El Congreso de EU no ha frenado la propuesta de 5% a las remesas. El asunto forma parte de la reforma fiscal que propone Donald Trump, lo que ocurrió al final de la semana pasada tiene que ver con la reforma en su conjunto, la cual habrá que ver en qué términos queda tomando en cuenta que hay una mayoría republicana, y que lo contrario, sería un fuerte revés para su presidente.
El destacado académico Tonatiuh Guillén nos decía que cree que se va a aprobar el 5%. De ser así hay que prepararse para un giro en los importantes ingresos que significan las remesas para millones de familias. Dejar de recibir un 5% va a afectar los ingresos de muchísima gente.
Después de India los migrantes mexicanos son quienes envían las mayores remesas. Recordemos lo obvio: sin las remesas una infinidad de familias mexicanas viviría bajo condiciones de plena adversidad, es probable que no haya mexicano que no tenga un amigo o un pariente migrante.
Los gobiernos y en general la sociedad hemos sido profundamente injustos con los migrantes. El principal interés siempre pasa por el dinero y poco o nada nos importan las condiciones bajo las cuales desarrollan su vida cotidiana.
Desde acá los gobernantes los llenan de adjetivos. Hombres y mujeres valientes que recorren todo el país y que además con su “sacrificio cotidiano” envían el dinero a sus familiares.
Las remesas son una de las tres fuentes clave de ingreso para el país, junto con el petróleo y el turismo. Sin las remesas la economía mexicana tendría innumerables problemas, los gobiernos lo tienen como un factor clave para el desarrollo de los estados del país, es un dinero que materialmente cae del cielo y que les permite discrecionalidad en los presupuestos.
A pesar de que a lo largo de años hemos sabido de la importancia de la migración, la actitud de gobiernos y sociedad no ha cambiado. Hace algunos años nos decía el fundador del Colegio de la Frontera Norte, el Dr. Jorge Bustamante, que en nuestro país no recuerda que se haya dado una marcha o una protesta en favor de los migrantes. Nos movemos como si todo fuera normal argumentaba, y como si fueran hechos dados haciendo a un lado el que los migrantes vivan bajo condiciones de adversidad, racismo, explotación y violencia.
Nunca se protesta o nos sumamos en su defensa, pero que no se trate de que les impongan un 5% de impuesto a sus ingresos para que todos salgan en una defensa con tintes definitivamente hipócritas. Como en esta ocasión se toca el dinero, se levantan las voces y se habla de movilizaciones, pero a lo largo de años sólo se les voltea a ver para estirar la mano y recibir el dinero.
Los gobiernos mexicanos a lo largo de años han sido omisos a las condiciones brutales bajo las que transitan a lo largo del país. Son asaltados, violentados, en muchos casos son sometidos a la trata de personas, los polleros se aprovechan de ellos y caminan por lugares inhóspitos poniendo en alto riesgo su vida y en muchos casos pueden terminar perdidos en los viajes o muertos.
Muy lejos en el tiempo está el romanticismo que rodeaba a la migración retratado por el cine mexicano. En lo que va del siglo todo se agudizó por las dificultades económicas, y además por la propagación de la violencia política.
Las instituciones migratorias se convirtieron en un problema más que en una solución, cuestión de ver lo que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez y la impunidad bajo la que se mueve quien era el director del INM, quien no tuvo la sensibilidad para ofrecer una disculpa a las familias de los 40 migrantes calcinados en el inmueble.
A ver si el 5% nos permite ver las cosas de una vez por todas de manera diferente.
RESQUICIOS.
Fue lamentable el accidente del buque Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn. En varias ocasiones hemos compartido con los marinos de este extraordinario proyecto, quienes se distinguen por su emoción y convicción, lo cual desarrollan con gran profesionalismo. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LADOS, p. 2)
El gobierno mexicano tiene razón: cobrar un impuesto de 5% a los migrantes mexicanos por el envío de remesas es una doble tributación. Se paga el impuesto allá, en Estados Unidos, y se pagaría por el envío de remesas, lo cual ya es absurdo, sobre todo existiendo un Tratado de Doble Tributación entre México y Estados Unidos, firmado desde 1994.
