* Hoy es el Día Internacional del Migrante. Le pedimos a Tonatiuh Guillén una reflexión sobre el tema. El excomisionado del Instituto Nacional de Migración escribió:
“Es un día para la memoria de migrantes y refugiados que han muerto o han sido asesinados en el proceso (Chiapas, San Fernando y más todos los días en México).
“En un día para censurar políticas migratorias inhumanas, racistas y xenófobas. Migrar no es un delito. En particular, conmemoración triste para México por las muertes, la incongruencia frente a nuestra gigantesca emigración a los Estados Unidos”.
Guillén acompañó su reflexión con estadísticas del Inegi que dan cuenta del tamaño de la migración en México:
Entre marzo del 2015 y marzo del 2020 salieron oficialmente del país, para residir en el extranjero, 802 mil 807 personas. El 77 por ciento tiene como destino Estados Unidos y el principal motor es la búsqueda de trabajo. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p.4)
Los migrantes que llegan a México, en tránsito hacia Estados Unidos, desde Centroamérica y otros países latinoamericanos, desde Haití o desde África… son seres humanos desesperados en busca de una nueva vida, que huyen de la violencia, el hambre y el terror acompañados de sus familias y cuya lucha es incontenible. Son capaces de enfrentar todas las amenazas y los peligros por la persecución que realiza la Guardia Nacional de México para detener su viaje, o por ataques del crimen organizado. Los hemos visto pasar en México las peores miserias, injusticias, persecuciones e incluso golpes y muertes.
La esperanza de miles de familias se ha convertido en un infierno. Una nueva ola de dramas humanos que se profundizan y de oleadas de muertos por decenas invade el territorio mexicano. Fuerzas del gobierno persiguen a los migrantes, mientras el crimen organizado trafica con la seguridad, los exiguos recursos y la vida de los migrantes. Nada los detiene, ni el gobierno de México, ni el de Estados Unidos logran disminuir la migración. Se abren puertas para que en el drama migratorio el crimen organizado obtenga importantes recursos.
Grave error el cometido por los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, al poner en vigor uno y aceptar el otro la política de “Quédate en México” que no resuelve nada, por el contrario, profundiza la violencia contra los migrantes perseguidos en México y rechazados en EU con el apoyo de la Guardia Nacional mexicana: vergonzoso e inhumano. Ahí está la trágica muerte de 56 migrantes centroamericanos el pasado 9 de diciembre cuando volcó el tráiler en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas después de haber evadido tres puntos en los que debió de haber sido revisado. En la caja viajaban hacinados más de 100 migrantes.
La ausencia de una política migratoria para atender el drama humano de migración es más que evidente. Asimismo el gobierno de México ha cometido graves afectaciones a los derechos humanos de los migrantes en territorio mexicano, hacinados como detenidos en las peores condiciones por ausencia de espacios, de alimentos, agua y salud. Los migrantes son mejor tratados por los refugios organizados por la sociedad civil.
Finalmente, no se puede perder de vista, lo que ocurre en la COMAR, órgano de asistencia a refugiados, rebasado por decenas o cientos de miles de demandas no atendidas de “ayuda a refugiados” porque COMAR carece de recursos presupuestarios y humanos para cumplir con su función. Hay cientos de migrantes que buscan quedarse en México, pero no hay respuestas que resuelvan las demandas, muchas ni siquiera han podido llenar los formatos para solicitar estancia y empleo en el país.
El Instituto Nacional de Migración, que encabeza un militar, tampoco cumple con sus funciones, se ha convertido en un perseguidor de migrantes, que enfrenta y persigue a familias, hay testimonios filmados de enfrentamientos. Es necesario construir en México nuevas políticas y condiciones para atender las migraciones de las caravanas que no desaparecerán. Se requiere política para soluciones inmediatas en defensa de los derechos humanos de los migrantes, soluciones de mediano y desde luego de largo plazo. Lo que está ocurriendo requiere acuerdos que permitan avanzar. ¿O ya no somos el país solidario de los años 80 en Centroamérica y en particular en Guatemala??
El actual gobierno que comenzó su periodo dando la bienvenida a los migrantes en México, hoy se ha convertido en su perseguidor para evitar que lleguen a EU. Ese no es nuestro papel, sino el de construir políticas nuevas que atiendan la migración.
Como dice la nueva película de Guillermo del Toro, “el sueño americano genera pesadillas”. No se pierda NIGHTMARE ALLEY, a la que auguro importantes premios. ¡Felicidades DEL TORO! (Enriqueta Cabrera/ El Universal, Opinión, p.15)
Esta semana, desafortunadamente, fuimos testigos de cómo la negligencia, acompañada de una política interior y exterior deficientes, le costaron la vida a 55 migrantes centroamericanos durante su camino a la frontera norte del país. Penosamente, no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de eventos complejos y deficiencias estructurales que han convertido a México ya no sólo como una ruta de tránsito migrante, sino en un lugar de vida difícil. La matanza de San Fernando hace unos años o la de Camargo más reciente en Tamaulipas, así como las vejaciones realizadas por personal del Instituto Nacional de Migración o la Guardia Nacional, tanto en la frontera norte como sur, nos demuestran que la población migrante está lejos de las prioridades de la agenda.
