ya andamos tras de ti”. “Aquí no vengo a jugar… yo quería llegar a un arreglo, pero su actitud no me ayuda en nada. Buena tarde y siga con su vida. Nosotros nos pasamos a retirar y nos lo llevamos a este cabrón, lo voy a pasar a matar”, les escribieron.
Quienes llamaron exigían desde mil hasta diez mil dólares por devolver con vida a Omar. Decenas de llamadas de extorsionadores que vendían una esperanza.
Omar le envió mensajes de WhatsApp a un primo suyo. Este intentó orientarlo: “Busca la manera de que alguien te ayude o si puedes entrégate a la migra… Si crees que ya no la armas marca al 911. Ellos te van a ir a buscar, no tengas miedo”.
Al perderse, Omar intentó volver al lado mexicano. El año anterior al que él se extravió, 557 migrantes habían muerto al cruzar la frontera: 310 más que el año anterior. La cifra de decesos documentada por la patrulla fronteriza era la más alta en casi dos décadas.
“Busca ayuda, cabrón, no quiero que te pase nada, sal aunque te agarre la migra”, le escribió su primo. Los mensajes se sucedieron de manera angustiosa. Omar estaba optimista:
“Tengo agua, comida, también aquí están pasando grupos donde puedo esperar”.
“Si miras que ya no aguantas, prende una lumbre… para que te recoja una patrulla… Ahí van a llegar por ti”.
“Sí”, respondió Omar.
Insistió su primo: “Dame una señal para decirle al coyote. Para que manden gente a buscarte. No te puedes quedar ahí. Apaga tu cel cuando no lo uses, tu pila no va a aguantar mucho”.
Mensajeó Omar más tarde:
“Qué onda, estoy bien en el desierto, no sé dónde”.
Su primo respondió: “Dijo el coyote que prendas lumbre. Ya va gente por ti”.
El diálogo continuó a lo largo de las horas, a lo largo de inmensas horas: “Esos güeyes del 911 me dijeron que no pueden hacer nada”.
“Ok, prende lumbre y dime dónde estás… Márcale al guía, gordito. Llámale a este número y dile que estás perdido en el desierto (el número era 6565 57 10570).
Omar pidió una recarga de 100 pesos. Envió un mensaje inquietante: “Ya crucé ríos de ayer estoy en 20 no sé qué te dijo anoche vi luz para borrar… Yo no me quiero quedar aquí hermano ayúdame por favor”.
Los mensajes de su primo siguieron llegando. “Dónde estás hermanito, quiero saber que estás bien”. “Márcale al guía gordito”. “Van a ir por ti. Tienes todavía comida. No te me rindas”. “Dame una pista de dónde estás”.
Bajo la presión de los familiares, la fiscalía buscó a Omar con helicópteros, con patrullas, con perros. Uno de sus últimos mensajes fue el siguiente: “Quiero irme para México otra vez… voy a tener que apagar mi teléfono más al ratito te mando un mensaje”.
Luego, toda la comunicación se perdió.
Los restos de Omar fueron encontrados en la zona de Guadalupe, Chihuahua, en las inmediaciones de una finca abandonada, once meses después de la desaparición.
Hace unos días su cuerpo llegó a Santa María Amajac, en donde fue velado. Nadie sabe exactamente qué pasó. Hasta ahora, sobre su muerte existen solo unas hipótesis, y existe también el retrato de un país delincuencial que lucra con la tragedia de otros, y de un país que expulsa a ciudadanos de cuyo destino no vuelve a saberse más.
“Ojalá que el caso de Omar no sea el único. Ojalá que las autoridades logren dar respuesta a los familiares de cientos, de miles de hermanos desaparecidos”, concluyen sus familiares.
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El 20 de julio, después de la visita del presidente López Obrador a Washington, EU solicitó consultas con México, al amparo del capítulo 31 del T-MEC, sobre las políticas energéticas de nuestro gobierno consideradas violatorias del Tratado.
Transcurrieron los 75 días de intercambios confidenciales que marca el T-MEC. Y en la fecha límite, el 6 de octubre, renunció Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía. Durante el periodo se avanzó en dos de las cuatro demandas presentadas por EU: el 6 de septiembre un juez de la Suprema Corte suspendió la orden de la Sener que obligaba a las empresas privadas a comprar gas natural de Pemex o CFE. El 29 de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) liberó más de 150 permisos para gasolineras. Así se satisfizo parcialmente otra de las demandas de EU.