El cobro de 5% sobre las remesas enviadas por migrantes hacia México viene en la iniciativa The One, Big, Beautiful Bill, promovida por el republicano Jason Smith, en la que viene toda la argumentación de Donald Trump para subsidios fiscales, y donde existe toda una sección de discriminación fiscal contra los migrantes. Esta iniciativa acaba de ser detenida en el Congreso de Estados Unidos, pero en cualquier momento pueden reactivarla.
Amador: discriminación fiscal viene en Artículo 25
En la mañanera de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, comenta un punto crucial: se trata de discriminación fiscal: le cobras impuestos de más a los migrantes, por el simple hecho de ser migrantes.
Los migrantes mexicanos, en Estados Unidos, ya pagan varios impuestos. Pagan el impuesto sobre la renta. Pagan el impuesto para la seguridad social. Pagan el impuesto por el Medicare.
Los migrantes pagan impuestos para tener un buen historial y, en caso de existir una posibilidad de regularizar su situación, poder permanecer trabajando en Estados Unidos de manera formal.
El secretario Amador recordaba el Artículo 25 del Tratado de Doble Tributación, de no discriminación.
El artículo dice: “Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones…”.
Es como si en México les fuéramos a cobrar a los estadunidenses un impuesto por sus transferencias hacia su país.
Migrantes pagan más que 55 megacorporaciones
Según la coalición para una mejor equidad fiscal en Estados Unidos, Americans for Tax Fairness, en 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron 96 mil 700 mdd en impuestos: 51 mil 800 millones en impuestos federales y 37 mil 300 millones en impuestos estatales y locales.
Incluso, un análisis de ProPublica señala que los inmigrantes pagaron más impuestos federales que 55 megacorporaciones.
Donald Trump y los republicanos, a través de la iniciativa The One, Big, Beautiful Bill (la única, grande y hermosa ley), quisieran cobrar un doble impuesto a los migrantes, que de por sí ya pagan impuestos federales, locales y de Medicare.
Se calcula que los trabajadores mexicanos envían 20% de sus ingresos a nuestro país. Pero el otro 80% de los ingresos de los migrantes es una gran derrama para el vecino del norte.
Remesas duplican IED y turismo
Las remesas hacia México han crecido fuertemente. El año pasado fueron de 64 mil 700 millones de dólares. Representan alrededor de 3.5% del PIB. Se han convertido en una fuerte entrada de divisas, sólo por debajo de las exportaciones no petroleras en el T-MEC.
Las remesas prácticamente duplican la entrada de divisas por Inversión Extranjera Directa o por turismo.
En promedio, decía Hacienda, son 393 dólares mensuales para cada familia, un poco menos de 8 mil pesos que cada familia mexicana recibe mensualmente si su familiar le envía remesas. Desde luego, son un ingreso importante de consumo para la población de menores ingresos. En estados como Chiapas, representan más de 15% de la economía.
Gravar las remesas, cuando los migrantes ya pagaron sus impuestos en Estados Unidos, desde luego es doble tributación. Hay un Tratado de Doble Tributación que lo impide. Y hace bien el gobierno mexicano en recordarlo al Congreso estadunidense, que por el momento ha frenado la iniciativa. (José Yuste, Excélsior, Dinero, p. 2)
Permitan ustedes que por esta vez cambiemos el orden de los factores (es decir el formato de la columneta), sin alterar el producto. Entonces, empecemos primero, dando satisfacción a un atento y acucioso lector, que no sólo se chutó a primera hora de la mañana del pasado lunes una plática con la columneta, sino que además, le llamó seriamente la atención y le hizo una corrección en la cifra que ésta anotaba sobre el requisito económico que tienen que cubrir los terrícolas que aspiren a ser considerados, “los millonarios de Forbes”.
