Opinión Migración 190721
El Espejo / DACA y los dreamers en la incertidumbre
La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA por su abreviatura en inglés, es una de las políticas más importantes que ha ayudado a proteger a jóvenes migrantes en Estados Unidos desde 2012, pero después de que la semana pasada un juez de Texas declaró ilegal el programa y bloqueado la posibilidad de aprobar más solicitudes, hoy más que nunca es necesaria una reforma migratoria.
DACA se planteó como una solución temporal para ofrecer un poco de seguridad a los miles de jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos en su infancia y que han hecho prácticamente toda su vida ahí, pero que han sufrido las consecuencias de no tener papeles y ser considerados migrantes ilegales. La política implementada por Obama no les otorgó a los dreamers un estatus legal ni un camino hacia la ciudadanía, pero sí les garantizó que no serían deportados y que podrían obtener un permiso de trabajo, un número de seguridad social y un permiso para conducir mientras formaran parte del programa y renovaran su registro cada dos años. Claramente no se trató de una ambiciosa reforma migratoria, pero considerando la terrible y angustiante situación que viven los migrantes indocumentados, se trató de un avance.
Se estima que hay alrededor de 1.7 millones de migrantes que cumplen con los requisitos necesarios para ser protegidos por el programa, pero sólo hay cerca de 650 mil jóvenes que se han adherido. Entre muchos otros motivos, existe una duda razonable entre los migrantes sobre entregar su información a las autoridades y el temor a lo que podría pasar si el programa es suspendido o desaparece. La incertidumbre ha sido una constante para los dreamers, pues ya vivieron los constantes intentos de Trump para destruir el programa y hoy enfrentan esta nueva resolución que considera que las acciones de Obama sobrepasaron sus facultades y violaron la ley, por lo que DACA es ilegal.
La orden judicial no implica que los dreamers inscritos actualmente en el programa perderán su protección, pero sí obliga al gobierno de Biden a no aprobar nuevas solicitudes, por lo que miles de aplicantes han recibido un portazo en la cara y tendrán que continuar viviendo al margen de la ley, con todas las consecuencias que ello implica.
Éste es un tema que debería ser seguido muy de cerca y con amplio interés desde México, pues la gran mayoría de beneficiarios de DACA son mexicanos, con alrededor de 80% del total de jóvenes. El gobierno de Biden ha presentado una propuesta legislativa para abrir un camino hacia la ciudadanía para estos jóvenes migrantes, pero enfrenta el gran desafío de tener que convencer al menos a 10 senadores republicanos para que la propuesta pueda discutirse y votarse en el Senado. Uno de los mecanismos con los que esto puede suceder es si la reforma migratoria se incluye como parte de la propuesta legal de reconciliación en la que se pretenden aprobar 3.5 trillones de dólares en infraestructura, pero esto aún es incierto. Desde México este tema no puede ser ignorado, pues en el bienestar de nuestros paisanos está también el nuestro. (Leonardo Núñez González, La Razón, Mundo p.20)
American Curios
Se calcula que hasta 40 mil niños indígenas murieron en los internados estadunidenses como resultado de maltrato, pero el gobierno federal dice que no sabe cuántos asistieron a las escuelas, cuántos murieron o se extraviaron, ni cuántas escuelas existieron, reportó Reuters. Se sabe que existen por lo menos 73 planteles de ese tipo para indígenas americanos, de un total de más de 500. La nueva secretaria del Interior, Deb Haaland, primera indígena en un gabinete, declaró el mes pasado que el gobierno investigará por primera vez la historia de los internados para indígenas y buscará los restos de los alumnos que murieron en ellas. Esa historia oscura poco documentada empezó en 1819 con el gobierno estadunidense removiendo a la fuerza a niños indígenas de sus tribus para enviarlos a esas escuelas; hasta la fecha no se sabe el paradero de decenas de miles de ellos.
Las separaciones forzadas de niños de familias migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump comenzaron casi un año antes de lo que se ha reportado, publica el Washington Post. Entre julio y diciembre de 2017, fueron separadas en Yuma 234 familias, algo que no se sabía. Algunos de los menores separados eran tan pequeños que incluso había uno de 10 meses de edad.
Ambientalistas y dreamers juntos: los jóvenes de Sunrise Movement se sumaron a los de United We Dream para demandar que se incluyan tanto fondos para combatir el cambio climático como un camino a la ciudadanía para los dreamers, jornaleros y trabajadores esenciales en el proyecto de ley presupuestario ante el Congreso con el lema: sin clima no hay acuerdo, sin ciudadanía no hay acuerdo. Señalaron que uno de los principales factores en promover la migración es el cambio climático.
