Suertudos
¿En qué se parece Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación?, en que tienen amigos muy poderosos dentro de la Cuarta Transformación que los defienden y mantienen en sus cargos, a pesar de que están vinculados a proceso por algún delito. Garduño, aún está a la cabeza de la institución encargada de enfrentar la crisis por miles de personas que vienen de países hermanos en busca de llegar a Estados Unidos; y Todorov, se aferra a estar al frente de la FMN, a pesar de que su permanencia ha provocado un embrollo legal, que según nos dicen, se justifica para no dar recursos a los atletas… como es el caso del equipo de nado sincronizado. ¿Será? (¿Será?, 24 Horas, PÁG. 2)
La crisis adquiere dimensiones de drama, y el drama de horror. Y el horror, por desgracia, tiende a normalizarse, a ser una nota más, una mancha más, que si acaso amerita una investigación un pronunciamiento de alguna autoridad… hasta que llega la siguiente tragedia, el próximo episodio de terror.
El secuestro masivo de migrantes, o la muerte de decenas de ellos, tendría que indignar y generar consecuencias, detonar cambios.
Contrario a eso, la insensibilidad de las autoridades alarma. Las instituciones y sus encargados, permanecen impávidos, estacionados en el lugar común.
Hace unos días se reportó el secuestro de 50 migrantes en el tramo carretero que une San Luis Potosí con Nuevo León. Las primeras reacciones de las autoridades estatales de justicia, fueron evasivas. Trataron de culpar al gobierno vecino y lavarse las manos.
Al paso de cinco días, y ante la presión social, los migrantes fueron localizados. No hay detenidos. El evento está lejos de ser un caso aislado.
Hace menos de dos meses, se había registrado el secuestro masivo de dos grupos de decenas de personas en esa misma autopista. Seguramente, por desgracia, no pasará demasiado tiempo antes de que ocurra otro hecho similar. Nada cambia.
No hay verdad, mucho menos justicia. Los migrantes se juegan la vida en su travesía por México, a tal grado que la recomendación presidencial es que mejor no crucen el país, ante el peligro que esto representa. ¿Quién manda en las carreteras? ¿Quién las gobierna? ¿Quién ejerce la autoridad? No son las instituciones legalmente establecidas.
La otra estampa es de mayor horror, y su herida sigue abierta: 40 migrantes murieron calcinados durante un incendio en una estación migratoria, la de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una institución de gobierno encargada de resguardar a los migrantes —el Instituto Nacional de Migración—, no sólo no lo hizo, sino que sus omisiones (en el menor de los casos) provocaron la muerte de decenas.
Han pasado casi dos meses y el máximo responsable del Instituto, su titular, Francisco Garduño, no sólo no ha sido removido del cargo, sino que se placea y sonríe cómodo públicamente. Apenas el lunes pasado estuvo en Ciudad Juárez y no escatimó en saludos y risas, en un acto público. La impunidad campea. Él no los mató, cierto, pero las acciones u omisiones de la institución a su cargo sí: los migrantes estaban bajo custodia de personal bajo su responsabilidad, en una instalación que también era su responsabilidad. Imposible rehuir de su responsabilidad.
La tragedia migrante representa una problemática global, sin duda, donde todas las naciones de la región tienen su tramo de responsabilidad. Ninguna por sí sola resolverá la crisis, pero debe haber un mínimo de voluntad y compromiso del lado mexicano. Y decoro, si no es mucho pedir. (Manuel López San Martín, El Heraldo de México, País, p. 9)
En tránsito los concibe como parias innombrables, útiles como instrumento de negociación con Estados Unidos. En el destino los honra como héroes anónimos, siempre y cuando manden remesas.
Si algún día, el gobierno rinde cuentas de la bipolaridad y el pragmatismo de su política migratoria estará obligado a asumir la imposibilidad de estampar en ella el sello del humanismo que supuestamente nutre su filosofía y guía su acción.
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Poco importa ya el giro dado muy al inicio del sexenio en política migratoria.
Se pasó de las puertas abiertas a las jaulas con candado, cambio cifrado en el relevo de un especialista en asuntos migratorios, Tonatiuh Guillén, por un especialista en asuntos carcelarios, Francisco Garduño. Y, con base en la divisa de priorizar el encargo sobre el cargo e ignorar la razón de la estructura y división administrativa, se pasó el Instituto Nacional de Migración del ámbito de Gobernación a la esfera de la cancillería, perfilando cómo esa política sería palanca con Estados Unidos para evitar sanciones, diluir otros problemas con el vecino y ampliar, así, el margen de maniobra ante el socio poderoso.
De algo podrían servir los parias innombrables sin recursos que no llegarán a convertirse en héroes anónimos con divisas. Más elocuente y pragmático no pudo ser el giro, aunque puso en evidencia cómo el gobierno le ha fallado a los nacionales o extranjeros que, a su pesar, desentierran sus raíces y migran en busca de refugio, asilo, trabajo con ansia de encontrar una oportunidad.
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La llamada Cuarta Transformación le ha quedado mal a quienes la pobreza, la violencia o el cambio climático los echó de su tierra y tienen la necesidad, pero sobre todo el coraje de aventurarse en busca de un horizonte.