La columneta agradecida, hace lo que es debido, reconocer la sabia reconversión y transcribir textualmente, el dicho del señor doctor Leonardo Moctezuma: “Ortiz: considero que ahora sí se te chisporroteó la cifra. Los millonarios de Forbes son los que manifiestan fortunas de mil, millones de dólares, no de dos millones”. En verdad, gracias. Qué tal que un lector se confía en el dicho de la columneta y acepta participar en un negocio sobre esas bases. Por favor, si no hay inconveniente, facilítame tu teléfono.
Osadamente me atrevo a decir que me gustaría comentar la última decisión del señor Donald Trump (por supuesto unipersonal), que ha tomado sobre las relaciones del país que gobierna y el resto del planeta.
Me refiero obviamente a la obligación de los extranjeros, e incluso nacionales, que realizan trabajos (que no harían ni los negros, según la ingrata opinión de un conocido inimputable, cuyas iniciales son las siguientes: Vicente Fox Quesada) y ganan, obviamente, el estipendio que legalmente está estipulado. De ese dinero, que ya es legalmente suyo, ellos envían divisas a sus familiares para que puedan vivir y dar a sus hijos mejores oportunidades. Podría intentar un largo discurso con la intención de exhibir al señor Trump o, mejor dicho, diagnosticarlo, pero en vez, intentaré concretarme tan sólo a unas cuantas palabras: insania, ignorancia y desequilibro emocional.
Pero más allá de una opinión personal, lo que resulta definitivo es brindar datos comprobables. Los organismos estadunidenses que emitieron los que voy a proporcionar, están obligados a corroborar la información que se les requiera.
Veamos: Es a don Braulio Carbajal a quien debemos de nueva cuenta la siguiente información. Los salarios de los migrantes en Estados Unidos, durante 2024, sumaron 373 mil 726 millones de dólares. Esta cifra representó un aumento de 9.6 por ciento en relación con el año anterior y 61.8 por ciento del ingreso correspondió a mexicanos sin residencia. Ojo, mucho ojo: los inmigrantes indocumentados, pagaron al fisco mil 700 millones de dólares de impuestos, y cada millón de migrantes, sin papeles, contribuyó con 8 mil 900 millones a los servicios públicos. (Información del Instituto de Política Fiscal y Política Económica de Estados Unidos).
Marco Guzmán, analista principal del mencionado instituto, agrega: más de un tercio de lo que pagan los migrantes se dedica a financiar los sistemas de pensiones y del Medicare, de los cuales ellos están excluidos.
A la columneta se le ocurrió un efectivo plan para que podamos transmitir estos y otros datos masivamente. Lo platicamos luego.
Por el bien de todos, a votar el 1º de junio. (Ortiz Tejeda, La Jornada, Política, p. 12)
El denominado #VisaGate generó una amplia discusión en redes sociales, entre quienes se posicionaron a favor de la medida, por vincularla con actos de corrupción, y los que se manifestaron en contra, por considerarla una medida política sin fundamento judicial.
La semana transcurrió en torno a la noticia de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, junto con su esposo, Carlos Torres, perdieron su visa para entrar a Estados Unidos. Pese a que no ha habido una versión pública oficial sobre la razón de dicha decisión por parte del Departamento de Estado, los medios estallaron con todo tipo de hipótesis. Desde conjeturas que relacionaron este hecho con el tema del “huachicoleo binacional”, debido al reciente aseguramiento de cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo, almacenados ilegalmente en un predio de Ensenada, hasta señalamientos en torno al posible “blanqueo” de activos del narcotráfico desde la aduana de Tijuana.
El denominado #VisaGate generó una amplia discusión en redes sociales, entre quienes se posicionaron a favor de la medida, por vincularla con actos de corrupción, y los que se manifestaron en contra, por considerarla una medida política sin fundamento judicial. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no haber recibido notificación alguna sobre estos hechos por parte del gobierno estadunidense.
En paralelo, el periodista Tim Golden escribió en ProPublica que existe una lista compuesta por unas 35 personas que “podrían perder la visa, misma que incluye líderes del partido Morena, muchos gobernadores y figuras políticas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador”. De acuerdo con las fuentes de Golden, en “algunos casos habrá sanciones de parte del Departamento del Tesoro”, consistentes en congelar activos financieros. Adicionalmente, se ha difundido que la citada lista fue compilada por la DEA en 2019, luego de que AMLO “comenzó a cerrar la cooperación con Estados Unidos en programas de combate al narcotráfico”.
