La militarización hemisférica del llamado Escudo de las Américas no sólo tiene implicaciones en términos de seguridad regional, sino que forma parte de una estrategia más amplia de gestión geopolítica de la migración. Es decir, se pretende regular, en el contexto de los intereses y necesidades de Estados Unidos, a las poblaciones migrantes del Sur global y obstaculizar la posibilidad de transformar las condiciones estructurales que generan los desplazamientos humanos al reforzar la cooperación militar y el control territorial manteniéndolos bajo una profunda vulnerabilidad.
Para América Latina, estas iniciativas suponen contener los flujos migratorios y desplazar su control hacia el sur del continente. Varios países latinoamericanos que aceptaron esta alianza con Donald Trump van a desempeñar el papel de espacios de contención migratoria, con lo cual se mantiene la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en beneficio de Estados Unidos, lo que se enmarca en una paradoja: por un lado, la necesidad económica de la migración derivada de su funcionalidad económica y al mismo tiempo su criminalización política, a lo cual hay que añadir las necesidades que representan las transformaciones demográficas por las que atraviesan las economías mundiales.
Durante las últimas décadas, numerosos países industrializados han experimentado un proceso sostenido de envejecimiento poblacional, disminución de la tasa de natalidad y reducción de la población en edad de trabajar. Este fenómeno afecta especialmente a regiones como Europa, América del Norte y Japón, en las que las tasas de fertilidad se sitúan por debajo del nivel de remplazo generacional. Desde una perspectiva económica, esta tendencia genera presiones crecientes sobre los sistemas de seguridad social, los mercados laborales y las tasas de crecimiento económico.
En este sentido, el contexto demográfico global introduce un elemento adicional para el debate, porque ante el envejecimiento poblacional y la disminución de la fuerza laboral, lo que se muestra, ante necesidades incontestables pero la criminalización a la movilidad, no es la doble moral del sistema migratorio global, sino el poder del Norte global sobre las poblaciones del Sur global, mediante lo cual se busca perpetuar las estructuras de dominación y dependencia del modelo capitalista.
Es decir, los esquemas de seguridad que se imponen desde Estados Unidos con las iniciativas del Escudo de las Américas tienen como objetivos convertir la región en instrumentos coercitivos reforzando aparatos de seguridad y mecanismos de vigilancia, desplazando hacia los países de tránsito y origen la gestión migratoria y por lo tanto mantener así el patrón de criminalización y de esta forma la vulnerabilidad de la población migrante.
En este sentido y desde una perspectiva latinoamericana, es urgente enfrentar estos esquemas de seguridad abordando las causas estructurales de la migración, es decir, desigualdad, dependencia, subordinación política, y favorecer políticas regionales que fortalezcan la cooperación regional.
La postura adoptada por México, Brasil y Colombia abre la posibilidad de articular una agenda regional alternativa que, en lugar de privilegiar estrategias de militarización, impulsen enfoques centrados en el desarrollo regional, la cooperación económica y la reducción de las desigualdades, reconociendo que los movimientos migratorios forman parte de procesos más amplios de transformación económica y social. Estos tres países concentran parte sustancial de la población, el producto interno bruto y las capacidades diplomáticas de América Latina, lo que permite inferir la existencia de una resistencia parcial al nuevo esquema de seguridad hemisférica de Washington.
De ser así, se abre la posibilidad de impulsar alternativas regionales basadas en el fortalecimiento de la autonomía regional a partir de modelos de desarrollo que apunten a la emancipación latinoamericana y dejen atrás la dependencia, y convertir la región latinoamericana en un espacio de libre tránsito de las personas.
En última instancia, plantear el debate sobre la militarización hemisférica, la migración y la crisis demográfica del Norte global permite comprender la tensión profunda en el orden internacional actual, reflejo de las contradicciones del capitalismo y de la necesidad fundamental de construir un nuevo sistema internacional que ponga en el eje de sus preocupaciones al ser humano.