Ciertamente sería injusto cargar a la cuenta exclusiva del gobierno la responsabilidad de administrar por sí solo el fenómeno migratorio que reviste mil aristas, involucra a distintos países e intereses, reclama una acción multilateral y se complica aún más al usarlo como ariete electoral, tal cual ocurre en Estados Unidos. Sí, pero también es cierto que la administración lopezobradorista está en deuda con los migrantes. Con quienes, a sabiendas del peligro implícito en andar caminos o cruzar regiones bajo dominio del crimen, ven aun así una minúscula rendija de esperanza o, al menos, una condición mejor a la que afrontan en su hogar, si cabe llamar de ese modo a su lugar de origen.
Dos únicas distinciones les ha concedido el gobierno a los migrantes. Ser sujetos del estreno de la Guardia Nacional que, según se dijo, perseguiría delincuentes, no migrantes, y ser posibles beneficiarios indirectos a mediano plazo de la exportación de programas sociales –Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro– al triángulo norte de Centroamérica, pero cuya efectividad aún aquí está en duda y allá, donde se aplican a título de ensayo, representarán si acaso una gota de agua dulce en la mar de quienes huyen de la desdicha por instinto.
Mal no harían los funcionarios responsables de esa política en leer la novela de Alejandro Hernández, “Amarás a Dios sobre todas las cosas”, o montar “La Bestia”, el tren donde el anhelo de otra vida lleva por compañero de viaje el acecho de la muerte.
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El colmo de la deshumanización de la política migratoria han sido dos tragedias, ante las cuales la indolencia oficial ha sido la respuesta.
Una dolorosísima. Haber dejado calcinar o intoxicar hasta morir a cuarenta migrantes en la jaula con candado, acreditada como estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Un crimen de Estado que ni siquiera el puesto le costó a Francisco Garduño, quien aún hoy –sujeto a proceso por esa negligencia– encabeza al Instituto y trata a los migrantes. Una tragedia que se quiso explicar acusando a las víctimas de ser ellas quienes iniciaron el fuego. La segunda reacción fue el anuncio del ajuste de la política migratoria y la creación de una coordinación que, a más de un mes del aviso, es el secreto de Estado mejor guardado. Al parecer, la gran transformación es hacer lo mismo de siempre, dejar en el limbo al Instituto Nacional de Migración y evitar que aquel fuego alcance a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores que por cargo o encargo son responsables de lo sucedido y por nominación jugadores en la sucesión.
La otra tragedia es una constante. El secuestro colectivo de migrantes por parte del crimen. Una infamia ante la cual la respuesta oficial no es actuar de manera determinante en las carreteras y las regiones donde el crimen ha encontrado un nicho de impunidad y caza a quien –migrante y no– por ahí transite. No, nada de garantizar derechos fundamentales ni de ir por los secuestradores, sólo la amable recomendación de no cruzar el territorio nacional y, de hacerlo, no dejarse engañar por traficantes, polleros o coyotes. Así de simple y sencilla la postura del Estado.
Nada de documentar, ordenar, regular y asegurar el paso de migrantes y conjurar el jugoso negocio criminal de la trata de personas que, con frecuencia, se rubrica con sangre.
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Por un mínimo de pudor y decoro más valdría al gobierno no hablar del humanismo de la política migratoria, dispensar trato de parias innombrables a quienes en vez de realizar un sueño viven una pesadilla ni calificar de héroes anónimos a quienes se van y envían remesas.
Hay una deuda con los migrantes nacionales y extranjeros.
En breve
La pasante con disfraz de ministra debería apoyar y aprovechar la consulta popular sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, agregando una pregunta: ¿Deben estos contar con licenciatura en derecho? Quién quita y la exoneran. (René Delgado, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
Algo debe andar mal cuando sabemos que un promedio de 83 personas son asesinadas cada 24 horas en México y nos quedamos como si le creyéramos al Presidente de que sólo es “propaganda”. Algo debe estar muy descompuesto cuando la sociedad no reacciona a la cifra de homicidios que rebasa los 150 mil en lo que va del sexenio, la más alta de que se tenga registro, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano. Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para la sociedad. Como bien dice el humanista y escritor Isaac Asimov: “Una población insensible es una población peligrosa”.
Hay más señales de que el gobierno no tiene el control del país: tenemos medalla de oro en ejecuciones de periodistas en 2022 —14, según Reporteros sin Frontera—y Colima, la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 181.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Nos hemos convertido en un infierno para los turistas nacionales y extranjeros. En estos días tenemos tres argentinos macheteados en Oaxaca, un canadiense asesinado por la espalda en ese estado, un cuádruple asesinato en Cancún en Semana Santa.
Cuatro estadunidenses secuestrados en Matamoros, dos de ellos asesinados. Balaceras y muertos en Puerto Morelos y Tulum, así como en las playas más conocidas de Acapulco…
Somos un territorio hostil para los migrantes. No sólo viven en condiciones infrahumanas, sino que los secuestran, los extorsionan, los encierran y hasta mueren quemados en estaciones del Instituto Nacional de Migración.