Es altamente probable que no se trate de una medida aislada. Desde que los cárteles mexicanos fueron señalados como grupos terroristas por Trump, la zozobra imperante en los más altos círculos ha girado en torno a la forma en que dicha decisión podría desnudar la histórica relación entre actores criminales y autoridades políticas.
En este contexto, las preguntas que deberíamos hacernos como sociedad son: ¿Estamos listos para tomar conciencia verdadera sobre la forma en que funciona el dinero ilícito en el sistema político mexicano? ¿Tenemos la madurez para entender que el contrabando de gasolinas a gran escala ejemplifica la “sistematización” de la corrupción en la que participan políticos, empresarios y líderes sociales? ¿Podremos comprender que el histórico clientelismo, el enorme gasto durante las campañas políticas, el inmenso pago a medios de comunicación, tiene y ha tenido ligas con actividades criminales como el tráfico de estupefacientes?
La suspensión de la visa a Ávila Olmeda podría ser el inicio de una serie de eventos que muestren fehacientemente el terrible colapso “moral” que desde hace varios lustros vive nuestro sistema político. Por ello, más que asumir la típica —y hueca— posición opositora de criticar y enjuiciar, ha llegado el momento de que quienes habitamos en este país nos preguntemos si estamos dispuestos a aceptar que hemos sido copartícipes —por acción o por omisión— del cáncer que corroe la vida pública. A admitir y comprometernos con un verdadero renacimiento —no cosmético como el que nos venden en cada elección— de valores y principios en la sociedad mexicana, basados en la ética, la verdad y la honorabilidad colectiva.
México tiene frente a sí un futuro brillante, pero hay que hacernos responsables de construirlo. (Armando Ríos Piter, Excélsior, Nacional, p. 11)
¿Nuevo embajador de EU será invitado frecuente a Palacio Nacional?
Hoy, por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum estará cara a cara con el representante del presidente Donald Trump en México, el nuevo embajador Ronald Johnson. Nos dicen que no se tiene dispuesto ningún operativo especial en Palacio Nacional para la visita del embajador Johnson, quien presentará sus cartas credenciales a la Presidenta, al igual que lo harán mañana mismo, embajadores de otras naciones. Sheinbaum ha venido reiterando la posición de México de colaboración sin subordinación, especialmente en temas de seguridad y migración. Nos hacen ver que el antecesor del embajador Johnson, Ken Salazar, tuvo momentos en el sexenio pasado en los que era recibido en Palacio Nacional con mayor frecuencia que varios miembros del gabinete, aunque al final de esa administración fue puesto en “pausa” y fue prácticamente congelado. Ya se verá con qué frecuencia visita el nuevo diplomático la sede del Poder Ejecutivo y qué grado de interlocución logra con los miembros del gobierno mexicano. (Redacción, El Universal, p. A2)
El nuevo embajador de Estados Unidos en México es un coronel retirado del ejército y exagente de la CIA que, desde que fue ratificado en el cargo, no descartó una acción militar en suelo mexicano contra los cárteles de la droga sin notificar a las autoridades mexicanas, si la vida de un ciudadano norteamericano se encontrara en peligro.
Desde que el presidente Donald Trump promovió a Ronald Johnson para hacerse cargo de la embajada gringa en nuestro país, el mensaje quedó claro: poner a un veterano de guerra y experto en labores de inteligencia a atender —en prioridad— el tema de violencia e inseguridad que genera los cárteles de la droga en México que, dicho sea de paso, fueron catalogados como “organizaciones terroristas” por el propio Gobierno estadounidense.
Tome nota, querido lector, Estados Unidos está mandando de representante a un exmilitar de élite, un exespía de la CIA —en donde trabajó por más de 20 años— que trabajará muy de cerca con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, con la encomienda de poner fin a la migración ilegal y detener el flujo de fentanilo y otras drogas a la Unión Americana.