Tommie Lee, el atleta olímpico que junto con John Carlos levantó su puño en protesta contra el racismo en Estados Unidos y en solidaridad con la lucha por la igualdad en el mundo en las Olimpiadas de 1968 en México, comentó que esperaba más expresiones parecidas en los Juegos Olímpicos que están por estrenarse en Japón. “Espero que más atletas… se pongan de pie y hagan un movimiento hacia la exaltación de la libertad”, declaró.
El jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, preparó con otros comandantes un plan para evitar que Trump intentara un golpe de Estado después de que perdió la elección en medio de lo que el militar calificó de un momento Reichstag y opinó que el presidente estará promoviendo el evangelio del Führer, según el nuevo libro I alone can fix it escrito por dos periodistas del Washington Post.
Biden, al declarar la fase final de operaciones militares en Afganistán –la guerra más larga en la historia estadunidense– está cerrando el primer capítulo de la llamada guerra contra el terror. En parte eso es posible porque Estados Unidos no ha sufrido otro atentado terrorista desde el exterior desde el 11-S. Ahora, según las agencias de inteligencia estadunidenses, la secretaria de Seguridad Interna (creada en la era post11-S) y el procurador general, la principal amenaza terrorista ahora proviene desde el interior del país por extremistas violentos racistas estadunidenses. Gran avance.
En varias ciudades, incluidas Boston y Baltimore, se realizó un experimento para reducir la encarcelación: las autoridades dejaron de enjuiciar delitos menores no violentos y con ello se redujo la tasa criminal en general. (David Brooks, La Jornada, Opinión, p.23)
Claves de la expansión urbana desordenada
Hace 60 años el valle de México dejó de ser la región más transparente del aire. De enero a marzo la cubría una gris capa de polvo que el viento traía desde los terrenos adyacentes al lago de Texcoco. Eran las tolvaneras y afectaban la salud de miles de personas. Terminaron gracias al trabajo espléndido del ingeniero Gerardo Cruickshank, que cubrió de agua y vegetación las áreas adyacentes al lago. Pero otra enorme y más dañina tolvanera la prohijaron las autoridades: la extensión de la mancha urbana sobre tierras ejidales y forestales. En vez de cultivos y árboles, lotes donde miles de migrantes fincaron su hogar.
Llegaron de las zonas más pobres y vieron a la capital como el sitio idóneo para vivir y disfrutar de los servicios que no tenían en sus comunidades. La televisión, al servicio del gobierno, vendía una ciudad idílica con sus programas y anuncios y al mostrar las obras de embellecimiento de la urbe.
El crecimiento de la capital y su área conurbada se dio a un ritmo de 6 por ciento al año. Líderes ejidales, promotores inmobiliarios, profesionales de la invasión y autoridades, se unieron y transformaron campos de cultivo en lotes que vendían a los necesitados de un sitio para erigir sus viviendas. La mayoría lo hizo en etapas y es el más importante ejemplo de autoconstrucción de América Latina. Los vendedores trazaban vialidades y por ellas las combis comunicaban los nuevos fraccionamientos con la ciudad.
Jorge Legorreta documentó este proceso de ocupación ilegal y anárquico en el libro Efectos ambientales de la expansión de la Ciudad de México. Lo publicó el Centro de Ecodesarrollo en 1994. Incluye los nombres de los principales promotores ilegales. En Chalco, por ejemplo, Francisco González Garrido, Miguel Campos, Ricardo Luna y Brígido Salas fraccionaron más de 2 mil hectáreas y vendieron los lotes a 210 mil migrantes. En Tultitlán, Tlalnepantla y Ecatepec, José Cruz Roldán, mil 100 hectáreas a 40 mil migrantes; Antonio Álvarez Corona, en delegaciones –hoy alcaldías– de la Ciudad de México. Especialmente en Los Culhuacanes. Detenido durante el gobierno de Manuel Camacho Solís, el invasor mencionó quiénes avalaban sus fechorías: los ex regentes Octavio Sentiés, Carlos Hank González, Ramón Aguirre Velázquez y Alfonso Corona del Rosal.