Hace apenas cuatro días, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, daba cuenta que los homicidios dolosos en México subieron 0.26% interanual los primeros cuatro meses de 2023. Se contabilizaron 9 mil 912 asesinatos, un promedio de 83 al día.
Un Informe de la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, documenta que en el periodo de enero-abril de 2023, se registraron 664 casos de tortura, 196 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y al menos 161 masacres. Y ni hablar de los desaparecidos. De los 108 mil registrados en los últimos 25 años, 36 mil 76 se han producido con López Obrador en Palacio Nacional.
“Éste es uno de los peores legados que va a dejar el Presidente al país. Él se va y los estragos en la imagen y el prestigio de México se van a quedar muchos años”, vaticina Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de MC en San Lázaro. El diputado recordó el caso Colombia, el fenómeno del narcotráfico, la mediatización de la figura de Pablo Escobar, los costos que ha tenido en términos de turismo, inversiones, prestigio. “En el caso mexicano, algo similar se construye en forma acelerada”, advirtió.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, puso énfasis en un problema real: la estrategia de abrazos, no balazos que adoptó el gobierno desde la llegada de López Obrador a Palacio Nacional en diciembre de 2018. “Proyecta muy mal hacia adentro, pero también hacia fuera. Es una burla a la comunidad mexicana, pero también a la comunidad internacional”, estimó.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, completó el panorama: “La justicia está desprestigiadísima. Hay una absoluta falta de respeto al Estado de derecho”, nos dijo.
“Esto —agregó— tiene que ver con certeza a las inversiones. Ningún contrato de inversión extranjera directa acepta la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Todos tienen una cláusula de arbitraje internacional; se hace cobertura en tratados internacionales”, puntualizó.
* Las ofensas y agravios cotidianos del Presidente no han intimidado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todavía ayer dijo en la mañanera que el Poder Judicial “está tomado por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco”, sin más pruebas que su palabra.
La nueva embestida no impidió que ocho de los 11 ministros invalidaran el decreto del Ejecutivo que declaraba obras del gobierno como de seguridad nacional. El gobierno ya no podrá ocultar en qué se gasta los impuestos que jalan sus encarecidas obras prioritarias: Tren Maya, refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los tres ministros que votaron en contra de la transparencia fueron Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
López Obrador acusó de recibo, pero reviró con otro decretazo, aunque más acotado.
* El senador Alejandro Armenta ya tiene la respuesta que exigía de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, a quien acusó de presionarlo y amenazarlo por su labor como legislador. Le dijo al senador para que la escuche López Obrador: “Sostengo en público lo que dije en privado. Sus expresiones sobre datos inexactos, así como la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan”. Y, aunque en su respuesta reconoce que la vía utilizada no fue la más adecuada, confía en que su modo de hablar, frontal y directo se distinga claramente de una amenaza. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Más asesinatos, más desaparecidos y mayor impunidad son el resultado del sexenio de la muerte y de la política de “abrazos y no balazos” de López Obrador. La condescendencia c on la que ha tratado el titular del Ejecutivo federal al crimen organizado tiene al país sumergido en una espiral de violencia.
Las bandas delincuenciales hoy imponen candidatos, se adueñan de las carreteras, extorsionan a los comerciantes, desaparecen a los jóvenes e incluso secuestran a migrantes. Todo esto, ante la renuencia del gobierno federal de hacerse cargo de la seguridad del país.
Este miércoles, el presidente López Obrador aceptó que hay bandas criminales que secuestran a los migrantes, pero en lugar de llamar a su consejo de seguridad para detener estas violaciones, les hace un exhorto a los migrantes para que no vengan a nuestro país porque “corren muchos riesgos”. Este es el claro ejemplo de la claudicación del gobierno federal ante la delincuencia. En lugar de hacer de México un país seguro, le entrega al crimen organizado el mando y se lava las manos.
El plagio de 50 migrantes y dos choferes mexicanos en la carretera de San Luis Potosí y que fue denunciado este lunes, se suma a la extensa lista de casos de secuestro que han ocurrido en los últimos meses en la misma ruta a Matehuala. Cerca de 200 migrantes han sido plagiados o encontrados en dicho tramo después de ser liberados.
Los migrantes buscan mejores oportunidades económicas, de empleo, de salud. Quieren vivir lejos de la violencia e inseguridad que sufren en sus países de origen, por ello, dejan sus hogares, incluso a sus familias. Lamentablemente, al llegar a nuestro país son tratados de manera indigna, sus derechos humanos son violados de manera sistemática.
La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos ha violado. En los centros del Instituto de Migración, los migrantes están hacinados, no tienen servicios médicos, ni baños, ni alimentos, ni agua. Aunado a ello, este gobierno morenista es cómplice de las bandas criminales que los asaltan, golpean, extorsionan, secuestran y asesinan.
Algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado que durante esta administración, los homicidios relacionados con el crimen organizado van en incremento, ya que 6 de cada 10 asesinatos están relacionados con el narco.
México hoy derrama más sangre que nunca, más de 80 personas son asesinadas diariamente en nuestro país. La política de seguridad de López Obrador ha sido un rotundo fracaso, como lo ha sido su gobierno. Toda esta sangre y toda esta muerte tienen una solución: votar para que esto ya no suceda.