Vale la pena destacar algunos de los factores que hacen de este tema uno de los grandes pendientes, no sólo para las expectativas del gobierno federal mexicano, que se ampararon en un discurso de izquierda liberal de apertura de fronteras y que no supieron ni pudieron sostener ante las oleadas de migrantes centroamericanos, caribeños, incluso africanos que han entrado sistemáticamente a nuestro país a partir del recrudecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos durante el cuatrienio del expresidente Trump. Además, efecto dominó de una pandemia que independientemente de demostrar la vulnerabilidad del mundo entero sacó a relucir las inmensas brechas que hay entre los países ricos y los subdesarrollados.
Esta situación nos refleja las carencias del sentido humano al no concebir este fenómeno como una crisis migratoria. Desde la reciente restitución del programa Quédate en México, en el que los solicitantes de asilo en los Estados Unidos permanecen de este lado de la frontera mientras se analiza su caso, México cedió parte de esa “autodeterminación” que tanto clama defender con la Cuarta Transformación. Lo anterior ocurre mientras las facciones demócratas y republicanas de su Congreso no llegan al tan deseado (y necesario) consenso sobre una reforma migratoria de fondo, que le dé certeza a millones de migrantes indocumentados y sus familias al norte del río Bravo.
Más allá de buscar soluciones sistémicas como pretende ser la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo interesante del asunto es encontrar una solución a los problemas inmediatos que representa el flujo masivo de migrantes, tanto para los países expulsores como receptores. Si bien existen proyectos como el de iniciar los procesos de asilo desde el país de origen, la realidad es que encontrar alternativas que no deriven en conflictos internos o regionales parece una opción poco alcanzable, ya que representaría la necesidad de generar consensos en los escalafones sociales en beneficio de gente fuera de nuestra esfera idiosincrática.
Ajenos de los vaivenes políticos están quienes día con día cumplen una tarea desinteresada desde la sociedad civil de asistir a poblaciones vulnerables incluidas las migrantes. Con ello, vale la pena hacer hincapié en la necesidad imperiosa de sensibilizar a la sociedad respecto al reconocimiento y protección de la población migrante. Como mexicanos tenemos una compleja tradición de expulsión de connacionales que convenientemente olvidamos cuando se trata de familias traspasando nuestras fronteras. En ese sentido, atravesamos un momento que necesariamente debe ser aleccionador respecto a la forma en que desciframos problemáticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, indistintamente de la nacionalidad, el origen o el destino. (Azul Etcheverry, Excélsior, Nacional, p.7)
Otro ejemplo es la migración de la miseria. No se puede darle otro calificativo a lo que sucede ahora con centroamericanos y mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos desde nuestro sur. Los migrantes mexicanos detenidos en su norte por la “migra” rompieron este año un record histórico, más de 650 mil. Fue evidente que a las autoridades mexicanas no impactó la muerte de 56 miserables y los daños a más de 100 que se accidentaron en Chiapas la semana pasada.
En lo anterior radica otro reto doméstico. La amenaza de la migración de la miseria humana genera para los grupos criminales cantidades de dinero inimaginables, con el cual abren nuevas sociedades delictivas con autoridades municipales y estatales. El boleto de camión más caro del mundo es de Chiapas a Tamaulipas; 1,500 dólares como mínimo y todo para que acaben muertos o, en el mejor de los casos, vejados y extorsionados.
El reto de la miseria migrante tiene un fondo terrible, que no se entendió y se olvidó con lo sucedido a los 72 miserables asesinados en 2010 en Tamaulipas. Nuevamente, es cíclico y por tanto degenerativo, y el que no lo convierta en crónico depende de la respuesta del gobierno.
La conjunción de estos terribles fenómenos arrastra y amenaza la vida democrática del país —no la amenazan los militares, como algunos aseguran—, ya que los grupos criminales se han dado cuenta de lo estratégico que es pertenecer a los procesos electorales.
El ejercicio de mano alzada en Oxchuc, Chiapas, además de muertos y heridos, deja un ejercicio de lo que puede pasar cuando los criminales mandan electoralmente.
Lo anterior no es exagerado. (Juan Ibarrola, Milenio, Al Frente, p.3)
Que luego de que México y Estados Unidos echaran a andar formalmente el Entendimiento Bicentenario de Seguridad, que sustituye a la Iniciativa Mérida el martes pasado, el embajador Ken Salazar no ha perdido ni un minuto y durante la semana visitó puntos estratégicos de la frontera como Hermosillo, Nogales y Ciudad Juárez. No pasa desapercibido tampoco que después de aquella reunión Washington ofreció recompensas por cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera y alertó sobre que la Ley de Seguridad Nacional de México pone en peligro la lucha contra el terrorismo. (Milenio, Al Frente, p.2)
El año cierra bien para Centroamérica pues se lograron acuerdos importantes y sobre todo apoyos con Estados Unidos que serán utilizados para intentar frenar la migración atacando las causas que la originan, o al menos esas son las intenciones.
Es justo reconocer que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el canciller, Marcelo Ebrard y el embajador de México en Estados Unidos, Estaban Moctezuma tuvieron mucho que ver para que Estados Unidos aceptara la idea que sólo con la suma de esfuerzos entre naciones se podrá atacar el problema migratorio.