Los esquemas de seguridad que se imponen desde EU buscan convertir la región en instrumentos coercitivos. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 15)
La revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancó el lunes en Washington a la sombra de las amenazas de Trump de cancelar el tratado.
El equipo negociador de México ha manifestado que su posición decidida es intentar que el tratado se mantenga. Buenas razones para hacerlo son evitar altos aranceles estadounidenses y una baja en inversiones extranjeras directas que lesionarían regiones del país y sectores de la economía mexicana.
Pero también hay buenas razones para revisar y ponderar tanto las condiciones que la administración Trump querrá imponer para firmar, como los beneficios de la renovación de un tratado que, si bien ha dado certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros en México y acceso al mercado estadounidense, no ha sido un factor detonante del desarrollo de nuestro país.
No lo ha sido, principalmente, porque la política económica del gobierno mexicano asumió durante cuarenta años que fuera la implacable lógica del mercado la que determinara la composición de la planta industrial e impulsara su dinamismo.
El gobierno de Salinas de Gortari aceptó el TLC como instrumento del «Consenso de Washington» de 1982. Ese marco prescribía el abandono de interferencias políticas en el «libre funcionamiento» del mercado, lo que llevó a que durante décadas México careciera de una política industrial, entre otras, y de determinación empresarial para crecer y mejorar.
En consecuencia, nuestra economía perdió dinamismo en su crecimiento; la planta manufacturera no evolucionó tecnológicamente de manera significativa, ni ganó en productividad y competitividad mercantil, ni en generación de empleos, mejores salarios o bienestar de la población.
En lugar de coadyuvar al desarrollo del complejo industrial mexicano, Salinas optó por el Programa de Industrialización Fronteriza que fomentó el crecimiento de la industria maquiladora.
Las maquiladoras y ensambladoras son un modelo de negocio libre de impuestos al importar los componentes para ensamblarlos y tener un producto de consumo final que va al mercado internacional.
Las maquiladoras, en su mayoría extranjeras, fueron quedando a cargo de cubrir el mercado externo en lugar de que lo hiciera la planta productiva nacional; en 2021 fueron responsables del 67% de las exportaciones «mexicanas» de manufacturas.
El dato de la historia del tratado que mejor explica los magros resultados es que, del total de exportaciones que se hacen desde México, apenas llevan un 40% de contenido nacional, menos que en 1993, cuando el valor agregado por la planta industrial y los trabajadores mexicanos era de un 58.8%.
Es decir, aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, prometía una integración comercial y productiva de México con Canadá y Estados Unidos que potenciara nuestras ventajas comparativas y las de la región en la economía globalizada, no ocurrió así.
De haber ocurrido la integración de esa forma, el crecimiento de las tres economías habría sido semejante; sin embargo, las de Canadá y Estados Unidos han crecido mucho más rápidamente que la nuestra.
Marte R. Gómez ha calculado que la economía mexicana equivalía en 1993 (antes del TLC) al 91.57% de la canadiense y en 2024 ya sólo representaba el 82.66%; ante la de EU, la diferencia es relativamente mayor, al haberse empequeñecido del 7.73% a una equivalencia de 6.35% en el mismo lapso.
La revisión en proceso del T-MEC tendría que equilibrar las asimetrías entre México y sus socios; por el contrario, conlleva exigencias de la Casa Blanca en diversos planos que van más allá de los intercambios mercantiles, que, de aceptarlas, limitarían el potencial de nuestro país para crecer y desarrollarse.
Lo determinante para Estados Unidos, además de asegurar cambios que mejoren su balanza comercial con nuestro país y Canadá, es su rivalidad con China, sus animadversiones migratorias y lo que considere que amenaza su seguridad nacional; para dejar esto último en claro, ofrece una versión distorsionada de la Doctrina Monroe.
Además de lo propio del T-MEC, EU pretende que México y Canadá se alineen geopolíticamente y minimicen tratos con China; que controlen migraciones y narcotráfico para su seguridad interna y, en nuestro caso, que en nuestra legislación se elimine toda restricción y regulaciones a los negocios de las empresas estadounidenses, que tengan acceso irrestricto al mayor de nuestros mercados, que es el de inversiones públicas, y disponibilidad garantizada de recursos naturales críticos.