Nos quedamos acostumbrados a Ken Salazar, el exembajador de sombrero y sonrisa amigable, bonachón en su trato y en sus formas, que nunca quiso entrar en polémica ni emitir críticas hacia el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para mantener una relación cordial.
Si bien al final de su encomienda Salazar se descosió contra la estrategia de seguridad de la 4T, siempre se caracterizó por descafeinar cualquier tema que pudiera generar controversia, incluso si el dardo venía a manera de crítica desde su propio país.
Johnson no es Salazar. Su designación obedece, en gran medida, al trabajo que tuvo cuando fue embajador de Estados Unidos en El Salvador y el trabajo en conjunto que tuvo con el presidente Nayib Bukele, donde consiguieron reducir los niveles de migración y crimen a los más bajos de los que se tenga registro.
Desde su llegada a nuestro país, el jueves pasado, Johnson dejó claro que las cosas se harán diferente desde su oficina para proteger a sus connacionales. Arrancó su encomienda diplomática tomándose la foto con el canciller Juan Ramón de la Fuente y visitando la Basílica de Guadalupe.
De saque, le tocó el lamentable episodio del buque escuela Cuauhtémoc que el fin de semana chocó con el puente de Brooklyn en Nueva York, donde dos marinos mexicanos perdieron la vida y 20 más resultaron heridos.
“Nos unimos en oración por los cadetes de la Secretaría de Marina que perdieron la vida y acompañamos con el corazón a sus familias. Nuestras condolencias a todos los afectados. Estamos unidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para brindar apoyo y solidaridad”, escribió desde su cuenta de X.
Hoy la Presidenta lo recibirá en Palacio Nacional. Ojalá que desde ahora se pueda crear un puente de comunicación eficiente entre ambos gobiernos para poder fortalecer la relación bilateral.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!! (El Duende, La Razón, México, p. 4)
Reactivado, impuesto a remesas en EU
Y esta semana muchas miradas estarán puestas en Washington, donde los congresistas de EU decidirán si va o no y en qué términos el proyecto fiscal de Trump, en el que se considera la imposición de un gravamen de cinco por ciento a las remesas. Lo anterior porque anoche la propuesta avanzó, ahora en el Comité de Presupuesto de la Cámara baja y la idea, se ha comentado, es que pueda ir a aprobación del pleno en pocos días. Aquí, por el lado del Ejecutivo se prevé activar movilizaciones contra la medida y un cierre de filas con otras naciones afectadas, mientras en el Legislativo se alistaban para viajar a la capital estadounidense, con la idea de cabildear en el Congreso vecino contra dicha medida. Contrario a lo que ocurre con la inmensa mayoría de asuntos, sobre el de las remesas hay una posición unificada del oficialismo y la oposición. Todo indica que es hora de empezar acciones. Atentos. (Redacción, La Razón, México, p. 2)
Ayer, en Washington, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes continuó sus esfuerzos para aprobar el ambicioso paquete fiscal de Donald Trump. Aunque fue rechazado el viernes pasado por la división interna de los republicanos, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó que confía en alcanzar un acuerdo sobre los requisitos laborales para Medicaid y aprobar el denominado gran y hermoso paquetazo antes del lunes 26, el Día de los Militares Caídos.
El paquete propone extender los recortes fiscales de 2017 —incluida la reducción del impuesto corporativo del 35% al 21%—, eliminar impuestos sobre propinas y horas extra, imponer un gravamen del 5% a las remesas de migrantes no ciudadanos, endurecer el acceso a Medicaid y prohibir durante 10 años que los gobiernos estatales regulen la inteligencia artificial.
Expertos advierten que este paquete podría incrementar la deuda de EU entre 3 y 5 billones de dólares en la próxima década. Moody’s ya degradó la calificación crediticia de Estados Unidos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intentó minimizar el golpe asegurando que el supuesto crecimiento económico compensará el déficit. Este incremento se sumaría a la deuda actual de aproximadamente 36.2 billones de dólares, elevando la deuda a 134% del PIB para 2035.