Dichos actos, aunados a una posible negociación política en materia de migración, centrada en la devolución de venezolanos a México que cruzaron la frontera con EU de manera irregular, contribuyeron a que el gobierno de EU decidiera continuar con las conversaciones y no solicitar, en este momento, el establecimiento de un Panel de arbitraje o convocar a la Comisión de libre comercio para buscar una mediación.
Es decir, las negociaciones continúan, pero EU NO ha renunciado al derecho de convocar a un Panel, si los asuntos planteados no se resuelven. El gobierno de México ganó tiempo con base en un trabajo técnico serio y consistente por parte de la Secretaría de Economía.
Si la SRE negoció políticamente la posposición de la solicitud del panel a cambio de concesiones en materia migratoria, sería motivo de otro análisis. México estaría cayendo en la trampa que nos tendió la administración Trump de vincular la imposición de aranceles a cambio de concesiones migratorias, como la ampliación del programa Quédate en México, aceptado por Marcelo Ebrard, en noviembre de 2018.
El presidente López Obrador decidió, a la mitad del río, cambiar de caballo y jinete para continuar las negociaciones.
El nuevo subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, es talentoso y conocedor del capítulo 23 y el Protocolo Modificatorio del T-MEC que establece un Mecanismo de Respuesta Rápida Laboral, orientado a resolver cualquier disputa en esta materia, como la negociación y adjudicación de contratos colectivos de trabajo.
Las empresas estadounidenses y canadienses que se consideran afectadas por la política energética de México también han presentado solicitudes de arbitraje internacional en contra del Estado mexicano, al amparo del capítulo 14 del T-MEC. Según algunas fuentes, al 31 de diciembre de 2021, México tenía en curso 38 demandas de inversionistas al amparo del TLCAN, T-MEC, y otros acuerdos bilaterales de protección de inversiones, que invocaban la violación a la cláusula del “trato justo y equitativo”. (Martha Bárcena Coqui El Heraldo de México, País, P.7)
Nury Martínez llamó “changuito” a la hija negra del concejal blanco Mike Bonin, la comparó con un bolso de lujo y afirmó que él la usa políticamente
Un escándalo racial se desarrolla desde la semana pasada en Los Ángeles con posibles repercusiones nacionales.
Pero contra lo “normal”, la disputa enfrenta a personalidades de una minoría étnica, la hispana, y sus expresiones racistas contra afroestadounidenses y aún indígenas de origen mexicano, en el marco de un descarnado intercambio de opiniones sobre las formas de incrementar el “poder latino” en esa ciudad.
Hace 10 días, el diario Los Angeles Times publicó los detalles de una conversación, grabada al parecer de manera subrepticia, en la que la presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, los concejales Gil Cedillo y Kevin de León; y el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, discutían la redistribución de distritos de los escaños del Concejo Municipal.
Desde la publicación, Martínez y Herrera renunciaron a sus cargos. Cedillo y de León se resisten a hacer lo mismo, pese a presiones políticas y llamados, incluso del presidente Joe Biden.
La irritación provocada generó demandas de investigación sobre el proceso de redistritación, que se hace cada 10 años, y que normalmente es usada para delinear nuevos distritos electorales y frecuentemente aprovechada para favorecer los comicios de representantes de determinados grupos.
La charla, realizada en octubre de 2021, incluyó numerosas groserías y referencias insultantes a otros miembros del consejo municipal. Martínez, por ejemplo, llama “changuito” a la hija negra del concejal blanco Mike Bonin, la comparó con un bolso de lujo y afirmó que él la usa políticamente. En otra parte, se refirió a los migrantes oaxaqueños en el barrio coreano de Los Ángeles como “gente pequeña y morena”.
Más allá de las consecuencias inmediatas, la divulgación de esas actitudes entre líderes hispanos de una ciudad famosa por su diversidad étnica y sus periódicos problemas raciales, tiene posibles efectos explosivos en las relaciones entre las dos principales minorías étnicas de Estados Unidos.
Los hispanos representan ahora 18.7% de la población estadounidense, mientras los negros son 12.1%, pero tradicionalmente los afroestadounidenses han sido políticamente más activos y por lo tanto tienen una presencia más visible.
El tema es aún más complicado porque las dos minorías suelen ser aliadas en las demandas por mayor representación política y mejores condiciones. Pero frecuentemente compiten por empleos, por recursos, y ahora, por poderío político.
La coalición entre los dos grupos se da principalmente en el marco del Partido Demócrata.
Pero el debate se desarrolla en un momento en que los demócratas parecen perder terreno entre los latinos, mientras los republicanos buscan ganarlo.
Está por verse cuál será el desenlace del debate, pero no agregó confianza ni al proceso político ni a la colaboración o la convivencia entre las dos minorías. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)