Por ello, hace unos días la vicepresidenta de la Unión Americana Kamala Harris anunció que su país invertirá mil 200 millones de dólares de compañías internacionales para respaldar las economías y la infraestructura social de países centroamericanos.
Cabe recordar que desde mayo las empresas que apoyarán en este plan son: CARE International, Cargill, Grupo Mariposa, Parkdale Mills, PepsiCo, JDE Peet’s y PriceSmart. Además, Mastercard, Microsoft y Nespresso.
Y es que el presidente, Joe Biden, encargó en marzo a Harris que trabajara para hacer frente a las fuerzas sociales, políticas y económicas que empujan a migrantes y solicitantes de asilo hacia Estados Unidos.
Tras reuniones con México y visitas a países centroamericanos Kama Harris, presentó este proyecto que persigue el desarrollo a largo plazo en seis áreas: una agenda de reformas, inclusión digital y financiera, seguridad alimentaria y agricultura climáticamente inteligente, adaptación climática y energía limpia, educación y desarrollo de la fuerza laboral y, por último, el acceso a la salud pública.
Entre las nuevas iniciativas anunciadas el lunes existe un proyecto de Nespresso para apoyar a productores de café en Honduras y El Salvador, un plan de Microsoft para conectar a millones de personas a internet y un compromiso de 100 millones de dólares para la región de Mastercard para fomentar los pagos digitales y el comercio electrónico.
Los meses han pasado y algunos de estos proyectos ya están rindiendo frutos, aunque la migración parece no cesar, pues tan solo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de entradas ilegales por su frontera suroeste.
Mientras, en nuestro país el problema migratorio no puede pasar desapercibido y amenaza con convertirse en una crisis humanitaria que podría poner en jaque nuestra estabilidad, sobre todo a raíz de la entrada en operación del programa “Quédate en México”.
Porque, pese a que el objetivo de los migrantes es llegar a Estados Unidos, su estancia en México se alarga e incluso muchos terminan quedándose, lo que representa para nuestro gobierno la necesidad de implementar políticas públicas que cubran las necesidades básicas de estas personas.
La lamentable muerte de al menos 55 centroamericanos, en un accidente carretero ocurrido hace algunos días en Chiapas y los asentamientos en las peores condiciones que proliferan en la frontera norte de nuestro país y ahora en la Ciudad de México, nos están demostrando que el problema es una bomba de tiempo para las autoridades mexicanas, por lo que, por el bien de todos confiamos en que los esfuerzos de Estados Unidos y México logren su objetivo. (Héctor Muñoz, El Sol de México, Análisis, p.13)
Su meta está a cientos y hasta miles de kilómetros más adelante. El camino está cercado por todo tipo de depredadores. Algunos van con toda la familia, otros forman pareja y los menos van solos, pueden ser niños, mujeres embarazadas o ancianos. La brújula lo indica, van del sur en busca del preciado norte.
Son cientos, miles, decenas de miles, forman grupúsculos serpenteantes ante la mirada, casi siempre indiferente, de quienes los ven, y con frecuencia, con desprecio, porque “son otros” que quieren su pan y su trabajo. Vienen de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua… épale, de Haití y ésos son de África. No esperaban los cachiporrazos de la Guardia Nacional ni la perrada de la migra mexicana, a la que califican más dura que la gringa.
Saben que pueden caerse del ferrocarril, que hay que cruzar llanos secos, veredas espinosas, al igual que pantanos y brechas con abrojos. Comer lo que se pueda y dormir bajo techo es un lujo que sólo algunos pueden hacerlo. Gastaron todo lo que tenían al pagarles a los polleros y a todos los que estiran la mano. Huelen mal y siempre tienen hambre.
El tráiler desbocado mata a 55 y hiere a 105 que bien pudieron ser mucho más para dar la nota periodista de un día, quizás dos. La verdad es que importan poco. En el país se sufre con la pandemia, no hay trabajo, el campo está seco, las industrias cierran, hay balazos por donde sea, todo está más caro hoy y ayer, que estaba mal, resulta un cálido recuerdo.
¿Por qué están en suelo mexicano, por qué son tratados como delincuentes, por qué sobreviven contra toda esa hilera de extorsiones, por qué si les habían dicho que México era diferente, cálido y deseoso de tenerlos, guardarlos e impulsarlos?
Ahora reclaman, exigen, quieren papeles de identidad, protección, seguridad, comida y techo mientras llegan al añorado suelo de los beneméritos Estados Unidos de Norteamérica, donde alcanzarán lo que les dijeron sería su nuevo y luminoso hogar. ¿Qué pasó con lo que les dijeron?
El 17 de octubre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo urbe et orbi: “Vamos a ofrecerles empleo, tendrán visa de trabajo, éste es un país libre y soberano que los acogerá…”.
Y luego una reiteración el 16 de enero de 2020: “tenemos más 4 mil empleos disponibles, albergues, atención médica”.
Y el canto esperanzador inusitadamente cambió el 9 de septiembre de 2021. El presidente López Obrador les dijo: “No es posible permitir el flujo libre de migrantes; esto tiene que ser regulado por el Instituto Nacional de Migración ante el riesgo que corren ante la delincuencia…”.
Y hace unos cuantos días: “México no puede ser un campamento de migrantes”.