El pilón: Los legisladores de Morena andan urgidos montando circos para lastimar a la Suprema Corte porque los ministros, sí defienden a la Constitución, pero que les quede claro, no tienen los votos para lastimar a nuestro Máximo tribunal. Mejor deberían ponerse a trabajar, porque los muertos de AMLO son cada vez más. (Kenia López Rabadán, El Universal, Opinión, p. A17)
El Título 42 se fue, pero no sus causas, y la crisis humanitaria de miles de familias migrantes que a diario intentan llegar a Estados Unidos está lejos de resolverse.
Todos los días somos testigos del drama humano de mujeres, hombres, niños y niñas que huyen de la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades en sus países de origen. Finalmente, la migración es un derecho humano, su raíz se encuentra en lo más intrínseco del espíritu humano, que es la supervivencia.
En el caso de la migración en América Latina hacia Estados Unidos (EU) llama la atención que el perfil de las personas en tránsito ha cambiado en la última década. Ya no son más hombres solos en edad productiva, sino unidades familiares. Y ya tampoco se trata de personas de México, Guatemala o El Salvador, principalmente, sino venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que escapan de dictaduras y regímenes que han agravado la pobreza y la violencia.
“Hay menos y menos migrantes llegando de América Central. Es una circunstancia totalmente diferente. Lo que está ocurriendo ahora, durante mi mandato, es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la capacidad de enviarlos de vuelta a esos Estados no es racional”, advirtió el presidente Joe Biden en septiembre de 2022.
Mientras tanto, Nicolás Maduro, en Venezuela; Miguel Díaz Canel, en Cuba; y Daniel Ortega, en Nicaragua, miran cómodos e indiferentes una crisis humanitaria a la que le han aportado no nada más un grano de arena, sino toneladas. Veamos:
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 7 millones de personas han dejado Venezuela en busca de mejores oportunidades tras más de una década de crisis. Muchas de estas personas buscan llegar a EU. Como ejemplo están los 13 venezolanos que lamentablemente murieron quemados vivos en una estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo pasado.
El número de migrantes de la Venezuela de Nicolás Maduro no se detiene. Por el contrario, va en aumento. Tan sólo el año pasado las autoridades migratorias de EU detuvieron a 189 mil 520 personas originarias de ese país y en lo que va de este año la cifra ya llega a los 94 mil 606. Con una inflación galopante de 86.7 por ciento las condiciones en Venezuela no mejoran y los venezolanos en el exilio difícilmente volverán a su patria.
Otro caso es el de Nicaragua, donde Daniel Ortega se ha confrontado con la Iglesia católica, la Cruz Roja y medios de comunicación opositores, librando una embestida contra instituciones y personas contrarias a su régimen. En ese país las confiscaciones han aumentado y el número de presos políticos ya se cuenta por cientos. Apenas en febrero pasado, el régimen de Ortega liberó y desterró a 222 presos políticos a EU.
El número de nicaragüenses que intenta quedarse en EU también ha crecido. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país reportó que, en 2022, 164 mil 600 personas nicaragüenses fueron detenidas y en los primeros meses del año fiscal 2023 ya suman 103 mil 254.
Cuba, la dictadura más larga de la historia moderna en América Latina, también tiene su parte en la crisis. En ese país, la miseria, que se traduce en ingresos diarios por debajo de un dólar, ha expulsado a millones de personas. El número de cubanos detenidos por autoridades migratorias de EU alcanzó un pico en el año fiscal 2022. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 detuvieron a 224 mil 607 migrantes de origen cubano. En lo que va del actual año fiscal reportan 135 mil 90 personas detenidas. Las cifras contrastan con los 14 mil 15 de 2020 y los 39 mil 903 de 2021.
Desde hace muchos años se intentan resolver las consecuencias de la migración, pero no las causas de ésta, que son los líderes políticos corruptos y los regímenes de terror.
Si no se puede obligar o imponer las condiciones para que los líderes de estas naciones actúen con honestidad y garanticen el bienestar de sus poblaciones, por lo menos habría que exigirles que aporten millones de dólares para la creación de un fondo administrado y vigilado por todos los países involucrados para que México y EU puedan construir una infraestructura y un andamiaje legal y administrativo para brindarle a estas personas que huyen del terror, condiciones dignas en lo que esperan un mejor futuro… lamentablemente en otro país. (Óscar Mario Beteta, El Financiero, Opinión, p. 33)
4 Quienes no quitan el dedo del renglón y siguen buscando la forma en que su mensaje sea escuchado son los hoteleros de Quintana Roo. Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, volvió a enviar una carta al Presidente, con copia al titular de Turismo, Miguel Torruco, para que se facilite al turismo brasileño el acceso a visas electrónicas, pues la llegada de este mercado a México se ha desplomado 32.3%, ya que ahora sólo se puede realizar el trámite de forma física en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro. Almaguer también puso énfasis en atender el maltrato a los turistas colombianos por parte de los agentes de migración. (El Contador, Excélsior, Dinero, p. 3)
La política migratoria mexicana nunca ha sido definida con sentido estratégico y siempre ha marchado atrás de los intereses estadounidenses. Ahora que la Casa Blanca ha puesto otro cerrojo a su zona fronteriza, México ha quedado atrapado en una pinza racista estadounidense y el caos en los países al sur del Suchiate.