Para México, los riesgos son inmediatos. Primero: las remesas. En 2024 llegaron más de 64.7 mil millones de dólares, equivalentes a 1.26 billones de pesos. Si se aplica el impuesto del 5% el flujo podría reducirse entre 63 y 126,000 millones de pesos. Unos 4.9 millones de hogares mexicanos dejarían de recibir cerca de 19,000 pesos al año. Para muchas familias, eso representa la diferencia entre comer o no. Y para la economía nacional una importante baja en el consumo.
Segundo: el déficit de EU elevará las tasas de interés globales y México pagará más por su deuda pública y privada.
Tercero: mantener bajos los impuestos a empresas en EU restará competitividad a México. Muchos proyectos de nearshoring podrían migrar al norte.
Cuarto: si se impone una regulación federal permisiva sobre inteligencia artificial, México podría importar tecnologías sin controles. Esto implica riesgos en privacidad, decisiones automatizadas sesgadas y dependencia tecnológica sin defensa legal.
Y como si no bastara con los riesgos reales, apareció el líder de los diputados morenistas Ricardo Monreal para regalarse aplausos: declaró que el rechazo inicial al plan fiscal fue, en parte, resultado de “la posición firme” del gobierno mexicano. Decir que México influyó en una decisión interna del Congreso estadounidense sobre un paquete de billones de dólares es tan absurdo como pensar que la Reserva Federal de EU consulta al Banco de México antes de subir o bajar sus tasas. Monreal no analiza ni opina: delira con aire doctoral. Su necesidad de figurar supera cualquier sentido de proporción y vergüenza.
El paquetazo de Trump no ha muerto y algunos morenistas como Monreal harían bien en dejar la autocomplacencia y empezar a preparar al país para lo que pueda venir, porque cuando en EU legislan por reflejo ideológico los efectos se sienten en México, donde el margen de maniobra económica es cada vez más estrecho. (Eduardo J Ruiz-Healy, El Economista, Política y Sociedad, p. 40)
Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump ha tomado decisiones que contradicen los supuestos objetivos de la relación bilateral con México. Si su prioridad es reducir la migración, desmantelar al crimen organizado y frenar el tráfico de drogas, lo último que debería hacer es adoptar medidas que debiliten la economía mexicana, especialmente la de los sectores más vulnerables. Es una obviedad. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho.
La más reciente de estas decisiones desacertadas es la propuesta de imponer un impuesto del 5 % a las remesas que millones de mexicanos envían desde Estados Unidos a sus familias. Se trata de una medida injusta, peligrosa y, en última instancia, claramente irracional.
Es injusta porque la comunidad inmigrante ya contribuye con decenas de miles de millones de dólares al año en impuestos. En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Y lo hacen a pesar de que, en muchos casos, no tienen acceso a los servicios que esos impuestos financian. Obligar a todos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses a pagar un 5 % adicional por el envío de dinero que ganan con enorme esfuerzo es un acto de profunda injusticia. Solo puede entenderse como parte del verdadero propósito de la medida: el amedrentamiento sistemático de la comunidad inmigrante.
La propuesta es peligrosa porque empujaría a millones de personas —se estima que alrededor de 40 millones se verían afectados, incluidos titulares de visas legales, residentes permanentes e incluso dreamers— a utilizar redes informales para enviar dinero a sus familias. Eso implicaría mayores riesgos frente a un sistema formal que, aunque imperfecto, ofrece mayor seguridad tanto para quien envía como para quien recibe. Toda política que incentive la informalidad en las remesas es, por definición, una mala política.
Y es irracional porque los principales afectados no son los migrantes, sino las comunidades de origen. Miles de localidades en México y Centroamérica —por no mencionar países como India, Filipinas o Nigeria— dependen de las remesas para sobrevivir. Para muchos, ese dinero es la única alternativa real frente a las dos salidas que supuestamente más preocupan a la administración Trump: el crimen organizado y la migración irregular. Si las remesas desaparecen o se reducen significativamente, no es descabellado pensar que aumentará el reclutamiento por parte del crimen y se perpetuará el ciclo migratorio hacia Estados Unidos.