En la expansión urbana desordenada jugaron papeles claves la Secretaría de la Reforma Agraria, que validó el cambio de uso del suelo de las tierras ejidales y comunales; los líderes nacionales y locales de las centrales campesinas y obreras del Partido Revolucionario Institucional; los regentes de la capital del país y los jefes de las delegaciones políticas; el gobernador del estado de México y las autoridades de los municipios donde se crearon los nuevos fraccionamientos.
La ocupación ilegal duró en ocasiones lustros y aumentó el costo de los lotes. Fue un próspero negocio de funcionarios, desarrolladores inmobiliarios, políticos, dirigentes ejidales, líderes sociales y profesionales de la invasión. También obtuvieron diputaciones, presidencias municipales, concesiones de transporte. Muchas veces la obra pública (agua potable, drenaje, luz, pavimentación de calles y avenidas, así como transporte) la realizaron empresas de funcionarios y políticos, sus familiares y amigos. En contraparte, los nuevos pobladores votaban masivamente en las elecciones por los candidatos del partido gubernamental.
Así crecieron veloz y caóticamente, ciudades hoy muy pobladas: Nezahualcóyotl, Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Atizapán, Los Reyes-La Paz. También, Naucalpan, Tultitlán y Nicolás Romero. Y en la ciudad de México, Iztapalapa, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
El costo ambiental, social y económico es enorme y se expresa en la temporada de lluvias. El agua encuentra sus cauces tradicionales ocupados por fraccionamientos, vialidades, obra pública mal hecha. Tampoco puede recargar el acuífero, sobrexplotado al máximo y origen del hundimiento de la ciudad. Se perdieron preciadas áreas forestales. Culpa de los sexenios anteriores. ¿Qué hace el actual para evitar nuevos asentamientos irregulares en las 20 principales urbes del país? En la Ciudad de México hay 500 en suelos de conservación y áreas naturales protegidas. En tanto, la dependencia federal responsable del ordenamiento territorial urbano y rural del país brilla por su ausencia. (Iván Restrepo, La Jornada, Opinión, p.17)
Desde el otro lado
El programa DACA continúa en la mira de los conservadores en su afán de destruirlo. Esta vez fue un juez federal del estado de Texas quien decretó que el presidente Barack Obama excedió su capacidad legal al autorizar la permanencia en Estados Unidos a cientos de miles de los jóvenes adultos que llegaron a esa nación siendo aún niños, mediante la orden ejecutiva conocida como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
La forma en que el juez revocó la orden de Obama fue ambigua, ya que al mismo tiempo que ordena a las autoridades migratorias no deportar a quienes se acogieron al programa, desautorizó a continuar admitiendo solicitudes de los jóvenes que aún no se habían registrado. El problema es que, una vez que se registran, las autoridades saben quiénes son, qué hacen y dónde viven, por lo que sería fácil localizarlos y estarán en inminente peligro de ser deportados, en el caso de que el programa que nació por una orden ejecutiva de Obama fuera rechazado.
Aún quedan pendientes varias etapas en las que el programa será definitivamente aprobado o rechazado. La primera de ellas será la apelación por parte de la administración del presidente Biden a la decisión del juez texano. En este escenario, lo más probable es que la Corte Suprema tenga la última palabra, y es previsible cuál será su decisión, tomando en cuenta que la integran seis jueces conservadores y sólo tres liberales. Su conclusión sería la misma de este y otros jueces en el sentido que Obama excedió sus facultades por lo que casi un millón de jóvenes adultos que ya forman parte de los ámbitos social, económico y cultural de Estados Unidos pudieran ser deportados.
Dicho escenario sería diferente si el Congreso de esa nación aprobara la reforma migratoria que ha permanecido en el limbo por más de una década. Dependiendo de las particularidades de la ley, y de que sea avalada por la mayoría en el legislativo, la situación de los dreamers, como se conoce a los jóvenes que sueñan en convertirse en ciudadanos estadunidenses, por fin se resolvería.
Con la división que actualmente existe en el legislativo, es difícil prever, no la posibilidad de aprobar una reforma migratoria, sino la de avalar otras reformas de gran alcance contenidas en la agenda del presidente. No es equivocado pensar que para los jóvenes, y los ya no tan jóvenes dreamers, el sueño pudiera estar lejos. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Opinión, p.11)
Uso de Razón / Se dispara emigración de mexicanos
Si el Departamento de Estado y la vicepresidenta Kamala Harris están preocupados por resolver las causas del incremento de la migración ilegal a Estados Unidos, tendrán que voltear a ver a México más que al “triángulo del norte”.