Aunque con poca capacidad de decisión en recursos financieros, México perdió la oportunidad de ejercer un liderazgo geopolítico para administrar el gravísimo problema de la migración hacia Estados Unidos.
Centroamérica perdió el rumbo y Sudamérica se convirtió en un archipiélago de pequeños intereses que ni siquiera Brasil podría de alguna manera procesarlos. Sin embargo, la zona americana abajo del Suchiate estará necesitando un nuevo liderazgo político que pueda disminuir la conflictividad de una migración masiva y estará representando una invasión desordenada de personas que ya no podrán cruzar hacia Estados Unidos.
La capacidad mexicana para absorber de manera productiva a las decenas de miles de migrantes que se quedarán en el territorio ante el embudo de la frontera estadounidense es menor y comienza a estar distorsionado por el desempleo, la incapacidad de atención de salud y sobre todo la delincuencia desorganizada.
La crisis migratoria, podría decirse, apenas va a comenzar: la imposibilidad práctica de Estados Unidos para recibir cada año más de 200 mil migrantes estará generando una presión demográfica muy grave en México. Y se agudizará por la decisión de los republicanos de reconstruir el viejo racismo segregacionista que pudiera influir en el perfil del próximo Presidente americano.
Zona Zero
Las cifras de inseguridad están adelantando la conclusión de que este sexenio será el peor en materia de violencia criminal. El grupo TResearch International está difundiendo la proyección de que hacia finales de 2024 el número de homicidios dolosos sea de más de 210 mil personas, el doble de las 102 mil 594 que ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto y superior a los 80mil de la administración de Calderón. Lo grave del asunto se localiza en que en esta administración se ha modernizado la estructura de seguridad pública con la Guardia Nacional y la formalización militar como apoyo, pero sin decisiones operativas reales para combatir a los grupos criminales. (Carlos Ramírez, Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, 24 Horas, Estados, p. 11)
Era el 2012, hace ya once años. La lucha comenzó entre los propios sicarios de Los Zetas. Divididos el Z 40 y El Talibán, el domingo 12 de agosto el presidente municipal electo de Matehuala, San Luis Potosí, Édgar Morales Pérez, fue asesinado junto con quien fuera su coordinador de campaña, Francisco Hernández Colunga. Seis días después, las autoridades arrestaban a cinco policías municipales acusados de estar involucrados en la ejecución del alcalde. Este asesinato ocurrió cuatro días después de que fuera localizado un vehículo con 14 cadáveres con huellas de tortura y disparos de arma de fuego. Una persona sobrevivió, que había sido dada por muerta, pero fue quien primero habló sobre la ruptura de Los Zetas.
Así se pudo saber que Los Zetas se habían dividido, se habían roto en la región y había comenzado la batalla interna por el control de esa organización: una de las fracciones la controlaba el Z 40, Miguel Ángel Treviño Morales, y la otra lo encabeza el Z 50, apodado El Talibán, con fuerte presencia, sobre todo, en el estado de Coahuila. Heriberto Lazcano, El Lazca, se inclinó por el segundo. Ambos grupos se disputaban Coahuila, además de Zacatecas y, sobre todo, San Luis Potosí. Incluso la ola de violencia posterior que se desató en Michoacán y en Guanajuato tuvo relación con esa ruptura interna en el cártel de Los Zetas, que tenían influencia en ambos estados.
Esa lucha sigue una década después, aunque hayan cambiado algunas siglas y los principales personajes de esas organizaciones hayan muerto o estén detenidos. Incluso Los Zetas, como tal, como organización criminal, ya no existen. Pero sí sus descendientes, enquistados en distintos grupos. Allí en toda la zona cercana a Matehuala, donde hace una década se mataba, secuestraba y torturaba, hoy sigue ocurriendo exactamente lo mismo. La razón estriba en la búsqueda de control sobre la carretera 57, estratégica para viajar del centro al norte del país y, por ende, para todos los negocios que involucran al crimen organizado, entre ellos el de la migración.
El secuestro de 52 migrantes que viajaban en autobús desde Chiapas a Nuevo Laredo no es diferente al de unas semanas atrás, en el mismo lugar, cuando fueron encontradas más de 100 personas privadas de su libertad. Como entonces, una vez que fue denunciado el secuestro se movilizaron fuerzas federales que encontraron a los secuestrados, no a todos, porque algunos de ellos habían escapado y denunciaron el lugar donde habían sido retenidos. Pero esos casos no son ni remotamente los únicos: ese tramo de carretera se ha significado desde aquellos años de la guerra interna de Los Zetas como una zona de terror, donde se repiten los secuestros, los robos de tráileres, los asesinatos, las violaciones. Ocurre con migrantes y con viajeros, con transportistas y turistas.