Si la medida carece de lógica económica y social, ¿por qué la impulsa Trump?
No se trata, como algunos alegan en redes sociales, de una estrategia para combatir el lavado de dinero. Abundan los estudios que demuestran que, aunque existen casos aislados, las remesas no son un canal significativo para el lavado de capitales. Si ése fuera realmente el objetivo, la medida también se aplicaría a los ciudadanos estadounidenses, quienes han sido expresamente exentos de este impuesto en la propuesta legislativa. No hay que engañarse: lo que pretenden Trump y los republicanos es hostilizar a la comunidad inmigrante y hacerle la vida lo más difícil posible, con la esperanza de que muchos opten por irse del país voluntariamente. “Autodeportarse”, como lo llamaban en sus primeras campañas.
Después de todo, ¿quién querría quedarse en un país donde enfrenta el riesgo de deportación violenta, la separación familiar y ahora también la pérdida de parte del ingreso que sostiene a sus seres queridos?
Los inmigrantes no son bienvenidos, dice Trump. Esta es una pieza más de su vergonzosa cruzada nativista. (León Krauze, El Universal, Nación, p. A9)
En el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo una reforma fiscal que incluye, entre otras cosas, un gravamen de 5 por ciento a las remesas que envíen personas que no puedan acreditar la ciudadanía estadunidense. Esta propuesta ya ha recibido el rechazo del gobierno mexicano y de diversos actores políticos en México. La discusión y potencial aprobación de esta reforma estaba prevista para la semana anterior, pero una inesperada coalición de congresistas demócratas y republicanos lograron posponer su discusión por unos días.
Es fácil imaginar los efectos negativos que este impuesto podría tener sobre muchos hogares mexicanos, los cuales verían mermados sus ingresos como resultado del nuevo gravamen. En 2024, México recibió cerca de 65 mil millones de dólares en remesas, la mayor parte de ellas provenientes de Estados Unidos. Aunque México es el segundo país receptor de remesas en todo el mundo (solo detrás de India), para el país como un todo el monto no es tan grande, ya que solo representa 3.5% del PIB. De hecho, cuando se ordena a los países conforme al tamaño de las remesas que reciben como porcentaje del PIB, México ocupa el lugar número 69 del mundo.
A pesar de lo anterior, el nuevo impuesto tendría efectos importantes en varias entidades del país, en donde las remesas juegan un papel mucho más relevante. Una nota reciente del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) muestra que las remesas representan un porcentaje significativo del PIB en al menos cinco estados del país: Chiapas (14.3%), Guerrero (13.6%), Michoacán (11.2%), Zacatecas (10.6%) y Oaxaca (9.8%). Estos estados serían sin duda los más afectados, lo cual implicaría un efecto muy regresivo, ya que golpearía a la población de los estados más pobres del país. La misma nota del Cemla sugiere que las remesas podrían estar financiando hasta 44% del consumo de aquellos hogares que las reciben.
En síntesis, el impuesto a las remesas tendría dos efectos sobre la economía mexicana: uno macroeconómico (relativamente acotado) y uno distributivo (el más importante). Además de lo anterior, también es posible que una potencial reducción de las remesas pudiera presionar al tipo de cambio. En este caso, sin embargo, su efecto también podría estar acotado, ya que el monto de remesas es relativamente bajo comparado con los flujos de divisas que se mueven cotidianamente en el mercado cambiario.