Sin decirlo, se exaltó la figura de Trump, quien primero amenazó con aumentar las tarifas arancelarias a los productos mexicanos, más tarde encarecer las comisiones en el cobro de las remesas para financiar el muro y ahora Biden, quien deja correr las prohibiciones y los obstáculos, pues sabe que la verdadera muralla para impedir que los ilegales, nutridos por miles y miles de mexicanos alcancen suelo norteamericano, está a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Aparece la paradoja, este año las remesas de mexicanos en suelo yanqui superarán la increíble suma de más de 50 mil millones de dólares para con ello regalar un enorme tanque de oxígeno a un gobierno que no sabe qué hacer con los migrantes nacionales ni extranjeros. (Raúl Cremoux, Excélsior, Nacional, p. 13)
Día del Migrante en el antimonumento
Un cerco policiaco blindó el Zócalo capitalino de la posible llegada de la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica. Para quienes la forman hubo agresiones y encapsulamiento en su llegada a la capital del país. Imposible su arribo frente a Palacio Nacional, adonde querían reclamar su derecho al libre tránsito y visas humanitarias.
Nadie escuchó sus reclamos, como tampoco los de familiares de los miles de desaparecidos en territorio mexicano. Por eso, como protesta por la falta de acciones del gobierno para atender la desaparición forzada, esta semana integrantes de 15 colectivos de búsqueda que representan a más de 2 mil 600 desaparecidos en Guanajuato, recrearon una gigantesca fosa clandestina frente a la residencia presidencial. “Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él”, escribieron encima de la tierra que llevaron en un camión de carga para esparcirla frente a la Puerta Mariana que nunca se abrió para ellos.
Con la descalificación y la falta de respuestas se encontraron la caravana de migrantes y los colectivos de búsqueda. Ellos y ellas forman parte de los grupos no recibidos en Palacio Nacional, junto a las mujeres que exigen el fin de la múltiples violencias de género o los indígenas que se oponen a los megaproyectos en sus comunidades. Basta recordar la extensa valla metálica con que se amuralló el Palacio Nacional en vísperas de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, en marzo pasado. La instalación de paredes de tres metros de altura con las que se protegió al inmueble y a quienes lo habitan, fue considerada símbolo de la negación de que en este país se asesina a un promedio 12 mujeres todos los días.
A los indígenas “no permitidos” les tocó el cerco en agosto pasado, en ocasión de la conmemoración de los 500 años de la Caída de Tenochtitlan, fecha nombrada oficialmente como el Día de la Resistencia Indígena, pero justo a quienes resisten se les impidió el paso al Zócalo.
Hoy es el Día Internacional del Migrante. No hay planes de ir a tocar la puerta del Palacio, pero sí de reclamar por su derechos en el Antimonumento +72. Esta ciudad, tradicionalmente combativa y hospitalaria, no puede convertirse en un muro. (Gloria Muñoz Ramírez , La Jornada, Política, p.12)
Día Internacional del Migrante
Aun cuando se justifica plenamente que organismos internacionales, gobiernos y ciudadanos nos declaremos alarmados e indignados ante la muerte de 55 migrantes y más de 100 heridos en Chiapas, lamentablemente hace ya tiempo que migración internacional se escribe con m de muerte.
Desde 2014 en nuestro continente se han registrado 5 mil 822 fallecimientos de migrantes de Centroamérica, México y el Caribe. De ese total, sólo en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos murieron 3 mil 580 personas. Especialmente mortal ha resultado esa zona en 2021, cuando han muerto 655 migrantes, cifra que supera el récord anterior de 524 fallecimientos registrados allí en 2019 (Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Mundial para las Migraciones, OIM).
También en este año murieron 43 cubanos en su intento de llegar por mar a Estados Unidos, y desde 2014 se ha contabilizado la muerte de 176 venezolanos, mientras trataban de alcanzar las costas de Trinidad y Tobago.
Hay que estar en alerta porque mares y océanos han probado ser tan letales como las rutas terrestres. No vaya a ser que en algún momento pasemos de hablar de tráileres accidentados a embarcaciones hundidas con migrantes en México. Y es que, por ejemplo, se están incrementando los viajes de migrantes por mar de Guatemala a Paredón, Chiapas, y a Mazatlán, Sinaloa, si es por el Pacífico; si es por el Golfo, las embarcaciones con migrantes van a Coatzacoalcos, Catemaco y Puente de Alvarado en el estado de Veracruz. En el Caribe, las rutas van del oriente de Cuba hacia Isla Mujeres y Cancún, y de Belice a Chetumal (Datos de Migrantes y náufragos en el mar, de la OIM, citados por Reforma, 15/dic/21).
Ojalá que el Grupo de Acción que anunció el canciller Marcelo Ebrard, y en el que participan siete países involucrados en estos flujos migratorios, contribuya a reducir el tráfico de personas, porque hoy los riesgos son mayores que nunca. Es un hecho que debido al largo abandono en que se ha tenido a la migración irregular desde principios de siglo, así como por los efectos económicos y sociales de la pandemia, en migración ahora todo es más en el Continente Americano: rutas más remotas y arriesgadas, tarifas más altas, migrantes más vulnerables, traficantes más empoderados, y por todo ello, más sufrimiento, violencia y muerte.