La salida de mexicanos a Estados Unidos ha crecido fuera de toda proporción.
No se veía algo así desde el siglo pasado.
Castigados por la pobreza y la violencia, los mexicanos abandonan el país en mayor número que los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños (el llamado “triángulo del norte”) juntos.
En el año fiscal 2019-2020 fueron detenidos o deportados, en la frontera sur de Estados Unidos, 106 mil migrantes mexicanos.
Pero en lo que va de octubre de 2020 a junio de 2021, han sido detenidos o deportados 479 mil 376 mexicanos. Casi medio millón.
(En ambos casos, una persona pudo ser expulsada más de una vez).
Del millón 109 mil 204 detenidos o expulsados, uno de cada cuatro es originario de “países lejanos”, fundamentalmente Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador. Los demás son de toda América Central. Y, en primer lugar, México.
La gráfica de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (USBP) indica que el número de “encuentros” (aprehensiones y repatriaciones ipso facto) con indocumentados mexicanos, en junio de este año, creció 236 por ciento en relación con junio pasado.
Y en mayo de este año, aumentó en 372 por ciento respecto a mayo del año pasado.
En mayo hubo 70 mil 630 detenciones o deportaciones al instante, de mexicanos que cruzaban ilegalmente la frontera.
Se disparó con respecto a mayo del año pasado, que contabilizó 18 mil 988 casos.
Alguien podrá decir que en 2021 aumentó la emigración porque se relajaron las medidas de confinamiento y se facilitó la movilidad. No es así.
En mayo de 2019, sin pandemia, las deportaciones y detenciones fueron de 23 mil 126 mexicanos.
Y en mayo del actual, repito la cifra de la USBP, 70 mil 630.
En junio del año pasado las deportaciones o detenciones de mexicanos en la frontera sur alcanzaron la cifra de 27 mil 475 personas.
En junio de este año, 64 mil 854.
Un incremento de 236 por ciento, y 372 por ciento de detenciones y deportaciones de ciudadanos mexicanos, no quiere decir que la Border Patrol ahora sea más eficiente: indica que algo extraordinario sucede en México.
Impresionante, al menos, para un país como el nuestro donde el gobierno dice que la gente está feliz, feliz, feliz.
¿Mayo de este año fue un mes atípico? No, no es el caso.
Se trata de una tendencia que va a contracorriente con lo logrado durante los gobiernos mexicanos en este siglo.
Durante los gobiernos de los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, en promedio, la tasa neta emigración-regreso al país fue de cero.
Incluso, hubo periodos en que regresaron más mexicanos a México de los que emigraron indocumentados a Estados Unidos.
Los números actuales, tan elevados, corresponden a mexicanos que se arriesgan en el río, en el desierto, o se apretujan en el cajón de un tráiler, con tal de irse.
¿Por qué, cuando según el gobierno están “felices, felices, felices”?
Por el crecimiento de la pobreza y la violencia en México.
En agosto se publicarán las cifras de Coneval con el aumento de la pobreza en todas sus dimensiones, y se podrá hacer un comparativo exacto.
Al concluir la administración del presidente Calderón había 11.4 millones de personas en pobreza extrema.
Con el presidente Peña, los pobres extremos descendieron a 9.3 millones.
A reserva de lo que informe Coneval, todas las estimaciones indican que en los dos años de la presente administración, la pobreza extrema aumentó al doble.
Pobreza extrema es no tener para comer todos los días. Pasar hambre.
Cepal indica que la cantidad de pobres extremos en México ahora se ubica por encima de los 20 millones.
El Programa de Estudios para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana señala que la pobreza extrema en México se duplicó. De siete por ciento de la población en 2018, a 15 por ciento en el presente año.
Así es que la señora Harris no necesita devanarse los sesos para entender por qué el aumento explosivo de la migración ilegal en la frontera sur:
El desastre de los gobiernos en Guatemala, Honduras y El Salvador, sin duda.
Aunque por encima de ellos está el aumento de la pobreza en México.
Y la violencia.
El viernes, Univisión pasó un reportaje desde Tijuana, donde hay campamentos de haitianos y hondureños que quieren pasar del otro lado.
Ahora también hay uno de michoacanos que no pueden vivir en su tierra, por la violencia. Emprendieron el éxodo a Estados Unidos. (Pablo Hiriart, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p.32)
Cartón
(Franco, Excélsior, Ciudad de México, P12)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 18/07/2021