Por otro lado, tampoco debemos pensar que los flujos de remesas se van a reducir en forma muy significativa. Esto se debe a que seguramente surgirán mecanismos alternativos para el envío de remesas. Por ejemplo, habrá un mercado gris en el que ciudadanos estadunidenses cobrarán una comisión menor al tamaño del impuesto para realizar los envíos. También retornará el envío de dinero en efectivo y, por supuesto, se utilizarán mecanismos descentralizados digitales alternativos (no fiscalizados). Todo ello, sin embargo, aumentará los costos de envío, incrementará los riesgos y solo mitigará el impacto negativo del nuevo impuesto. Esperemos que prevalezca la sensatez y que algunos congresistas republicanos actúen como aliados de los migrantes y aboguen por la no aprobación de dicho impuesto. (Gerardo Esquivel, Milenio, Política, p. 10)
La semana anterior, el proyecto para gravar con un 5% las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero, una propuesta incluida en el paquete fiscal del congresista republicano Jason Smith, conocido como The One Big Beautiful Bill, sufrió un golpe significativo. Cinco legisladores republicanos del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes votaron en contra del plan, frenando temporalmente su avance. Entre las múltiples disposiciones del paquete, la que mayor controversia generó fue la que buscaba castigar a quienes envían dinero a sus familias fuera del país, una medida que afectaría directamente a más de 40 millones de personas, incluidos residentes permanentes y titulares de visas temporales.
El revés no es definitivo, pero sí representa una victoria para millones de migrantes y para los países como México, que reciben remesas. La Presidenta Claudia Sheinbaum había sido clara al señalar que se trataba de una propuesta “injusta y discriminatoria”. Y es que este impuesto no es una medida neutra ni técnica. Es una afrenta directa a tres principios esenciales de la justicia fiscal y los derechos humanos.
Primero, incurre en la doble tributación: los migrantes ya pagan impuestos en Estados Unidos, a pesar de que muchos de ellos no tienen acceso pleno a servicios de salud, educación o seguridad social. Cargarles ahora con un nuevo gravamen sobre dinero ya trabajado, ganado y gravado, es una injusticia flagrante.
Segundo, porque viola el principio de equidad tributaria. Gravar remesas únicamente a quienes no son ciudadanos estadounidenses es una forma burda de discriminación fiscal. No se está evaluando la capacidad contributiva, sino penalizando a las personas por su estatus migratorio, un criterio profundamente regresivo y excluyente.
Y tercero, reproduce una narrativa estigmatizante. Equiparar migración con evasión, ilegalidad o amenaza es un recurso que ignora el hecho de que los migrantes mexicanos y de otras naciones sostienen buena parte de la economía estadounidense, trabajan en el campo, la construcción, la atención médica, el transporte y los servicios. Criminalizarlos es, además de injusto, económicamente un error.
Afortunadamente, este intento fue detenido por ahora. El costo fiscal del paquete, que podría aumentar el déficit por varios billones de dólares, fue suficiente para que algunos legisladores estuvieran en contra. Pero el riesgo no ha desaparecido. Como ha dicho la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, “se va logrando poco a poco”, lo que implica que la amenaza sigue latente.
México debe mantener una oposición activa, no solo en lo diplomático y legal, apelando a tratados como el de doble tributación firmado en 1994, sino también en lo político y social. El embajador Esteban Moctezuma y el canciller Juan Ramón de la Fuente han sostenido encuentros clave, y se prevé que senadores mexicanos acudan a Washington a exponer los riesgos de esta medida. Pero la batalla también debe librarse desde abajo.
Por eso, el llamado es claro a nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos: hagan oír su voz. Escriban a sus congresistas. Exprésenlo en redes sociales. Exijan respeto. Porque las remesas no son limosnas ni dinero sucio. Son el reflejo de esfuerzo, trabajo honesto y amor profundo por sus familias. El impuesto está detenido, pero no eliminado. Y cada carta, cada mensaje, puede marcar la diferencia.
Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de los valientes cadetes fallecidos en el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc y reiteramos nuestro apoyo incondicional a la tripulación afectada. (Arturo Ávila, El Heraldo de México, País, p. 14)
Que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá hoy en Palacio Nacional las cartas credenciales del embajador de EU, Ronald Johnson, a quien insistirá en la importancia de una relación bilateral de colaboración y respeto. En tanto, quedó lista la comisión de legisladores mexicanos que viajará la próxima semana a Washington para tratar de persuadir a sus contrapartes de frenar el gravamen de 5% a las remesas, que ayer dio un paso más en la Cámara de Representantes. Ojalá que el turismo político sí dé resultados esta vez. (Redacción, Milenio, Al Frente, p. 2)

(Redacción, El Financiero, El Diario NTR, p. 42)