En el año fiscal 2021 (octubre, 2020-septiembre, 2021), la autoridad migratoria de Estados Unidos realizó 1 millón 700 mil detenciones de migrantes, la cifra más alta de toda la historia. La cantidad equivale al triple del promedio de los últimos diez años. Las detenciones de mexicanos, 608 mil, representan 35 por ciento; les siguen los hondureños (309 mil), guatemaltecos (279 mil) y salvadoreños (96 mil).
En México también hay cifras altas de migrantes detenidos: más de 228 mil en lo que va del año, de los que alrededor de 120 mil han solicitado asilo.
Un informe de varias agencias (Migration Policy Institute y el Programa Mundial de Alimentos, entre otras) calcula que en cinco años los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras gastaron unos 11 mil millones de dólares para emigrar, la inmensa mayoría de manera indocumentada.
Con esos montos, con grandes márgenes de operación y con una impunidad cuasi garantizada, que denuncié desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2005, el crimen organizado prospera con la acumulación de grandes fortunas que arrebata a los más pobres mientras los somete a altos riesgos, los secuestra o los abandona. Si el negocio avanza, lo demás qué importa, si al final las dos cuotas las liquidan los migrantes: la que se salda en dólares y la que se paga con la propia vida.
El autor es secretario general de Servicios Generales del Senado y especialista en derechos humanos. (Mauricio Farah, Reforma, Opinión, p.10)
Las provincias de México y Centroamérica de la Compañía de Jesús reconocen la complejidad de la crisis migratoria, han revisado las causas estructurales de la migración forzada en Honduras, El Salvador, Guatemala y México, y han formulado propuestas que implican la colaboración y solidaridad entre naciones, sectores y organizaciones.
La Compañía de Jesús coincide con la propuesta del papa Francisco sobre la cuestión migratoria, que debe tener una “visión comunitaria” para dirigir la atención a los más necesitados y que en cada país, según sus posibilidades, sean acogidos, promovidos e integrados en el pleno respeto de sus derechos humanos y su dignidad, comprometidos a aliviar su sufrimiento.
En su diagnóstico Postura de la Compañía de Jesús en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas, citado este 18 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Migraciones, que conmemora Naciones Unidas, la compañía identifica siete causas estructurales de este fenómeno:
Ante esto, el documento incluye propuestas concretas, como la necesidad de que los Estados emprendan un cambio tributario para reducir la desigualdad y los privilegios, y se encaminen a aumentar la productividad y mejorar el gasto público. También, fortalecer a las micro y pequeñas empresas, un mercado común centroamericano y mercados locales de alimentos y promover el empleo digno y el acceso a tierras, recursos e infraestructura.
De igual forma, la universalización de la educación, la salud, el agua y el saneamiento como políticas necesarias para asegurar bienestar a quienes están en situación precaria. Y en la búsqueda de un Estado efectivo, el documento señala que deberán fortalecerse las fiscalías y los organismos electorales y, además, promoverse la construcción de puentes entre las élites y las bases.
Ante la crisis de violencia, es necesaria la promoción de modelos de seguridad ciudadana, el establecimiento de rutas para una migración regular, el abordaje de las causas de la violencia y programas dirigidos a las juventudes. También revalorizar y fortalecer los ecosistemas y la vida comunitaria, reconociendo los aportes de los pueblos indígenas y campesinos, revalorizando los sistemas agroalimentarios y eliminando o regulando los megaproyectos.
Para la Compañía de Jesús, el fallecimiento de 55 hermanos migrantes en Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, tras volcarse el tráiler en que eran trasladados, reafirma su convicción de que la atención a todas estas propuestas no exime la responsabilidad de atender las necesidades inmediatas de ayuda humanitaria, asesoría u orientación legal y atención sicológica, como se señala en el documento.
En medio de esta tragedia, recibimos también el anuncio realizado por el gobierno de México, el 13 de diciembre, sobre la instalación del Grupo de Acción Inmediata (GAI) para combatir las redes de tráfico humano y la trata de personas, responsables de la tragedia en Chiapas. Este organismo multidisciplinario, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluye a los embajadores de Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y República Dominicana, y atiende algunas de las propuestas señaladas por la Compañía de Jesús en su diagnóstico.
La compañía considera que, pese a los inmensos pendientes, estos esfuerzos son positivos para evitar las tragedias dentro de una migración forzada y para que se atiendan las causas de este fenómeno; que en 2020 llevó a 281 millones de personas, 3.6 por ciento de la población mundial, a salir de su lugar de origen, la mayoría en condiciones tan difíciles como las que vivieron José y María, quienes obligadamente recorrieron a pie, bajo las inclemencias del tiempo, más de 150 kilómetros, de Nazaret hasta Belén, guiados sólo por la luz de la esperanza. (Jorge Atilano Candia SJ* , La Jornada, Opinión, p.17)
El Día Internacional del Migrante es una efeméride que ofrece escasos motivos de celebración. De acuerdo con la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), en 2020 a nivel mundial, una de cada 30 personas tenía estatus de migrante, lo que significa 2.6 por ciento de la población y 281 millones de seres humanos; pero estos desplazamientos se han hecho a un costo muy alto: desde 2014, más de 45 mil 510 personas migrantes han perdido la vida en ruta a sus países de destino. De ellas, más de 18 mil 590 perecieron en la ruta del Mediterráneo central. Sólo este año, el Proyecto Migrantes Desaparecidos del OIM ha registrado 4 mil 504 muertes y desapariciones entre quienes intentaban llegar a otros países; 651 se produjeron mientras trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, la cifra más alta en seis años.