Y lo que allí sucede es la mejor demostración de por qué la estrategia de seguridad no funciona. Cuando se denunció el secuestro de los migrantes, el presidente López Obrador ordenó la movilización en la zona de la Guardia Nacional para localizarlos. La mayoría, como dijimos, fueron localizados, pero no sus secuestradores. Y es que movilizar a la Guardia Nacional después de cometido un delito de estas características no aporta nada: los delincuentes ya lo saben y se esconden, no se rompen las redes delincuenciales, esperan a que los guardias o militares se vayan y vuelven a operar exactamente de la misma forma en que lo hacían. Además, suelen tener respaldo de autoridades y fuerzas policiales locales, como ya se ha denunciado que ocurre en toda esa zona de San Luis Potosí.
La estrategia de seguridad está basada en reaccionar y de lo que se trata es de adelantarse a las organizaciones criminales, hay que tener mucha mayor inteligencia y destruir esas redes antes de que actúen. Se podrá argumentar que en algunos casos se hace, puede ser, pero si durante diez años las mismas organizaciones siguen operando exactamente igual en la misma franja del territorio, sobre la misma carretera y no pasa nada, y si no pueden esas estructuras criminales ser desmanteladas, de nada sirve que, luego de cometido algún delito que tenga trascendencia, se trasladen allí fuerzas federales.
Se podrá decir que la Guardia Nacional no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Puede ser, pero la idea es que tenga una presencia nacional constante. Es verdad que sin fuerzas policiales locales, sobre todo estatales, no se puede hacer depender todo de la GN. El problema es que no sólo no hay ninguna estrategia para construir un sistema policial nacional que involucre a las fuerzas locales, sino que, incluso, se han quitado hasta recursos con ese objetivo. Cuando hay fuerzas locales significativas y que operan bien, como en la Ciudad de México y Yucatán, los delitos se reducen y las estructuras criminales pueden ser, sistemáticamente, golpeadas. Cuando se quiere hacer depender todo de la movilización de la GN o de militares el resultado termina siendo, casi siempre, parcial y efímero. Y la actual estrategia lo único que contempla es precisa y solamente eso.
Los secuestros de Matehuala nos lo recuerdan una vez más, pero las autoridades siguen pensando que su estrategia es exitosa. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 6)
El secuestro y extorsión de migrantes en México se ha convertido en un negocio redituable para los cárteles mexicanos. Cada año obtienen cientos de millones de dólares por esta actividad que, si bien corresponde atender al gobierno federal en lo que respecta a la política migratoria y seguridad en las fronteras, inmiscuye también a los estados y municipios en cuanto a la seguridad pública y la protección de derechos humanos. Sin embargo, la negligencia de unos y otros ha provocado que los casos de secuestro se multipliquen de forma escandalosa en todo el territorio, en medio de una estrategia fallida de abrazos, no balazos y la inoperancia de los cuerpos policiacos estatales.
La impunidad con la que actúan los cárteles de la droga ha permitido que miles de indocumentados sean blanco de secuestro y extorsión. Es bien sabido que por cada uno de ellos se llegan a exigir cantidades que van de los mil a los 50 mil dólares, incluso, muchos son enrolados en las mismas agrupaciones criminales.
Los secuestros masivos en San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León, no son los únicos. Se tiene el registro de cientos de ellos en todo el territorio nacional. Los cárteles y grupos locales se han apoderado de las rutas migratorias que se usan para llegar a la frontera norte, en estados como Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros.
El Ejército mexicano cuenta con información que señala a los cárteles del Pacífico, del Golfo, del Noreste y Jalisco Nueva Generación en estas actividades delictivas. El problema es grave. Tan sólo en los primeros cinco meses de este año, el INM, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional documentaron que han sido rescatados más de 35 mil extranjeros de manos criminales.
Algunos de los casos más sonados han sido, por ejemplo, el ocurrido en Cadereyta, en agosto de 2022, donde fueron rescatados 327 migrantes de una casa de seguridad; en ese mismo mes y año, se liberó a otras 208 personas en Tamaulipas y más recientemente, en San Luis Potosí fueron rescatadas otras 150 personas.
México es un país en tránsito, origen y destino de miles de migrantes. Su internamiento en nuestro territorio ha alcanzado cifras récord durante 2022, de acuerdo con los datos manejados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.
Ahora, a conveniencia de EU, México se ha convertido en un tercer país seguro y ha aumentado el despliegue de las FA y la GN en las fronteras norte y sur. El Presidente, aunque ha reconocido la inseguridad para los migrantes, sólo atina a recomendar no cruzar México para evitar ser víctimas de criminales. (Miguel Ángel Godínez García, Excélsior, Nacional, p. 14)
Otra vez la Plaza Giordano Bruno
Crónica ha dado seguimiento puntual a la utilización de la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, como campamento de migrantes, sobre todo hatianos, sumidos en el desconcierto y las penurias en su camino a la frontera de México con Estados Unidos.
Es la tercera vez que la plaza se desborda de migrantes. Que nadie crea que hoy la situación es mejor o más promisoria para ellos. Al contrario, cerraron las estancias migratorias, se cancelaron permisos para transitar por México y ya el presidente y el canciller reconocieron que México es un sitio peligroso. A pesar siguen llegando.