Para desarmar la resistencia que México pudiera oponer a medidas que le perjudicaran, Washington tiene un amplio menú de opciones en nuestras vulnerabilidades energética, alimentaria, financiera, como las tiene en materia de remesas y turística, que dañarían la situación social y económica de amplias regiones del país.
No obstante, hay que tener claro que en la revisión del T-MEC México no se juega únicamente el acceso al mercado de Estados Unidos, sino mucho más: se juega su modelo de desarrollo económico para las próximas décadas.
La disyuntiva es entre un modelo basado en el sector exportador como el que ha regido durante las últimas décadas, o uno que persiga el fortalecimiento de las capacidades productivas internas y de la demanda de mercados internos.
Se trata de que uno sea el modelo prevalente, sin que implique la exclusión del otro. (Guillermo Knochenhauer, El Financiero, Opinión, p.34)
La Ley de Migración actual fue publicada en 2011, todavía durante la presidencia de Felipe Calderón. Los aspectos positivos que logró, al menos en el papel lo cual ya es un primer paso, fueron: enfoque de derechos humanos contra la militarización del control migratorio, no criminalización de los migrantes irregulares y de los activistas que realizan acciones humanitarias en solidaridad con ellos, así como modernización de la documentación migratoria a formas electrónicas.
Esa ley consideró un sistema de puntos que no se implementó masivamente, como ocurre en Canadá y Estados Unidos para atraer extranjeros altamente capacitados, indispensables en la economía del conocimiento.
Ya se discute en foros en el Congreso y con el Gobierno la idea de una nueva ley. La llegada en los últimos años de un cierto número de migrantes venezolanos, haitianos y centroamericanos, entre otros, hace necesaria una regularización. No son muchos, comparados con los que han sido acogidos en Colombia o Perú. De no abrir una ventana para corregir su situación legal, habrá personas cuyo paradero en algún rincón del territorio nacional se desconozca y que, ante los obstáculos para conseguir un trabajo lícito, sean carne de cañón de grupos criminales. A todos nos conviene integrarlos como es debido.
Por lo que toca al sistema de puntos, éste requiere una discusión que no se está dando. La Presidenta Sheinbaum promueve el Plan México y ha encomendado a Altagracia Gómez que la ayude a sacarlo adelante. También se ha manifestado por hacer de México un jugador en la industria de semiconductores, inteligencia artificial e industria aeroespacial. Para ello se requiere no solamente formar ingenieros y técnicos, sino atraer a algunos ya experimentados. Se trata de la famosa “fuga de cerebros” inversa, es decir, importar talentos científicos y tecnológicos de la misma manera en que invitamos a buenos futbolistas. Pero, igual que en el futbol, hay que encontrar el justo medio o, de lo contrario, afectaremos el crecimiento del talento local. La ventaja de un sistema de puntos es que permitiría calibrar esa compleja decisión.
Finalmente, un tema ineludible es la migración ambiental (en especial por cambio climático). El comité de derechos humanos de la ONU ya ordena que no se devuelva a un migrante irregular a su lugar de origen, cuando corra peligro su vida por degradación ambiental (Toyota vs. Nueva Zelanda). Es seguro que, en el futuro, llegarán migrantes a México tras la sacudida de un gran huracán o la sequía prolongada que sufran en sus países. Probarlo ante las autoridades migratorias es directo, pues es notorio cuando una región del mundo experimenta un gran desastre “natural” (o sea, causado por la terquedad humana de no mitigar el cambio climático). Aunque la ley actual ya contemple la vulnerabilidad como un criterio para la regularización no nombra explícitamente la climática. Estados Unidos cuenta con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que ha implementado desde el huracán Mitch en Centroamérica. México debe hacer lo propio, por humanidad y reciprocidad para que nos reciban a nosotros si algún día estalla el Popocatépetl. (Bernardo Bolaños, La Razón, México, p. 4)
La revisión del T-MEC inició ayer su primera ronda de conversaciones, pero la fecha oficial de arranque es el 1 de julio de 2026. Esta será la negociación más tensa entre México y Estados Unidos (EU) en décadas, porque Trump presionará a Sheinbaum en por lo menos cinco frentes críticos.