Con motivo de esta fecha, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración llamó a promover la cooperación internacional y a consolidar las asociaciones a todos los niveles “en aras de una migración segura, ordenada y regular”, pero el exhorto parece destinado a caer en terreno estéril, toda vez que la posibilidad de emprender una migración regular está determinada por lo que la OIM llama la “lotería del nacimiento”.
Así, mientras los ciudadanos de Japón, Singapur y Alemania pueden visitar sin visado más de 190 países, los originarios de Siria, Irak y Afganistán apenas pueden acceder sin ese documento a una treintena de estados, por lo que se da la cruel ironía de que quienes más requieren mudar su lugar de residencia menos posibilidades legales tienen de hacerlo. Como advierte el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, para las personas migrantes la falta de acceso a un estatus migratorio regular implica la negación de derechos, la separación de las familias, la violencia de género y el agravamiento de las desigualdades.
México, sin dejar de ser uno de los principales países expulsores de migrantes, ha experimentado una marcada transformación al convertirse, de manera primordial y cada día más acusada, en territorio de tránsito e incluso de destino. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que entre 2015 y 2020 migraron 802 mil 807 mexicanos, una cifra importante pero que representa una disminución de 309 mil emigrantes con respecto al periodo 2005-2010, y menos de la mitad de quienes salieron entre 1995 y 2000. En contraste, se han disparado los ingresos de personas que buscan atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos o que desean instalarse en nuestro país: si en 2019 se registraron 70 mil 422 solicitudes de asilo, sólo de enero a octubre de este año la cifra se elevó hasta 108 mil 195 peticiones, y el flujo no da señal alguna de cesar.
En este contexto, la Secretaría de Gobernación informa que 70 por ciento de los migrantes que intentan cruzar nuestra frontera con Estados Unidos –denominada por la OIM “el corredor migratorio más grande del mundo”– recurre a los servicios de polleros vinculados con el crimen organizado. Esta confluencia de las necesidades de quienes huyen de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades con el afán de lucro de grupos criminales de alcances trasnacionales remarca la urgencia de poner en marcha un abordaje integral de la problemática migratoria, pues la situación actual no sólo pone en riesgo la integridad y la vida de cientos de miles de personas, sino que fortalece a elementos delictivos que amenazan al conjunto de la sociedad.
En lo que toca a las naciones desarrolladas, la comunidad internacional debe exigirles que asuman su responsabilidad ante quienes tocan a sus puertas, en particular en lo que respecta a las migraciones motivadas por guerras o desastres propiciados por la política intervencionista de las propias potencias. (La Jornada Editorial, p.6)
La desaparición de menores es un alarmante fenómeno que debiese preocuparnos y convertirse en prioridad en la agenda gubernamental, pero no es así. Las preocupaciones gubernamentales van por el ámbito electoral, la revocación de mandato y los asuntos prioritarios del Presidente.
Sin embargo, hoy México vive graves y profundos dramas humanos que tienen sin cuidado a nuestros gobernantes. Cada día desaparecen mexicanos a lo largo del territorio nacional.
En el tianguis turístico que se realizó en Mérida el pasado mes de noviembre se llevó a cabo un panel titulado “responsabilidad social en el turismo”, en el cual se abordó el tema de la esclavitud sexual infantil. Niños y niñas de dos, cuatro años y más y por supuesto también adolescentes, hoy son víctimas de prostitución forzada después de haber sido secuestrados.
Verónica Toller directora de comunicación de Movimiento Freedom, el cual tiene como misión luchar contra la esclavitud, —así como de Movimiento Viva México—, expresó que tres de cada diez víctimas de trata son niños. Detrás de esto, está el crimen organizado multinacional. Expuso que es un problema global, pero México es el país número uno como proveedor de menores para trata sexual hacia EU, país que es el mercado mundial número uno. Expertos estiman que el 60% de la pornografía infantil global se produce en México.
También citó que según cifras dadas a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, durante la pandemia aumentó en 117%, la producción y consumo de pornografía infantil en México. Se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en México para explotación sexual infantil. ¿Qué hace la FGR para combatir estas cifras?… ¿Existe alguna estrategia?
Por tanto, el turismo sexual infantil crece en México. La Organización Internacional de Migraciones calcula en 600 millones el turismo sexual global, pero el 3% de quienes lo practican, busca niños. Las cifras son estimaciones de organizaciones internacionales que se dedican a combatir este grave problema social, pues este es un delito que opera en la sombra y es difícil cuantificarlo con exactitud.
La gerente de desarrollo sostenible de Aeroméxico, Adriana Prieto Gaspar de Alba, compartió durante el desarrollo de este foro que esta aerolínea realizó un experimento en la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México con un grupo de actores denominado “Mensajeros Urbanos”, lo cuales tienen como misión identificar los valores morales de los mexicanos.
Estos actores simularon públicamente en el aeropuerto que se estaban llevando a cabo acciones que evidenciaban una relación inusual de abuso. Al entrevistar a los pasajeros que habían atestiguado el hecho, descubrieron que había desconocimiento respecto de esta problemática, pero más grave aún era la falta de interés y empatía para con este sensible tema.