En la Plaza Giordano Bruno hay niños pequeños durmiendo en el piso y condiciones de salud infames para los migrantes. Tal parece que con respecto a la protección de los migrantes en lugar de avanzar dan pasos atrás.
Carretera 57, mentiras desorganizadas
La carretera 57 de San Luis Potosí es un camino peligroso. Lo saben autoridades federales, estatales y municipales. Hace algunas semanas se ubicó como tema nacional ante el secuestro de migrantes, delito reiterado en esa vía.
Se trata de “secuestros” que ocurren a la vista de todos, en grandes autobuses imposibles de ocultar, los vehículos pasan porque reparten gratificaciones a diestra y siniestra.
En el más reciente episodio hay versiones encontradas, incluso antagónicas, de cómo sucedieron las cosas y cómo fue el supuesto rescate de los migrantes.
El Ejército tiene una versión y la policía estatal de San Luis Potosí tiene otra, de modo que en la carretera 57 no solo circulan polleros del crimen organizado, sino también mentiras desorganizadas. (Pepe Grillo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)
Observar a los miles de personas que intentan desesperadamente pasar la frontera de Estados Unidos para acceder a la potencia mundial, uno de los principales polos de desarrollo, resulta desolador y doloroso. Estos migrantes esperan que se les otorgue el ansiado documento de asilo que les permitiría iniciar una nueva vida y dejar atrás un destino simplemente insostenible para ellos y sus familias. Sin embargo, la mayoría enfrenta una puerta cerrada por decisión unilateral y soberana de una política migratoria de contención. Se les niega la entrada por falta de documentación que, paradójicamente, podría subsanarse si las autoridades cumplieran con su responsabilidad internacional de permitirles el acceso para demostrar que se encuentran bajo la inminencia de peligro y, por tanto, ameritan el asilo. A pesar de que terminó la disposición del llamado Título 42 por el cual podían ser deportados de inmediato, supuestamente por cuestiones de seguridad sanitaria, las condiciones han variado poco porque ahora se activó el Título 8, que es más estricto que el anterior, con la intención clara de desmotivar a los posibles migrantes.
La pregunta es si, ante el creciente número de migrantes que seguirán intentando llegar a polos desarrollados, en este caso Estados Unidos, las respuestas seguirán siendo las mismas, contención, bloqueos, militarización de las fronteras, muros, hacinamientos, líneas larguísimas, enfermedades, insalubridad, muertes y demás tragedias. Es decir, una situación simplemente insostenible a menos a que se busquen nuevos caminos para dar cauce humano a estos flujos migratorios. En este sentido es urgente analizar las diversas causas y posibles soluciones, entendiendo que esto sólo puede alcanzarse a partir de acuerdos regionales en los que se haga un honesto diagnóstico de por qué las personas salen de sus países forzadamente. Un primer acercamiento llevaría a reflexionar sobre la falta de derechos económicos y sociales, de que a esa población se le escamotea el acceso a la educación, a la salud, limitan sus oportunidades para desarrollar sus talentos, y en muchas ocasiones se coarta la libertad política. No se trata sólo de aspectos económicos, sino fundamentalmente sociales. Es decir los gobiernos no cumplen con su responsabilidad de proteger a sus poblaciones que se ven obligadas a los horrores del tránsito migratorio.
En la región latinoamericana tenemos casos de cómo las oligarquías, gobiernos corruptos y la enorme desigualdad se encuentran en la base de las enormes dificultades que obliga a migrar. Cambiar esta realidad supone una lucha tremendamente desigual y difícil, y sin embargo la población sigue buscando cambios, como sucede ahora mismo en Guatemala, país con altísima emigración y cuyo Movimiento para la Liberación de los Pueblos presentó candidatos para participar en los comicios del 25 de junio. Thelma Cabrera, defensora de derechos humanos indígenas, y Jordán Rodas, ex procurador de derechos humanos, a los que, bajo pretextos y artimañas absolutamente irracionales, se les negó la inscripción. ¿Y eso por qué?, porque se trata de un movimiento indígena y campesino que ha impulsado una lucha contra el despojo del sistema neoliberal, ha propuesto nacionalizar servicios como la energía y promover una asamblea constituyente popular y plurinacional, demanda castigos de cadena perpetua a funcionarios culpables de corrupción además de plantear mecanismos legales para revocar el mandato de gobernantes corruptos, entre otras propuestas.
En entrevista con Canal Red/Cafeína, Cabrera y Rodas explican con enorme claridad que las condiciones de pobreza y extrema pobreza de más de 50 por ciento de la población, producto del modelo implantado por las familias oligárquicas, sistema despiadado e inhumano, es el que ha presionado y obligado a muchas personas a migrar a Estados Unidos, donde viven cerca de 3.5 millones de guatemaltecos. Señalan que gracias a las remesas que sus familiares reciben y que han alcanzado 20 por ciento del PIB, la economía de Guatemala se sostiene, un monto superior a lo que exportan los empresarios aglutinados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
Nos queda claro que detener estos flujos pasa justamente por cambiar un oprobioso modelo que impide que la población pueda ejercer sus derechos económicos y políticos. Por otro lado, Venezuela y Cuba son ahora dos países considerados de alta emigración, los mismos que sufren insostenibles sanciones unilaterales de Estados Unidos estrategia siniestra que intenta revertir políticas con las que no están de acuerdo. Las consecuencias son terriblemente lesivas para la población que no ve más salida que la migración. A Estados Unidos le sale el tiro por la culata a costa de una crisis inhumana.