Primero, seguridad y narcotráfico. Es el tema más sensible y urgente para Washington. Trump ha utilizado los aranceles como palanca de presión, condicionándolos a que México frene el tráfico de fentanilo y los flujos migratorios. Exigirá compromisos más formales y verificables en el combate a los cárteles, mayor cooperación con agencias como la DEA y posiblemente la aceptación implícita de operaciones conjuntas en territorio mexicano, como aparentemente ocurrió en el caso del “Mencho”.
Sheinbaum, por su parte, ha rechazado el involucramiento de EU bajo el principio de soberanía. No extraña, entonces, que no haya sido invitada a la reunión de jefes de estado el 7 de marzo en Doral, Florida, donde Trump insistió que “los cárteles gobiernan México”, lo que repite desde entonces. Lo ocurrido en Venezuela, Irán y ahora Cuba son una muestra de las presiones que recaerán sobre Sheinbaum para que acepte las condiciones estadounidenses en materia de seguridad y otros temas.
Segundo, control migratorio. Trump insistirá en que México actúe como muro de contención más efectivo para la migración de terceros países hacia EU. Las exigencias previsiblemente incluirán más personal en la frontera sur, acuerdos de tercer país seguro más amplios y mecanismos de deportación más ágiles.
Tercero, el déficit comercial. Trump traducirá esta obsesión en buscar mayores concesiones en el sector agrícola, reglas más estrictas de contenido regional, especialmente en el sector automotriz, exigiendo mayor porcentaje de componentes norteamericanos y salarios más altos para trabajadores mexicanos. En ese contexto, la solicitud para investigar prácticas discriminatorias de nuestra industria manufacturera es otro instrumento de presión para llegar con máximo apalancamiento a la mesa de revisión del T-MEC.
Cuarto, el tema de la energía. López Obrador dejó una herencia problemática: reformas constitucionales que privilegiaron a PEMEX y la CFE sobre empresas privadas extranjeras, reversión de contratos y un marco regulatorio que expulsó a empresas estadounidenses del mercado eléctrico. Trump querrá cambios regulatorios concretos y verificables, no promesas verbales, algo que choca directamente con la base ideológica de Sheinbaum y con las reformas constitucionales heredadas. La negociación puede complicarse más si coincide con fallos en contra de México en los arbitrajes internacionales acumulados en materia energética.
Quinto, China es el asunto más complicado. Este es el único frente donde Sheinbaum no tiene margen cómodo para negociar porque la contradicción es estructural. Trump ve a México como el “caballo de Troya” de China en Norteamérica y exigirá mecanismos de verificación de origen estrictos, restricciones a la inversión china en sectores estratégicos y posiblemente una cláusula que obligue a México a consultar con Washington antes de firmar acuerdos económicos con Beijing.
El problema es que México necesita a China. Las inversiones chinas han sido clave para el auge del nearshoring que beneficia a ciudades como Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí. Cerrarle la puerta implicaría espantar miles de millones de dólares en inversión. Los otros temas tienen válvulas de escape, pero en el tema China no hay salida limpia: cualquier concesión real tiene costo económico directo y cualquier postura firme puede traducirse en aranceles que dañen nuestra economía.
La apuesta de Sheinbaum ha sido “contener para negociar”, concediendo en lo operativo para ganar terreno en lo comercial. La prueba real de esa estrategia llegará en julio de 2026, en una negociación donde Trump no distinguirá entre las decisiones del gobierno anterior y las consecuencias que hereda el actual. Sheinbaum llega a esa mesa con menos cartas de las que aparenta y con menos tiempo del que quisiera. (Salvador Kalifa, Reforma, Negocios, p.5)