Esta abominable actividad se origina en la impunidad que nace del desinterés gubernamental respecto al fenómeno de desaparición de personas y la indiferencia de la sociedad.
Si la desaparición de un adulto es una tragedia, lo es más aún cuando este creciente fenómeno tiene como objetivo la esclavitud sexual infantil, pues estos menores de edad son utilizados como mercancía y desechados cuando ya no tienen valor comercial.
Es urgente reconocer que las iniciativas para atacar estos graves delitos no vendrán de la infraestructura gubernamental, sino que surgirán a pesar de ella. Son las instituciones filantrópicas que nacen desde la sociedad civil organizada las que están representando la oportunidad de atacar problemáticas sociales sensibles y a ellas debemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades. ¿A usted qué le parece? (Ricardo Homs, El Universal, Opinión, p.15)
Ya nos quedó muy claro que el gobierno de los Estados Unidos ya vio algo que el Gobierno de México no ve —o no ha querido ver—, en su “lucha” contra el crimen organizado y no están dispuestos a tolerarlo.
Que El Chapo Guzmán esté en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos, no es suficiente para los norteamericanos, quienes ven su poderío activo a través de una dinastía que vive al amparo de quien sabe qué fuerzas y qué órdenes, que les dan invisibilidad y una inmunidad que les ha sido suficiente para librar a la autoridad, por muchos muertitos que carguen en la cajuela.
5 millones de dólares ofrece como recompensa el gobierno de Joe Biden por información que lleve a la localización y captura de los hijos de Joaquín Guzmán Loera: Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López considerados “de alto rango del Cártel de Sinaloa”, junto con otros cabecillas de esa organización criminal que también incluye la Orden Ejecutiva, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva y los Zetas, quienes han controlado el tráfico ilegal en el norte de México.
“Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra, en nuestro territorio”, respondió el Presidente el jueves en su mañanera, pero al gobierno estadounidense eso no parece importarle, pues su operación de inteligencia ya lleva meses en territorio mexicano.
“Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México”, dijo también Andrés Manuel López Obrador, aunque dichas investigaciones no hayan arrojado información ni resultados, desde que decidió dejar libre a Ovidio Guzmán en aquel operativo exitoso pero fallido en octubre de 2019.
“Si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo”, dijo López Obrador y no se equivoca, sin duda la historia lo juzgará, aunque el Gobierno de Joe Biden parece querer adelantarse.
Y es que la acción ocurre en un momento clave, a solo unos días de haberse firmado el Entendimiento Bicentenario que sustituye a la Iniciativa Mérida, estancada, y en la que el gobierno de Estados Unidos invirtió 3 mil millones de dólares, evidentemente sin los frutos esperados. Llegó el momento de cobrar.
El mensaje de Joe Biden es contundente: va en serio en su lucha contra el narcotráfico. Aunque la noticia centró la atención en los descendientes del líder del Cártel de Sinaloa, la orden Ejecutiva incluye la congelación de cuentas de varios personajes relacionados con Los Rojos y los Guerreros Unidos, así como un empresario de origen chino señalado de tráfico de fentanilo, que es la sustancia que más muertos ha dejado en la nación norteamericana (100 mil aproximadamente), por lo que ya es considerado un asunto de seguridad nacional.
Desde que Ovidio Guzmán quedó libre, hace dos años, no se sabe de ninguna investigación formal sobre su persona, su paradero o sus actividades, la orden de aprehensión en su contra es con fines de extradición, no por un asunto que se esté investigando en nuestro país.
Lo que sí hay son 107 mil muertos a causa de la violencia en los 3 años de la presente administración y reacciones completamente diferentes ante los protagonistas del crimen organizado.
La postura estadounidense sobre la delincuencia organizada en México, exhibe la ineficacia de la inteligencia mexicana, y lo que es peor, que su socio norteamericano ya no le tiene confianza y eso de la “violación flagrante a nuestra soberanía” parece importarles ya muy poco, o nada.
No es ningún secreto que en los últimos días se entregaron permisos y licencias a directivos y agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, para operar en territorio mexicano en labores contra el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas que terminan en manos de grupos criminales.
Desde la firma del Entendimiento Bicentenario, el gobierno mexicano sabía que la respuesta de Estados Unidos sería directa, por los que sus acciones no deberían ser menos firmes, porque México ya no es solo un país de tráfico, también es uno de consumo y de muertes por sobredosis, todos los días, aunque nadie quiera contarlas… (Mónica Garza, La Razón, Informativa, p.11)
Más de mil 500 migrantes centroamericanos en albergues de Nuevo León, rechazaron ser vacunados contra la Covid-19, La delegada estatal de Programas para el Desarrollo, Judith Díaz, junto a la Brigada Correcaminos, acudieron a albergues para personas migrantes con la intención de inocularlos; pero como la vacuna que se les aplicaría era Cansino, rechazaron las dosis.
¿Pues qué no saben que, ‘donde quiera que fueres, haz lo que vieres? Si hasta YSQ utilizó cubrebocas cuando estuvo en Washington… (Eva Makival, El Sol de México, Republica, p.2)
Los atrapados del sistema
Los aeropuertos se han convertido en una madeja de competencias de las más diversas autoridades cuando se viaja al extranjero y en este periodo vacacional el caos ya empezó, será un mega caos conforme avance la temporada. El trámite más inútil es un formato que debe llenarse en Internet con el uso de un código QR que consiste en un cuestionario de salud que requieren las autoridades de transporte aéreo en la página web “México Vuela Seguro”. Tecnología avanzada al servicio de lo innecesario.