Revertir las tendencias migratorias de poblaciones latinoamericanas requiere acuerdos regionales que visibilicen y discutan cómo enfrentar las causas del fenómeno migratorio para hacer realidad el derecho a no migrar. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 14)
Los choques catastróficos que, según los voceros de la reacción oligárquica, habrían de tener lugar en este sexenio no se produjeron ni se producirán: la presidencia obradorista ha evitado sagazmente las confrontaciones abiertas con el gran capital nacional y extranjero, y con el gobierno de Estados Unidos, haya sido encabezado por Donald Trump o por Joe Biden.
Al primero le ha ofrecido condiciones propicias para la generación de utilidades y a cambio le ha exigido que pague sus impuestos, que se abstenga de participar en arreglos corruptos con el poder público y que no incurra en prácticas delictivas como el factoraje ilegal, el lavado de dinero y las actividades que causan un manifiesto daño al ambiente.
Al segundo, el mandatario mexicano le ha tendido la mano en muchas ocasiones y en diversos ámbitos –por ejemplo, el abasto de combustibles en la zona fronteriza o la mitigación de los flujos migratorios procedentes de Centroamérica mediante la aplicación en esa región de los programas sociales Sembrando vida y Construyendo el futuro–, pero también ha defendido con firmeza la soberanía nacional ante los sempiternos amagos injerencistas de Washington. Y tanto con el aislacionista Trump como con el intervencionista Biden, ha logrado gestionar con éxito razonable una relación inevitablemente espinosa y peligrosa e incluso conducirla a términos nuevos: hoy, los conflictos bilaterales en un terreno se resuelven en ese terreno y no contaminan el conjunto de la relación.
A pesar de lo que afirma todos los días la propaganda mediática de la derecha, el Presidente, lejos de ser un polarizador, ha sido un gran conciliador, y muestra de ello es que ha trabajado en armonía y espíritu institucional incluso con los más estridentes gobernadores de la oposición.
Pero López Obrador es depositario de un mandato popular que consiste, para decirlo en breve, en desmantelar al viejo régimen, caracterizado por la corrupción, el dispendio, la frivolidad, el autoritarismo, la injusticia, la simulación, la hipertrofia de las instituciones y la total carencia de sentido social y nacional. Y en el cumplimiento de ese mandato ha empeñado su legendaria terquedad y no va a cejar ni en el último día de su gobierno. Por lo demás, el titular del Ejecutivo federal no está solo en la tarea; lo acompañan legisladores federales y estatales, gobernadores, presidentes municipales y hasta algunos funcionarios que la Cuarta Transformación ha logrado colocar en el manojo de organismos autónomos que en realidad no lo son, porque operan –para eso fueron establecidos– en la defensa de los grupos de interés que durante el periodo neoliberal coparon casi todos los espacios de poder público.
Así, si bien no han tenido lugar las grandes confrontaciones que auguraban los comentócratas de la derecha, ocurrirán otras.
A lo largo del sexenio, la mafia que fue desalojada de la Presidencia y del Congreso ha contado con dos trincheras principales: las instituciones electorales y el Poder Judicial. El INE encabezado por Lorenzo Córdova Vianello logró durante casi cuatro años detener los avances democratizadores en el funcionamiento electoral del país, en tanto que la Suprema Corte de Justicia, incluso cuando estuvo presidida por un hombre receptivo a la necesidad del cambio, como lo es el ministro Zaldívar, se ha erigido casi invariablemente en un freno a los intentos de transformación del marco legal, por evidente que resulte su necesidad. Porque la Corte ha sido siempre un baluarte contramayoritario de defensa de una minoría: la mafia político-empresarial-delictiva que se encaramó en el poder en el periodo 1982-88. Para las mayorías, la impartición de justicia sigue siendo una aspiración.
Como reconoció el propio López Obrador, la pudrición del Poder Judicial es mucho más profunda, extendida e irremediable de lo que él pensaba antes de llegar a Palacio Nacional, y ello obliga a una reformulación constitucional radical de ese componente del Estado. En lo que hace a lo electoral, si bien el INE ha logrado superar la insolencia monárquica con que lo manejaban Córdova Vianello y sus socios, sigue operando, junto con el tribunal electoral, en un marco legal perverso que transforma los procesos democráticos en un gran negocio –casi en un sector de la economía por derecho propio–, hace del régimen de partidos una competencia mercantil y hace imposible separar el poder político del poder económico, negando así uno de los mandatos principales de la 4T.
En suma, la reforma judicial y la reforma política son necesidades insoslayables –y producirán ciertamente una crispación política que tal vez empequeñezca la que se ha vivido desde 2006 hasta la fecha– si es que la mayoría de la sociedad sigue firme en su decisión de avanzar en la construcción de un pacto social que permita superar en definitiva la ley de la jungla que el neoliberalismo impuso en el país. (Pedro Miguel, La Jornada, Opinión, p. 15)