Luego los procedimientos sustanciales y normales para abordar el vuelo: registro, identificación del pasajero, asignación de asiento, documentación del equipaje y recepción del mismo, revisión de seguridad para el ingreso a las salas de última espera, la re-identificación del pasajero y el abordaje de la aeronave.
Entre estos procedimientos se insertaron otros más relacionados con las políticas de vigilancia sanitaria con motivo de la pandemia del COVID 19 en las que se traslapan facultades y hay una demostración de lo que puede suceder cuando no hay una coordinación suficiente, aunque haya buena disposición de servir por parte de todos los inspectores y empleados de las aerolíneas.
El pasajero previsor debe llegar por lo menos tres horas antes de la hora programada de su vuelo. El registro a distancia (check in en línea) facilita el procedimiento normal, pero no elimina el cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros que solicitan las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes que se debe llenar mientras se espera el depósito del equipaje. En estos tiempos en la fila hay tres tipos de empleados que realizan funciones diversas: el primero pide el llenado de la forma migratoria que solo sirve para registro, el segundo revisa los requisitos impuestos unilateralmente por Biden para viajar a Estados Unidos, que son el certificado del esquema de vacunación completado contra la COVID 19 y la prueba de determinación de antígeno SARS-CoV2 negativa con menos de 24 horas de anticipación, el tercero solicita que se haga una declaración jurada por pasajero que se proporciona en un formato a la persona para su firma con un instructivo de llenado de tres cuartillas (no exageraría si afirmó que nadie lee) y una cuarta que pide el llenado de otro formato que contenga el domicilio de estancia en el extranjero y algunos datos de contacto.
El tiempo de espera es suficiente para cumplir la tarea de llenado de formatos y previo a la documentación del equipaje otro empleado revisa que el expediente esté completo. La corrección de parte del mismo se revisa en el mostrador lo que ocasiona que la atención por persona sea mayor a dos minutos en promedio, quien además debe capturar los documentos migratorios en el sistema y el domicilio de estancia en el extranjero, además de los procedimientos normales.
En la zona de los mostradores, hay otro empleado, que procura la sana distancia e invita a los pasajeros a retirarse del lugar si uno de su grupo está haciendo el registro por todos, pero ésta cordial invitación es contraria a la instrucción que reciben los pasajeros de permanecer cerca del mostrador para ser debidamente identificados.
El ambiente, a pesar de la cortesía firme de los empleados, es de permanente crispación, ya que el tiempo no es suficiente para acabar con todos los trámites normales y los inspirados por la pandemia y hay pasajeros a los que el sistema les “cierra el vuelo” y ya no reciben su tarjeta de abordaje y solo el ofrecimiento de subirlos en el siguiente.
“Llevó dos horas y media esperando” no es una llave suficientemente poderosa para abrir el vuelo. El sistema manda y lo que sigue es el clásico “hágale como quiera” o “de aquí no me muevo hasta que me suban al vuelo que me corresponde”. Mientras esto sucede en el mostrador el avión que pretendía abordar el reclamante ya está tomando lo pista para despegar.
Lo que más llama la atención es que ningún trámite pasa de ser un acto de buena fé del pasajero que se repite ante distintas autoridades. Estas, sin coordinarse, exigen formatos por escrito en físico que son de digitalización difícil y cuyo registro en bases de datos tiene grandes riesgos de incurrir en errores de captura o tras papeleo. Además, los documentos que se presentan a revisión en el aeropuerto son copias simples o privados fácilmente alterables o falsificables. Bastaría con una sola declaración del pasajero y no varias ante diversas autoridades y todo lo demás, salvo la documentación migratoria, sería fútil.
¿Quién será quien le diga a Biden que su endurecimiento sanitario de la frontera sólo agrega papeleo, inconvenientes al viajero y espacios de corrupción?
El sistema que tritura a la gente no sólo es el informático que bajo ninguna circunstancia abre un vuelo cerrado, sino también es el conjunto de autoridades que, en un comportamiento burocrático, solicitan el llenado de una infinidad de formatos que provocan cargas adicionales de trabajo a los empleados de las aerolíneas. Con este exceso de trámites buscan proyectar una imagen falsa de que contribuyen a evitar la propagación de la pandemia o solo justificar la asignación y gasto de un presupuesto.
Estos recursos atrapados en el sistema son más necesarios en otras políticas públicas como la atención de la crisis migratoria que vivimos o mejorar el acceso a la salud. Lo peor que puede suceder en la gestión de lo público es que una autoridad se ponga creativa en la solicitud de llenado de formatos y reporte como resultado de su acción el número de encuestas aplicadas, que será siempre creciente por el natural aumento del tráfico de pasajeros, pero será insuficiente para medir una verdadera estrategia de prevención de la expansión de la pandemia.
Cuidado con quedarnos atrapados en el sistema de “hago como que hago para no hacer nada” y que quienes paguen los platos rotos del festín burocrático sean los usuarios de los servicios públicos. (Carlos Matute González, La Crónica de Hoy Nacional, p. 4)